Lourdes Chávez

Chilpancingo

Ante la posibilidad de que se homologue el Código Penal del estado con la norma oficial mexicana de violencia sexual, familiar y contra la mujer (NOM 046) en materia de aborto por violación en el estado, la agrupación Guerrero Unido con la Familia que preside la ex diputada del PRI Julieta Fernández Márquez, afirmó que hay riesgo de que se fomenten “conductas destructivas” desde las instituciones públicas.
Los coordinadores de las bancadas de Morena, PRI y l PRD manifestaron su intención de retirar del Código Penal el requisito de denuncia penal de las excluyentes del delito de aborto en casos de violación.
En un comunicado, la asociación civil Provida señaló que en todos los congresos del país y en los tribunales de justicia se introduce “una ideología perniciosa que corrompe, desde la ley, a las familias”.
Julieta Fernández dijo que se promueven leyes por el matrimonio igualitario, el aborto y la legalización de la mariguana, y frente a ello propone con urgencia “reconstruir el tejido social, proteger la vida y traer paz a la nación”.
Insistió en que le preocupa que desde las instituciones públicas “se fomente e imponga la normalización de conductas destructivas que pervierten el sano desarrollo sicológico, sexual y emocional de los niños”.
Consideró que “la ley es general y debe estar fundada sobre sólidos principios que le den la certeza jurídica, pero sobre todo la autoridad moral para la estabilidad y certeza de futuro de toda sociedad”.
Estimó que estos valores de la familia hoy están en riesgo, y convocó a los legisladores locales a formular leyes donde “todos los seres humanos tenemos derechos inalienables entre los cuales destacan la vida, la familia y la libertad”.
Contrario a la NOM 046 y la Ley general de víctimas, opinó que retirar el requisito de la denuncia penal para que Ministerio Publico autorice un aborto legal en casos de violación “es poner en riesgo de violencia y muerte a la mujer. La norma señala que la autoridad sanitaria debe creer en el dicho de la víctima y darle atención integral, además de dar parte a las autoridades judiciales del caso”.
Pero insisten en que “la falta de denuncia ante el Ministerio Público trae como consecuencia la impunidad de estos crimínales sexuales, dejando en total indefensión a la víctima, ya que si el agresor sexual se encuentra en su entorno familiar (lo más común) entonces el propio agresor la llevará a practicarse el aborto y la víctima seguirá sufriendo la violación y las amenazas de muerte”.
Y aseguró que los agentes del MP “son personas de buena fe y su función es garantizar los derechos de las víctimas y velar por su salud emocional y asegurar un entorno social y familiar de bienestar”.