Cualquiera que desee hacer algún negocio con alguien de la familia Torreblanca Galindo sabe que tiene que esperar a la decisión
del clan, y sobre todo a lo que opine o decida la cabeza del mismo que no es otro que quien ocupa el cargo de gobernador del
estado de Guerrero.
Por eso debe darse por descontado que Zeferino Torreblanca dio su venia para que su hermano de enmedio presentara la
demanda civil contra El Sur y cinco de sus reporteros. Y para que exigiera una indemnización de 10 millones de pesos por el
“daño moral” que dice que le causó la publicación aquí de declaraciones de constructores de Chilpancingo que lo involucraban
como socio de una empresa que recibió contratos por 18 millones de pesos de la Secretaría de Educación Guerrero.
El mismo gobernador hizo muy poco para deslindarse del hecho en la conferencia de prensa que dio el viernes, el mismo día en
que el titular principal de este periódico fue dedicado al tema. Un minuto, el último, lo dedicó Zeferino a decir que él no empuja a
su hermano Alberto y que éste es mayor de edad. Los cuatro minutos anteriores los dedicó a denostar el trabajo de nuestro
diario, al que considera un medio mentiroso, no objetivo y que “descontextualiza” la información.
Es decir, que el contador público y empresario Zeferino Torreblanca no se preocupó ni en lo mínimo por dejar bien claro que el
gobernador del estado libre y soberano de Guerrero no es parte de un nuevo ataque a la libertad de expresión, uno de los
artículos fundamentales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tuvo Torreblanca la oportunidad para aclararlo y no lo hizo. Como no es un demagogo para decir lo que no siente, terminó por
aparecer justificando la demanda firmada por su hermano contra un periódico y cinco reporteros que debieran ser estimulados
por su labor, y no amenazados desde el poder con que serán privados de su patrimonio.
Es este un episodio más que muestra la miseria personal de quien porta la investidura de gobernador del estado que fundó Juan
Álvarez y consolidó Ignacio Manuel Altamirano. Un gobernador que, al paso que va, será recordado no como el primero de la
transición democrática sino como parte de la estirpe de los caciques autoritarios que nos han gobernado.
Si el juicio civil se resuelve en contra nuestra –lo cual no sería extraño, pues quien manda en el Poder Judicial no son los jueces y
magistrados, sino el gobernador– El Sur desaparecería y los cinco reporteros demandados hipotecarían todo su patrimonio
durante varios años.
En la conferencia de prensa del viernes, Torreblanca no niega que platica con su hermano; es decir, no niega que supo que nos
demandaría. ¿Trató de disuadirlo? ¿Le dijo que era absurdo que solicitara una indemnización de 10 millones de pesos? ¿Que
somos una empresa que vive al día, en buena parte por el boicot publicitario que nos impuso y que inhibe a otros anunciantes?
¿Que nos daría pretexto para presentarlo como un enemigo de la libertad de expresión?
Nada. Al contrario. La demanda es parte de la estrategia de Torreblanca para silenciarnos, para desaparecernos del mapa. Está
hecha asumiendo que en el México de hoy los gobernadores son inmunes a las leyes, que están por encima de ellas y que pueden
hacer y deshacer impunemente en sus estados.
Por eso no es un error que en el legajo de la demanda se anexen como pruebas notas periodísticas sacadas de la síntesis
informativa del gobierno del estado, que es un documento oficial. Es una demostración de poder. Es la familia real; tienen sus
miembros sangre (de costa) azul y su poder viene de Dios, que en Guerrero está representado por su hermano mayor Zeferino.
Antes de llegar a un juzgado, una demanda de cualquier tipo pasa por diversas manos. En este caso, de los cinco abogados que
representan a Alberto Torreblanca; y muy seguramente pasó por las de su hermano el gobernador, y las de su responsable de los
asuntos jurídicos del gobierno del estado, el oscuro y chicanero abogado Santiago Aguirre.
Todos se dieron cuenta de que la supuesta demanda de un particular se apoya en documentos a los cuales sólo tiene acceso un
reducido número de funcionarios públicos. Y lo dejaron pasar. Para que el juez tenga claro quién está detrás de la demanda. Para
que El Sur y sus reporteros también lo sepan. Para que nadie se diga engañado.
En cualquier sociedad mínimamente democrática esa sería prueba suficiente para que un juez cualquiera desechara como
improcedente una demanda. No es un particular quien va en busca de que se le haga justicia y se repare un daño que
presuntamente se le infligió; es el poder del Estado el que va en plan de venganza y con ánimo destructivo en contra de un
periódico y de unos reporteros cuya labor debe ser garantizada por ese mismo Estado.
Claro, eso debiera ser la función del Estado en una república democrática. Pero en Guerrero vivimos una especie de monarquía
tropical que no alcalzan a ocultar las ropas pretendidamente modernizantes que viste. Y ni siquiera se asume como una
monarquía constitucional, pues el huésped principal del Palacio de Gobierno no quiere límites ni contrapesos; está convencido de
que el poder de un gobernador o es absoluto o no es tal poder.

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Se dirá que el anterior es un argumento extremo, exagerado, falaz. Torreblanca lo usará para decir que aquí no somos objetivos.
Pero, al contrario, somos bastante objetivos.
Véase por ejemplo la declaración del presidente estatal del PRD sobre el tema, que se publica en estas páginas. Sebastián de la
Rosa no se dirige al gobernador para decirle que detenga ya su campaña en contra de El Sur; para exigirle un respeto irrestricto a
las libertades democráticas, entre las cuales la principal es la de expresión. No. ¡Se dirige al hermano del gobernador! Le pide que
se desista de su demanda y le dice que en Guerrero ya no son tiempos de influyentismo, con lo cual Sebastián está diciendo que
Zeferino ¡nada tiene que ver en la demanda de su hermano!
Sé que me veo políticamente incorrecto escribiendo lo anterior, pues de cualquier modo el presidente estatal del PRD se
solidariza con nosotros. Pero estoy tratando de fundamentar mi caracterización del gobierno con tintes absolutistas que tenemos
en Guerrero, en cuyo avance ha tenido mucho que ver, por cierto, buena parte de los dirigentes del PRD entre los cuales incluyo
no sólo a los miembros del CEE que se someten a Torreblanca, sino a secretarios de su gabinete, diputados, senadores y alcaldes.
Es también una muestra de periodismo objetivo informar que otro ejemplo de absolutismo zeferinista es que el Congreso del
Estado oculte desde hace tres meses los resultados de la auditoría a los contratos por 100 millones de pesos adjudicados sin
licitación por la SEG a 15 empresas, que ordenó el pleno de los diputados a raíz de la nota que se publicó aquí y que es el origen
de la demanda millonaria en nuestra contra. (Ver El Sur de ayer).
Tan objetivo que el titular de la Auditoría General del Estado, Ignacio Rendón, informó que los resultados de esa auditoría los
entregó a la Oficialía Mayor el 13 de julio; tan objetivo que el diputado Bernardo Ortega informó que los tiene la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso; tan objetivo que el presidente en funciones de ésta es el diputado Fernando Donoso,
el alfil que tiene Zeferino en el Poder Legislativo; tan objetivo que sin esta crisis abierta por la demanda del hermano, la Comisión
de Gobierno que preside Carlos Reyes seguiría haciendo mutis sobre el tema, pues allí no se mueve nada que pueda importunar
al soberano.
También es una muestra de periodismo objetivo informar, como lo hacemos aquí, que no hay un solo crítico del régimen de
Zeferino Torreblanca que no haya sido perseguido por éste; y, como en los regímenes absolutistas, por esa simple condición de
críticos y no por ninguna otra. Para los guerrerenses, para la historia que se escribirá algún día ¿cuál será la diferencia que se
marcará entre los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer, René Juárez Cisneros y Ángel Aguirre Rivero? Porque Zeferino
Torreblanca hace una gran diferencia entre ellos, pues mientras pacta y tiene acuerdos en lo oscurito con los dos primeros, al
último lo trata con modos vulgares, corrientes, prosaicos, indignos de alguien que se ostenta como un demócrata.
Decir que el de Zeferino Torreblanca es un régimen cercano a una dictadura es una verdad objetiva, pues se confirma con los
hechos que se vienen sucediendo desde que tomó posesión.
Y sólo ciertos dirigentes del PRD –el secretario de Gobierno, Armando Chavarría, el principal– insisten en presentar a Torreblanca
como lo que no es, pues ni éste mismo se preocupa de ocultar su talante autoritario. Ayer por ejemplo, volvió a declarar que su
gobierno “no va a entender ni con marchas ni con plantones, este gobierno no les tiene miedo, respeto las manifestaciones
populares pero no tiene miedo”.
¿Qué gobernante democrático, de cualquier país del mundo, va a decir abiertamente que está en contra de las marchas y los
plantones? ¡Ninguno! Eso de que las respeta es una muletilla que no llega siquiera a ser un prurito de tolerancia.
Hay, ciertamente, naciones en los cuales las manifestaciones están claramente reglamentadas. Ello ocurre en sociedades que, sin
ser la encarnación de la perfección ni mucho menos, tienen resueltas las necesidades básicas de su población. Pero convocar al
inmovilismo en uno de los estados más pobres de México es una muestra de ignorancia mayúscula alimentada por un espíritu
que sufre delirio de grandeza.
Zeferino Torreblanca podrá declarar las veces que quiera en contra de las marchas y los plantones y los bloqueos y otras formas
en que se manifiesta la inconformidad de la población ante las carencias en que vive, pero éstas seguirán. Cuando se le pide
congruencia democrática y que no actúe de un modo autoritario, Torreblanca responde diciendo que no estamos en Inglaterra. Y
cuando se le dice que estamos en Guerrero, y por eso las marchas, etcétera, él quisiera que fuésemos Inglaterra.

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¿No es gobernar como un monarca absolutista la detención del honorable dirigente indígena Cirino Plácido Valerio, ocurrida
apenas este sábado?
Desde la detención del priísta de Chilpancingo Humberto Nájera Bautista, seguida de la del dirigente indígena Cándido Félix se
levantó una oleada de declaraciones de diversos actores políticos y sociales en contra de la utilización política de la ley y en
contra de la criminalización de las luchas sociales.
Tirios y troyanos cuestionaron esa política de Torreblanca, si bien los perredistas –con Chavarría a la cabeza– festejaron que se
haya detenido a Nájera por delitos electorales, mientras la secretaria de Desarrollo Social y protegida del Ejecutivo estatal, se
ufana de que no haya sido llamada a declarar a la Fepade, cuando ya lo hicieron otros altos funcionarios zeferinistas.
¿Cómo reaccionó el soberano de Guerrero ante las críticas por gobernar metiendo a la cárcel a luchadores sociales a quienes
acusa de motín y rebelión? Reaccionó mandando a detener a Cirino Plácido, uno de los principales impulsores de la ejemplar
Policía Comunitaria que opera en varios municipios de región Costa Chica-Montaña.

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Es falso, una rotunda mentira, que Torreblanca esté interesado en que haya un periodismo objetivo en Guerrero. Así como no
quiere que haya marchas y plantones, tampoco quiere que haya un periodismo profesional. Castigar a El Sur porque da espacio a
las luchas de los pobres; porque da voz a los críticos de quien ocupa el puesto de gobernador es querer convertirnos en
cualquier cosa, menos en un periódico. Guerrero está lleno de pobres, y tiene un gobernador soberbio, intolerante, autista, y, por
lo mismo, altamente criticable. En pocas palabras, Torreblanca quiere que nos vayamos, pues sabe que no nos vamos a callar ni
nos va a someter. Si caemos, será luchando.
El ataque a El Sur es un ataque a todos los medios de comunicación y a todos los comunicadores de Guerrero. Algo tenemos que
hacer al respecto con los colegas del estado, y pronto. El tema es altamente explosivo y si nos movilizamos podemos colocarlo en
la opinión pública nacional e internacional. Es el tema de un gobernador que llegó al cargo con las banderas de la izquierda y que
también cercena las libertades democráticas, como en los gobiernos autoritarios del pasado. Si permitimos que Torreblanca salga
avante de esta aventura contra la libertad de expresión, nuestra profesión no tiene futuro. Podrá haber empresas que se
presenten como periodísticas, pero no periodistas.