Autoridades agrarias y municipales de los pueblos nahuas del Alto Balsas presentaron este martes una queja ante la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en contra del secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, y contra dependencias federales y estatales, por la omisión para atender la contaminación del río.
Asimismo, pidieron a la Codehum asesoría para presentar una “demanda de acción colectiva” en contra de los responsables de la contaminación del agua, así como para la presentación de un amparo para garantizar la reparación del daño causado por la contaminación del Balsas.
Las autoridades fueron atendidas por el segundo visitador general de la Codehum Fernando Esteban Ramírez, y la encargada de la dirección de asesoría, quejas y gestión, Cecilia Narciso Gaytán.
Asistieron los presidentes de los comisariados de bienes comunales, Melquiades García Ríos, de San Juan Totolcintla y de Tula del Río, Rogelio Vicario Barrera, del municipio de Mártir de Cuilapan. También el de San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco, Basilio Celestino Ojeda. Además del comisario municipal de Tula del Río, Hermilo Celestino Díaz y el comisario municipal de San Aguistín Oxtotipan, Bernardino Morales Emigdio.
Acompañaron a las autoridades los líderes naturales de la región Victórico Ríos Mundo y Guillermo Álvarez Nicanor.
De entrada, los representantes de las comunidades denunciaron la omisión de las autoridades estatales y federales para atender el grave problema de la contaminación del río Balsas. García Ríos informó que desde el 15 de marzo pasado observaron que el agua del río cambió de color azul a verde y que vecinos de San Juan Totolcintla vieron algunas tortugas y peces muertos, en tanto que en Tula del Río hubo personas que se enfermaron del estómago después de comer pescado.
Agregó que el 21 de marzo una comisión de vecinos de las comunidades vinieron a la Secretaría de Salud y entregaron muestras del agua para que se realizaran los estudios y también dejaron un oficio para el secretario Carlos de la Peña Pintos para que se realizara una investigación del caso.
Informó que el 23 de marzo personal de la dependencia fue al río y se trajo otras muestras y que el lunes pasado nuevamente fueron esta vez de la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo y se trajeron más muestras, pero han pasado más de 15 días y la Secretaría de Salud no les ha dado a conocer los resultados y ni siquiera les ha dado una explicación del cambio de color del agua.
“Estamos viendo que hay una omisión deliberada de parte de autoridades de los tres niveles de gobierno”, se quejó Guillermo Álvarez Nicanor, originario de San Miguel Tecuiciapan, municipio de Tepecoacuilco.
Agregó que les están violando sus derechos ambientales y el derecho a la salud y que ninguna dependencia está interviniendo. Citó entre ellas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) estatal.
Recordó que el secretario de Salud solamente en los medios de comunicación ha reconocido que el agua está contaminada de heces fecales y arsénico y que ha tratado de responsabilizar a las comunidades por descargar su drenaje a la cuenca del río, pero aclaró que las responsables son las autoridades que permiten esas obras porque los habitantes se han opuesto y que han pedido letrinas secas para no contaminar el río, porque la mayoría de la gente se dedica a la pesca o a la agricultura y utilizan el agua.
Otro de los dirigentes, Victórico Ríos Mundo, mencionó que las autoridades saben qué está pasando y quién está contaminando, pero que no quieren intervenir para no afectar intereses de alguien, pero luego exigió: “si no nos dan proyectos productivos, por lo menos que no nos contaminen el agua”.
Tras la exposición general del problema las autoridades agrarias y municipales presentaron la queja en contra de la Conagua, Profepa, Semarnat, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), contra el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos, la Semaren y la Procuraduría de Protección Ecológica del Estado de Guerrero (Propeg),
La queja también fue presentada en contra de las autoridades municipales de Tepecoacuilco, Mártir de Cuilapan, Huitzuco y Eduardo Neri.
La queja fue presentada “por violaciones a nuestros derechos humanos, violaciones a los derechos de la protección a la salud, a la conservación del medio ambiente, y el derecho al agua potable.
Las autoridades agrarias y municipales se quejaron de que las autoridades federales, estatales y municipales están violando además la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
En un boletín de prensa, la Codehum informó que las autoridades de estos pueblos denunciaron la contaminación del río que viene desde el 2016 y que desde entonces las autoridades de los tres órdenes de gobierno han sido omisas.
Se informó que pidieron la intervención del organismo ante las instituciones gubernamentales correspondientes para instalar las mesas de trabajo necesarias con el fin de generar medidas que coadyuven a la solución del problema de contaminación, así como gestionar apoyos que beneficien a los mismos, además de proyectos productivos.
“Es importante señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 4o párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, que señala “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, dice el boletín.
Agregó que en lo que respecta al derecho a la salud, “toda persona tiene como condición innata, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el acceso a una atención integral de salud, el respeto a su concepto del proceso salud–enfermedad y a su cosmovisión”.
En el boletín se estableció que la Comisión dará puntual seguimiento a la queja que será remitida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por cuanto hace a las autoridades federales, “y se dejará desglose para que esta Comisión investigue respecto a las autoridades locales, brindando el acompañamiento y asesoría legal respetando sus derechos fundamentales”.
Las autoridades agrarias y municipales tenían programada una reunión en la Jurisdicción Sanitaria 03, pero la cancelaron y dieron prioridad a la presentación de la queja.