La alternativa a la inseguridad agravada en los periodos de transición de los gobiernos, es la organización de la sociedad para obligar al Estado a cumplir con sus funciones señaló el director del Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco), Javier Monroy, en el altar de Día de Muertos para recordar a los desaparecidos, activistas y luchadores sociales, la mayoría de ellos asesinados, que instalaron organizaciones en el Zócalo de esta ciudad.
Denunció que los secuestros difundidos en los últimos días no representan ni el 10 por ciento en la capital, pues por medio del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero reciben información de otros casos.
Reconoció que estos datos no se pueden confirmar pero personas liberadas sin la intervención de las autoridades, dijeron que “hay muchos más en las casas de seguridad”, donde estuvieron retenidos.
También hay casos de secuestrados que fueron asesinados y no se denunciaron por temor, y de los rescatados recientemente, fueron encontrados en Morelos, dijo.
Javier Monroy expuso que el Tadeco ha denunciado hace mucho tiempo que en Guerrero existe una crisis humanitaria, pero en estos momentos la crisis mayor es de seguridad, “porque se incrementa y las autoridades no dan pie con bola”.
Resultado del monitoreo que hacen, señaló que la violencia se incrementa en los cambios de gobierno, como sucedió en la transición de René Juárez y Zeferino Torreblanca, y cuando éste último entregó a Ángel Aguirre Rivero.
Ocurre de nuevo con Héctor Astudillo Flores, “entendemos que no es gratis, porque hay un reacomodo de las empresas del narco a partir de compromisos que hacen con candidatos. Este reacomodo lleva a ajustes de cuentas y confrontaciones muy fuertes, donde lamentablemente cae mucha gente que no está vinculada”.
Señaló que hace 15 y 20 años sólo se hablaba de dos o tres cárteles, ahora en cada región hay muchos.
Añadió que no se puede aceptar que se enfrente el problema con más policías y militares, como propuso el nuevo gobernador, porque el problema está en la relación del crimen con el gobierno, “el narcotráfico sostiene la riqueza del país, y (las autoridades) no van a enfrentarlos porque se ponen la soga al cuello”.
Dijo que la presencia de policías y militares sólo pretende la contención social, porque en cualquier momento la población puede reaccionar y va a responder ante las injusticias y la impunidad. Pero opinó que sería un error de los ciudadanos hacer la tarea del Estado, si se arman para enfrentar a la delincuencia.
Aclaró que a quien le corresponde buscar en las fosas a los muertos y detener a los delincuentes es al Estado.
Agregó que la Policía Comunitaria es la solución en algunos lugares, pero un proyecto con principios no con intereses de grupo.
Reconoció también que son tiempos difíciles para las organizaciones, “cada uno piensa en si mismo”, y se estigmatiza a quien lucha por los presos, los asesinados y los desaparecidos.
Llamó a la población a organizarse y adoptar a un secuestrado, desaparecido o asesinado para reclamarlos, porque las autoridades tienen doble moral “dicen que casi no duermen por esta situación, pero todos los recursos y personas con las que cuenta el Estado se destinan a otra cosa, menos a proteger a la ciudadanía”.
Ayer hubo actividades culturales en el altar que colocaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, Nahuales de Ixtlitezcatl, el Comité Independiente de Solidaridad con los caídos del 60, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, el Frente Democrático Unitario en Lucha y el Tadeco.
La ofrenda se colocó frente a la catedral, donde pusieron fotografías de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa asesinados en 2011, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, luchadores sociales asesinados en 2013 como Rocío Mesino, también la foto de Isidro Ortiz Bernal, Chilo, y el universitario Renato Ravelo Lecuona. d