Los resultados de las elecciones del 2 de julio demostraron que en el país aún no existe siquiera una democracia electoral. Se supone que bajo este régimen de gobierno, cada tanto los electores tienen la oportunidad de votar para botar a sus representantes cuando las políticas que están aplicando no benefician a la mayoría ni al país del que son ciudadanos con plenos derechos.
Esta que sí es la regla de oro de la democracia no rigió en las recientes elecciones presidenciales. De acuerdo con las cifras del IFE, Felipe Calderón ganó y de ese modo los ciudadanos habrían votado en favor de la continuidad de las políticas del presidente Vicente Fox: nulo crecimiento de la economía; bajos salarios; abandono del campo y más de 2 millones de nuevos inmigrantes a Estados Unidos; desinversión en Pemex y la CFE; desinterés en la educación pública, principalmente en el nivel medio superior y superior; más de 50 millones de pobres; desdén por la ciencia y la cultura; enriquecimiento (in)explicable de los hijos de la esposa del presidente y florecimiento de negocios levantados con el tráfico de influencias.
Siempre según las cifras oficiales dadas a conocer, un poquito más de 15 millones de mexicanos votaron porque continuara la misma corrupción, la misma política ultraprotectora de empresarios que no demuestran ningún interés por México y que lleva al país, a sus habitantes, al despeñadero y al fin de su viabilidad como nación.
Pero eso no es cierto. Así no reaccionan los ciudadanos de ningún país formalmente democrático del mundo. No son suicidas. Suponiendo sin conceder, que es más grande el número de los que votaron por la continuidad que por el cambio la explicación debe encontrarse en que aquellos fueron inducidos por una propaganda negra que nada tiene que ver con ninguna regla de oro o de plata o de lo que sea de ninguna democracia.
Claro que las fuerzas que propugnaban el cambio y su candidato cometieron graves errores que influyeron asimismo en el resultado, pero lo que destacamos por lo pronto es la simulación en que incurren quienes hablan de una elección limpia y transparente, en la que casi un millón de ciudadanos, tus vecinos, contaron los votos.
Se quiere ocultar que contaron los votos de una elección ya viciada. En ningún país medianamente democrático se permitiría la campaña de odio que desplegó el bloque calderonista, incluida la ilegal propaganda pagada por el Consejo Coordinador Empresarial para presentar a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para México. Ningún país medianamente democrático tiene medios electrónicos tan poderosos y sin ningún contrapeso, que manipulan la información a su antojo pues no hay acá una prensa escrita igualmente poderosa y con una circulación siquiera de cientos de miles para no decir millones de ejemplares diarios, en un país de 100 millones de habitantes.
En este contexto antidemocrático no es creíble que dentro de seis años sí habrá elecciones libres. De ahí el argumento falaz de quienes exigen a la coalición y a su candidato que se esperen para el 2012. El presidente del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero recién declaró al The Times de Londres que confía en que López Obrador sabrá encabezar una buena oposición que, dijo, sería la prefiguración de un buen gobierno. Pero él está hablando de España donde no hay Televisa y sí ciudadanos que leen periódicos; donde la mitad de los españoles no son pobres; donde el Estado sigue teniendo una fuerte presencia en la economía y no ha abdicado de su responsabilidad social; donde existe una alta estima social por los periodistas, los jueces y los magistrados, exactamente lo contrario de lo que ocurre en México; donde el jefe de Estado, el rey, se comprometió con la democracia electoral y enfrentó un intento de golpe de Estado del viejo franquismo, a diferencia de lo que ocurre en México donde el presidente de la Repúblico puso todo el aparato del Estado al servicio de un candidato.
Además, allá los jefes de gobierno sólo duran cuatro años, y seis son una eternidad. Pedir calma durante este lapso es una solicitud abusiva ante el tamaño de la afrenta infligida a casi 15 millones de electores mexicanos que se sienten burlados.
En este contexto antidemocrático y de poderes fácticos que se imponen a toda institucionalidad pues sólo defienden sus intereses, una diferencia como la señalada por las cifras oficiales del IFE no puede ser fuente de legitimidad para ningún futuro presidente de la República.
Por eso extraña la resistencia de López Obrador y de su equipo a levantar explícitamente la bandera de la nulidad de la elección, demanda que se impone crecientemente en los sectores pensantes que votaron por él, y que llegará más temprano que tarde hacia las bases del movimiento. Incluso hay quienes han querido presentar la salida de la anulación como una manera de favorecer a Vicente Fox, pues un interino sería un presidente débil que permitiría la impunidad de la familia presidencial.
Pero lo que está en juego va más allá de los intereses inmediatos de los personajes de la política nacional. Si el Tribunal Electoral Federal desecha la petición de contar voto por voto, declara la validez de la elección y unge como presidente electo a Felipe Calderón estará abriendo la puerta de la ingobernabilidad. Esa decisión estaría orientada por la idea de que López Obrador y su equipo no tendrían ni la capacidad ni la entereza para radicalizar las acciones de la resistencia civil a que aquél ha convocado. Y aunque los asesores de esa vía pueden tener razón en ese punto, podrían estar simultáneamente subestimando la profundidad de la indignación de las bases lopezobradoristas, sobre todo en el Distrito Federal, el centro político y económico del país. No será fácil desmovilizar a esta base, que por lo demás tendrá motivos adicionales para mantenerse en la lucha y hasta de atraer nuevos aliados.
Porque aunado a este factor, la presencia de una base indignada en la capital del país, es claro que Felipe Calderón seguirá haciendo la lectura de que ganó la elección presidencial, y que no importa el margen estrecho con el que lo hizo. Dará continuidad a la misma política económica neoliberal y las poderosas fuerzas que lo llevaron a la Presidencia pese a ser un político desconocido apenas hace un año, le exigirán el pago de facturas. Quieren una reforma fiscal que signifique la aplicación del IVA a alimentos y medicinas; la reforma laboral, para que los patrones se desentiendan de las condiciones laborales de sus trabajadores; y la reforma energética, para abrir las puertas de la CFE y de PEMEX a la inversión privada.
Seguirá la línea ideológica, cara por cierto al gobernador de Guerrero, según la cual hay que darle todo a los empresarios, porque primero hay que crear riqueza para luego repartirla, aunque ese luego nunca llegue.
Una política que sólo acrecentará la polarización social en un contexto explosivo, pues millones de mexicanos seguirán viendo a su ejecutor como un presidente ilegítimo que, además, aplica políticas contrarias a las mayorías.
Sólo una irresponsabilidad mayúscula de las élites que se imponen al país podría llevar a los magistrados del Trife a decretar de ese modo el triunfo de Calderón. Éste no podría gobernar a base de propaganda y de represión, y millones de mexicanos que vieron a la mano la posibilidad de acceder a otro México con menos pobres y más oportunidades de progreso, no le darán tregua. El regreso del país a los añejísimos tiempos de la inestabilidad política permanente sería una realidad, indeseable por cierto para el poderoso vecino Estados Unidos, en donde viven 20 millones de mexicanos la mitad de los cuales ya salieron a las calles a defender su derecho a una estancia legal y sin persecuciones en ese país.
Por esto es que cobra fuerza la idea de la anulación de las elecciones del 2 de julio, una salida a la crisis política que se vive en el país a la que nos referiremos en una entrega posterior.