Sin el pleno respeto a los derechos humanos no puede haber seguridad, afirmó el representante adjunto de la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, Jesús Peña Palacios, sobre la actuación de militares en funciones de seguridad pública, tras escuchar a víctimas y deudos de una violación, de casos desaparición forzada y de un asesinato cometidos por militares en Guerrero.
Ayer en el foro Seguridad o derechos humanos: una falsa dicotomía, organizaciones civiles y víctimas rechazaron la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior que se encuentran en el Senado y la Cámara de Diputados, para legalizar y ampliar las facultades de las fuerzas armadas en las calles, propiciando un estado de excepción donde el Ejército no rinda cuentas de sus acciones, no obstante las denuncias de violaciones graves a los derechos humanos que pesan contra estas corporaciones.
El representante de la ONU señaló que si bien el tema debe de ser analizado en el Congreso de la Unión, no se deben inhibir espacios de diálogo y es pertinente (dado los antecedentes), que se discuta en Guerrero.
Inauguraron la actividad los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, denunciaron que soldados del 27 Batallón de Infantería y policías de los tres niveles de gobierno intervinieron en los ataques, asesinatos y desaparición forzada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y es su exigencia al gobierno federal que los devuelva con vida.
Compartieron su testimonio Tita Radilla, hija del líder campesino de Atoyac Rosendo Radilla Pacheco, quien fue detenido desaparecido en un retén militar en 1974, en la época llamada de la guerra sucia cuando el Ejército sitió gran parte de ese municipio.
También Valentina Rosendo Cantú, quien fue violada sexualmente por militares a los 17 años, ambos casos llegaron a sentencias contra el Estado mexicano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Además el sobreviviente de la masacre de El Charco ejecutada por soldados que asesinaron a 11 indígenas, Bernardino García Francisco, y el hermano de José Rubio Villegas, muerto en un ataque a balazos de militares a un autobús del servicio público, luego de cruzar un retén en el crucero de Huamuxtitlán.

Que las fuerzas armadas no participen en la investigación del delito, y el regreso gradual a sus tareas, propone la CNDH

En su intervención el coordinador de asesores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Guillermo Silva, señaló el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública “no fue la decisión más apropiada”.
Señaló que los militares se apartaron de una debida conducta de servidor público y hace diez años, que se incluyeron en la política para contrarrestar al narcotráfico, las violaciones cometidas por sus efectivos se incrementaron. Señaló que antes de 2006, el promedio de las denuncias contra la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina en la CNDH era de dos cada año por cada institución, ahora es de 12 cada una.
Propuso, opuesto a la que plantean el PAN y el PRI en las cámaras, entre otros puntos, que se deseche la posibilidad de que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación del delito, y que estas funciones no sean incluidas en su esquema de atribuciones.
Además, establecer su regreso gradual y verificable “a las tareas que le sean propias”, y prevenir que se afecte en cualquier forma el ejercicio de la libre manifestación de la sociedad civil.

Defensores rechazan la exención y primacía para los militares que se plantea en la Ley de Seguridad Interior

Del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Edgar Cortés Morales habló del marco jurídico que justifica la presencia de los militares en materia de seguridad pública para coadyuvar con las autoridades civiles, y denunció que en los hechos la intervención militar en los estados ha tenido primacía.
Recordó que en 2008 cuando el problema de la delincuencia organizada incrementó su complejidad se creó la Policía Federal con una base de militares, a partir de 2006, comenzó el uso intensivo de las fuerzas armadas en temas de seguridad y desde 2011 se planteó por primera vez la intención de dar un marco legal a los soldados en materia de seguridad pública, en la Ley de Seguridad Interior.
Añadió que la movilización de organismos civiles y gubernamentales de derechos humanos evitó que se incluyera este capítulo en la legislación, llamó a la sociedad a estar alerta para que la iniciativa no se apruebe a espaldas de la población a finales del actual periodo de sesiones que concluye en abril.
El abogado, Jesús Robles Malof señaló que en los estados democráticos las leyes se crean para establecer límites y controles en el ejercicio de la función pública, y el problema de la Ley de Seguridad Interior es que comienza por construir excepciones para militares, “en el mundo del revés, donde las excepciones se convierten en regla”.
Por ejemplo, señaló que una iniciativa plantea que en cuestiones de inteligencia militar las fuerzas armadas pueden hacer uso de cualquier método para lograr su objetivo, y cualquier autoridad debe colaborar en esta tarea. Dijo que hasta organismos autónomos como la CNDH estarían obligados a colaborar con los militares cuando señalen problemas de seguridad interior.
También los exenta de acatar las leyes creadas, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dirigida a los funcionarios públicos en caso de faltas, irregularidades o abusos.

Los legisladores responden a la exigencia de la Sedena, dice el Centro Prodh

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre señaló que las iniciativas de ley son la respuesta de varios legisladores en el Senado y la Cámara de Diputados a la exigencia de las fuerzas armadas de legalizar sus acciones en el campo, a pesar de que la estrategia de seguridad con soldados no ha dado resultados.
Denunció que la violencia se incrementó y eso debe de ser tomado en cuenta en el análisis en el Congreso, pero en lugar de que los legisladores llamen a los mandos militares, los generales los citaron en las instalaciones militares para exponer “no sus peticiones sino sus exigencias”.
Señaló que, entre otras, la recomendación de los organismos internacionales para México es que se fortalezcan las capacidades de las corporaciones policiacas, particularmente en investigación en macrocriminalidad, y se retire de forma paulatina a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad.
El director del Centro Morelos, Manuel Olivares Hernández denunció que el Ejército acabó de forma brutal con los movimientos subversivos de la década de 1970 y no regresó a los cuarteles, se quedó en las calles.
Después de la guerrilla, los militares llevaron semilla de amapola y mariguana a las regiones apartadas del estado, primero se pensó que le daban una oportunidad a las familias de atender demandas y necesidades, ahora, saben que fue el pretexto para justificar su intervención en las comunidades.
Opinó que el nivel sanguinario a que han llegado los pleitos por las plazas entre narcotraficantes no serían posibles si la maquinaria institucional no estuviera engrasada por la corrupción.
“Insistimos en que hay de alguna manera complicidad muy fuerte con la delincuencia organizada, si no, no entendemos como en enero del año pasado en Chilapa se anunció un fuerte operativo conjunto (militar y policiaco), y hoy se mantiene la alta criminalidad”, expuso.
Finalmente el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández precisó que la Ley de Seguridad Interior no está dirigida a las elites económicas ni a las transnacionales, sino a los que se organizan, a los que demandan y exigen justicia y respeto a los derechos humanos.
Exigió que en el centro de la discusión de la legislación se coloque a las víctimas, sus historias cruentas y sus luchas, “queremos una ley para fortalecer el paradigma de los derechos humanos, no el paradigma de la militarización”.
Señaló que Guerrero es el lugar más inseguro y violento, Acapulco es el centro económico más importante y está desmantelado por la delincuencia, Chilpancingo es el centro político y de la criminalidad, Iguala después de los ataques del 26 de septiembre de 2014 evidenció la complicidad de autoridades y narcotraficantes, y siguen siendo un municipio violento.
Urgió a los diputados a legislar para las víctimas una Ley General de Tortura y la Ley General de Desaparición Forzada, en lugar de obedecer a los militares con la Ley de Seguridad Interior.