LA TRANSICION  

La denuncia de los familiares del joven originario de la sierra de Atoyac, Orlando Rebolledo Téllez, de que se encuentra desaparecido con su amigo Daniel Cabrera Peñaloza desde el 14 de febrero, nos recuerda que hay fuerzas dispuestas a dificultar la transición a un régimen de derecho y de plenos derechos en Guerrero.

Cuando todavía estaban encendidos los fuegos artificiales por la histórica derrota del PRI en las elecciones de gobernador del 6 de febrero, volvía a cometerse en estas tierras ese crimen tipificado como de lesa humanidad. De suyo preocupante ese atropello a la dignidad de las personas, lo es más que nadie parece conmoverse.

Como en el caso del narcotráfico que nos inunda, con su secuela de violencia y desintegración familiar y social, las élites, los actores políticos –o como se le quiera llamar a los hombres y mujeres con responsabilidades en las instituciones de la sociedad, sean públicas o privadas– también se hacen de la vista gorda ante la guerra oculta que libran todos los días los cuerpos de seguridad del Estado y las diezmadas y divididas organizaciones guerrilleras que, pese a todo, siguen aquí.

No es que los jóvenes desaparecidos pertenezcan a alguna de las varias agrupaciones armadas que sobreviven. Pero es suficiente con que sean sospechosos de serlo, para que se activen con saña fuerzas que operan dentro de instituciones que debieran ser las primeras en ceñir su comportamiento al imperio de la ley.

Apenas ayer, el legendario ex guerrillero Octaviano Santiago Dionicio escribió aquí un artículo para solidarizarse con Rosario Merlín y exigir su libertad, en el cual insinúa que la ex diputada local del PRD está detenida sin ninguna prueba de las acusaciones que se le hacen solamente por la sospecha de que tal vez sea el enlace de alguna agrupación guerrillera.

Y en tratándose de esta posibilidad –no es necesario casi nunca confirmarla– se vuelve irracional el comportamiento de instituciones como Ejército, Cisen, PFP, AFI, y el caso que terminó con los linchamientos de Tláhuac y antes la detención de los hemanos Cerezo Contreras son apenas dos pruebas de ello, para no insistir aquí en el todavía no esclarecido asesinato de la abogada defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, tan cercana por muchos motivos con Guerrero y el fenómeno que aquí estamos comentando.

Peor aún, esas instituciones públicas muchas veces responden a poderosos caciques locales y políticos que actúan más en defensa de intereses inmediatos muy concretos, que disfrazan como si coincidiesen con el interés de la seguridad del Estado nacional.

A esta situación ha contribuido la falta de cumplimiento de los políticos de izquierda con sus responsabilidades desde la oposición, ausencia que puede agravarse ahora que será gobierno en el estado. La existencia de grupos guerrilleros, no importa cuán debilitados se encuentren, se justifica si se observa a la extrema pobreza en que se encuentran más de la mitad de los mexicanos, mientras que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares nacionales en la materia.

Cumple ya 15 años la alternancia en varios municipios, cinco años la alternancia en el gobierno federal y ocho años la alternancia en el gobierno del Distrito Federal y persisten la pobreza y se agrava la concentración del ingreso, como lo acaba de decir aquí en Acapulco un representante del Fondo Monetario Internacional, que no es para nada sospechoso de ser abogado en la lucha contra la desigualdad social.

Por eso la insistencia desde estos primeros días de la alternancia en Guerrero, cuando incluso no toma posesión el próximo gobernador, en resaltar las grandes expectativas de cambio que se han forjado casi 600 mil guerrerenses que, más allá de su número, de por sí considerable, forman la franja más activa de la población.

¿Abogará alguien por los dos jóvenes desaparecidos aparentemente desde hace ya casi tres semanas? ¿Cuánto miedo tendrán sus familiares que apenas se atreven a hacer la denuncia? ¿Actuarán pronto las organizaciones de derechos humanos? ¿El PRD dirá algo?

¿Alguien en ese partido podrá sensibilizar al gobernador electo ante estos temas? ¿O la clase media y acomodada de Acapulco a la que pertenece seguirá dándole la espalda a la pobreza y a la violencia cotidiana, como ha sido el trágico caso desde los tiempos de Juan R. Escudero?

Confiemos en que no. En que la llegada de uno de los suyos al gobierno de Guerrero sirva para sensibilizarlos y, de ese modo, que no ocurran más desapariciones, ni matanzas ni persecuciones de opositores o de pobres en nuestro estado.

No entender la realidad de Guerrero sólo traerá más dolor a nuestras tierras.