LA TRANSICION

  De diversos modos, públicos y privados, políticos y funcionarios del entorno perredista y zeferinista han reaccionado con indignación porque aquí se haya intentado comparar al gobierno de Zeferino Torreblanca con los de Rubén Figueroa Figueroa y Rubén Figueroa Alcocer, a propósito del desproporcionado despliegue policiaco que se ordenó para garantizar el despojo de tierras de los campesinos que rechazan la construcción de la presa La Parota.

My pocos, sin embargo, han llamado la atención del gobernador para que cambie su actitud rijosa hacia los comuneros opositores, impropia de un gobernador, y mucho más de uno que llegó al cargo gracias a un amplio movimiento ciudadano y popular cansado de años de gobiernos autoritarios, manipuladores, mentirosos y corruptos.

Lejos de ello, el gobernador se asume como si fuese el general de uno de los dos bandos en disputa, y anuncia contra los enemigos acciones penales y se compromete a garantizar que se celebre a como dé lugar la asamblea de los comuneros para que éstos den su anuencia a la expropiación de sus trierras, y vía su secretario de Gobierno, amenaza con duplicar el número de policías que envió el domingo pasado a la zona de conflicto. Para que se entienda bien.

No sólo en el uso de la policía para enfrentar problemas sociales se parece el actual gobierno con el de Figueroa. También se le perece mucho en la operación política y en el manejo mediático

Para la primera, el gobernador se apoya en funcionarios públicos formados, en mayor o menor grado, en las prácticas de lo peor del priísmo. Allí el gobernador tiene a Esaú Tapia Bravo, el ratificado subsecretario de Asuntos Agrarios, y a Rey Hilario Serrano, el igualmente ratificado director de Gobernación, quienes en el conflicto de La Parota hacen lo único que saben hacer: dividir, manipular y amenazar a los campesinos. A ese duo se ha sumado recientemente, en un plano destacado, el ex diputado local por el PRI, César Flores Maldonado, un enviado del secretario de Gobierno que ha encontrado un apoyo especial de parte del gobernador.

Y en cuanto a la operación mediática, la política del gobierno ha sido de plano la de mentir.

En la primera línea de fuego, el gobernador viene diciendo que son mayoría los comuneros que apoyan que sean expropiadas sus tierras. ¿Cómo lo sabe? Su fuente de información es la desacreditada CNC de Nabor Ojeda, otro político del grupo figueroísta sin ninguna representatividad social o política en el estado, y a quien se ha referido con expresiones elogiosas, impropias de un gobernador que se reivindica como de izquierda moderna.

Se dice además desde el gobierno que 15 de 19 de los núcleos que deben decidir sobre el destino de sus tierras ya dieron el sí a La Parota. ¿Cuántos campesinos integran cada uno de esos núcleos o comunidades? ¿Se compara alguno siquiera con los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que no han aprobado nada? ¿Tiene alguno siquiera la mitad de los comuneros de éste último núcleo? El gobierno del estado y los líderes controlados por el PRI tampoco dicen qué decidieron estos comuneros. Porque una cosa es que hayan aprobado ya que la CFE inicie los estudios técnicos, y otra muy distinta es que hayan aceptado ya la expropiación de sus tierras, como se sacaron de la manda de la noche a la mañana las fuerzas favoables a la presa. Sería bueno que se informara para que los guerrerenses tengan más elementos y conozca cómo se comportan sus flamantes autoridades del gobierno del cambio.

Y qué decir del dicho del gobierno perredista de que 3 mil 500 campesinos favorables a la venta de sus tierras ya estaban listos para acudir a la asamblea del domingo pasado, pero que se optó por pedirles que no llegaran dada la situación de enfrentamiento con los opositores.

¿Dónde estaban esos 3 mil 500 campesinos? ¿Cómo ocultar de la vista de reporteros y observadores tal cantidad de ciudadanos de sombrero y huarache la mayoría?

Esa es otra mentira. Según el padrón, los comuneros de Cacahuatepec son 7 mil 200, y desde el mismo domingo el gobierno del estado contabilizó a 400 que ya estaban en la asamblea más los 3 mil 500 que no pudieron llegar, para dar la cifra de 3 mil 900. Pues bien, ayer en entrevistas televisivas el director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, dijo que son 4 mil los campesinos que ya están de acuerdo con que se les expropien sus tierras, exactamente el mismo número que mencionó el diputado local del PRI, Gustavo Miranda González. Está claro que se trata de una cifra mentirosa y concertada entre el gobierno federal, el gobierno del estado y el PRI. Y supuestamente para darle visos de veracidad, no se dice que son 7 mil los que apoyan la venta de sus tierras –los otros 100 o 200 son el número que dan a los opositores–, sino “solamente 4 mil”, es decir, una mayoría suficiente y aparantemente creíble.

Para mayor abundamiento, como el susodicho antecesor, también el gobierno de Torreblanca difundió un video editado en el cual sólo aparecen las imágenes de campesinos haciendo destrozos y arremetiendo contra policías, y ninguna de los amenazantes retenes policiacos, del policía de Acapulco cortando cartucho contra un contingente en el que se destacaban mujeres y el coordinador de Información de El Sur, Ricardo Castillo; de policías lanzando piedras a los comuneros o golpeándolos con sillas o toletes, sin importar que se tratase de mujeres o ancianos.

A 10 meses de la matanza de 17 campesinos guerrerenses en Aguas Blancas, y luego de la difusión televisiva del video no editado en un programa televisivo de alta audiencia, el entonces presidente Ernesto Zedillo se vio obligado por la indignación de la opinión pública nacional e internacional a pedir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación investigara los hechos y emitiera recomendaciones de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Mexicana.

El reporte de los ministros Humberto Román Palacios, ya fallecido, y Juventino Castro y Castro, ahora simpatizante de Andrés Manuel López Obrador, fue demoledor. Retomo aquí el planteamiento de que el respeto a la verdad es una garantía individual que debe ser la base para el desarrollo de la conciencia ciudadana. Por lo mismo, las autoridades de cualquier nivel no deben divulgar información manipulada –como lo hizo el gobernador Figueroa Alcocer y varios de sus funcionarios en torno a la matanza de Aguas Blancas–, pues de hacerlo incurrirían en violación grave de una garantía individual en los términos del segundo párrafo del artículo 97.

Para la Corte, en el histórico informe de marras, que las autoridades mientan concientemente respecto de un asunto tan delicado “conlleva a considerar que existe en ellas la propensión de incorporar a nuestra vida política lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación”.

Fuerzas muy poderosas se mueven para imponer el proyecto de presa de La Parota. Tal vez lo logren. Quizá obtengan la anuencia de la mayoría de los comuneros y puedan contener la explicable furia de los opositores sin grandes costos políticos o, más grave aún, de sangre. Pero detrás de esa pírrica victoria muchos sabrán que estuvieron el engaño, la maquinación, la ocultación y la mentira. Como antes.