El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández opinó que la nueva operación militar y policiaca que anunció el lunes el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “proteger” a los maestros y alumnos, se trata de un anuncio “mediático” y para crear “falsas expectativas”.
Declaró que está comprobado que el problema de la violencia en esta región del estado no es por falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los gobiernos federal y estatal dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
El secretario técnico del Centro Morelos, organismo que acompaña los familiares de las víctimas de desapariciones, asesinatos y desplazamientos como consecuencia de la violencia, fue consultado después de la sesión del Grupo de Coordinación Guerrero en esta cabecera municipal.
“Nosotros consideramos que este tipo de operaciones de momento pudieran parecer buenas, pero a la larga van a ser un fracaso porque el riesgo no solamente es para los maestros y alumnos de la cabecera municipal (Chilapa), en donde se concentra a los militares y policías, las amenazas son para los maestros en general y no se está considerando vigilancia para los maestros de las comunidades”, advirtió.
Por eso, dijo que la operaciónno es garantía real de seguridad de todos los maestros y alumnos, “mucho menos para la ciudadanía en general, porque finalmente a principios de enero de 2016 se anunció un operativo con la participación de 3 mil militares y otras fuerzas policiacas, y eso no sirvió para que se detuvieran las ejecuciones o desapariciones”.
El defensor de derechos humanos dijo que no cree que ahora sea diferente, y que la presencia de militares y policías sirva para detener la criminalidad.
Afirmó que el gobierno está dejando de lado la prevención de la violencia que tiene que ver con políticas públicas que, para su aplicación, implicaría una consulta a todos los sectores para que ellos definan cómo quieren que se les dé seguridad.
“No es posible que se le siga apostando a la militarización cuando desde el 2006, cuando se declara la guerra al narcotráfico y a la delincuencia, y hasta la fecha, no podemos contar con policías seguros ni confiables”, cuestionó.
Se quejó de que los gobiernos federal y estatal no han tomado con seriedad el problema de la violencia, pero sobre todo, dijo que no se les ve oficio político ni voluntad para poder atender el problema.
Añadió que desde enero del año pasado cuando el gobierno anunció la participación de 3 mil 500 militares en una operación en Chilapa para combatir la violencia, se vio que el problema no es por la falta de militares y policías, sino por la impunidad con que los tres niveles de gobierno dejan actuar a los grupos del crimen organizado que se disputan el territorio.
“Creo que la garantía de seguridad pasa indudablemente por el combate a la corrupción, que es la que ha generado ese manto de impunidad con el cual se cubren los grupos de la delincuencia organizada”, acusó.
Cuestionó, lo primero que tendría que plantearse el gobernador es el combate a la corrupción, “y tendríamos que preguntarnos ¿qué alternativas o estrategias está ofreciendo Héctor Astudillo para acabar con la corrupción?”.
Insistió en que mientras no se combata la corrupción, la impunidad con que actúan los grupos criminales va a seguir, “y entonces todos los delincuentes saben que no van a ser castigados y que pueden seguir haciendo lo que quieran, y la ciudadanía va a seguir pagando las consecuencias”.
En este contexto dijo que la operación que anunció ayer el gobernador, es “mediática” de “falsas expectativas” y que lo que se prevé, “aunque a muchos no les guste, es que van a aumentar las violaciones a los derechos humanos”.