Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La representante de Ciencia Forense Ciudadana y defensora de derechos humanos, Julia Alonso Carbajal solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación de los tres jóvenes que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo y entregados a la Policía Ministerial, que los tuvo privados de su libertad, incomunicados y torturándolos durante siete días y luego aparecieron tirados en un terreno baldío al sur de Chilpancingo.
Alonso Carbajal, quien le da seguimiento a casos de desaparecidos en Acapulco a partir de que el 12 de enero del 2008 desapareció su hijo, Julio Alberto López Alonso, declaró que no existe confianza en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue el caso porque el fiscal Javier Oléa Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado en poder de los policías ministeriales, con el fin de protegerlos.
Héctor Josué de 15 años, Juan Miguel de 16 y Alan Alexis Teodoro López de 20 fueron detenidos, según sus familiares, entre las 2 y media y las 3 de la tarde del 27 de septiembre en la calle Pinos de la colonia Jardines del Sur, cerca de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, al sur de la ciudad.
Según la defensora de derechos humanos los policías municipales entregaron a los jóvenes a la Policía Ministerial que los trasladó a la agencia del Ministerio Público del sector Central de Acapulco, a un comandante al que solo escucharon que le decían Tino, quien los mantuvo desde el 27 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero incomunicados y torturándolos.
Julia Alonso informó que los familiares de los jóvenes se enteraron de donde estaban detenidos porque uno de ellos anotó el número del teléfono de su novia en un jabón, y le pidió a otro detenido que salió libre que le llamara y le avisara en donde estaban.
Cuando los familiares con el apoyo de Alonso Carbajal exigieron que se los entregaran, los tres jóvenes fueron sacados a las 5 de la tarde del 2 de enero y al día siguiente, a las 6 de la mañana, fueron hallados en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. Los jóvenes estaban atados con las manos hacia atrás con visibles huellas de tortura y semi desnudos.
Sin embargo el fiscal Olea Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado esos siete días en poder de la Policía Ministerial, pero ha declarado que dos de ellos están detenidos por robo y uno más está prófugo, por lo que este jueves solicitó a la PGR que atraiga la investigación ante las sospechas de que la Policía Municipal que los detuvo y la Ministerial que los recibió estén vinculados con el crimen organizado, pues los jóvenes refieren que antes de ser trasladados al puerto de Acapulco fueron llevados a una casa de seguridad.
La defensora de derechos humanos declaró que existe un conflicto de interés de la FGE en este caso, por lo que debe ser atraído por la PGR “para que haya una investigación seria y un juicio justo”.
“El fiscal dice que no es verdad que estuvieron detenidos por la Policía Ministerial, entonces ya desde esa óptica sí está negando, no se va a realizar una investigación imparcial. Aquí lo que se está pidiendo es que si ellos cometieron un delito, que tengan un proceso justo y apegado a derecho”, pidió Julia Alonso.
Denunció que las corporaciones policiacas que participaron en su detención actuaron arbitrariamente y violaron todos sus derechos, “no pueden desaparecer a los jóvenes, no presentarlos y después hacerles cargos, sólo hasta que alguien se dio cuenta que estaban detenidos les fincan cargos diciendo que cometieron actos criminales, por eso se debe de investigar bien qué pasó desde el 27 de diciembre que los detuvieron hasta el 3 de enero, se debe aclarar dónde estuvieron y quién los tuvo, y el fiscal como que quiere negar y obviar eso, como que quiere enfocarse en otras cosas cuando hay una grave violación a los derechos delos jóvenes”, insistió.
Mencionó que el nuevo sistema penal acusatorio establece claramente que nadie puede ser privado de su libertad y no ser presentado, y de los tres muchachos no existe ningún documento que compruebe que fueron presentados desde el 27 cuando fueron detenidos.
Dijo que no es posible que los jóvenes hayan estado privados de su libertad, pero la Fiscalía niega que los haya tenido, sin embargo luego que fueron encontrados torturados de inmediato les atribuye cargos y los detiene, “eso es ilógico”, declaró la representante de Ciencia Forense Ciudadana.
“Todo eso es lo que tiene que investigar la PGR porque se cometió el delito de desaparición forzada, tuvieron la suerte de que fueron encontrados a tiempo”, declaró.