Unos 30 trabajadores de la construcción provenientes del estado de México y del Distrito Federal derribaron el campamento que mantenían colonos desalojados de Granjas del Marqués, con la intención de instalar su propio plantón contra la inmobiliaria María Luisa S.A. de C.V., la cual fue emplazada a huelga.
Desde las 10 de la mañana de este viernes, unos 30 jóvenes cargaron con camas, utensilios y muebles del campamento que mantenían colonos desalojados en junio del año pasado de ese fraccionamiento, después de un litigio legal que ganó la inmobiliaria María Luisa S. A de C. V.
Según los colonos, los jóvenes no llegaron con una orden judicial ni con policías y en el momento del desalojo en el campamento estaban sólo dos mujeres de la tercera edad, quienes se hicieron a un lado, y poco después empezaron a llegar los vecinos que reclamaron la acción a los trabajadores.
Por su parte, los trabajadores –la mayoría jóvenes entre 25 y 30 años– instalaron una gran bandera rojinegra a la entrada del fraccionamiento, en una zona que la empresa no logró embardar por la instalación del campamento de los colonos.
La señora Florencia Naranjo reclamó que sacaran sus camas y sobrefundas nuevas y se las llevaran a un terreno baldío. A gritos les exigió a los trabajadores que le devolvieran sus pertenencias.
Otra vecina señaló que la prueba que los trabajadores destruyeron el campamento es que todo estaba tirado, y acusaron que dieron dinero a policías para que les permitieran hacer el desalojo sin molestarlos.
Luis Sánchez Pontaza explicó que tenía una panadería en el campamento y fue despojado de un horno.
Por su parte, los trabajadores –todos con aspecto defeño– se instalaron en lo que era la entrada al fraccionamiento y permanecieron, sin inmutarse, frente a los colonos.
El apoderado legal de los trabajadores, Michael Mortenkotter Ruiz, informó que eran 43 personas provenientes del estado de México, Distrito Federal y Veracruz que fueron contratados por la inmobiliaria María Luisa para trabajar en la construcción de las villas.
Dijo que comenzarían la construcción de villas desde el 20 de abril, pero no han hecho nada y tampoco han cobrado por su estancia y manutención en Acapulco, por lo que decidieron emplazar a huelga a la empresa.
Comentó que su sindicato, llamado Sindicatos Libertad de Trabajadores de la República Mexicana, no era gremial ni partidista y que la empresa María Luisa contrató a terraceros, albañiles, carpinteros, plomeros, entre otros y también pidió camiones para material, pero éstos no fueron permitidos en Acapulco ante el rechazo de los sindicatos locales del gremio.
Los trabajadores señalaron que el representante legal de la inmobiliaria, Agustín Fernando Vargas, no respetó el contrato colectivo de trabajo y durante la estancia en Acapulco les ha dado largas para iniciar los trabajos, con el argumento de que no tiene presupuesto suficiente y a pesar de ello no han cobrado ninguna remuneración.
Al preguntarles el porqué quitaron el campamento que tenían los colonos desalojados de Granjas del Marqués y también afectados por la inmobiliaria María Luisa, Michael Mortenkotter explicó que lo único que había en esa zona era basura y rechazaron que se haya tratado de un desalojo.
Advirtió que van a permanecer en un plantón hasta que la inmobiliaria les pague, y lamentó que aunque la empresa ya está emplazada la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Acapulco “es muy lenta” y podrían pasar meses para que se resuelva su situación laboral.
Ante el descontento de los colonos que les reprochaban a cada rato su acción, los jóvenes alegaron que ahí no había nada y que quitaron basura para instalar formalmente sus banderas y su propio campamento.
De parte de los colonos llegaron líderes de otros ejidos que fueron alertados de la destrucción del campamento, como el presidente del comisariado ejidal de El Cayaco, Alberto Ávila González, quien hizo llamadas telefónicas y decía que “ante la falta de autoridad hay que actuar contra estos chilangos”.
También llegó el presidente del comisariado de Llano Largo, Jesús Cruz Chupín, quien señaló que la acción de los trabajadores no se quedaría así y que buscarían refuerzos con organizaciones sociales y campesinos de otros ejidos para exigir cuentas.
También se observó que los desalojados se organizaron para pedir refuerzos, pues mencionaron que no creían “el cuento” que son trabajadores defraudados por la empresa, sino que los enviaba la propia inmobiliara para quitarlos.
Aseguraron que prueba de ello era que al lugar acudieron policías que siempre estuvieron en contacto con ellos “porque las autoridades siempre están con los ricos y no con los pobres”, reclamó una afectada.