En este debate informal que se ha dado en torno a los alcances de la reforma política en
ciernes, los actores del mismo parecen estar llegando a una solución de compromiso: se
impulsará una reforma de todas las instituciones públicas de Guerrero, pero se comenzará
por la reforma de las leyes, las instituciones y los procesos electorales.
Ganará la postura de Zeferino Torreblanca de comenzar por lo electoral, pero pierde su
intención de no ir más allá. Ya declaró el jueves que un año es suficiente para la reforma
electoral, cuando antes decía que ésta ocuparía prácticamente los seis años de su
gobierno.
Y es que después del desastre del 2 de julio, y su secuela con las elecciones sucias en
Tabasco, cualquier iniciativa para reencauzar el proceso de designación de los
representantes populares tendrá un amplio apoyo social.
La fuerza que alcanzó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador volvió a
las fuerzas perredistas conservadoras en materia electoral. El entramado legal e
institucional que rige las elecciones se mantuvo intacto, pese a evidencias como el perfil de
los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral, y la abrumadora presencia de los
medios electrónicos que, sin ninguna regulación, terminaron jugando un papel que
distorsionó la voluntad ciudadana.
En pocos meses forjaron un candidato y destrozaron a otro, sin que la autoridad
interviniese.
Adicionalmente, todas las fuerzas sabían que ningún candidato tendría mayoría en el
Congreso, que se podría reeditar el caso de un Ejecutivo paralizado, y ninguna pugnó por
que se hicieran las modificaciones pertinentes en la legislación electoral.
Así, se quedaron en el tintero lo que ahora se llama una segunda generación de reformas
electorales que podría incluir la segunda vuelta electoral, el acortamiento de las campañas
y su realización en una sola fecha, sean locales o federales. Y, sobre todo, regular la
participación de los medios electrónicos de modo que, diría yo, se acabase con la
dictadura del spot eliminando esta forma de (in)comunicación de las campañas
electorales.
Cambios que obliguen a los partidos a elegir candidatos conocidos por la gente porque
han destacado en su medio como buenos profesionistas, por sus servicios a la comunidad
o por su condición de líderes honrados de este o aquel segmento de la sociedad.
Que termine este ya largo ciclo de candidatos que lo son porque fueron el secretario
particular o privado de tal o cual político o gobernante; porque sus corrientes plancharon a
las otras en las convenciones electorales partidistas; porque tienen más dinero que otros
para comprar espacios en la radio y la televisión.
La mediocridad de la clase política mexicana se explica en buena medida por este proceso
de expulsión de liderazgos auténticos que se ha dado en mayor o menor medida en todas
las formaciones políticas, en gran parte propiciado por un régimen electoral que
sobredimensiona el papel de los partidos y de sus burocracias.
Ciertamente no se necesita más de un año para la reforma electoral en Guerrero. Desde el
2 de julio para acá se volvieron a colocar en la mesa los asuntos de obvia y urgente
resolución en materia de elecciones, para retomar el camino de hecer de éstas la vía
principal de acceso al poder para la formación de gobiernos y congresos legítimos que
apliquen políticas públicas y emitan leyes para la prosperidad de la nación y de sus
habitantes.
De modo que tendremos, entonces, tres años y medio más para concretar la reforma del
resto de las instituciones de Guerrero, que sería el mejor legado que podría dejar el primer
gobierno no priísta en el estado.
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En el seminario que organizaron el Comité Ejecutivo Estatal del PRD y la fracción
parlamentaria de este partido en el Congreso local, el avezado político Porfirio Muñoz Ledo
no defraudó a sus oyentes.
Propuso un interesante movimiento reformista que vaya de los estados hacia el centro de
la república; y abogó por una reforma federalista y municipalista, que son las dos ideas
música para los oídos de quienes hacemos la lucha, en nuestro caso desde Guerrero.
Incluso habló de “invertir la pirámide” de los órdenes de gobierno. “Yo llegaría al extremo de
decir que arriba queden los ayuntamientos, enmedio los gobiernos de los estados y abajo
el gobierno federal”. Y remachó para aumentar nuestro ego de guerrerenses: “Esto es
(José María) Morelos, esto es Chilpancingo”, en referencia al Congreso de Anáhuac de
1813.
Y dijo que este modelo federalista se debe concretar en un nuevo régimen fiscal porque “es
una injuria” que el de México sea el único federalismo que capta el 88 por ciento de los
recursos públicos en los estados y municipios y no los devuelve en la misma proporción.
El ex embajador de México en la ONU y en la Unión Europea también propuso hacer
énfasis en una reforma al sistema de impartición de justicia porque “en este país no hay
acceso a la justicia” y los jueces, magistrados y ministros están supeditados al Poder
Ejecutivo.
En una posterior entrega retomaré otras ideas interesantes planteadas en el seminario
perredista. Sólo me despido con la intervención del viejo dirigente Pablo Sandoval Cruz
quien convocó al PRD a promover una “reforma integral y de raíz”, pues de lo contrario
“seguiremos en el priísmo como hasta ahora”, porque en el actual gobierno “no ha habido
un cambio”.