Ayer se llevó a cabo, por primera vez, un encuentro entre los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y el promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
El pasado 8 de marzo, integrantes de la Policía Ciudadana, con armas exclusivas del Ejército, irrumpieron en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Ayer los representantes de ambas organizaciones se reunieron en el Seminario de la Arquidiócesis de Acapulco, en el fraccionamiento Costa Azul, fungiendo la Iglesia y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan como mediadores.
La reunión fue privada en el auditorio del seminario.
A su salida, Plácido Valerio no quiso dar declaraciones argumentando que tenía otro asunto que atender y que iba a destiempo, mientras que el director de Tlachinollan, Abel Barrera, informó que la reunión era para “preparar un camino para el acuerdo” entre las organizaciones.
Indicó que en la reunión, a la que acudieron unos 10 representantes del Cecop y de la CRAC, le manifestaron al dirigente Plácido Valerio que se sienten invadidos por la UPOEG y reiteraron la petición de que la Policía Ciudadana se repliegue de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, lo que que deberá ser expuesto por el dirigente a las comunidades donde opera.
El defensor de derechos humanos dijo que Plácido Valerio planteó que se trabaja en las comunidades porque la gente lo solicitó, y porque no hay un territorio donde haya veto para que otras organizaciones entren y sean partícipes de la seguridad.
Las autoridades de la CRAC reiteraron que los problemas de secuestros, robos y cobro de extorsiones no ocurren dentro del territorio de los Bienes Comunales, sino en poblados colindantes.
Abel Barrera dijo que se realizará otra reunión la semana próxima, aunque no precisó el día, “porque hay la necesidad de seguir dialogando para clarificar los punto de conflicto y se puede dar la coordinación y apoyo mutuo”.
Agregó que además se hace un mapeo de actores interesados en crear un conflicto en los Bienes Comunales, entre estos los empresarios gravilleros, autoridades federales, y autoridades que han sido manipuladas para que estén a favor de la construcción de la hidroeléctrica La Parota.
“La UPOEG debe ser muy clara de que no puede ser un actor que le haga el juego a quienes son una amenaza para el territorio comunitario y sobre todo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec. La UPOEG tiene que deslindarse públicamente de ser un instrumento que sirva a quienes han atentado contra el territorio comunitario para dividir, imponer y cambiar la correlación de fuerzas”, demandó.
Abel Barrera recordó que la Iglesia está facilitando el diálogo entre las partes para poder llegar a acuerdos. “Para que se pueda trazar una ruta que lleve a acuerdos básicos de respeto, de coordinación en el tema de seguridad y de delimitación del territorio para que no haya confrontaciones y, sobre todo, alguna situación de violencia”.