LA TRANSICIÓN

El llamado de la dirigencia estatal del PRD para que el gobernador defina una agenda de derechos humanos, es un paso positivo en una materia en la que Zeferino Torreblanca ha mostrado una preocupante insensibilidad. En una entidad como Guerrero, de matanza tras matanza y atropellos de todo tipo contra el pueblo en los largos años del autoritarismo priísta, se trata de una limitación peligrosa del Ejecutivo del estado. Y qué bueno que el principal partido de la coalición que lo postuló tome en sus manos el asunto que ojalá sea bandera de campaña de sus candidatos a las diputaciones, alcaldías, sindicaturas y regidurías que se disputarán en las elecciones del 2 de octubre.

Prueba de esa insensibilidad que se observa en el gobernador es su persistencia en descalificar el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que le urgen a liberar al campesino ecologista Felipe Arriaga y a detener y castigar a los culpables de la emboscada contra otro defensor de los bosques, Albertano Peñaloza, a quien en esa acción pistoleros le mataron a dos de sus hijos, de 9 y de 19 años de edad.

Si la semana pasada pidió a esas organizaciones que mejor le sugirieran cómo resolver “los problemas de drenaje” que hay en el estado, este miércoles les reprochó que, dijo, opinen “desde lejos” y “sin conocer las causas” de los “grandes problemas” que hay en el estado.

Se entiende que un gobierno autoritario quiera mantenerse alejado del riguroso escrutinio de influyentes organizaciones no gubernamentales, y que acuda para ello al expediente de desprestigiarlas. Cuando la matanza de Aguas Blancas, el fiscal que contrató el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer para (no) investigarla, dijo que esas organizaciones vulneraban la soberanía nacional y que estaban controladas por la CIA. Apenas recientemente, el anterior gobernador René Juárez dijo que venían por tres días, hacían sus “recomendacioncitas” y se iban.

Pero se trata de organizaciones –Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Greenpeace, Washington Office for Latin American, Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Alto Comisionado de la ONU en Derechos Humanos, Red Nacional Todos los Derechos para Todos– que cuentan con los instrumentos, la metodología y la autoridad moral que les permiten escoger con un altísimo grado de precisión los casos que van a defender.

Que en estas organizaciones cunda la idea de que nada ha cambiado en Guerrero –un estado que conocen muy bien por su negro récord de violaciones de los derechos humanos y ambientales– será un punto en contra del nuevo gobierno, que puede tener consecuencias políticas, pero también para sus programas sociales y de inversión, aunque el gobernador no lo crea. ¿Cómo decir que se va a dar un nuevo impulso al turismo en un estado cuyo gobierno descalifica a organizaciones bien apreciadas por los ciudadanos de los países a los que se pretende convencer de que vengan a pasear acá?, por mencionar sólo un ejemplo.

A propósito, son estas organizaciones las que han cuestionado que se haya nombrado a un militar como secretario de Seguridad Pública, no por razones ideológicas, sino porque va en contra de recomendaciones explícitas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que apuntan a fortalecer lo civil, lo civilizado, lo civilizatorio. Como se sabe, la ONU, un organismo integrado por gobiernos legalmente establecidos, elabora sus resoluciones con base en el estudio de diversas experiencias en decenas de países y centenares de administraciones locales. Seguramente de aquí surgió la conclusión de que, en situaciones críticas, cuando los organismos de seguridad estaban encabezados por militares, éstos reaccionaron como tales –es decir, como si los ciudadanos que tenían enfrente fueran enemigos– y ordenaron el uso excesivo de la fuerza en un porcentaje mucho mayor a lo que ocurría cuando esos mismos organismos estaban dirigidos por un civil.

Si bajo el general Juan Heriberto Salinas Altés ocurre lo contrario, sería una saludable excepción que reivindicaría al gobernador que lo nombró. Pero mientras tanto…

En otra reciente muestra de insensibilidad en la materia, el gobernador le ha dado muchas vueltas al asunto del “perdón” a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, defiendió la acción de los policías que los golpearon –actuaron “en estricto acato” de la ley, dijo– y llegó al extremo de decir –con gran desconocimiento– que los derechos humanos de los policías también fueron violados por los jóvenes. Y en la misma línea, pero incluyendo ahora en su desconocimiento a los medios, dice que los normalistas también arremetieron contra los policías “aunque (los periódicos) saquen fotografías” de que el gobierno “los apaleó”.

En primer lugar, sólo los gobiernos pueden violar los derechos humanos de los ciudadanos; éstos pueden resistirse a la autoridad, o incluso agredir a los policías, como pudo ser el caso, pero nunca se les puede acusar de violar los derechos humanos de estos señores armados con tremendas macanas y grandes escudos, con adiestramiento para atacar y que lo hacen además en superioridad de fuerzas frente a desarmados jóvenes, por muy rijosos que éstos sean, que lo son los normalistas de Ayotzinapa.

En segundo lugar, tenga la seguridad el gobernador que si hubiésemos tenido la fotografía de un policía lesionado, herido, sangrando también la hubiésemos publicado, pero no se supo de ninguno, pese a que los jóvenes “arremetieron” contra ellosEn este mismo episodio, como en otros, el gobernador pide, exige a los integrantes de los grupos que acuden al método extremo –y crecientemente ineficaz e impopular– de bloquear avenidas o carreteras, que tengan un comportamiento de ciudadanos civilizados –que marchen pacíficamente o que sólo protesten cada tres años en las elecciones municipales y cada seis en las de gobernador– mientras nuestras policías y sus jefes siguen siendo del quinto mundo.

Tendrá más credibilidad la profesión de fe en el Estado de derecho que pregona recurrentemente el gobernador, si ésta va acompañada de acciones firmes y decididas para hacer de las temibles policías locales –la motorizada y la judicial–, corporaciones de servicio y protección de la sociedad, y no grupos alineados a oscuros intereses y prestos y formados en una cultura de la represión de las inconformidades sociales y políticas.

Una medida que lo situaría en ese camino es la pronta detención de los asesinos de los hijos del campesino ecologista Albertano Peñaloza, que no tendría la repercusión internacional que está alcanzando si se tratara de un crimen atroz resultado de “rencillas personales”, como lo difunden en público y en privado personajes del viejo régimen que gozan de cabal salud en el gobierno actual.

Los derechos humanos pueden ser la clave de un buen gobierno en Guerrero, quizá más que cualquiera otra área de la administración pública. Nuestros políticos, por intereses electorales inmediatos, que nunca son los de un estadista, tienden a creer que pasarán a la historia por la obra pública que promovieron en sus gobiernos. Pero José Francisco Ruiz Massieu puso la primera piedra de las portentosas obras de la Autopista del Sol, mientras que su sucesor Rubén Figueroa Alcocer inauguró ya la carretera, y pasarán a la historia, el primero porque lo mataron, y el segundo por la matanza de Aguas Blancas.

No es, pues, el de los derechos humanos, un tema de loquitos, de ultras, de izquierdosos, sino de la gente más honorable y civilizada de Guerrero, de México y del mundo que quiere que los gobiernos atiendan las demandas de sus poblaciones y que, cuando no les sea posible, acudan a la persuasión, al convencimiento, al diálogo y no a las macanas, los asesinatos o al uso faccioso de las instituciones de justicia para encarcelar a los opositores.