Ayer se notificó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso local que fue recibida la solicitud de licencia del alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, ante la cual el diputado Héctor Vicario Castrejón informó que ésta es improcedente porque el perredista perdió sus derechos políticos al haberse dictado un auto de formal prisión en su contra.
Ante esta situación explicó que a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, responsable de dictaminar las solicitudes de licencia y de la que él forma parte, debe realizar un análisis jurídico para determinar el trámite que se le dará a este caso.
Consultado ayer antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente, el diputado priista explicó que queda al frente del ayuntamiento la persona que ocupe el cargo de síndico, que en el caso de Cocula se trata de Enriqueta García Peña, quien según la dirigencia estatal del PRD ha recibido amenazas del crimen organizado.
Sin embargo Vicario Castrejón indicó que la síndica puede permanecer como encargada de despacho solamente por 15 días, por lo que Carlos Alberto Duarte Bahena, que es el suplente de Ramírez Crespo debe entrar en funciones.
Incluso dijo que Duarte Bahena puede asumir el cargo de manera directa y definitiva sin necesidad de que se realice algún procedimiento en el Congreso.
El martes a las 7 de la noche el Juez Noveno de Distrito con sede en Iguala, Alejandro Castro Peña, dictó auto de formal prisión contra Ramírez Crespo por delincuencia organizada, bajo la hipótesis de que el perredista cometió delitos contra la salud en su modalidad de fomento.
Este miércoles se informó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso sobre la recepción de la solicitud de licencia que el perredista envió para separarse del cargo por tiempo indefinido, luego de que el pasado 9 de febrero fue detenido por policías federales y militares.
La solicitud fue recibida el lunes, un día antes de que el juez dictara auto de formal prisión en su contra.
Al respecto Vicario Castrejón, quien es vocal de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, explicó que la licencia ya no es procedente, en consecuencia el Congreso debe analizar qué trámite se le dará al caso, pero no precisó cuáles pueden ser esas alternativas.
“Desde el momento en que se le dicta a él un auto de formal prisión pierde todos sus derechos políticos, entonces tendremos que ver qué es lo que procede en este Congreso a efecto de desahogar este tema”, dijo.
–¿Qué procede? ¿Un juicio de revocación de mandato o desafuero? –preguntó un reportero.
—Tendremos que ver qué es lo que procede, tendrá que entrar a una evaluación, a un debate jurídico en esta misma cámara, no queremos adelantar juicios. Tendremos que tener el tema de la licencia en la comisión y ahí deberemos tomar la determinación a efecto de que el Congreso no contravenga ninguna ley y nos ajustemos estrictamente al derecho.
El diputado aseguró que desde el momento en que se le dictó auto de formal prisión, Ramírez Crespo dejó de ser alcalde de Cocula.
Recordó que cuando el Congreso aprobó la reincorporación al cargo del perredista, tras el arraigo de 40 días al que estuvo sujeto por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), él pidió a la Comisión de Asuntos Políticos que solicitara a la Procuraduría General de la República (PGR) información de la situación legal de Ramírez Crespo, sin embargo lamentó que su petición no tuviera eco.
Opinó que la solicitud de licencia tiene tintes políticos, sin embargo no aclaró por qué lo decía. Finalmente dijo que la Comisión Permanente podría convocar a un periodo extraordinario para resolver el tema de Cocula.