LA TRANSICIÓN

Interesante el ejercicio de hoy, mediante el cual los 12 secretarios de despacho y el procurador informarán de cómo encontraron las dependencias a su cargo, en esta transición en la que por primera vez el estado de Guerrero no es gobernado por el PRI sino por una coalición de fuerzas que van desde la centroderecha a la centroizquierda y que, por lo demás, incluye a reconocidos priístas.

No se cumplió el propósito originalmente anunciado de hacer un balance a los 90 días de iniciada la gestión de Zeferino Torreblanca, para deslindarse del informe de los 100 días al que se le adjudica un tufo priísta. Pero se ve como una medida plausible que los secretarios mismos expongan el estado que guardan los asuntos encomendados en sus manos. Aunque Torreblanca ha llevado al extremo esta actitud –como la de desaparecerse el día en que asesinaron a José Rubén Robles Catalán cuando debió salir a dar la cara– es bueno que los secretarios asuman públicamente sus responsabilidades y no supongan que su jefe el gobernador del estado saldrá a cada momento a comparecer ante la opinión pública sobre temas que quizá ni conoce al detalle.

Desde la formación del gabinete, el flamante gobernador dejó ver que pretendía una transición de terciopelo; es decir, sin enfrentamientos con el viejo régimen y sus representantes. En su discurso de toma de posesión apuntaló esa decisión cuando definió que el suyo sería un gobierno de cohabitación. Aunque el término –sacado de la terminología política francesa de fines de siglo pasado– no es el adecuado, se quería decir que el nuevo gobierno era producto de un pacto de diferentes fuerzas, según esto comprometidas en combatir la pobreza en Guerrero.

Para justificar el planteamiento, se distorsionó el sentido de que un gobierno debe gobernar para todos, incluso para los que no votaron por el candidato ganador, que es una cosa; con la idea de que debe gobernar con todos, incluso con los que apoyaron al candidato adversario, lo que ya es otra cosa.

Como un gabinete mayoritariamente perredista de todos modos debería de gobernar para todos, porque se supone que el gobierno representa el interés general por encima de las clases sociales, se entendió que el planteamiento zeferinista no era más que una justificación para integrar al equipo a personajes con claros vínculos con el régimen anterior, el mismo que fue apabullado en las urnas por los ciudadanos.

Que esta decisión del gobernador es resultado de un pacto con su antecesor y con los poderes fácticos, es una percepción que se mantiene hasta la fecha y que se ha reforzado en distintos episodios desencadenados desde el 1 de abril en el ámbito de los derechos humanos, los asesinatos con tinte político y la desenfrenada actividad del crimen organizado.

Desde el 1 de abril, el gobernador Torreblanca, y el secretario general de gobierno, Armando Chavarría, siempre que se trata el asunto declaran que no pretenden culpar de todo al gobierno anterior, que no se trata de achacar todos los males a los antecesores –“que ya ni siquiera están aquí”–, y que hay que ver para adelante.

Simultáneamente, secretarios de diversas dependencias han dado a conocer irregularidades diversas heredadas de la administración anterior y que afectan seriamente la aplicación de los programas gubernamentales, con el consecuente descontento de los grupos afectados.

Así, está el caso del déficit crónico de la Secretaría de Educación; del boquete dejado aquí en el Plan de Previsión Social a cuyo fondo dejó de aportar el gobierno anterior durante al menos cinco meses a razón de aproximadamente 80 millones de pesos al mes, por mencionar solamente los dos casos más sonados.

Lo mismo puede decirse de las denuncias de la titular y de subsecretarios de Desasrrollo Social de anomalías encontradas en la aplicación del programa Pensión Guerrero para adultos mayores, y en el llamado 3 por 1, para obras escogidas en sus comunidades de origen por migrantes guerrerenses que viven en Estados Unidos.

De casos de irregularidades se ha sabido además en la Secretaría de Salud –desabasto de medicinas en centros de salud–; la Dirección de Transporte –la entrega de 4 mil concesiones en los últimos tres meses del gobierno anterior–, en un recuento más bien corto.

Tal vez hoy podamos conocer una información más detallada sobre el estado en que encontraron sus dependencias los respectivos responsables de las mismas. Si sus antecesores incurrieron en anomalías punibles y demostrables, no veo porqué no puedan proponer que se apliquen las sanciones correspondientes. Junto con ello, importará conocer cuáles son sus planes de trabajo para sacar adelante las tareas que les fueron encomendadas.

Da curiosidad conocer el contenido y el tono de los diagnósticos que presentarán los secretarios de Fomento Turístico y de Seguridad Pública, así como el procurador de Justicia.

El primero, Ernesto Rodríguez Escalona, repite en el cargo y se verá mal que diga que todo lo hizo bien en el gobierno de René Juárez Cisneros, como se ve difícil que diga que allí también hubo irregularidades. El caso de la auditoría a la Oficina de Convenciones y Visitantes de Acapulco (OCVA) y al Fideicomiso Proturismo, por ejemplo, son temas que debiera abordar, pero cómo hacerlo si los funcionarios implicados en el uso de recursos públicos para beneficio personal son identificados como personajes cercanos al titular de la Sefotur.

El caso del general Juan Heriberto Salinas Altés es similar. Aunque es el único secretario del gabinete al que el gobernador permitió formar su staff de subsecretarios y directores –aunque creo que es el caso también de Carlos Alvarez y Gloria Sierra–, dirige una dependencia en la que su antecesor Luis León Aponte –también militar como él– dejó una impronta que llega al punto en que Arturo Lima, un fiel subordinado del mayor, fue nombrado por el gobernador Torreblanca como secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad.

Fueron recurrentes las denuncias –algunas anónimas dadas las circunstancias– de policías del estado en el sentido de que prestaciones que les correspondían les eran birladas por sus superiores, lo mismo durante la gestión directa de León Aponte que la que ejercía mediante su sucesor en el cargo de secretario de Protección y Via-lidad, el ya mencionado Lima.

Hay que recordar que en la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (qué bonito nombre) se manejan cuantiosos recursos del Programa Nacional de Seguridad, de cuyo uso correcto debe darse cuenta en la comparecencia pública de hoy.

El procurador Eduardo Murueta Urrutia se encuentra en una condición semejante. El principal funcionario de la dependencia a su cargo –el subprocurador Antonio Nogueda Carbajal– viene igualmente del gobierno anterior, y no se le ve haciendo un diagnóstico crítico del pasado cuando el pasado es él.

En fin, ya veremos si el acto de hoy es un acontecimiento político con definiciones programáticas, o simplemente una reunión burocrática más como las del régimen anterior sin compromisos concretos. Funcionarios que sólo administran lo que encuentran, o funcionarios que desde las instituciones a su cargo promueven cambios con visión de futuro y en favor de los habitantes de Guerrero, tal es el dilema. Si el limitado formato lo permite, estaremos viendo hoy a unos y a otros.