Al concluir los trabajos de búsqueda de fosas clandestinas no encontraron restos humanos, pero fueron hallados diversos indicios de que la zona ubicada en el Ejido Tijeritas en las faldas del Cerro Gordo de Iguala fueron ocupados por la delincuencia organizada para llevar a víctimas de secuestro.

En declaraciones vía telefónica la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz, “nos da tristeza porque no fue positiva nuestra búsqueda”.

Mencionó que los trabajos seguirán con la Fiscalía de Desaparecidos de la Procuraduría General de la República (PGR) con quienes llevan una agenda de trabajo para la búsqueda de sus desaparecidos, “esto no para aquí, nosotros vamos a continuar hasta encontrar a nuestros familiares”.

El trabajo de esta semana entre peritos y antropólogos de la PGR y 12 miembros del colectivo con el resguardo de agentes de la Policía Federal, fue en cerros del ejido Tijeritas, en los límites con la comunidad de El Naranjo cerca del retén militar instalado en la carretera federal México-Acapulco en la salida hacia Taxco.

En esa zona explorada esta semana entre noviembre y diciembre de 2015 fueron exhumados 12 cuerpos, en un solo entierro fueron hallados siete cuerpos de hombres, seis de los cuales tenían uniformes de la Policía Municipal.

En el trabajo de los buscadores de fosas clandestinas de Los Otros Desaparecidos fueron hallados indicios de que esa zona fue ocupada para llevar a personas secuestradas, pues hallaron distintas prendas de vestir y uniformes militares con etiquetas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En el periodo del gobierno perredista de José Luis Abarca Velázquez en ese tramo de la carretera federal, en la comunidad de El Naranjo, los policías municipales mantenían un retén de vigilancia, cerca de la zona de hallazgo de fosas.

Bahena Cruz dio a conocer que el próximo 30 de agosto en el Día Internacional del Desaparecido prevén una marcha con los familiares de las víctimas, y el gobernador Héctor Astudillo Flores asumió el compromiso de estar ese día en Iguala para entregar a los familiares las sentencias de presunción de muerte, que es parte de los trámites para tener acceso a la reparación del daño de las víctimas.