Hasta ahora, los críticos del gobierno del estado hemos centrado nuestros cuestionamientos en el estilo personal de gobernar de
Zeferino Torreblanca Galindo. Que no tiene formación política ni cultura democrática (su irrupción en la sesión del Consejo
Universitario de la UAG); que su visión de la sociedad y de los conflictos es propia de la ideología de la derecha (los medios viven
“en el libertinaje absoluto”, dijo apenas el jueves en el peor lenguaje de esa corriente); que es insensible ante los problemas de la
gente (si se los llevaron es porque en algo andan, dijo a las madres de jóvenes levantados y desaparecidos hasta la fecha); que
actúa con soberbia e intolerancia ante sus críticos (“no les tenemos miedo”, dice a las organizaciones del campo democrático que
hacen marchas y plantones).
Ciertamente, también hemos cuestionado sus políticas. Su afán por imponer la presa La Parota; su insistencia en pasar por
encima de la autonomía municipal (caso de la CAPAMA y de los alcaldes de La Montaña enfrentados a la ineficacia –y probable
corrupción– del Invisur); su menosprecio a los otros poderes y a los organismos autónomos (se negó a presentar su segundo
informe de gobierno ante el pleno del Congreso, porque los diputados se negaron a que lo hiciera en una fecha no prevista por la
Constitución; sus ataques a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos…); su oposición a obras que sirven a la población
solamente porque no fueron propuestas por él (el emblemático caso de la ampliación de la carretera Mozimba-Pie de la Cuesta).
Pero acontecimientos recientes me están llevando a aventurar la hipótesis de que el comportamiento del gobernador –
aparentemente irracional, pues nadie lo hace entrar en razón– puede ser parte de un plan en el que participan fuerzas
institucionales y poderes fácticos que tendrían una injerencia directa en la toma de decisiones en el estado.
Encarcelar por segunda vez al dirigente indígena me’phaa Cándido Félix; atreverse a detener también al dirigente de la Policía
Comunitaria Cirino Plácido; amenazar al alcalde de Acapulco Félix Salgado; y elevar el nivel de la agresión contra el periódico El
Sur son decisiones que parecen sacadas de un manual de guerra de baja intensidad. Se persigue a los indígenas que se organizan
y luchan por sus reivindicaciones y que forman sus propios organismos de autodefensa; se ataca a quienes dentro de las
instituciones –el Ayuntamiento de Acapulco, la Codehum, la Comisión de Justicia del Congreso del Estado– no se someten al
soberano y pretenden de algún modo ponerlas al servicio de los pobres y de la democracia; se agrede a los periodistas que dan
espacio a los reclamos de la población y voz a sus organizaciones y dirigentes.
Es un panorama ominoso; es decir, que tal vez no estemos presenciando hechos que son resultado de la impericia de un
gobernante, de su talante autoritario, sino un designio de mayor envergadura en el cual el gobernador participa con pleno
conocimiento de causa. En esta hipótesis, Torreblanca sería parte de una estrategia del gobierno federal y del Ejército para
impedir que crezca la movilización popular en Guerrero que, para las fuerzas armadas, es sinónimo de crecimiento potencial de
la guerrilla.

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Y es que, como para subrayar la aparente irracionalidad en que se mueve Zeferino Torreblanca, en todos los casos señalados
están involucrados actores que han participado, o dado seguimiento, al movimiento democrático sin el cual no sería hoy
gobernador del estado.
Sólo un fraude descomunal impidió que Félix Salgado fuese gobernador en las elecciones de 1999. Entonces se consolidó la
tendencia que confirmaba la existencia de una izquierda electoral con capacidad para disputar las principales posiciones de
gobierno.
Por mucho que Salgado Macedonio haya dilapidado su capital político, tuvo el suficiente para ponerlo a disposición de la
candidatura de Zeferino Torreblanca para la gubernatura. El apoyo de Félix terminó de convencer, o al menos neutralizó, a
fuerzas y personalidades del perredismo local y, en gran medida, nacional, que no digerían a Torreblanca por su talante
empresarial y derechoso.
Lo mismo puede decirse de los campesinos opositores a La Parota; de los maestros de la CETEG; de luchadores sociales
emblemáticos como don Pablo Sandoval Cruz, actores todos que participaron con entusiasmo en la campaña electoral de
Torreblanca, por mencionar solamente a algunos de los más visibles.
Y ahí está el reproche del dirigente me’phaa, de la variante lingüística bathaa, Cándido Félix, que al salir de la cárcel de
Chilpancingo el viernes dijo a El Sur que los indígenas “sólo existimos cuando hay elecciones y cuando exigimos carreteras,
maestros, atención médica nos encarcelan. Me siento mal, triste porque me detuvieron. Quiero decirle al gobernador que fuimos
parte de su elección, no lo llevamos al poder pero contribuimos a la democracia; nos tiene identificados porque hemos hecho
labor social y en la campaña con la esperanza de un cambio verdadero trabajamos para él”.
Y agregó que “una vez que están en el poder, no existimos ni existe esa atención a nuestros pueblos; nuestra desgracia como
pueblo indígena de La Montaña, de uno de los municipios más pobres, es exigir que atiendan nuestras demandas. Me siento mal,
que me traten como delincuente, soy un hombre campesino, que me dedico a lo mío, siembro milpa, siembro hongos setas, me
dedico a eso”.
Según la misma nota de Jesús Saavedra publicada en la edición de ayer, Cándido Félix Santiago le pidió al gobernador: “No me
busque entre los delincuentes, porque no voy a correr, no voy a esconderme; él sabe de mi pueblo, él sabe y conoce Metlatónoc;
almorzó alguna ocasión con nosotros y queríamos que nos atendiera, la respuesta es cárcel, la respuesta es persecución y
quédate callado”.
Otro caso paradigmático del comportamiento represivo del gobierno de Torreblanca es la detención del dirigente de la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Costa Chica y Montaña (CRAC), que se asienta en 17 municipios de la
zona.
En una comunicación publicada ayer en este periódico, la CRAC también hace un reproche al gobierno que llaman “disfrazado de
democrático” y al que advierten que “también la buena voluntad y disposición de nuestros pueblos se agota”.
En el mismo texto, las autoridades que rigen a la ejemplar Policía Comunitaria recuerdan que frente al gobierno de Torreblanca
han tenido “hasta ahora” una actitud de “diálogo con respeto” y subrayan que han solicitado “por la vía legal, tratar estos casos
de órdenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros con los titulares de la Secretaría de Gobierno, con la Procuraduría
General de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Pública, con las autoridades correspondientes; y en lugar de atender nuestra
petición, se agiliza la ejecución de las capturas. La detención de nuestro compañero se suma a una serie de agresiones cometidas
por los agentes de la Policía Ministerial en nuestras comunidades que hemos venido documentando”.
De los acontecimientos recientes, concluyen que se confirma que “el gobierno estatal tiene una doble cara. En el discurso acepta
y hasta reconoce la labor de nuestra institución comunitaria, pero en la práctica criminaliza nuestra lucha, nos hostiga, nos
reprime y nos cierra las puertas para hablar civilizadamente”.
Y allí está ahora el caso de la nueva agresión en contra de este periódico. También en la edición de ayer, el dirigente municipal
del PRD en Atoyac, Adolfo Godoy Estrada, calificó de “injusta, la represión desde el gobierno hacia el peeriódico El Sur, que ha
dado solidaridad a la ciudadanía”; que siempre se ha conducido con objetividad; y que “ha contribuido para que en este estado se
hayan cambiado las cosas, como la democracia de la que es parte el mismo gobernador”.
Luego recordó que en su gira de agradecimiento después del triunfo en las elecciones de febrero de 2005, Torreblanca dijo en
Tecpan: “Cuando vean que me estoy mareando, cuando vean que estoy actuando de manera incorrecta, por favor llámenme para
que me centre, reflexione y reoriente el rumbo de la política”.
Por eso Godoy Estrada dijo que desde Atoyac le hace un llamado a su paisano para que reflexione, porque “no podemos regresar
a los tiempos de represión, intolerancia y autoritarismo”.

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En este contexto, no parece increíble suponer que el problema no se reduce a la insensibilidad de un gobernante que actúa como
un chivo en cristalería, abriendo nuevas fuentes de conflicto aquí y allá un día sí y otro también. Y que nadie en el gabinete –o en
el PRD nacional– se atreva a decirle nada. Me atrevo a sugerir que todos allí –Armando Chavarría, pero también las secretarias
Rosa María Gómez y Yolanda Villaseñor, es decir, la izquierda en el poder– están totalmente de acuerdo con lo que está haciendo
el gobernador.
Sea porque sienten que tienen más información que el común de los mortales; o sea porque han renegado de sus convicciones, el
caso es que en la organización y movilización de los campesinos, indígenas, maestros y normalistas ven una eventual causa de
desestabilización del “gobierno democrático” en el que participan. Y en El Sur no ven a una empresa legalmente constituida, que
es una fuente de trabajo de decenas de jóvenes guerrerenses y que es un periódico que cumple con su función social de
informar; no, lo ven como el órgano de expresión de esos movimientos potencialmente “subversivos”.
“Ahí andan todos con su Sur bajo el brazo”, comenta con frecuencia el gobernador Torreblanca para referirse a los ciudadanos
que se organizan y luchan.
Pues, así como lo ven, este Sur tiene derecho a existir. Y existirá.
Si es cierto que Torreblanca y el PRD que lo arropa son solamente parte secundaria o subordinada de un diseño contrainsurgente,
no prevalecerán. Tal vez suponen que están haciendo “alta política” y que solamente sirven al “supremo interés” del estado,
cuando solamente sirven a los mismos poderosos de siempre.
La mejor política de contrainsurgencia se llama democracia; se llama tolerancia; se llama respeto a las libertades y a los derechos
humanos;
Y Torreblanca y sus mudos aliados del PRD lo único que están haciendo, como escribió muy bien ayer aquí Moisés Alcaraz en un
excelente artículo, es despertar al Guerrero bronco. El mundo al revés. No es la ultraderecha la que desestabiliza a un gobierno
democrático que llegó al poder con los votos de los ciudadanos y del pueblo; es ese gobierno democrático el que traiciona a los
suyos y por eso cree que puede ser desestabilizado desde abajo.

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Es paradigmática, por ejemplo, la posición oficial del PRD ante la demanda por supuesto daño moral que puso el hermano del
gobernador, Alberto Torreblanca, en contra de El Sur y cinco de sus reporteros.
Es la denuncia de un ciudadano cualquiera, en la que no está involucrado el gobernador, han declarado lo mismo el presidente
estatal de ese partido, Sebastián de la Rosa, que el Comité Ejecutivo Municipal de Acapulco, que preside Martín González
Hernández.
Como si la demanda fuese un hecho aislado, y no parte de una misma campaña de hostigamiento contra el periódico encabezada
por el gobernador. Omitiendo además la evidencia de que ese ciudadano cualquiera usó, como presuntas pruebas, recortes de la
síntesis informativa del gobierno del estado a la que sólo tiene acceso un pequeño grupo de funcionarios públicos.
El recuento de arriba, a propósito, hecha por tierra la intriga de que todo es resultado de “un pleito personal” entre el director de
El Sur y el gobernador, puesta de nuevo en circulación como un intento para inhibir la gran solidaridad que han encontrado
nuestros reporteros y nuestro periódico entre los compañeros del gremio periodístico. Solidaridad que aquí agradecemos y
valoramos en toda su dimensión. ¿También tiene Torreblanca pleitos personales con el doctor Sandoval Cruz; con los dirigentes
de La Parota; con Cándido Félix; con Cirino Plácido; con Juan Alarcón; con Félix Salgado; con Ramiro Solorio; con los normalistas
de Ayotzinapa; con los de la Universidad Intercultural del Sur; con los de la APPG…?

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En el artículo mencionado, el ex consejero del IFE en el estado, Moisés Alcaraz concluye haciendo el siguiente llamado: “Es tiempo
de que las fuerzas democráticas hagan un alto para reflexionar sobre el futuro de Guerrero”.
Tiene razón. Allí está, para dar cuenta de la gravedad de la situación, el anuncio de la CRAC de que la Policía Comunitaria no
permitirá que el gobierno siga reprimiendo a sus integrantes; su advertencia de que “ante cualquier acto de violencia o agravio en
contra de nuestros compañeros, de nuestras comunidades o de nuestro territorio, someteremos al agresor a la decisión de
nuestros pueblos, sea quien sea”.
No soy optimista, sin embargo, en que Zeferino Torreblanca llegue a rectificar así sea un milímetro en su política autoritaria y de
oídos sordos. Por eso, de ahora en adelante, la crítica debiera centrarse en el PRD, en el partido que lo sostiene para desprestigio
de la izquierda y de las causas que esta corriente histórica representa. Como la defensa de los derechos humanos, el derecho del
pueblo a organizarse de manera independiente y las libertades de expresión y de prensa, por ejemplo, pisoteadas por su
gobierno.
Por lo que a nosotros toca, es criminal que ese partido apoye a quien dice que hay “libertinaje” en los medios, y que diputados
suyos digan que este periódico incurre en “excesos” y que “difamó a una familia”, como lo hizo en la tribuna del Congreso la ex
regidora Abelina López, sin que hasta la fecha ningún perredista se haya deslindado de esa postura.
Difamar a nuestro periódico es lo que hace (casi) todos los días el gobernador Torreblanca; y es asimismo difamatorio el discurso
de Abelina.