Hasta el momento ningún militar ha sido procesado o castigado, revela

 Teresa de la Cruz  

Sesenta y ocho casos de violación a los derechos humanos de indígenas cometidos por el Ejército Mexicano, han sido documentados por el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan en los últimos ocho años, pero hasta el momento en todos hay “impunidad”, “ningún militar es procesado o castigado aún” por estos actos que “causan daño social y ponen en riesgo la paz”, denuncia la organización no gubernamental en su décimo informe.

El reporte de Tlachinollan empieza con tres casos que ocurrieron en 1996, y concluye con seis en el año 2004; en ese periodo el mayor número de violaciones a los derechos humanos de los indígenas y mestizos cometidas por el Ejército fueron 14 casos en 1997, cuando era gobernador interino Ángel Aguirre Rivero, y después de la aparición y las acciones armadas del Ejército Popular Revolucionario, a partir del 28 de junio de 1996.

El informe de registra en 1996 tres casos y en 2004 van seis.

Asimismo, señala el documento que los municipios donde militares ha incurrido en más actos de violación a los derechos humanos, es Ayutla de los Libres, con 16 casos; le siguen Metlatónoc y Atlixtac, con ocho; Olinalá con seis y en Acatepec y Tlapa de Comonfort con cinco.

Sobre los hechos más recientes, Tlachinollan cita que el 12 de enero, el 48 Batallón de Infantería “alteró e intimidó” a los habitantes de la comunidad me’phaa de Barranca de Guadalupe, del municipio de Ayutla de los Libres.

Un día después, el 13 de enero, el mismo Batallón también alteró e intimidó a los habitantes de la comunidad Na savi de La Fátima, de Ayutla de los Libres.

El 23 de enero de ese mismo año, de igual manera en Ayutla de los Libres, a un kilómetro de San José la Hacienda, un dirigente de una organización indígena fue intimidado por soldados.

Al siguiente mes, exactamente el 6 de febrero, el 41 Batallón de Infantería “intimidó” a una mujer naua y “cometió abuso de autoridad” al entrar a su vivienda localizada en comunidad de Alpoyecancingo, municipio de Ahuacuotzingo

El 26 de febrero de 2004, el Ejército Mexicano nuevamente se vio involucrado en actos de violación a los derechos humanos en la comunidad de Ayotoxtla, del municipio de Zapotitlán Tablas; ahí fue señalado de cometer “daños en                       propiedad ajena”.

El organismo civil de derechos humanos señala también que a dos meses de rendir su informe, entre el 21 y 23 de abril, el 93 Batallón de Infantería “despojó y cometió daños en propiedad ajena al atentar contra el patrimonio ambiental y comunitario” en la comunidad Na savi de Yucunduta, municipio de Metlatónoc.

Reporta el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, “que fueron detenidos –entre febrero del 2000 y junio de 2001– de manera ilegal, torturados, trasladados a instalaciones militares y víctimas de fabricación de delitos”.

Resaltan los casos de las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Mexicano cometió en Barrio Nuevo San José, municipio de Tlacoachistlahuaca; las violaciones sexuales de dos mujeres na savi de esa misma comunidad, dos mujeres Nauas de Zopilotepec y dos mujeres me’ phaa de Barranca Tecuani y Barranca Bejuco.

El informe enfatiza que a pesar de la documentación que ha presentado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que en algunos casos ha emitido recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), “hasta el momento no existe ningún miembro del Ejército Mexicano que se encuentre procesado o que haya sido castigado por violar los derechos humanos”.

Y prepondera que la “impunidad del Ejército se vuelve un factor que atenta contra el Estado de Derecho, y causa un daño social muy alto que pone en riesgo la paz así como la convivencia pacífica”.

Ese organismo resalta además que es a partir de la aparición pública del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en Aguas Blancas, en junio de 1996, cuando el Ejército Mexicano comienza la “detención ilegal de varios indígenas que fueron torturados para arrancarles información relacionada con los grupos armados”.

Expone –asimismo– que en el caso de El Charco, cuando apareció el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), en junio de 1998, también “se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos, como la ejecución sumaria de 11 personas en el ataque armado, detenciones arbitrarias, torturas, traslados ilegales a las instalaciones militares, un cerco militar y violaciones en el proceso de los 22 detenidos, de los cuales cinco eran menores de edad”.

Tlachinollan indica más adelante que a pesar de que hay conflictos armados en variosestados, particularmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por ellos “no se han suspendido las garantías, pero sí se ha utilizado a las fuerzas armadas y de seguridad en acciones de contrainsurgencia, provocando la ilegalidad de sus acciones, sobre todo en el estado de Guerrero, desde hace diez años”.

Concluye que como Centro de Derechos Humanos de la Montaña han documentando los casos de violaciones a los derechos entre la población indígena y mestiza, cuyo factor común han sido los “interrogatorios, retenciones ilegales e intercepciones de los campesinos en los caminos para preguntarles por gente que siembra droga o por gente encapuchada”.