Dos niñas del colectivo Siempre Vivos integrado por familiares de personas desaparecidas en Chilapa son atendidas, por presión de la organización, en el Instituto Nacional de Pediatría.
La organización cuenta con un registro de alrededor de 300 niños víctimas de la violencia que no cuentan con becas ni atención médica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, ni de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, informó el coordinador de Siempre Vivos, José Díaz Navarro.
Informó de dos casos de niñas, hijas de víctimas de desaparición que a raíz de los hechos comenzaron a padecer enfermedades que no pudieron ser atendidas por médicos generales, y que de entrada fueron rechazadas por representantes de las comisiones encargadas de la atención a víctimas, justificando que los padecimientos no habían sido producto de las desapariciones.
En el caso de Vanesa de cinco años, el activista narró que desde hace unos seis meses le salieron unas bolitas en el cuello por lo que la mamá la llevó con un médico general que le dio medicinas que no le hicieron ningún efecto.
Dijo que cuando intentaron que la CEAV se hiciera cargo les respondieron que no podían hacer nada que porque no había sido producto de la desaparición del papá, ocurrida en mayo de 2015.
“Nada más nos dijeron que no podían, ese fue su dictamen sin valorar a la niña, sin conocer su historial, esa fue su respuesta”, reprochó.
La negativa fue a pesar de que existe una denuncia del delito en el Ministerio Público federal, por lo que la mamá de Vanesa está dentro del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), unidad de la CEAV creada para este tipo de casos.
El coordinador agregó que tuvo que acudir a la Ciudad de México con la subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrerías, para exigir atención a Vanesa y le advirtió que los familiares se plantarían en las oficinas de la CEAV para “pedir limosna”, en cuanto a la atención médica para una familiar de una víctima de desaparición.
Finalmente a la menor se le atendió en el Instituto Nacional de Pediatría, después de la presión y de estar dentro del Renavi a la mamá le fueron cubiertos los gastos de traslado, hospedaje y alimentación.
El caso de Vanesa y de otros dos niños, hijos de víctimas de desaparición fueron narrados a principios de diciembre pasado en la voz de las víctimas (cuando dos de esos casos no eran atendidos), en el reportaje Los Huerfanos de Chilapa de José Ignacio de Alba de la Red de Periodistas de a Pie.
El otro caso del colectivo Siempre Vivos, continuó José Díaz, es el de la niña Joselyn de seis años cuya denuncia por la desaparición de su papá, en septiembre de 2014, fue interpuesta en la Fiscalía General del Estado.
“La mamá no está en el Renavi, entonces no la pueden atender, aquí (en la entidad) le dieron cita para el día 12 de enero en el hospital general de Chilpancingo pero le volvieron a programar su cita en seis meses, y realmente no le hicieron ni un estudio”, informó.
Joselyn tiene granos en la lengua desde hace más de seis meses lo que le impide comer bien, y lo más grave es que le avanzan a la garganta, “se le están yendo a alguna parte más del estómago, obviamente no somos médicos pero por lo que hemos visto es un problema grave”.
En este caso también acudieron a la Ciudad de México a presionar a la CEAV y lograron que a Joselyn le dieran cita en el mismo Instituto Nacional de Pediatría este 23 de enero.
No obstante dijo que hay otros casos en los que no han podido avanzar ni a nivel nacional, estatal ni local por lo que planean otra visita a la Ciudad de México para solicitar la atención a las víctimas que tienen su denuncia en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, cuya mayoría de casos fueron registrados del 9 al 14 de mayo de 2015.
Además de acudir a solicitar información sobre los avances en las investigaciones.
“No hemos podido avanzar ni en becas, ni en atención médica, no tenemos ni un apoyo de la Comisión Ejecutiva ni de la Comisión Estatal”, agregó.
De niños en esta situación de desamparo ante la desaparición y homicidio de sus padres, aseguró Díaz Navarro, tienen “alrededor de 200 y 300 niños, muchos que se acercaron en la última visita. Yo me siento totalmente rebasado, solamente coordino en la medida de mis posibilidades, tenemos un mundo de información y yo solo no los puedo atender”.
Ante el incremento de víctimas (en 2017 la organización registró 260 homicidios y cuenta con alrededor de 120 casos de desaparición desde el año 2014), el colectivo tiene proyectado establecer una oficina regional de atención a víctimas de atención a familiares de víctimas, que decidieron concluir sus estudios de preparatoria en el sistema abierto y que actualmente están estudiando, de manera profesional, la carrera de leyes.