Policías estatales dados de baja en mayo denunciaron al secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por negarse a dar respuesta a la recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) por abuso de autoridad y despido injustificado de 176 agentes, y ante la omisión del funcionario estatal intervendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En conferencia de prensa en la explanada de la Codehum el policía despedido José Muñoz Franco comentó que el 27 de octubre el organismo emitió una recomendación en contra de Almazán Cervantes, en la que tenía un plazo de 15 días que concluyó el 10 de noviembre, para dar una respuesta a la situación laboral de los agentes despedidos, pero no atendió la petición.
Dijo que ante la omisión la Codehum dará seguimiento para que el caso lo atienda la CNDH, “para que tomen cartas en el asunto a la falta de respuesta del Almazán Cervantes”.
Comentó que el martes Almazán Cervantes compareció ante los diputados en el Congreso del Estado para rendir cuentas de su trabajo, pero “no están acatando lo que realmente es dar seguridad a la población guerrerense, y violenta los derechos humanos de los policías estatales”.
Muñoz Franco señaló 57 agentes despedidos recibieron el pago su finiquito, pero el resto continúa el proceso laboral para que sean reinstalados en la corporación, o para ser liquidados conforme a la ley.
“Nosotros no vamos a desistir, no vamos a dejar esto hasta que llegue a las últimas instancias gubernamentales e internacionales para que tomen cartas en el asunto, es violatorio porque nos han dejado vulnerables a todos y a nuestras familias”, declaró.
Después de la conferencia de prensa una comisión de policías estatales despedidos entró a la Codehum en donde entregó un documento para que se envíe a la CNDH para que intervenga.
El 29 de mayo 600 policías estatales del Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango) pararon labores en el cuartel en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de la SSP, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después levantaron el paro y el 31 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública informó en un boletín de prensa que había separado del cargo y dio de baja definitiva de su corporación a 176 policías, porque incurrieron en una conducta violatoria de la ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).