Todavía no ejercemos el derecho a acceder a la información pública y las autoridades ya están presionando a los ciudadanos a que no se excedan en sus peticiones.
De nuevo es el gobernador Zeferino Torreblanca quien se pone a la cabeza de un intento por coartar un derecho ciudadano, pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública recientemente aprobada por el Congreso local no es precisamente de las más avanzadas del país.
El martes en un acto con secretarios del gabinete y otros funcionarios estatales, frente al director de Atención a la Sociedad y Relaciones Institucionales del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Ricardo Becerra, el gobernador –transparente como es– no se aguantó las ganas de decir que esperaba que los ciudadanos no usaran ese derecho para “cachar gazapos” o para “dar la nota roja o amarillista”.
Para empezar, el gobernador ya está suponiendo que quienes mayoritariamente ejercerán ese derecho serán los periodistas, pues las palabras que utilizó son parte de la jerga de este oficio.
A este punto llega la fobia de Zeferino Torreblanca ante el trabajo periodístico, obsesión enfermiza que lo marcará como un gobernante enemigo de la libertad de expresión.
Porque si la información gubernamental es clara; si hay un ejercicio honesto del presupuesto; si la política de adquisiciones no se basa en el favoritismo; si los contratos del gobierno no son para incómodos amigos de la infancia o para pagar servicios políticos; si se publican en Internet –como se prometió hace seis meses– los sueldos del gobernador y de todos sus colaboradores; si éstos son congruentes con el entorno de pobreza ¿de dónde vamos a sacar la nota roja o amarilla?
Igualmente desafortunadas son las declaraciones del presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, Ernesto Araujo, quien ese mismo martes dijo a reporteros de la capital que las dependencias no estaban obligadas legalmente a subir a Internet información sobre los sueldos de los funcionarios.
Si la ley no lo dice, pues qué malo, pero el ciudadano designado para garantizar el derecho de sus pares a acceder a la información gubernamental se nota más preocupado por pregonar los límites de la legislación, que por difundir aquello que permite a la sociedad tener un mayor control sobre sus gobernantes.
Ojalá que los tres flamantes comisionados –entre ellos la reportera María Antonieta Cárcamo– no se conviertan pronto en una parte más del gobierno, sino que realmente cumplan su función como representantes de los ciudadanos ante el poder, y precisamente para fijarle límites a éste.
El proceso de su designación no fue muy transparente que digamos, pero ya en el cargo tienen que legitimarse con una actuación digna y decorosa.
Como dijo Becerra en la reunión, la transparencia y el acceso a la información gubernamental no cayeron del cielo, sino que son “una exigencia internacional, una demanda de la sociedad civil, un consenso entre los partidos políticos nacionales, una ley unánime en el Congreso de la Unión”, y leyes en los estados que “no tienen reversa, al contrario, son un instrumento obligado de nuestra modernidad social y política”.
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A propósito, no hay comparecencia de Zeferino Torreblanca en algún acto público o ante los medios en la que no muestre su talante de gobernador autoritario.
Si ante los medios aplica el artículo cero de la Constitución, en lugar de cumplir con lo que establece el artículo séptimo que consagra la libertad de expresión, ante las organizaciones de la sociedad –sean líderes de cámaras empresariales u opositores a La Parota– se guía por el mismo artículo cero y pisotea el texto del artículo 8 que consagra el derecho de petición.
El caso de su diferendo con los empresarios es emblemático, pues enseña que el suyo no es un autoritarismo clasista (contra los pobres, los huarachudos, los ignorantes), sino uno simple y llano, auténtico; como si su poder no viniera de un mandato ciudadano expresado en las urnas, sino de un poder divino, de un linaje.
A un gobernador con sentido democrático, con actitud republicana ¿qué le debiera costar reunirse con este o aquel grupo de ciudadanos? Campechanamente decirles aquí estoy, las puertas de mi oficina están abiertas, no me gustó el modo en que solicitaron la reunión, pero a ver ¿cuál es el problema? ¿Qué podemos hacer juntos para resolverlo?
Ahora ¿será que el gobernador no se reúne con nadie? Tampoco. Se reúne con muchos todos los días, incluso los domingos, pero en lo oscurito, sin que trascienda a la opinión pública. Para el muñequeo, para doblar mejor las manos del (presunto) adversario; para conformarlo con esto o amenazarlo con lo otro; para ejercer el poder del presupuesto.
No hay día que pase en que no cuestione a aquellos sectores que hacen públicas sus demandas. La frase “no es a través de los medios”, es una de sus favoritas.
Por eso no extraña su incomodidad ante la libertad de expresión, ni su afán por limitar desde ya el ejercicio del derecho a acceder a la información.
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Anecdotario 1. El Ricardo Becerra arriba mencionado fue dirigente del Consejo Estudiantil Universitario de la Facultad de Economía de la UNAM en el histórico movimiento de 1986 contra la imposición de cuotas y por la vigencia del pase automático. Formaba parte de un grupo más cercano al del actual presidente del PRD en el DF, Martí Batres (de Derecho), que al de los llamados históricos Carlos Ímaz, Imanol Ordorika y Antonio Santos (de Ciencias Políticas, Ciencias y Filosofía y Letras). Se hizo célebre porque, cuando la tendencia mayoritaria se inclinaba todavía por mantener la huelga, en una asamblea de su Facultad llamó a levantarla cuando el movimiento todavía era muy fuerte y se lanzó contra lo que llamó “la cultura de la derrota de la izquierda”. Luego reapareció como flamante asesor del consejero electoral ciudadano José Woldenberg, quien lo mantuvo en su equipo como presidente del que fue un honorable Consejo General del Instituto Federal Electoral, con Jaime Cárdenas Gracia, Jesús Cantú, Emilio Zebadúa, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard.
Anecdotario 2. La expresión “artículo cero” se atribuye al extinto Rubén Figueroa Figueroa, que pasará a la historia como un conspicuo representante de los gobernadores autoritarios de Guerrero, de México y del mundo. Se dice que cuando alguien objetó la construcción del paso a desnivel en la Costera enfrente del parque Papagayo, Figueroa Figueroa contestó: “Pues se va a constuir por el artículo cero de la Constitución”.
–¿Cómo, gobernador?
–¡Por mis güevos!
Por cierto, el paso a desnivel fue uno de los grandes damnificados del huracán Paulina pues se inundó al tope, y se dijo que allí hubo ahogados. Una de las primeras medidas de la reconstrucción fue clausurarlo y volver al paso antiguo por la superficie de la Costera, con lo cual se recuperó uno de los espacios más bellos de ese recorrido.