Desplazados por la violencia de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), reclamaron ayer justicia y la liberación de su familiar Modesto Peña Celso, retenido este miércoles por pobladores junto a agentes de la Policía Federal y trasladados a las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Chilpancingo, acusados de ser parte del grupo criminal Guerreros Unidos.
Según los familiares del civil señalado por autoridades de Carrizalillo de ser un halcón, iba en apoyo de los agentes federales a señalar a presuntos integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos al presidente del Comisariado Ejidal, Ricardo López García.
En la tarde después de protestar en la sala San Luis en el centro de esta ciudad, en la que el gobernador Héctor Astudillo Flores, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Escobar y Vega, el delegado federal en Guerrero de la Segob, Erik Castro Ibarra y el alcalde Esteban Albarrán daban una conferencia de prensa, unos 100 desplazados de Carrizalillo se inconformaron para pedir una audiencia con el gobernador, y fueron atendidos por Castro Ibarra en el auditorio del Palacio Municipal.
En la mañana integrantes de la familia Peña Celso, en su mayoría mujeres, ofrecieron una entrevista exclusiva en su casa al norte de la ciudad, donde el 21 de octubre dos de sus integrantes, Antonio y Onofre Peña –padre e hijo- fueron ejecutados por hombres armados, hecho en el que otras dos personas fueron asesinadas y una más herida.

Los Rojos infiltraron la comunidad y cobran piso a trabajadores de la mina de Gold Corp y a los ejidatarios, denuncian

Informaron que desde marzo de este año, 300 integrantes de estas familia fueron desplazados por la ola de violencia, de inseguridad, amenazas y extorsiones de delincuentes a los que relacional con la banda de Los Rojos, a los que también responsabilizan del asesinato de 11 integrantes de esta familia y la desaparición de cuatro más desde el 15 de abril de 2013, quienes levantaron y desaparecieron a Sergio Peña, Mario Gómez Pereyra y Pedro Celso Solís.
Denunciaron que la banda delincuencial logró penetrar e “infiltrar” puestos estratégicos en Carrizalillo, como la comisaría ejidal, el comisariado, la Secretaría General del sindicato de Gold Corp, a empleados de la mina y a la policía comunitaria, quienes cobran “derecho de piso” en abril de cada año, cuando reciben las utilidades de la mina, por cantidades de 10 mil a los cerca de 800 mineros y 40 mil a los 159 ejidatarios.
Uno de los integrantes de la familia, Valeriano Celso Solís dijo que al no entregar ellos la cuota que les pedían, el 3 de marzo fueron levantados y asesinados Mauro Galicia Peña, Juan Carlos Peña Celso y José Elí Merino González, y fueron hallados semienterrados en una fosa clandestina en la comunidad de Mazapa.
En abril, dijo, también fue levantado y desaparecido su hermano, Pedro Celso Solís, caso del que culpa al comisariado Ricardo López y a Silvestre López Peña, El Cebo, a quien también señalan de los asesinatos de Antonio Peña Montiel y Onofre Peña Celso, ocurridos el 21 de octubre en esta ciudad.
Los integrantes de la familia pidieron al gobierno estatal y federal justicia y la liberación inmediata de Modesto Peña Celso, hijo de Antonio Peña y hermano de Onofre Peña, quien aseguran iba como “testigo protegido” para colaborar con la Policía Federal, con la intención de señalar a quienes presuntamente tienen vínculos con la banda de Los Rojos, “sólo buscaba justicia por la muerte de su padre y de su hermano”.
Dijo que la Policía Federal le confiscó armamento al comisariado Ricardo López, y que cuando iban a hacer un cateo en su casa sonaron las campanas del pueblo, la gente se reunió y retuvieron a los agentes federales y a Modesto Peña, quien vestía una camisola de la corporación para que no fuera identificado.
Agregó que por presión del grupo delincuencial y el comisariado, 35 integrantes de esta familia que trabajaban para la mina de Gold Corp fueron despedidos y liquidados, y ahora se les impide entrar al pueblo de donde son originarios o trabajar para la mina, lo que ha dejado a las familias sin empleo y sin casas.
Negaron operar para el grupo Guerreros Unidos como ha sido señalado por el comisariado y que Modesto Peña sea halcón de ese grupo criminal.
Al mostrar fotografías periodísticas publicadas en los diferentes medios informativos sobre la detención de Modesto Peña, señalaron a varias de las personas que pedían su linchamiento, a quienes ubican como gente que no es de Carrizalillo, sino de las comunidades de Tenantla, como Nahúm Villalba y otros de Amatitlán, que presuntamente operan para la banda de Los Rojos, “queremos gritar al gobierno federal y estatal que si no ven la maldad en esta pinche mina, tienen que ver quiénes son los verdaderos delincuentes”.
Mostraron mensajes de texto en los que han recibido amenazas de la gente que los orilló a abandonar su pueblo, “vamos a acabar con todos, vayan comprando las cajas” y “qué hay perros ya faltan pocos y ahora le tocó a tu familiar perros”, uno de esos mensajes fue enviado al teléfono de Onofre Peña, un día antes de que fue ejecutado.
Pidieron la liberación de Modesto Peña, una investigación a fondo al comisariado Ricardo López y a la mesa directiva de las autoridades ejidales, quienes reciben el dinero de la minera por el uso del suelo ejidal, así como cateos a las casas de esas personas.

Les ofrecen seguridad

Cerca de las 4 de la tarde unos 100 integrantes de la familia Peña Celso, entre mujeres, niños y hombres, fue atendida en el auditorio del Palacio Municipal por el delegado de Gobernación Erik Castro, el inspector jefe de la Gendarmería con base en Iguala, Salvador Santos Reyes y el representante de la oficina del gobernador Héctor Astudillo, Alejandro Bravo Abarca, entre otras autoridades locales de gobernación.
Los inconformes mostraron mantas y cartulinas en las que exigían a las autoridades justicia y la liberación de su familiar Modesto Peña, así como la investigación del comisariado ejidal Ricardo López y de Silvestre López Peña.
Después de escuchar sus planteamientos, el delegado ofreció seguridad a partir de la tarde de ayer a los cerca de 300 integrantes de la familia, que fueron desplazados y que se asentaron en cuatro colonias al norte de Iguala: Nuevo Horizonte, Luis Donaldo Colosio, Franja de Santiaguito y Hábitat.
Se comprometieron a abrir carpetas de investigación por los 11 asesinados y los cuatro desaparecidos, así como la investigación de los crímenes y recibir atención a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), para tener derecho al trabajo, a la vivienda y seguridad.
Alejandro Bravo ofreció el apoyo del gobierno del estado para brindarles la seguridad “que sea necesaria a quienes han sido desplazados”.
Dijo que retomarían la investigación para la presentación de quienes fueron desaparecidos, entre ellos Pedro Celso Solís.
Se anunció que el 4 de noviembre se reunirán nuevamente con éstas y más autoridades como la PGR, y agentes del Ministerio Público para darle seguimiento a sus peticiones.