* El oprobioso convenio para tomar por asalto la CAPAMA

* Ni Luege conocía lo que puede ser el detonante de una

Pues el “estilo particular de gobernar” de Zeferino Torreblanca, al que se refiere el secretario Armando Chavarría para justificar
los yerros de su empleador, está provocando una crisis política cuyo curso y desembocadura son impredecibles.
El intento de tomar por asalto a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), emprendido
con maniobras burdas, métodos groseros y mentiras al por mayor refleja un estilo personal de gobernar que debiera acarrearle
un gran costo político a quien lo practica, pues está llevando a la investidura de gobernador a un descrédito mayúsculo.
El gobernador ha querido manipular una sincera solicitud de ayuda del organismo que brinda el estratégico servicio del agua
potable en Acapulco, aprovechándola para tomar el control de su operación aun cuando ésta, por ley, corresponde a las
autoridades del municipio; autoridades elegidas como él y que no son sus subordinadas. Ninguna supuesta buena disposición de
ayudar será creíble ni eficaz si se impone sobre la ley, si esconde propósitos no declarados, si pasa por encima de una institución
republicana, como la del municipio libre.
Y con su negativa a firmar un convenio que violentaba el espíritu y la letra del artículo 115 de la Constitución, el alcalde Félix
Salgado Macedonio se confirma como parte de los poquísimos funcionarios públicos y representantes populares (el presidente de
la Codehum Juan Alarcón, el alcalde de Chilpancingo Mario Moreno, el diputado Ramiro Solorio) que desde las instituciones han
resistido al desatado afán del gobernador por controlar todo en el estado. Sin ningún respeto al municipio libre, a la autonomía
de la Codehum y al Congreso del Estado, que es por cierto un poder del mismo nivel que el Ejecutivo.
Pero si Torreblanca ha podido sortear las críticas a su embestida contra la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos
Humanos, y a su desprecio por el Poder Legislativo, quien sabe si pueda correr la misma suerte en su nuevo lance. Sobre todo
por lo desmedido de sus pretensiones, que ojalá ahora sí pongan en alerta a otras instituciones cuyos jefes o integrantes se han
sometido hasta ahora, y de un modo indigno, a los deseos del gobernador que éste considera inapelables.
El gobernador parece que tiene el propósito de controlar directamente la CAPAMA, sin parar en mientes, sin medir las
consecuencias. Si en este episodio se ha atrevido a engañar y a amenazar a políticos que no necesariamente se le iban a
subordinar, habría que esperar ahora su reacción ante la decisión unánime del Consejo de Administración de la CAPAMA que
respaldó la postura de Félix Salgado y acordó que cualquier convenio que se firme con el estado y la federación debe “respetar la
autonomía municipal” y reconocer que la “autoridad máxima” de la empresa, la que define su “política técnica, financiera y
administrativa”, es precisamente el Consejo de Administración de la paramunicipal.
Y es que de acuerdo con una fuente de El Sur que tuvo en sus manos el texto de convenio que no firmó el alcalde, en la primer
cláusula de éste se establecía sin ambages que el gobierno del estado designaría a una persona como “director interventor” que
tendría la función de “ejecutar las acciones administrativas, jurídicas, financieras y técnicas” de la CAPAMA.
Y en la segunda se decía que el presidente municipal y el Ayuntamiento de Acapulco convenían en que el gobierno del estado “se
haga cargo de la prestación” del servicio de agua potable.
En esta misma claúsula, para que no quedara ninguna duda, se establecía enseguida que el mismo acto de la firma del convenio
era el acto “de entrega recepción” de la administración de la CAPAMA al gobierno del estado “con todas las formalidades” del
caso.
Las cláusulas de este convenio injerencista estaban antecedidas de expresiones alarmistas, que se repetían hasta el cansancio,
para presentar a una CAPAMA al borde del colapso y a un Acapulco sin agua. Así por ejemplo, en uno de los puntos se advierte
que sin una CAPAMA intervenida por el gobierno del estado “se corre el riesgo de que se afecte la continuidad de los servicios
que se prestan a favor de la población, vista la precaria situación financiera y operacional y de servicios del propio organismo, así
como la falta de capacidad financiera del propio municipio de Acapulco, que permita respaldar al organismo municipal…”.
En la edición de ayer de El Sur quedó claro cómo se intentó manipular por los redactores del convenio la solicitud de ayuda, de
auxilio, que hizo el presidente municipal a los gobiernos federal y estatal.
La maniobra es todavía más repudiable porque apenas dos días antes de la firma del convenio Salgado Macedonio salió muy
contento de una reunión con el gobernador con quien, dijo a reporteros, no habló sobre la acción de bacheo que el alcalde
encabezó en la Autopista del Sol, pero sí de “otras cosas de mayor interés para el bien de Acapulco”, que era un “proyecto en
conjunto muy bueno” para la CAPAMA, que sería presentado el miércoles siguiente.
También el lunes, un confiadísimo alcalde dijo que asimismo habló con el gobernador sobre la reunión que éste sostuvo el
sábado anterior con algunos ediles encabezados por Ernesto Mastache precisamente en torno a la CAPAMA y que Torreblanca
Galindo le explicó que “todo el propósito es ayudar al alcalde”.
En la nota que publicó El Sur el martes 10, un día antes de la reunión organizada con el ejecutivo del estado y el director general
de la Comisión nacional del Agua, José Luis Luege, para firmar el convenio que se suponía era para la liberación de recursos para
sanear la bahía, el alcalde dijo que “solicitamos la intervención del gobernador para bien”.
Y es que con fecha 21 de junio, el alcalde Salgado envió a Luege un oficio en que solicita la “urgente atención del gobierno
federal” ante la crisis financiera de la CAPAMA y explica al funcionario que “se hace necesaria la intervención del gobierno del
estado… en auxilio del municipio de Acapulco”.
Y un segundo oficio, con fecha de 7 de julio y firmado por todos los ediles del PRD, va dirigido al alcalde Félix Salgado, a quien se
exhorta a que sea el conducto “para pedir la intervención de los gobiernos tanto federal como estatal con la finalidad de resolver
la situación del organismo y eficientar su operación”.
Y en el proyecto de convenio que dos días después de su reunión con el gobernador se le pidió que firmara, aparecía que lo que
el alcalde había solicitado era que el gobierno del estado “se haga cargo” de la “prestación de los servicios a cargo (sic por
repetido) del organismo citado (la CAPAMA)”.
¡Qué manipulación tan grosera! Si yo fuera el gobernador, digo, es un decir, despediría de inmediato a quienes, perversamente,
transformaron una sincera petición de “intervención” en “auxilio” de la empresa que surte de agua potable a la ciudad más
importante del estado, en un llamado para que el gobierno del estado se hiciera cargo del organismo.
Y, además, una perversidad peligrosa al punto en que sus practicantes se atrevieron a pasar por alto las formalidades legales que
supone convertir a una empresa paramunicipal en una paraestatal, proceso que tiene que contar con la aprobación de una
mayoría calificada del Congreso. Los despediría por perversos y por colocar al gobernador en una situación de violar la ley de un
modo flagrante, y volverse con ello sujeto de juicio político por parte del Congreso. Digo, todo es un decir, menos que sí hay
perversidad e ilegalidad en todo este proceso del cual, por supuesto, el gobernador ha estado al tanto de principio a fin.
¿Suponía Torreblanca que el alcalde firmaría el proyecto de convenio sin ninguna observación o reparo, obligado por la grave
situación del organismo paamunicipal? ¿Le diría su superasesor Humberto Samiento que ‘este güey lo que quiere es la lana, y
hasta le vamos a hacer un favor quitándole de encima el peso de administrar la CAPAMA’?
Y a propósito de las manipulaciones y los engaños, se supone que el convenio que se firmaría el lunes sería para establecer las
condiciones en que la CAPAMA manejaría recursos millonarios para el saneamiento de la bahía. Pues bien, en el proyecto que no
firmó el alcalde las únicas cifras que aparecen son las de la deuda del organismo con Banobras, pero ninguna destinada a arreglar
las plantas tratadoras de aguas residuales.
En el mismo sentido, al parecer el director de la Conagua Luege Tamargo tampoco conocía el contenido del oprobioso proyecto
de convenio, al parecer a cargo del superasesor del gobernador, Humberto Samiento. En declaraciones a los reporteros al término
de la frustrada ceremonia del miércoles en el Centro de Convenciones, el funcionario federal dijo que el propósito del convenio
no era “que desaparezca el organismo municipal o que lo opere uno estatal, sino apoyar por parte de la federación y del estado
para mejorar las condiciones de operación”.
Luege rechazó asimismo que el convenio incluyese abrir una investigación de las finanzas de la CAPAMA, insistió en que había
una actitud de respeto a las atribuciones del municipio y negó que fuese una condición para liberar los recursos la renuncia del
director general del organismo Miguel Ánge Castro Salas.

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¿Qué va a pasar ahora que el Consejo de Administración de la CAPAMA instruyó a su presidente Félix Salgado a no firmar
convenio alguno que suponga ceder el control de la CAPAMA al gobierno del estado? ¿Aceptará el gobernador el proyecto de
convenio que presentarán los consejeros, que acaban de recordarle que integran una instancia que es la “autoridad máxima” del
organismo paramunicipal? ¿Desistirá de sus pretensiones de control total y se conformará con que sea destituido Castro Salas y
pedir mano él para poner director? ¿Será éste el mismo que ya estaba listo para tomar posesión de la empresa el miércoles
pasado? ¿El fólder que llevaba ese día bajo el brazo el subsecretario de Asuntos Políticos, Guillermo Ramírez contenía ya los
nombramientos de los nuevos funcionarios que se harían cargo de la CAPAMA? ¿Reaccionará el gobernador con prudencia a la
humillación que le significó que un alcalde levantisco le deshiciera el guión de la película en la que un magnánimo gobernador
llegaba a salvar de la debacle a la empresa que surte nada menos que agua potable a cientos de miles de acapulqueños?
No pasarán muchos días antes de saberlo. Apenas regrese de su viaje a Texas del cual, por cierto, no le avisó a nadie. ¿Por qué
habría de hacerlo? ¿Que el dueño de una empresa le avisa a sus empleados a dónde se va de viaje?

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A propósito de empresas privadas y empresarios privados. La lógica que está detrás del frustrado convenio con la Conagua, es la
misma que sigue el gobernador en todas sus relaciones institucionales, y parte de considerar que los recursos públicos que
maneja por mandato popular son suyos, de su propiedad, y que en consecuencia deben usarse en su beneficio, de él, o de su
proyecto político o de su paradigma ideológico. Es la filosofía expresada en la frase que, según uno de los presentes, espetó el
gobernador Torreblanca en la reunión del miércoles ante Félix Salgado, Luege, regidores y funcionarios: “Cómo voy a poner todas
mis canicas si no sé quién va a jugar con ellas”.
Con el secretario Chavarría, digamos que ese es el estilo personal de Torreblanca. Que no tiene nada de malo que un gobernador
llame al presupuesto público “mis canicas”. Pero el asunto se complica y se vuelve inaceptable cuando se condiciona la liberación
de recursos públicos (las “canicas”) a influir en las decisiones de quien va a recibirlos, no importando si se trata de organismos no
subordinados al gobierno del estado, con facultades y personalidad jurídica propias.
Veamos de cerca el probable razonamiento del gobernador-comerciante que tenemos. Por qué va a darle dinero a la CAPAMA de
Félix Salgado si éste no garantiza que lo va a apoyar incondicionalmente en sus proyectos políticos para Acapulco y, muy en
especial, para imponer la codiciada presa La Parota. Por qué va a darle dinero a la UAG si ésta no es como el gobernador quiere
que sea. Porqué va a darle dinero a El Sur si de todos modos allí no lo van a dejar de criticar.
El oprobioso caso del intento de asalto a la CAPAMA nos indica que ese estilo personal de gobernar al que se refiere Chavarría
está muy cerca de un comportamiento patológico. Juro que no es este un ataque personal hacia el gobernador, sino la muestra
sincera de una preocupación.
Torreblanca es un funcionario público con facultades y atribuciones expresamente señaladas en la ley. Y en ninguna parte
incluyen que sustituya las del alcalde de Acapulco, las del Consejo de Administración de un organismo paramunicipal, las del
rector de la UAG y las del Consejo Universitario. Ni tampoco que atropelle el derecho de los ciudadanos a estar informados, y el
de la sociedad a contar con una pluralidad de medios de información.
No puede el gobernador creer que, aras de hacer el bien, tiene que pasar por encima de las instituciones y de los funcionarios
que las tienen a su cargo, y que fueron electos, por la mayoría de los ciudadanos acapulqueños, en el caso del alcalde, y por la
mayoría de los universitarios, en el caso del rector.
Tampoco puede suponer que se mantendrá en el cargo hasta el 2011 apoyado solamente en las declaraciones de su secretario de
Gobierno, que no de todo el Polo Guerrerense de Izquierda; de algunos dirigentes del PRD estatal; de algunos diputados del
Congreso; de algunos dirigentes empresariales; de algunos dirigentes universitarios.
La batalla que se avecina puede obligarlo a movilizar a sus simpatizantes, a los organismos que, como el grupo Cuicalli, de
Chilpancingo, de repente llegó a la conclusión de que hay que apoyar a su gobierno sin reservas. A ver cómo explican el intento
de tomar por asalto la CAPAMA.