Familiares de los dos médicos del hospital básico comunitario de Petatlán y de los licenciados en turismo y administración de empresas, quienes desaparecieron el 19 de junio de 2015, rechazaron los resultados de la segunda etapa del estudio realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que terminó el 24 de junio pasado.
El resultado dio como positivo que los cuatro cuerpos hallados el 25 de junio de 2015 en Santa Bárbara, municipio de Chilpancingo, son de los médicos Marvin Hernández Ortega y Raymundo Tepeque Cuevas, así como del licenciado en turismo José Osvaldo Ortega Saucedo y del licenciado en administración de empresas, Julio César Mejía Salgado.
Los cuatro profesionistas desaparecieron el 19 de junio de 2015 en la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Tierra Colorada-Acapulco.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General del Estado (PGR) los cuerpos que se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo desde el 25 de junio de 2015 y que fueron encontrados en Santa Bárbara, en la sierra del municipio de Chilpancingo pertenecen a los cuatro profesionistas desaparecidos.
Debido al rechazo de esa hipótesis por parte de los familiares de los profesionistas, y con la aprobación de ellos, la FGE y la PGR solicitaron la intervención del EAAF, que llevó a cabo un estudio a los cuatro cadáveres y cuyo resultado dio positivo, es decir, que esos cuerpos sí son de los médicos.
Sin embargo, los familiares sostuvieron que no confían en estos resultados porque dentro del expediente se encuentran “varias irregularidades que los hacen dudar sobre la certeza y veracidad de los resultados”.
Ayer en un boletín de prensa, a nombre de los familiares de los cuatro profesionistas, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) informó que esas irregularidades van “desde que en un primer momento se les dijo que los resultados de la pericia en genética iban a tardar más de un mes y en dos días ya les tenían los resultados, y aunado a esto, los familiares no encontraron en los cuerpos algunas características o señas que sus familiares tenían”.
El organismo explicó que por el derecho que establece la Ley General de Víctimas de un peritaje independiente y por la desconfianza de las familias en la FGE, solicitaron el acompañamiento del Centro Morelos en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Mediante estas organizaciones, los familiares solicitaron la intervención del EAAF para que ayudara a las familias con la identificación o no de los cuerpos.
El pasado 27 de abril, las familias nombraron al EAAF como sus peritos independientes dentro de la averiguación previa BRA/SC/04/1769/2015, que se lleva en la Fiscalía Especializada en Delitos Graves, y ese mismo día tomaron muestras de ADN a las familias y a los cuerpos, las que enviaron para su estudio al laboratorio Bode Cellmark, en Virginia, Estados Unidos.
En esta segunda etapa, los trabajos del EAAF iniciaron el pasado 20 de junio y culminaron el 24 de junio. En esos cinco días el Equipo Argentino realizó peritajes de criminalística y antropológicos forenses en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
El Centro Morelos denunció que el EAAF se encontró con obstáculos que complicaron su trabajo, como cuando tuvo la necesidad de tomar algunas muestras y una radiografía dental, pero no contaron con el equipo necesario para tal trabajo.
Ante esto, los organismos civiles de derechos humanos y los familiares de las víctimas reprobaron que en un estado como Guerrero, “donde los altos índices de desaparición forzada, los homicidios y el hallazgo de cuerpos en fosas clandestinas se haya convertido en tema cotidiano y, sin embargo, tengamos una Fiscalía General de Justicia y una Dirección General de Servicios Periciales sin la capacidad para enfrentar el problema y sin equipo material ni humano para ofrecer un trabajo confiable a la población, que además de salir a buscar a sus familiares se ven en la necesidad de solicitar peritajes independientes por la falta de confianza hacia las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia”, se lee en el documento.
En estas circunstancias, familiares de los desaparecidos y los organismos de derechos humanos demandan que la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas no sea sólo de nombre sino que se garantice su independencia y autonomía con personal suficiente, especializado en genética, antropología forense, además de Ministerios Públicos o fiscales con conocimiento en la materia.
Además piden que haya agentes especializados en búsqueda y peritos en criminalística con recursos materiales y económicos propios y suficientes, pues no basta sólo con personal jurídico y administrativo.
Asimismo, piden que la Fiscalía tenga verdadera autonomía en el desempeño de sus funciones y que garantice la verdad y justicia para los familiares de todos los desaparecidos.