De 2011 a 2016 el poder Judicial de Guerrero obtuvo sólo 14 sentencias firmes (concluidas hasta el último fallo de tribunal que puede entender de la causa), en homicidios, robo y lesiones. En homicidios sólo cerraron tres casos, uno por cada año de 2013 a 2015.
Los datos son parte del diagnóstico sobre el impacto y la implementación de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos (2011) y penal (2008), que elaboraron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Una de las investigadoras del Centro Prodh, Sofía de Robina Castro aclaró que los expedientes que sirvieron de base para elaborar el informe Del papel a la práctica de la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia penal 2011-2016, no fueron obtenidos de la fuente oficial, sino de asociaciones civiles de derechos humanos del estado.
El informe se presentó ayer en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de Chilpancingo ante estudiantes de derecho, con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa (Centro Morelos).
Del caso de Guerrero señalaron que a pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado dispone que el poder Judicial, “deberá poner a disposición del público y actualizar la lista de acuerdos, las sentencias con sus respectivos votos particulares si los hubiera, y las versiones públicas que sean de interés público”, el contenido de la mayoría de las sentencias fue insuficiente para los objetivos de su monitoreo.
Mediante una solicitud de información de todas sentencias efectuadas desde 2011, sólo pudieron obtener tres resoluciones que resultaron ilegibles.
Informó que para el diagnóstico se analizaron 100 resoluciones de sentencias de Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México, algunas del ámbito federal en cuatro grandes rubros: comparación con lo dispuesto en la Convención Americana de Derechos Humanos, igualdad ante la ley, presunción de inocencia y valoración de pruebas, y exclusión de pruebas obtenidas violando derechos humanos.
En lo general indicó que se obtuvieron patrones comunes en las cinco entidades, como el uso retórico de los tratados internacionales, la tortura, la destrucción de la presunción de inocencia sin argumentos, y que los jueces no toman en cuenta de la misma manera los medios de prueba, “le dan más valor a la prueba que aporta la policía”.
En particular señaló que en Guerrero y Oaxaca preocupa que dada la cantidad de población indígena, no se refleje en las sentencias una perspectiva de etnicidad, en la mayoría de los casos ni siquiera se menciona que alguna de las partes pertenece a un pueblo originario.
Estimó que sería un dato que saltaría en los expedientes de las dos entidades, pero “falta mucho más que se refleje ese principio de igualdad”.
Aclaró que los patrones hallados no indican una situación homogénea del país. Trata de señalar los puntos rojos que se deben observar en la formación y aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP).
En el documento hay una serie de recomendaciones al poder Judicial, la Defensoría de Oficio, congresos, institutos de transparencia, medios de comunicación, sociedad civil, incluso a la academia, para entender las reformas de manera integral y en conjunto.
Entre estas se encuentra reforzar el acceso a las versiones públicas de sentencias judiciales y otros datos que permitan el escrutinio público en asuntos de justicia.

Predomina el uso de la fuerza sobre las normas: Tlachinollan

El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández destacó que entre los actos de tortura y detenciones arbitrarias prevalece la falta de preparación de los administradores de justicia, sobre el uso adecuado de las normas internacionales de derechos humanos, “Guerrero está en pañales, el uso de la fuerza está por encima de las normas”.
Opinó que como sociedad se pensó que la reformas serían en alguna medida la solución de la crisis de violencia e inseguridad, pero el poder Judicial de Guerrero, “ha sido demasiado politizado, demasiado manoseado, sabemos que quienes están dentro de estos tribunales no todos tienen carrera, este perfil profesional para aplicar adecuadamente estas normas”.
Eso derivó en el desprestigio del poder Judicial, mientras las personas que se han atrevido a denunciar, que se organizaron para exigir justicia, no tienen garantías de seguridad ni confianza en el sistema de justicia.
Denunció que en la Montaña el tema de justicia pasa necesariamente por la mercantilización, “por el precio de la libertad o el encarcelamiento de la personas indígenas”.
Señaló el trato discriminatorio en general y de maltrato a las mujeres, “si eres mujer indígena con mayor razón. No sólo se descarga en ellas la responsabilidad de las pruebas, también las usan contra ellas y las convierten en víctimas del escarnio, de la burla. Cargan el estigma que provoca más dolor, más sufrimiento a las víctimas para hacerlas parecer como personas que están en la barbarie, como para hacerlas responsables de su propia violencia”.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández consideró grave el resultado del análisis, pero estimó que en Guerrero hay asuntos más “urgentes, angustiantes”, como el acceso a la justicia.
Sólo en Chilapa señaló que en un lustro hay más de 100 desaparecidos, y al revisar los expedientes iniciados en el sistema tradicional y del NSJP, prácticamente no hay investigación. Lo que contiene son las solicitudes de información a la Cruz Roja, a las prisiones y hospitales. Con este esquema enfatizó que no hay garantías de acceder a la justicia. Cuestionó “¿qué hacen las autoridades ante más de 200 homicidios (que se registraron sólo en octubre pasado)?, ¿qué está haciendo la autoridad para procurar justicia a los familiares, de estos asesinados, de estos desaparecidos?”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).