Jacob Morales Antonio

Chilpancingo

Después de 20 años de la masacre de El Charco, Ayutla de los Libres, las viudas informaron que se acabó su exigencia de justicia y reparación del daño, porque algunas organizaciones sociales y de derechos humanos han lucrado con el caso.
En conferencia de prensa en Chilpancingo, Eustolia Castro Ramírez a nombre de 10 viudas denunció que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad les exigió el pago de 250 mil pesos, para seguir impulsando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la acusación contra el Estado para obtener justicia y reparación del daño.
La mujer me’ phaa leyó un posicionamiento en el que reclamó que la muerte de sus esposos no ha sido aclarada “por actos del Ejército, mucho se ha dicho y escrito sobre eso, nosotras no estábamos ahí, no podemos atestiguar, pero los sobrevivientes sí estuvieron presentes en los hechos en ese instante”.
Agregó que durante 20 años “hemos sido traídas y llevadas por dirigentes de organizaciones sociales y líderes que sospechamos han lucrado con nuestro dolor, en esos años en las que varias de nosotras éramos adolescente sólo hemos recibido una canasta de despensa y cobijas por las autoridades municipales.
En 1998 les dieron 10 mil pesos por el gobernador René Juárez Cisneros, pero a algunos sobrevivientes no les tocó nada.
“Nuestra soledad y necesidad económica como viudas y sobrevivientes por nuestros hijos nos hizo esperanzarnos en organizaciones internacionales, que han sido sordas y ciegas a nuestro sufrimiento. Motivo por el cual decidimos acudir ante la SAICA (Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas) para que pudiéramos ser atendidos”.
“Por lo anterior hemos consensado cerrar este capítulo de nuestra vida, y para lograrlo venimos a solicitar al gobernador del estado –Héctor Astudillo Flores– nos reciba en una audiencia y seguras estamos de que con su apoyo y guía por fin hallaremos una salida hacia la luz de nosotras y nuestros hijos”.
Abundó que solicitarán al gobierno del estado proyectos productivos para trabajar el campo, pero insistió en que el caso se tiene que cerrar porque algunas organizaciones sociales han utilizado el tema para sacar provecho, “ninguna de las organizaciones sociales, ya no hablen de este caso”.
Dijo que la desesperación que les causaba la deuda de 250 mil pesos que le reclama la Red Solidaria Década Contra la Impunidad las obligó a dejar de pedir justicia ante la Comisión Interamericana.
Dijo que los representantes de la organización les solicitaron 39 mil 400 pesos para tramitar unos proyectos productivos a nivel federal, pero no cumplieron.
También solicitaron ser libres y dejar de estar “fichadas” por las autoridades, además de que el diálogo con el gobierno del estado será en paz, y negaron cualquier presión para dar la conferencia.
Castro Ramírez reclamó que los sobrevivientes Efrén Cortez Chávez y Éricka Zamora Pardo, no les han informado si ellos continuarán luchando para exigir justicia, una decisión que respetan.
Una hija de un sobreviviente, Delfina Trinidad Oliva coincidió en la postura de las viudas, aunque reconoció que el daño no será reparado, “queremos que se cierre el caso y que se cierre bien, porque algunos sobrevivientes no han recibido apoyos”.
Un sobreviviente que fue apresado un año y medio, Anastasio Ramírez Simona demandó al gobernador un buen apoyo a las mujeres y a todos los detenidos, porque no han recibido nada.
El sobreviviente y ex policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Bernardino García Francisco solicitó que el caso se cierre de una vez por todas, porque muchos se aprovechan y a los verdaderos afectados no se les apoya.
El 7 de junio de 1998 el Ejército disparó y mató a 10 campesinos y un estudiante universitario, además dejó cinco heridos y 22 detenidos, según lo que han narrado los sobrevivientes del ataque.