El gobernador de Guerrero decidió hacer público el pacto político que, a espaldas de sus electores, estableció precisamente con
los representantes de las fuerzas que fueron derrotadas en las urnas, en una maniobra que debiera pasar a la historia nacional de
las traiciones.
Por si todavía quedaban algunas dudas, la fotografía de Zeferino Torreblanca cortando el listón inaugural de la Casa Guerrerense
en el Distrito Federal con los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros confirma la existencia de ese
pacto, y que las políticas que se vienen aplicando no responden solamente a un estilo personal de gobernar, sino a un proyecto
no de cambio, sino de regresión política para liquidar al movimiento democrático en el estado.
No hay ninguna explicación que justifique la presencia de dos cuestionadísimos ex gobernadores en un acto emblemático, como
lo es la inauguración de un recinto que representaría a los guerrerenses en la capital del país. Si se dice que fue una invitación
institucional a todos los ex gobernadores vivos ¿por qué no asistió el senador Ángel Aguirre? De todos modos, ninguna supuesto
comportamiento institucional puede estar por encima de la historia. Porque no estamos hablando de ex gobernadores que hayan
sido escogidos en elecciones libres y democráticas por los ciudadanos de Guerrero, sino de representantes de un régimen
autoritario que imponía a los gobernantes sin el parecer de los ciudadanos e incluso contra la voluntad de éstos. Un régimen que
persiguió, encarceló, asesinó o desapareció a sus opositores; un régimen cuyos beneficiarios siempre vieron a las instituciones
del Estado como un botín, una fuente de enriquecimientos personales y familiares.
A mayor abundamiento, uno de los invitados a la ceremonia del viernes en Coyoacán –el ex gobernador Figueroa– ni siquiera
terminó su mandato constitucional. No solicitó licencia para dejar el cargo porque le haya venido una repentina enfermedad. Se
fue obligado por la presión nacional e internacional, pues se le responsabilizó de la matanza de Aguas Blancas, como se conoce
al episodio en que policías del gobierno del estado dispararon hasta matar a 17 indefensos campesinos de la sierra de Coyuca de
Benítez un 29 de junio de 1995.
Si Figueroa finalmente no fue procesado no es porque se le haya culpado sin fundamento, sino por la debilidad de las
instituciones de justicia en Guerrero y el país que invariablemente permiten que los poderosos queden impunes sin importar la
magnitud de los crímenes en que hayan estado involucrados.
Sólo un pacto oscuro puede explicar el interés del gobernador de Guerrero porque un personaje como Figueroa siga vigente en la
política del estado. Cuántos momentos críticos de inseguridad pública se han vivido desde que los cárteles de Sinaloa y el Golfo
trajeron su guerra a la entidad en 2005, y todo sigue igual en la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Policía
Ministerial y en las agencias del Ministerio Público. Ningún cambio ni de hombres ni de prácticas ni de políticas que son las
mismas que se instauraron en el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa y que se aplicaron en la guerra sucia de los 70, en la
persecución de los perredistas bajo el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu y en episodios como el descrito de Aguas Blancas
en el gobierno de Figueroa Alcocer.
¿Ese fue el pacto con Figueroa? ¿Además de mantener los contratos con sus empresas, no tocar su coto de subprocuradores,
directores, coordinadores, comandantes, jefes de grupo, agentes del MP?
Una y otra vez desde la sociedad se han levantado voces porque se depuren los organismos policiacos, y una y otra vez el
gobernador Torreblanca ha puesto oídos sordos a ese reclamo. No es cierto, rectifico: una y otra vez ha descalificado a quienes lo
levantan, incluido el Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Ha respondido el gobernador que no puede despedir de la noche a la
mañana a 5 mil policías, cuando nadie le ha pedido eso, sino que depure, es decir, que despida a algunos. Al menos a los
comandantes que hayan participado en la guerra sucia de los 70-80, que son unos cuantos; o a los que han recibido
recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, que son otro tanto. Y mientras, su procurador, el honorable abogado
Eduardo Murueta Urrutia se rinde sin dar la pelea y como todos sus antecesores del PRI acepta que en la Procuraduría mandan los
comandantes de la Policía Ministerial que, según su propio dicho, “son todos iguales”. ¿Iguales de buenos investigadores, de
protectores de la sociedad, de honrados, de contrarios a la tortura y a la connivencia con grupos criminales?
El otro ex gobernador invitado –Juárez Cisneros– por muy pocos votos ganó una elección señalada de fraudulenta al candidato
del Partido de la Revolución Democrática, y encabezó un gobierno que se caracterizó por el asalto a las arcas públicas.
Corrupción que fue evidente en dependencias como las secretarías de Educación y de Salud, a las que mayor presupuesto se
asigna y las que debieran ser instituciones manejadas con pulcritud dada la naturaleza noble de sus funciones.
Pese a las cifras del déficit que se dejó en la SEG dadas por el propio gobierno zeferinista; y de la corrupción comprobada con el
manejo de facturas apócrifas por más de 100 millones de pesos en la Ssa, no hay ningún ex funcionario acusado en el primer
caso, o sujeto a proceso judicial, en el segundo.
Sólo un pacto oscuro puede explicar el interés del gobernador de Guerrero porque un personaje como René Juárez siga vigente
en la política del estado.
¿Traicionó el ex gobernador al candidato de su partido, el PRI, Héctor Astudillo? ¿Simplemente se rindió a la evidencia de que, de
todos modos, el candidato del PRD ganaría y no se arriesgó por eso a movilizar todos los recursos del gobierno –presupuestarios,
legales e ilegales– para intentar hacer ganar a Astudillo? ¿Es ésta actitud la que le reconoce Torreblanca? ¿O se trata de un pacto
en torno a negocios?
Quien sabe. El caso es que contra todo pronóstico, contra toda racionalidad política, Torreblanca ratificó en el cargo al secretario
de Fomento Turístico del gobierno de René Juárez. Y fue tan inexplicable su decisión que el nuevo gobernador se vio obligado a
declarar que el funcionario ratificado estaría solamente unos meses en el cargo, para dar seguimiento a actividades y
espectáculos ya programados. Pero Ernesto Rodríguez Escalona allí sigue, más firme que nunca. Fue el que organizó el ya
controvertido acto de inauguración de la Casa Guerrerense en la ciudad de México, y a más de uno Torreblanca ha dicho que es
su “mejor secretario”.
Y no puede alegar Torreblanca que no tenía buenos y mejores candidatos para ese cargo. Incluso varios amigos suyos, que se la
jugaron con él cuando fue alcalde de Acapulco, pudieron ser nombrados y no habrían desmerecido para nada. Dirigentes de
hoteleros y de restauranteros que, igual que representantes de otros sectores, también fueron traicionados por Torreblanca.

*****

El momento del encuentro Torreblanca-Figueroa-Juárez Cisneros tampoco parece fortuito. Ocurre en un periodo crítico del
gobierno de Torreblanca, marcado por el desalojo violento de normalistas de Ayotzinapa de la sede del Congreso del Estado.
En una muestra más de su proverbial soberbia, Torreblanca estaría mandando el mensaje de que se siente más allá del bien y del
mal. Que su sola condición de gobernador le permite tomar las decisiones que le plazcan, pues no tiene que rendir cuentas a
nadie ni medir las consecuencias de sus actos.
Controla con puño firme a su gabinete, en el cual tiene todo el apoyo del único que funcionario que podría ser un contrapeso: su
secretario general de Gobierno, Armando Chavarría. Controla al coordinador del Congreso del Estado y a la mayoría de los
diputados; al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y a jueces y magistrados; al rector de la UAG; al auditor general del
estado; a la mayoría de los medios de comunicación electrónicos y escritos; a la mayoría del Comité Ejecutivo Estatal del PRD; a
varios alcaldes de este partido.
Cuenta a su favor con la inercia de los dirigentes nacionales del PRD que consideran un sacrilegio ya no digamos deslindarse de –
o mucho menos romper con– alguno de sus gobernadores, sino de siquiera hacerles una crítica.
Cuenta a su favor, asimismo, con la inercia que hace intocables a los gobernadores. Y hasta se vanagloria. Guerrero no es
Oaxaca, declaró precisamente en el acto que aquí comentamos, con lo cual también quiere decir que si siguen en el cargo
gobernadores como Ulises Ruiz y el Góber Precioso de Puebla, más impresentables que Torreblanca, ¿por qué él no habría de
permanecer en el cargo haga lo que haga?
En este contexto, más parecido a los tiempos del autoritarismo priísta que a los de una transición democrática, ¿qué importa que
haga público su pacto con Figueroa y René? En la lectura megalomaniaca de Torreblanca, éste incluso podría concluir que tiene
tal poder de convocatoria, que a su llamado acuden personajes como los aquí señalados. Ya en otra ocasiones Zeferino ha
llamado a Figueroa “tigre de papel”, como para decir que ahora el poderoso es el gobernador, no el ex gobernador.
Pero incluso si nos quedamos con esta hipótesis, Torreblanca estaría demostrando que es un chivo en cristalería porque el
episodio de la Casa Guerrerense puede significar el principio del fin de su relación con un sector del PRD que hasta ahora ha
justificado todas sus decisiones, y por supuesto que va a radicalizar a otros grupos de ese partido y fuera de él que también
votaron por un cambio democrático y que ven que, a cada día que pasa, el candidato que encarnaba esta posibilidad toma
decisiones en sentido contrario.

*****

La represión a los normalistas de Ayotzinapa no es, por supuesto, un hecho aislado. No es, como lo quiere hacer creer la versión
oficial, la intervención de la fuerza pública para proteger la integridad física de los diputados y los trabajadores del Congreso. No
es tampoco la respuesta a un grupo de vándalos y radicales seudoestudiantes, como también señala esa versión oficial. Tampoco
es el plausible interés por mejorar la educación en el estado, pues si fuese éste el propósito de Torreblanca habría que recordarle
que las escaleras se barren de arriba para abajo.
Los trece diputados federales del PRD no son ni vándalos ni radicales, y tampoco son atendidos por el gobernador, quien no se
puso de acuerdo con ellos ni siquiera para pelear por más presupuesto para Guerrero, según lo denunció aquí Cuauhtémoc
Sandoval en un artículo no desmentido.
Los senadores tampoco son vándalos ni radicales, y Torreblanca está peleado con tres de los cuatro senadores guerrerenses.
El doctor Pablo Sandoval Cruz es una institución del movimiento democrático de Guerrero, es un ferviente defensor del sistema
republicano y de la democracia representativa y un promotor de la justicia social, y el gobernador movió cielo y tierra para
impedir que el Congreso le impusiera la presea Sentimientos de la Nación, para la que tenía todos los merecimientos.
El coordinador del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, es uno de los más prestigiados y
reconocidos activistas en esa materia del país, y ni siquiera recibe un trao respetuoso del gobernador que descalifica su trabajo
cada vez que puede.
El alcalde de Acapulco declinó a ser precandidato en su favor y fue su coordinador de campaña, y Torreblanca le ha torpedeado
todos los proyectos de obras estratégicas que ha propuesto para el municipio.
Los campesinos opositores a La Parota votaron por él y participaron en su campaña, y ahora Torreblanca es el principal promotor
de ese proyecto de presa hidroeléctrica.
Es, pues, una política, un comportamiento sistemático de un gobernador autoritario y represivo; de un aprendiz de político que
no ha dudado en traicionar a simpatizantes, compañeros y amigos.
Y no da ninguna salida a ninguno de sus conflictos con los actores arriba señalados, y con otros. ¿Pretende entonces que todos
nos arrodillemos y digamos que tiene razón en todo? Como esto no va a ser posible ¿se despeñará en el camino de la represión?
¿Seguirá mandando a encapuchados a golpear a los normalistas de Ayotzinapa, como los dos que agredieron con salvajismo a un
joven en Tixtla?
Coincido con Torreblanca en que Guerrero no es Oaxaca. Si allá se mantiene pese a todo Ulises Ruiz, no quiere decir que la
misma suerte vaya a correr el gobernador de nuestro estado. Allá, el operador electoral de Roberto Madrazo se impuso con las
(malas) artes de la defraudación y se mantiene con base en la represión y en la alianza del PRI y el PAN en las dos cámaras del
Congreso de la Unión; acá, Torreblanca llegó con el voto legítimo de más de 400 mil ciudadanos esperanzados en que Guerrero
sería mejor, y no podrá mantenerse con base en la represión. Que Ulises Ruiz reprima, no es noticia. Que lo haga un gobernador
del PRD es noticia, una malísima noticia.