Las víctimas y deudos de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos por militares, evidenciaron que el Ejército viola todos los derechos humanos, la subordinación que ha existido de policías ante los soldados y la protección del Estado a las fuerzas armadas, en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía.
En Atoyac hubo un sitio de excepción donde incluso policías de Tránsito hicieron detenciones de personas que entregaron a los militares, “la población indefensa sólo fue víctima”, denunció la hija del líder campesino desaparecido el 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, Tita Radilla Martínez ante la nueva propuesta de Ley de Seguridad Interior, para legalizar la actuación sin límites de las fuerzas castrenses en seguridad pública.
En el auditorio abarrotado de estudiantes en la maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), señaló que hubo más de 400 desaparecidos y los que sobrevivieron contaron que fueron sometidos a tortura, muchas mujeres violadas a principios de la década de 1970, y dijo que es muy grave la intención de los legisladores para otorgar amplias facultades a las fuerzas armadas.
Después de que los militares asesinaron al maestro Lucio Cabañas en 1974, líder de la guerrilla rural, las desapariciones continuaron hasta 1979, “y el Ejército (hoy) sigue ahí, en las calles, con el arma lista para disparar”.
Inauguraron el foro los padres de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos hace dos años y medio, y la activista señaló que ellos no deben esperar tanto para encontrar justicia, que la sociedad debe actuar porque se esclarezcan estos hechos y para que los militares regresen a sus cuarteles.

Maltrato e inseguridad reciben del Ejercito: Valentina Rosendo

Después de que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh) la reconoció como víctima de violencia sexual y emitió una sentencia contra el Estado mexicano, Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa, relató ayer que la violación por soldados a los 17 años fue una pena muy grande y no quería contarla a nadie, “porque es una vergüenza para mí y para las mujeres de mi pueblo”.
Recordó que otras mujeres que también fueron violadas tenían miedo y le pidieron que callara, pero le preguntaron después de dónde sacó la fuerza para llegar tan lejos, “y yo sigo enfrente de la lucha”.
Para presentar la denuncia dijo que caminó 11 horas a una agencia del Ministerio Público, no hablaba español y las autoridades no le creyeron. Mediante organizaciones de derechos humanos llevó su caso a la Coidh, donde el Estado negó dos veces la agresión.
En su pueblo los militares intentaron sobornarla, y después de una audiencia en la Coidh hubo un intento de secuestro a su hija, por eso asegura que los soldados propician la violencia y la inseguridad.

Los que cometen delitos andan libres: sobreviviente de El Charco

El sobreviviente de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, Bernardino García Francisco también compartió su experiencia del ataque de militares a campesinos na savi el 7 de junio de 1988, que un día antes se reunieron en la localidad.
“No nos reunimos para pelear, el gobierno hace muchas cosas, por eso en ese momento estuvimos organizando de qué manera solicitar un apoyo, una obra o salud más que nada, por eso estuvimos allá en El Charco. Se hizo tarde, no alcancé a llegar a El Paraíso (su pueblo de origen y se quedó con otros a dormir en la escuela donde fueron agredidos).
“Cuando uno se dio cuenta ‘¡son los guachos!’, conforme van hablando de locos (los militares) muy mal, ahí fue como a las 2 de la mañana. Como son miedosos (los soldados no avanzaron) y ahí andamos sin miedo, a las 2:30 casi a las 3 metieron la granada, hubo una balacera y estuvimos boca abajo en la escuela”.
Señaló que al amanecer acordaron que los campesinos saldrían con las manos en alto y en ese momento les dispararon, quedaron unos ocho heridos, él entre ellos, con un herida en el pie. Al final 11 fueron ejecutados.
“Eso es lo malo que hace el gobierno, ¿qué hace con estudiantes, profesores indígenas?, agarra personas que no tienen delito, y los que tienen delito andan libres”.

Un calvario sin defensores

José, hermano de Bonfilio Rubio Villegas asesinado en un autobús del servicio público por soldados cuando el vehículo se alejaba de un retén militar, recordó que en la agencia del Ministerio Público en Tlapa lo trataron con desprecio antes de la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Dijo que su familia supo dos días después de la agresión y se trasladó a Tlapa a pedir la entrega del cuerpo que estaba en Chilpancingo, “cuando escuché que le decían ‘jefe, jefe, ahí están allá afuera’, se trataba del personal de Tlachinollan”.
Recordó que estaban siendo interrogados cuando llegó Abel Barrera y saludó a su esposa, “qué haces aquí Verónica”, “es mi cuñado a quien mataron”, respondió.
“Dos horas antes para el juez no valíamos nada, cuando llegó Tlachinollan cambia toda la atención, ¡hasta donde llega la hipocresía del gobierno! El proceso es un calvario, más si hablas lengua indígena y no tienes quién te respalde, por eso dice Valentina hay pocas persona que levantan la voz y otros que se callan por temor a ser desaparecidos o ser torturados por el Ejército”.
Recordó que su hermano llevaba un celular y dinero, pero sólo les devolvieron unas moneditas, luego recibió una llamada a su casa -estimó que los soldados tomaron el número telefónico del celular de su hermano muerto-, y le ofrecieron 130 mil pesos para gastos funerarios, con la condición de que cerrara la boca y no denunciara.
“Váyanse a la… mi hermano no vale 130 ni 200 mil pesos, no es un animal, la dignidad de una mujer, de un hombre, no se vende”, relató ayer, exacerbado.
Agregó que en Guerrero hay suficientes pruebas de que el Ejército agrede, y que la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto “no sirve, que regrese a los militares a los cuarteles para que ya no maltraten a mi gente. Nos interesa de que está ley no pase, pero ellos le apuestan a sus intereses aunque el pueblo sufra”.