Lourdes Chávez

Chilpancingo

El encargado del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes cuestionó que el gobierno promueve un programa de visas para jornaleros agrícolas en Estados Unidos, que se van a capacitar a ranchos de particulares, mientras en la Montaña hay personas calificadas que siguen laborando en condiciones de explotación en campos de otros estados del país con salarios precarios.
Recordó que son muchísimas familias, hombres y mujeres que han estado trabajando de 10 a 20 años, tienen experiencia en el cultivo y la cosecha del pepino, jitomate, chile, y no son tomados en cuenta para las visas de jornaleros agrícolas.
En consulta telefónica, explicó que, a mediados del año pasado, supieron de la difusión de la convocatoria a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social estatal, en Acapulco, Chilpancingo y Altamirano.
Sin embargo, la población de la Montaña es discriminada por su bajo perfil académico, idioma y condiciones culturales, denunció.
Acerca del testimonio de un grupo de jornaleros contactados por la Secretaría del Trabajo y que fueron enviados a un campo agrícola a Jalisco para capacitación, donde revelaron que fueron golpeados por gente armada, presumiblemente de un cartel de la droga, el activista señaló que arriesgan su integridad mientras no existan convenios claros de protección.
Informó que el programa de visas para jornaleros agrícolas es parte del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, y actualmente se reactivó para que más personas tengan la posibilidad de trabajar con un permiso temporal. “La manera como se aplica es lo que preocupa, no garantizan sus derechos humanos”, enfatizó.
Señaló que es preocupante la coordinación de las autoridades con empresas que supuestamente tenían la oferta de contratar la mano de obra, para luego llevarlos trabajar a Estados Unidos y Canadá, sólo si califican.
Advirtió que esa condición no está en las reglas de operación del programa, y encima los ponen en peligro, como pasó con este grupo de jornaleros en Jalisco, “de manera irresponsable, los dejan sin protección ni garantías.
Rodríguez Reyes detalló que, si mandan a un grupo a capacitación es que lógicamente, no han sido jornaleros agrícolas, cuando en la Montaña hay poblaciones indígenas enteras listas para el programa, “pero nos damos cuenta que no los consideran”.
Opinó que llevarlos en condiciones dignas a laborar a Estados Unidos, puede ser una forma de terminar con la migración interna, porque sólo un integrante, podría en una temporada, reunir los fondos para la manutención de seis meses de su familia.
Sin embargo, familias enteras, siguen en la dinámica de explotación a bajos salarios en los campos agrícolas del país.
Muestra caso de Altamirano la misma explotación que en el norte del país
Por otro lado, informó que, para el seguimiento de la migración interna, todavía no se integra la Comisión Interinstitucional para echar andar la campaña de apoyo de la casa del migrante en Tlapa, pese a que la Secretaría del Migrante y Asuntos Internacionales (Semai) trató de reunir a todas las secretarías estatales involucradas en la atención, y tres federales, pero aún no coinciden en la agenda.
Recordó que de agosto a diciembre es la temporada alta de migración, pero hay migración todo el año, y no todos se registran en la Unidad de Servicios Integrales (USI) de la Montaña, para tener información de las personas y los campos agrícolas a los que se trasladan. Estimó que unos 2 mil o 3 mil salen directamente en vehículos particulares.
De enero a diciembre del año pasado, la USI registró más de 12 mil jornaleros migrantes, precisó.
En cuanto al accidente de pobladores de Ajuchitlán del Progreso que se trasladaban a la corte de chile a Michoacán la semana pasada, donde hubo tres fallecidos, consideró que las condiciones de empleo son iguales que en el norte del país, de explotación y precariedad.
Aunque las personas accidentadas pertenecen a comunidades locales de la región, recordó que pobladores de Copanatoyac, de la Montaña alta, iban al corte de melón a Altamirano en la región de Tierra Caliente.
Precisó que sólo comunidades de Chilapa, y otros de la zona Centro, siguen viajando por temporadas a la Tierra Caliente.
“Son familias jornaleras que viven sin garantías, con explotación laboral; hay salario mínimo”. Aclaró que algunas empresas registradas medianamente, atienden algunos derechos laborales.
Como referencia de las irregularidades, indicó que ayer, recibieron un aviso de que, en el Campo Serrucho, en Sinaloa, el contrato de jornaleros termina a mediados del mes, y no les dicen que no les permitirán salir hasta que termine abril.
Así como los migrantes internos, indicó que los paisanos que se van al extranjero atraviesan situaciones complicadas de salud, muertes por accidente, tienen que hacer frente a trámites administrativos para trasladar cuerpos.
Lamentó que la embajada de México en Estados Unidos ya no tenga fondos para el pago de traslados que van de los 4 mil a 10 mil dólares, dependiendo del estado en que se encuentre el migrante. Ahora sólo apoyan con mil 500 dólares. Precisó que la Semai, sí ha cubierto el traslado del aeropuerto de la Ciudad de México a sus pueblos.