Las organizaciones no gubernamentales guerrerenses (ONG) Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), así como la Red Década contra la Impunidad que ha venido trabajando algunos casos de violaciones a los derechos humanos en Guerrero, se sumaron a la campaña nacional de Seguridad sin guerra, para rechazar la ley de seguridad interior.
En esa campaña más de 150 organismos civiles del país y unas 50 personalidades reclamaron que “México necesita autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia” y que “es imprescindible trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial”.
En su manifiesto las organizaciones plantearon además que “una ley de seguridad interior no es la vía adecuada” y consideraron que el concepto de seguridad interior es poco claro, “confunde las funciones y tareas de seguridad nacional y de seguridad pública”.
También criticaron que las propuestas de ley en la materia plantean un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso y presunción de inocencia, “se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad”.
Dieron a conocer que las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar, a pesar de que las fuerzas armadas mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y especialmente desde hace 10 años esta participación “se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas (corporaciones militares) las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil”.
“Coincidimos en que es indispensable regular a las fuerzas armadas, sin embargo, no creemos que una ley de seguridad interior sea una vía que dé certidumbre a las fuerzas amadas ni a la ciudadanía”.
Las organizaciones informaron que la propuesta de ley tampoco toma en cuenta los efectos negativos que ha tenido la actual estrategia de seguridad militarizada.
“La crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede. Los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional”, e insistieron en la propuesta de crear una ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia.
“Antes que una ley de seguridad interior se requiere construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles. Para ello es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables”, propusieron.
Otras propuestas de los organismos son la de promulgar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, mismo que prevé las bases para decretar la suspensión temporal de garantías en la que se debe incluir “fuertes contrapesos del Poder Legislativo y Judicial, fijar objetivos precisos así como límites de tiempo, claros e improrrogables”.
Asimismo incluir mecanismos de responsabilidad económica y política para los gobiernos locales que se declaren incapaces de cumplir con su mandato constitucional de proveer seguridad pública, considerar un modelo de controles múltiplesen terreno que permitan la supervisión de las operaciones y la revisión en periodos cortos por parte del Congreso.
“No se debe normalizar la excepción, sino hacer frente a la emergencia y corregir las fallas que existen de fondo”. Denunciaron que el despliegue militar “afecta cada vez más a las propias autoridades militares, cuyos estándares de uso máximo de la fuerza no son propios de las tareas policiales y de investigación de delitos”.
Entre las personalidades que firmaron el documento está Eliana García, quien fue subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, además del escritor y periodista, Diego Enrique Osorno, el ex presidente de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad), Enrique González Ruiz, el ex diputado local panista, Enrique Pasta Muñuzuri, el poeta y activista Javier Sicilia, el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, la ex comisionada de la Comverdad, Pilar Noriega García, y los periodistas y escritores Denise Dresser y Carlos Fazio.
También respaldaron el pronunciamiento la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de Justicia Procesal Penal, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos que está conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República.