En la revista Forbes especializada en negocios se dio a conocer que el cierre de operaciones de Coca-Cola Femsa en Ciudad Altamirano, municipio de Pungarabato, le genera a la empresa una pérdida mensual de aproximadamente 30 millones de pesos.
“Lamenta profundamente que la ausencia de un Estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región, la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de 4 décadas, generando valor económico y social a sus clientes, consumidores, comunidad, colaboradores y familias”, añadió la refresquera.
El 21 de marzo en la mañana intentó reactivar la venta al público luego de dos meses de mantener cerrada la distribución, pero fue atacada a balazos.
En ese ataque participó un grupo de hombres armado que llegaron a la tienda que tiene la empresa en su bodega, en donde dispararon contra los trabajadores dejando a un empleado herido de gravedad.
De esta bodega se distribuía su producto a los municipios de Coyuca de Catalán, Cutzamala, Tlapehuala y Tlalchapa.
Tres días después del ataque y a pesar de operaciones de la Policía Federal, la empresa difundió en su portal oficial un boletín en el que daba a conocer el cierre indefinido de la bodega por el serio problema de inseguridad.
Este lunes en la revista estadounidense Forbes en su versión de México se detalla que la empresa les informó que por el cierre indefinido en Ciudad Altamirano pierde mensualmente 30 millones de pesos.
“Más que hablar del impacto económico lo lamentable para Coca-Cola Femsa fue el haber tenido que desincorporar a más de 160 colaboradores para privilegiar su seguridad y la de sus familias, así como la pérdida de la derrama económica en la zona derivada de nuestra operación”, informó el área de Comunicación Corporativa de Fomento Económico Mexicano (Femsa).
La empresa comunicó que cerró sus operaciones luego de dos meses de hostigamiento de grupos delincuenciales hacia los colaboradores, y por la ausencia de un Estado de derecho y prevalencia de la impunidad.
La compañía indicó que desde enero de 2018 integrantes del Centro de Distribución de la refresquera en Ciudad Altamirano comenzaron a recibir amenazas y agresiones del crimen organizado, al tiempo en que las instalaciones eran afectadas.
La refresquera puntualizó que en la zona prevalece la impunidad que afecta el desarrollo económico.