Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que en el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) destaca que se reconozca como crimen de Estado el ataque a los estudiantes en Iguala, que se estableció responsabilidades a autoridades municipales y estatales, así como a fuerzas de seguridad y del Ejército, y que las agresiones fueron “un hecho complejo” por los diferentes escenarios en los que ocurrieron.
También, destacó que los padres y madres no desestiman el informe, pero tampoco hay una aceptación tal cual respecto a que indica que los estudiantes estén sin vida, “hay algunas pruebas técnicas científicas que estarían sustentando esta hipótesis, pero estas pruebas técnicas necesitan todavía ser corroboradas”.
Además, adelantó que hoy en una marcha en la Ciudad de México, los padres y madres darán un posicionamiento en torno al informe y que representa para ellos la detención de Jesús Murillo Karam, el entonces procurador general de la República.
Anoche en el programa transmitido en Facebook STRMnoticias, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, fue entrevistado por Jesús García Arreguin, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya hicieron una revisión del informe y que hoy darán al concluir una marcha en la Ciudad de México un “pocisionamiento formal oficial”.
Adelantó que tras la revisión observan tres cosas, primero que el informe reconoce que fue un crimen de Estado, “una situación complicada, pareciera muy superficial que se considera crimen de Estado, pero no, incluso para caracterizar así un hecho como el de Ayotzinapa y otras graves violaciones a los derechos humanos han tenido las víctimas que recurrir a instancias internacionales y a veces solo a través de la Comisión Interamericana es como este organismo internacional ha condenado el Estado mexicano diciendo que tal crimen o tal hecho es un crimen de Estado.
Destacó que el propio Estado lo reconoció así en la presentación del informe, donde estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete pleno y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “creo que no se debe relativizar y no se debe restar importancia, se debe tomar en su justa dimensión lo que se está diciendo”.
Argumentó que también destacaron del informe que se establecen responsabilidades de autoridades municipales y estatales, y no sólo de fuerzas de seguridad municipales sino de autoridades federales como la Policía Federal, y del 27 y 48 batallones de infantería, ambos con sede en Iguala, así como de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo.
Sostuvo que la tercera observación que hicieron del informe, es que contempla que la agresión del día 26 y madrugada del 27 de septiembre fue un hecho complejo, pues dijo “la comentocracia en México está diciendo que este informe que acaba de sacar el presidente de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia es igual a los informes anteriores, yo creo que no, habría que hacer una diferenciación”.
Mencionó que la diferencia es que las agresiones se desarrollaron en varios escenarios de Iguala como el crucero de Santa Teresa, el Periférico Norte, el Palacio de Justicia y otros escenarios que se mencionan, así como la agresión a Julio César Mondragón, por lo mismo, participaron varios actores estatales y no estatales para agredir a los estudiantes, es decir, “se trató de un hecho complejo, grande, de agresión y no es como se estableció con anterioridad, que en un punto determinado detuvieron a todos los estudiantes”.
Rosales Sierra destacó que quedó evidenciado que los estudiantes se movían en diferentes lugares y hubo la capacidad de los actores que agredieron de ocupar casi toda la ciudad de Iguala y sus alrededores en la periferia.
Añadió que para los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos causó polémica el paradero que señala el informe, “queremos ser muy objetivos, no vamos a desestimar lo que está aportando el informe, pero tampoco hay una aceptación tal  cual, por eso queremos ser muy puntuales y queremos la comprensión de las organizaciones”.
Explicó que según el informe los estudiantes probablemente estén sin vida, “hay algunas pruebas técnicas científicas que estarían sustentando esta hipótesis, pero estas pruebas técnicas necesitan todavía ser corroboradas, incluso aquí en México, la Covaj tiene un primer elemento, digamos, en un primer nivel, tiene esta prueba técnica, entonces esta prueba técnica necesita pasar un segundo nivel de corroboración para ver si eso efectivamente tiene el sustento que nos pueda dar una certeza científica”.
Aseguró que el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ya entregó las pruebas técnicas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que las someta un tamiz científico, agregó que los padres harán lo propio con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Reiteró que por ahora no desestiman la prueba técnica que se presentó en el informe, “pero tampoco es que ya está dilucidado cabalmente”, y comentó que después de que se corrobore estarán en condiciones de decir si tiene sustento o no la prueba técnica con la que se pretende respaldar la hipótesis.
Vidulfo Rosales manifestó que el informe es relevante porque se habla de la participación de autoridades municipales y no sólo policías municipales de Iguala, sino a actores municipales y policías de Iguala, de Cocula, de Huitzuco y de Tepecoacuilco, “por lo menos hay cuatro municipios implicados en estos hechos, estamos hablando de una región completa en Guerrero”.
Expresó que los padres de los 43 merecen certeza científica y pruebas indubitables de que sus hijos ya no están con vida, dijo que exigen que les presenten los restos para que les puedan llorar y cerrar el ciclo, reprochó que organizaciones han enviado condolencias y pésames, “no estamos en ese nivel de que nos puedan mandar un pésame porque no tenemos la certeza”.
De si confía en la FGR para la corroboración de las pruebas, sostuvo que la Fiscalía tendrá que echar mano de todos los recursos que disponen y que han observado a Gertz Manero “en estos días, más comprometido con el caso, entonces eso da un poco de certeza”, aunque reiteró que el GIEI tendrá que que participar y colaborar en esas investigaciones.
Rosales Sierra dijo que los padres de los 43 esperan que el gobierno continúe las investigaciones para esclarecer cabalmente lo ocurrido, echando mano de más testigos, informantes y colaboradores, que se rompa el pacto de silencio y se dé con el paradero de los normalistas desaparecidos.
También agregó que esperan que el gobierno “proceda de inmediato” contra los responsables que se señalan en el informe, afirmó que esto no implica que “ya estamos todos contentos, no, no tenemos hoy en día a los jóvenes y se han identificado a tres estudiantes, del resto no tenemos nada”.
Detalló que hoy marcharán los padres de los 43 en la Ciudad de México para exigir verdad y justicia por la desaparición de los estudiantes, el contingente partirá del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, donde en un mitin, los familiares de los normalistas darán un pronunciamiento en torno al informe y qué representa para ellos la detención de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, a quien el miércoles, un juez lo vinculó a proceso por los delitos de tortura, desparción forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Añadió que el 27 de agosto habrá una reunión a las 10 de la mañana en el Sindicato de Telefonistas en la Ciudad de México, con organizaciones sociales, para afinar los preparativos de la jornada de lucha con motivo de los ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.
Vidulfo Rosales dijo que la jornada iniciaría el 12 de septiembre y concluirá el 27 de septiembre, un día antes, el 26 de septiembre habrá una marcha nacional en la capital del país, y el 27 la marcha será en Iguala.