* Piden que se cumpla la recomendación de la CIDH

* Denuncia persecución Mauro Hernández, el conductor del camión que fue baleado por policías del estado

Karina Contreras * A más de veinte días que se conmemore el octavo aniversario de la matanza de Aguas Blancas, familiares y sobrevivientes acudieron al consulado de Estados Unidos para entregar un documento en donde piden intervención para que los gobiernos federal y estatal acaten la recomendación             49/47 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exige concluir las investigaciones para el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de campesinos el 28 de junio de 1995.

Los campesinos fueron acompañados por el abogado José Sánchez Sánchez, y en donde se pudo ver también al campesino Apolinar Ojedis, quien se encuentra en silla de ruedas, luego de que las balas de los policías motorizados le destrozaran la columna vertebral.

El sobreviviente Mauro Hernández Lozano, de Atoyaquillo, denunció que está siendo perseguido por presuntos paramilitares sin que debe nada. Señaló que durante ocho años no había tenido trabajo, pero ahora que lo tiene está siendo hostigado.

Precisó que desconocidos a bordo de un automóvil negro lo siguen y lo vigilan permanentemente, durante sus recorridos por la ruta de transporte en la que presta servicio público.

El sobreviviente, propietario y conductor de la camioneta en la que viajaban los campesinos el 28 de junio de 1995 y que fue baleada por los motorizados señaló que si le llegará a pasar algo el responsable sería el gobierno del estado.

Por su parte, el abogado José Sánchez Sánchez manifestó que desde noviembre el gobernador René Juárez Cisneros no los ha querido recibir. Señaló que esto les preocupa ya que temen que se vuelva a reprimir a los campesinos.

Señaló que hay una exagerada vigilancia hacia los campesinos por sicarios y paramilitares que los siguen en carros oscuros y sin placas y que les hace pensar que están tramando algo.

Sánchez dijo que si hay algún delito qué perseguir, pues que se actúe conforme a la ley, pero lo que no quieren es otro desaparecido como sucedió con Gilberto Romero Vázquez. Además no quieren que la situación en Coyuca se enrarezca más de lo que está.

Explicó que la protesta en el consulado estadounidense –ubicado en el hotel Emporio– es porque tiene influencias y puede presionar.

En el documento se le hace un recuento al cónsul estadounidense de los sucesos del 28 de junio de 1995. Le informan que desde hace ocho años han estado esperando que sean castigados el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer; el senador Héctor Vicario Castrejón, el ex secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán, entre otros.

Piden que intervenga también para gestionar una audiencia con el gobierno estatal.

Sánchez Sánchez agregó que aunque el gobierno mandó a asesinar a más de 20 dirigentes y ofreció dinero para dividir, esto, no ha sido así. Una clara muestra –señaló– es que en la protesta de ayer estaban representados el 80 por ciento de los familiares y sobrevivientes.

Adelantó que para este 28 de junio –un aniversario más de la masacre– están tratando de llegar completamente unificados.

Sobre la petición de recursos económicos señaló que ese es un derecho y viene en la recomendación de la 49/47 de la CIDH, que señala que se debe indemnizar a los deudos y a los sobrevivientes de acuerdo a los estándares internacionales.

En la protesta participaron los familiares de dos sobrevivientes de la masacre que están presos en Acapulco, y los manifestantes exigen su libertad, pues son acusados de delitos fabricados: Gerónimo Hernández Refugio y Joviel Rafael Ventura.También, los familiares de Felipe Ayala, sobreviviente de la msacre de Aguas Blancas que fue asesinado el año pasado.