Movimientos de izquierda y de corte maoísta recibieron a los padres de los 43 alumnos desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa en San Luis Potosí, en su camino a la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, en la cuarta Caravana Nacional por la Verdad y la Justicia.

A su paso, en la capital del estado y en la cabecera municipal de Matehuala, puerta del desierto potosino, hicieron mítines en plazas públicas para manifestar que pretenden traer de Matamoros los expedientes de cuatro causas penales que les han negado a sus abogados sobre los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y para exigir que no salgan en libertad los policías municipales incriminados en los hechos, hasta que aparezcan sus hijos.
Asimismo, pedirán una entrevista con los jueces del Primero y Tercer Juzgado de Distrito de Matamoros, que han otorgado amparos a al menos 22 de 53 policías detenidos y en procesos de revisión, y para saber por qué se negaron las órdenes de aprehensión por desaparición forzada contra los detenidos, pues éstas se reclasificaron como secuestro.
En la plaza Juárez de Matehuala, la mamá de Getsemaní Sánchez García,  Joaquina García Velázquez lamentó que “habiendo tanta gente inocente en prisión, los que cometieron graves delitos están en proceso de libertad”, refiriéndose a los policías.
Reveló que los padres se sienten “muertos en vida”, pero mantienen la confianza en  que están vivos (sus hijos), “y si ya murieron, ¿por qué no nos los entregan?”, recriminó.
Insistió en que el gobierno tiene a los estudiantes, y que les ocasionó un dolor muy grande cuando presentó su verdad histórica, desechada ya por los peritos independientes.
Más afectada reiteró, “cada día nos preguntamos, ¿cuál es su propósito (de mantenerlos ocultos)?, y si están muertos, ¡por qué no nos los entregan!… tanta pinche gente corrupta que hay, dijeron que nuestros hijos eran delincuentes, no lo son, ellos lo único que quieren es salir adelante, no como uno que en el campo a veces hay buen tiempo, a veces no, les pedimos que nos ayuden”.
De igual forma el papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez denunció que, “ya no queremos saber nada del basurero de Cocula, queremos que faciliten los expedientes (la PGR), que faciliten todo, nos hartamos de tanta mentira, nos da mucho coraje que este gobierno juegue con nosotros, somos campesinos y tenemos dos temporadas de cultivo sin trabajar, sin hacer nada…”
Indicó que ayer en las manifestaciones les gritaron que se pusieran a trabajar, particularmente un taxista en San Luis Potosí, “pero no saben la rabia, el dolor que tenemos encima, jamás vamos a olvidar, por eso pedimos a ustedes que nos apoyen”, dijo, ante las mentiras de las autoridades que han presentado cuatro tesis falsas sobre la ubicación de los estudiantes.
El abogado Isidoro Vicario Aguilar recordó que entre las primeras recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue pedir que un juez concentrara los procesos penales para que tuviera un panorama amplio de los hechos de Iguala, pero siguen dispersos, cuatro causas penales en Matamoros, cuatro en Iguala, y están abiertos otros en la Ciudad de México.

La caravana

La organización Felipe Carrillo Puerto  y otros movimientos de izquierda, integrados a la Asamblea Popular Nacional de Ayotzinapa, en San Luis Potosí, se encargaron de la logística de las actividades públicas y del hospedaje.
Al mediodía los padres salieron de un aula donde pasaron la noche, a pocas cuadras del centro, y enfilaron sobre un bulevar a la Plaza de Armas de la ciudad colonial, donde unas 400 personas, incluidos niños de la escuela maoísta, los recibieron con mantas de bienvenida y consignas socialistas.
Una comisión de padres, a medio acto dio una conferencia de prensa en un restaurante del primer cuadro de la ciudad. A las 2 de la tarde los dos autobuses de la caravana tomaron una carretera casi desierta al municipio de Matehuala, acompañados de representantes de organizaciones del Frente Popular Revolucionario.
Con ellos, cuatro observadores de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, como única garantía de seguridad mientras estuvieran en San Luis Potosí.
A las 4 de la tarde los padres encabezaron otro mitin en Matehuala, con representantes de organizaciones del lugar y del municipio de Real de 14, uno de los principales puntos mineros de San Luis Potosí durante la Colonia, y atractivo turístico a la fecha.
En lengua tenek, un activista indígena llamó a la unidad ante el gobierno federal que impusieron los ricos y desapareció a los normalistas, “qué culpa tienen esos chavos que los desaparecieron… esos policías o secuestradores mandados por el gobierno no se tientan el corazón, soy padre de familia y entiendo que duele tanto perder a un hijo. En mi municipio mataron a niña de 17 años, y ahorita el malhechor creo que ya va a salir, por eso digo que los derechos humanos (de parte del gobierno) no sirven”, expresó.
En la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno y el Ayuntamiento, un activista de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, denunció nexos del alcalde, del PRD, de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, los cuales dijo, son de dominio público y cuestionó, “hace falta otra atrocidad como la del 26 y 27 de septiembre (de 2014) para que se proceda contra la clase política, a limpiar este tipo de personajes ligados a la delincuencia organizada”, aseveró.
Luego, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, mencionó que la declaración de militares es fundamental para la ubicación de los estudiantes.
“El Ejército sí es responsable de desapariciones en los años 70, de agresiones a indígenas, a campesinos ecologistas, pero más allá, lo que pedimos al Ejército es que ponga a disposición de la PGR las pruebas que tiene de los crímenes de Iguala”, exigió.
Ante la negativa de declarar ante el escrutinio del GIEI señaló: “Nosotros nos preguntamos qué esconden, qué ocultan, ¿hay una ley distinta para ellos?, ¿pertenecen a otra casta social?, ¿con quién hicieron pactos o de qué privilegios gozan para no declarar (sobre) un hecho criminal que ellos observaron, (y) omitieron aplicar medidas preventivas para evitarlo?”
En la conferencia, el señor Epifanio Álvarez denunció que ninguna autoridad civil ni militar se compromete a encontrar a sus hijos.
Comentó que policías y generales les piden a los padres los puntos de búsqueda, y les dicen que vayan por delante, “nosotros les decimos que por qué no nos dan sus armas y que se vayan ellos detrás”.
Reveló que en una de las primeras búsquedas, estando los militares al frente, encontraron un campo de amapola. Subrayó que ya todos saben que fueron los policías los que se llevaron a los estudiantes, pues los sobrevivientes dieron los números de las patrullas.
De las medidas de seguridad, en un territorio en que todos a media voz les dicen que es  peligroso, pues es territorio del Cártel del Golfo y los Zetas, y  paso de los migrantes centroamericanos que cruzan México sin garantías, Rosales Sierra aclaró que la mejor seguridad que pueden tener es la cobertura de las organizaciones y de los medios de comunicación.
“Vamos haciendo actos públicos en cada lugar para dejar claro nuestro objetivo, el único interés que mueve a los padres es encontrar a los hijos, y el Estado es el que tiene la obligación de salvaguardar el derecho a la vida, si algo sucede será su responsabilidad”, declaró.