Ocho personas, entre ellas seis integrantes de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) fueron detenidas y se encuentran recluidas en el Centro de Readaptación (Cereso) de Chilapa.
Los vecinos en su mayoría de la comunidad de San Jerónimo Palantla son acusados de homicidio y privación ilegal de la libertad derivado de un enfrentamiento armado entre pobladores y policías comunitarios en la comisaria de San Jerónimo Palantla en febrero de 2015 que había dejado cinco personas muertas, entre ellas tres mujeres.
Además se han girado órdenes de aprehensión contra otros 32 ciudadanos bajo el mismo cargo; todos los acusados se encuentran acusados en el número de causa 58/2016/III.
Ayer se confirmó que el martes por la tarde fueron detenidos en la cabecera de Chilapa y en Iguala a Crescencio Bolaños de la Cruz; Manuel Ahuelicán Diego; Godofredo Cortés Reyes y Pedro Chávez Hernández, de San Jerónimo Palantla.
El miércoles fueron detenidos los ciudadanos Margarito González Nava de Ahuixtla; y las esposas de los detenidos el martes: Guadalupe Orgin Tepexco, Concepciona Reyes Tolentino y Minerva de la Cruz Xochitempa, provenientes de San Jerónimo Palantla, cuando acudieron al reclusorio de Chilapa a ver su situación legal.
El enfrentamiento ocurrió el 8 de febrero de 2015 entre policías comunitarios de Rincón de Chautla y vecinos de San Jerónimo Palantla, luego de la detención por parte de la CRAC de un poblador que, dijeron, intentaba apropiarse de un terreno.
Después de la refriega la Policía Comunitaria detuvo a 26 personas.
El 11 de febrero de 2011, en San Jerónimo Palantla, los coordinadores de la Policía Comunitaria y el comisario, representando ambas partes, firmaron un acta de acuerdos ante la presencia de dos mandos del Ejército, el entonces titular del Ministerio Público de Chilapa, Agustín Peña Fajardo y la entonces síndica municipal y ahora diputada local del PRI, Flavia García García.
En ese entonces convinieron reconciliarse y no presentar denuncias ante las autoridades correspondientes, así como liberar a los detenidos; en caso de que las partes violaran el acuerdo, asentaron, se procedería conforme a derecho a las sanciones correspondientes.