EL-SUR

Miércoles 03 de Mayo de 2023

Guerrero, México

Guerrero  

Marchan 3 mil vecinos en San Miguel Totolapan a un año de la creación de la autodefensa

Exigen la detención del líder criminal Raybel Jacobo, El Tequilero, y del diputado local con licencia Saúl Beltrán

Israel FloresCiudad Altamirano

Diciembre 13, 2017

Ayer unos 3 mil vecinos marcharon por las principales calles de San Miguel Totolapan por el primer aniversario del Movimiento por la Paz, que dio origen a una lucha contra el grupo de la delincuencia organizada Los Tequileros y en contra de los secuestros y extorsiones.
Exigieron que el gobierno aplique justicia, la detención del diputado priista Saúl Beltrán Orozco y de Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero.
La gente de San Miguel Totolapan se manifestó por las principales calles haciendo un circuito hasta llegar a la plaza principal, donde leyeron un pronunciamiento.
Llevaban cartulinas donde pedían al gobernador que se reflejara el orden y la paz que prometió en campaña, “Queremos que el gobernador cumpla su palabra de traer orden y paz”. “Detengan al tequilero”, expresaban otras. También decían “Detengan al diputado Saúl Beltrán el verdadero tequilero”, y “Gracias al movimiento por la paz por la seguridad que trajeron”.
Los manifestantes iban vestidos de blanco y llevaban globos del mismo color. Participaron todas las escuelas y maestros, comerciantes, transportistas, llegaron familias que tenían parientes secuestrados. El grupo fue encabezado por 12 consejeros del Movimiento por la Paz.
Se informó que el 12 de diciembre el pueblo se levantó en armas procurando la paz de San Miguel Totolapan, harto de “los secuestros levantones, extorsiones y homicidios, ante la falta de atención del gobierno federal y estatal para combatir la banda de Los Tequileros encabezada por el diputado Saúl Beltrán Orozco y Raybel Jacobo de Almonte”.
Negaron que haya un líder en el movimiento, “aquí no hay caudillismo ni líderes porque está encabezada por maestros, trabajadores de la salud, amas de casa, comerciantes, transportistas, en pocas palabras por todas las fuerzas vivas de San Miguel Totolapan, porque aquí todos somos hermanos del sufrimiento y del dolor que causaron tantos delitos, tanta complicidad del gobierno, tanta impunidad”.
Puntualizaron que no hay partidos políticos detrás del movimiento, quedaron rebasados “por el dolor que provocaron las muertes de familiares, del dolor de los secuestros, de las violaciones de mujeres. Aquí el dolor unificó nuestros criterios y los partidos quedaron rebasados”.
Mencionaron que el Movimiento por la Paz comenzó tras el secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque, reclamaron que “el gobierno y sus órganos de impartición de justicia cumplan su tarea y su responsabilidad, porque no es posible que la denuncia interpuesta por el ingeniero Isauro de Paz Duque y otras más estén congeladas, y por otra parte, las denuncias en contra del diputado con licencia Saúl Beltrán Orozco, y las órdenes de aprehensión contra Raybel Jacobo de Almonte, Mauro González, El Vago, y demás integrantes de Los Tequileros continúen sin efecto”.
Demandaron “autorizar más plazas para maestros, más médicos, enfermeras, profesores de todos los niveles educativos para San Miguel Totolapan, para que nuestros hijos jóvenes, mujeres, hombres y adultos se eduquen y trabajen la riqueza de nuestra tierra, pero también que enjuicien a los delincuentes”.
En su comunicado hicieron un reconocimiento al “Ejército, a la Marina, a la Policía Estatal y Ministerial, a la Procuraduría General de la República, su trabajo para preservar la seguridad de nuestras familias y desde aquí les decimos gracias”.
El movimiento reconoció la fuerza del magisterio, puntualiza que “no somos comunitarios, no somos autodefensas, sino un movimiento social surgido del pueblo, todos somos el movimiento por la paz que busca justicia, paz y tranquilidad, y les decimos que este movimiento se mantiene de pie y con más fuerza que nunca”.
El movimiento que comenzó el 12 de diciembre del 2016 terminó por mover al gobernador Héctor Astudillo Flores, a 500 soldados, a 500 policías, a grupos antisecuestro a medios de comunicación nacionales y extranjeros para escuchar al pueblo de San Miguel Totolapan, que demandó no más secuestros, y que dejó sin un diputado en el Congreso local al PRI.
Transportistas, comerciantes, maestros, médicos y diferentes sectores sociales participaron en un principio de forma muy activa, quienes se enfadaron del olvido de las autoridades ante la ola de secuestros y extorsiones y se levantaron en armas.
“Que obra quieren, pónganse de acuerdo y díganme”, fue la voz del gobernador Héctor Astudillo Flores en el encuentro que sostuvo con la autodefensa en febrero de este año, pero la respuesta fue clara y contundente: “la única obra que queremos es la detención de Raybel Jacobo de Aalmonte y el desafuero de su jefe, el diputado Saúl Beltrán Orozco”.
El levantamiento ocurrió el 12 de diciembre de 2016. El pueblo se unió para combatir los secuestros y las extorsiones y exigir la atención del gobierno del Estado y del federal.

La reactivación económica

Durante casi un año San Miguel Totolapan no tenía transporte público y no entraba ningún tipo de comercio de distribución para las tiendas por temor a los saqueos. Un día después de que comenzó el movimiento regresó el transporte y se reactivó el comercio.
La medida provocó el regreso de por lo menos 10 familias de comerciantes que tenían tiendas grandes en la localidad, y quienes huyeron después de ser secuestrados.
Se restablecieron algunas fiestas religiosas empañadas en años anteriores por hechos de violencia.
El movimiento logró sacudir al estado. Después de ser un municipio sin atención, el gobierno de Héctor Astudillo Flores concluyó varias obras pendientes. Mandó policías y militares.
Pero sobre todo logró el repliegue hacia la sierra de El Tequilero, aunque el movimiento lo quería detenido y procesado las autoridades sólo hicieron un intento por atraparlo.
Además lograron que el diputado Saúl Beltrán Orozco se separara del cargo. La vinculación entre el diputado y El Tequilero fue ampliamente exhibida y aceptada por el propio fiscal Javier Olea, gracias a la aportación de pruebas del mismo movimiento.
Además los vecinos soportaron el embate del gobierno que con mil efectivos intentaron dispersarlos, pero ahora mantienen la seguridad en la parte rural y se coordinan con los cuerpos policiacos y militares.