“Estamos pagando un impuesto criminal”, acusaron los agremiados de la Asociación de Materialistas de Guerrero, y denunciaron que por lo menos un 30 por ciento de sus integrantes, víctimas de extorsión, han dejado el estado porque los delincuentes les exigen hasta 30 mil pesos quincenales.
Ayer se reunió la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) y los materialistas en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local. El encuentro lo encabezó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Ahí los empresarios hablaron del problema de seguridad por las extorsiones.
Después en tribuna el diputado habló del problema de seguridad que los materialistas les plantearon. Durante la intervención, el grupo de empresarios protestó con una manta en la sala de plenos.
“Mayor castigo para los extorsionadores, prisión severa para los que cometan este delito. En Guerrero la extorsión y cobro de piso ocupan el primer lugar. Por miedo ya no se denuncia. Es clasificado como impuesto criminal. Ya basta”, se leía en la manta.
La presidenta de los materialistas del estado de Guerrero, Elodia Vargas Luna dijo que los empresarios del estado y principalmente de Acapulco son cautivos de los extorsionadores.
Afirmó que el problema al que se enfrentan es el pago de “un impuesto criminal, porque en algunos casos los delincuentes les piden hasta 30 mil pesos quincenales, por lo que muchos de ellos deciden cerrar o dejar sus negocios en manos de sus trabajadores y los dueños se van del estado.
Los integrantes de la organización lamentaron que por lo menos el 30 por ciento de sus 800 integrantes tuvieron que dejar sus municipios y hasta el estado porque fueron víctimas de extorsión y temen a más agresiones.
Elodia Vargas explicó que entre las acciones que realizan es “mantenernos en bajo perfil, además de que ni siquiera pueden estar presentes en sus negocios, “así no se puede trabajar”, reprochó.
Explicó que en los negocios sólo se pueden estar sus trabajadores o los dueños tienen que presentarse como empleados para evitar ser víctimas de agresiones que llegan hasta los asesinatos.
En ese sentido dijo que muchos de los homicidios que ocurren en municipios como Acapulco son porque los comerciantes se resisten a pagarles a los delincuentes, “van y rafaguean para dejar un escarmiento”, dijo la empresaria
Y ante la falta de resultados y el incremento del delito de extorsión “ya no creemos en las autoridades”.
También dijo que el delito de secuestro ya está desapareciendo porque los delincuentes prefieren extorsionar porque es más fácil evadir la ley y salir libres.

Hay resistencias a endurecer la penalidad: MC

Ricardo Mejía denunció que hay resistencias para realizar reformas en los delitos de extorsión y halconeo, “estamos navegando contra corriente”, porque sus iniciativas están “atoradas en comisiones” y no se han podido enviar a la Cámara de Diputados.
Ahí les explicó que su propuesta de tipificar el delito de halconeo e incrementar las sanciones por el delito de extorsión.
“Que haya agravantes al delito de extorsión y que sea un delito que amerite prisión preventiva”, porque explicó que ahora con el nuevo sistema acusatorio penal, el delito de extorsión ya no es considerado como delito grave.
Por ello los extorsionadores pueden seguir sus procesos penales en libertad, lo que consideran que es un peligro para las víctimas “y se convierte un estímulo para los delincuentes”, dijo el también coordinador de los diputados de MC.
Ricardo Mejía recordó que la fracción de MC ya presentó dos iniciativas, una reforma al articulo 19 de la Constitución federal y otro al artículo 167 del Código Nacional de procedimientos penales.
Consideró que no solo el poder Legislativo debe intervenir en el tema pero la Fiscalía general también debe “hacer su trabajo”.
Por su parte la diputada Magdalena Camacho Díaz, lamentó que la impunidad sea una constante en el estado: “yo digo que en Guerrero se puede matar y se pueden cometer esos delitos con toda impunidad, porque las autoridades encargadas de procurar justicia no hacen su trabajo”.
Por eso insistió en que la propuesta de MC es que los extorsionadores estén en prisión mientras dura el proceso “por seguridad de las víctimas y de la sociedad”.
Los materialistas afirmaron que el delito de extorsión es el principal en el estado, porque “hay una cifra negra de casos que no denuncian”.
La dirigente de la organización de empresarios explicó que cada negocio da trabajo entre 30 y 50 personas, quienes se quedan sin empleo cuando deciden cerrar.