Dos días después de que en un discurso en Teloloapan Zeferino Torreblanca dijo que tendía “un puente de plata” a sus
adversarios políticos y los llamó a un “debate de altura”, una dependencia bajo su cargo solicitó a un juez el encarcelamiento de
un militante priísta acusado de cometer delitos electorales en la campaña por la gubernatura de 2004-2005.
Se trata del ex director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Chilpancingo, Humberto Nájera Bautista, a la sazón
un amigo cercano del ex candidato a gobernador del PRI, Héctor Astudillo Flores, a quien venció Torreblanca con una amplísima
ventaja de 13 puntos en las urnas.
Es muy difícil creer que cuando dijo su discurso en Teloloapan el gobernador no sabía que era inminente la detención de un
priísta muy conocido en la capital del estado y colaborador cercano de su principal contendiente por el cargo que ahora ocupa.
Por el contrario, todo indica que Torreblanca estaba al tanto incluso en los detalles, como suele suceder siempre que esté
involucrado alguien a quien el gobernador ya inscribió entre los que considera sus enemigos políticos, una lista que por cierto
crece día tras día a golpe de soberbia, impericia política y autoritarismo a secas.
El modus operandi zeferinista se nota a leguas, y por eso no es cierto lo que dicen el secretario general de Gobierno, Armando
Chavarría, y el presidente estatal del PRD, Sebastián de la Rosa de que la detención del priísta Nájera no es más que un caso de
aplicación de la ley.
Firmes en su posición de voceros oficiosos de un gobierno persecutor y faccioso, Chavarría y De la Rosa hasta parece que se
pelean por ver cuál de los dos justifica mejor los desplantes de intolerancia de su jefe el gobernador. Convertido en un auténtico
chivo en cristalería, mucho trabajo seguirá dándoles Zeferino Torreblanca que a cada día que pasa se demuestra como un
personaje rebasado por las circunstancias, muy lejos de lo que los ciudadanos esperaban del primer gobernador surgido de la
oposición al PRI.
Torreblanca es un hombre al que no se le da el ejercicio de la política, y le cuesta muchísimo trabajo entender los fundamentos
del servicio público. Sus reacciones ante los problemas que enfrenta su gobierno son siempre las de una persona común, y no las
del responsable de una institución de Estado, la principal en términos locales. Su hostilidad hacia El Sur, por ejemplo, se acentuó
cuando no aceptamos su propuesta de negociación extralegal de un conflicto laboral. Antes que las autoridades laborales y
judiciales, el señor gobernador ya había decidido que “la ley” no favorecía a la empresa editora de este periódico, y se sintió
ofendido de que no hayamos aceptado la generosa pero ilegal proposición que nos hizo para “salvar el conflicto”.
Nuestros lectores conocen muy bien la saga de hostigamientos que ha seguido a nuestra negativa a convertirnos en periodistas
subordinados al gobernador, entre ellos el boicot publicitario y sentencias laborales desfavorables hechas por consigna.
La reacción de Torreblanca en el caso de la detención de Nájera Bautista es prácticamente idéntica. Suponía el contador público
que, gracias a los acuerdos políticos bajo la mesa que tomó con los ex gobernadores Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez
Cisneros, la dirigencia estatal del PRI mantendría relaciones de sometimiento y sumisión con el gobierno, que son las únicas que
quisiera tener Torreblanca con los actores políticos de la entidad.
Y por eso se sintió personalmente ofendido con la decisión del Comité Directivo Estatal del PRI de presentar una denuncia por
delitos electorales contra funcionarios de su gobierno, entre ellos Chavarría, pero principalmente contra sus colaboradores más
cercanos, la secretaria de Desarrollo Social, Gloria Sierra, y el coordinador de Enlace Político Institucional, Julio Ortega.
Sierra y Ortega reciben el impulso del gobernador, la primera para ser candidata del PRD a la alcaldía de Acapulco, y el segundo,
para ocupar una curul en el Congreso local por el mismo partido.
Y si ha dolido tanto la denuncia presentada por el PRI es porque tiene materia. El señor Julio Ortega hace política partidista todos
los días y a todas horas con recursos del erario público. Y Gloria Sierra es enviada a Acapulco con cualquier pretexto, aunque se
trate de actividades que nada tienen que ver con su cartera, como por ejemplo estar en el presídiuum del desfile del 16 de
septiembre en representación del gobernador. Siempre que sale el tema, la secretaria de Desarrollo Social empieza descartándose
como candidata y termina reconociendo que lo es. “Estoy totalmente concentrada en mi trabajo”, declara con frecuencia y tiene
razón. A su trabajo de alcanzar la candidatura del PRD a la alcaldía de Acapulco.
Las coincidencias en política no existen. Y por eso debe destacarse el contexto en que se da la detención de Nájera, el primer
preso por delitos electorales presuntamente cometidos en un proceso local.
Y ya veremos que malabares hace la fiscal de delitos electorales, Violeta Parra Reynada, para exonerar de cualquier delito
electoral a los funcionarios del gabinete zeferinista denunciados.

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A propósito, aprovecho para matizar aquí algo que escribí hace un par de semanas. En respuesta a una carta de solidaridad de un
grupo de dirigentes estatales del PRD, dije que en Guerrero no se vivía aún una transición a la democracia, sino solamente la
alternancia política, que significa que un partido sustituyó a otro en el poder sin mayores consecuencias en la vida institucional y
mucho menos en la vida cotidiana de la gente.
Debí haber afirmado que lo que existe es un 40 por ciento de alternacia. Porque puestos públicos determinantes –lo mismo en
secretarías que en subsecretarías y direcciones de toda índole– son ocupados por prominentes militantes del PRI, hecho que no
contradice la persecución actual contra este partido.
Y la reciente actuación de la fiscal Parra me confirma una hipótesis para explicar porqué Torreblanca prefiere gobernar con
priístas que con perredistas o con simples ciudadanos democráticos o de izquierda.
Los quiere para el trabajo sucio. Son los priístas buenos. Los que sirven al gobierno del cambio. No los malos, que quieren
disputarle espacios en las futuras elecciones.
Allí están. Para reprimir a los normalistas o a los campesinos opositores a la presa de La Parota tiene Torreblanca a Esaú Tapia,
Juan Sanromán y Rey Hilario Serrano; y llegado el caso, al general Juan Heriberto Salinas Altés. Para pactar con la mafia que
controla el turismo desde hace 30 años, a Ernesto Rodríguez Escalona. Para pactar con la mafia sindical de Elba Esther Gordillo, a
José Luis González de la Vega. Para pactar con la mafia del transporte, a Ignacio Sevilla y René Morales. Para fabricar delitos, a
Jesús Alemán del Carmen y Érit Montúfar. Para encarcelar o amenazar a políticos incómodos por supuestos delitos electorales, a
Violeta Parra Reynada. Para mantener el mismo tipo de arreglos que en el pasado con los medios de comunicación, a César Bajos
Valverde.
Son, todos, políticos y funcionarios que se dicen institucionales. No porque lo sean, pues las instituciones a las que han servido
no se han fortalecido a su paso, sino al contrario, sino porque les da lo mismo trabajar con cualquier gobernante. De todos
modos están allí para recibir y ejecutar órdenes, no importa si éstas llegan a ser contrarias a la ley. Si fueran jueces, se les
llamaría jueces de consigna. Están allí no para servir a los guerrerenses, sino para servir al gobernador.
Y a propósito de nuestros jueces, allí también el gobernador Torreblanca ha procurado blindar su gestión. En las Juntas de
Conciliación y Arbitraje se mantienen muchos de los mismos presidentes desprestigiados de antaño y, con el pretexto de la
promoción, ha nombrado a otros y otras que antes fueron secretarios o secretarias. Como si los tribunales laborales tuviesen una
historia de incorruptibilidad para premiar a sus integrantes, en lugar de romper con las estructuras descompuestas designando a
gente de fuera de las mismas. Lo mismo ha hecho Torreblanca en la judicatura. No ha abierto la convocatoria a los abogados
postulantes ni a los de la academia. Como si nuestros jueces fuesen ejemplo de aplicación recta de la ley, cuando son en su
mayoría juzgadores que se venden al mejor postor y que actúan por consigna del gobernador al que le llaman “el jefe”, cuando ni
legal ni constitucionalmente lo es.

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La insensibilidad que tiene el gobernador para la política se ha mostrado de nuevo, por cierto, en el caso Nájera, y no sólo por lo
arriba escrito. Suponiendo, sin conceder, que Torreblanca no haya dado línea a Parra Reynada; y que sólo se trate de un caso de
aplicación estricta de la ley, los priístas no lo creen así.
Hablando en nombre de los militantes de ese partido, de sus legisladores locales y federales (uno, el senador Ángel Aguirre), de
sus alcaldes e incluso del Comité Ejecutivo Nacional, el presidente estatal del PRI, Marco Antonio Leyva Mena declaró suspendida
toda relación política con el gobierno de Zeferino Torreblanca, al que acusan de persecución y de violar la ley motivado por un
“revanchismo político”.
Esta declaración la hizo Leyva el jueves acompañado de varios dirigentes de su partido. Ni el viernes ni el sábado hubo una
respuesta oficial del gobierno zeferinista a esa postura de la segunda fuerza política del estado. Ni un boletín siquiera, mucho
menos una conferencia de prensa. Las declaraciones del viernes del secretario de Gobierno, Armando Chavarría, fueron obtenidas
por reporteros que lo encontraron saliendo de un restaurante donde desayunó con su esposa.
Y no dijo nada. Dejó todo en manos del juez, como si se la creyera de que no es un asunto político, sino jurídico.
Y quiérase que no, esa insensibilidad del zeferinismo para la política permea a otros actores. Por ejemplo, el Congreso local. Es
increíble que hayan dejado pasar la oportunidad de aprobar fast track la reforma constitucional en materia electoral que les llegó
desde el Congreso de la Unión. Hubiese tenido un gran valor simbólico que la de Guerrero fuese la primera legislatura local de
mayoría perredista que aprobara la reforma que saca a los medios electrónicos de las contiendas electorales. Porque la reticencia
del diputado priísta Fermín Alvarado parece una vacilada. ¿A poco cree que Televisa y TV Azteca le van a hacer su campaña por la
alcaldía de Acapulco? Pero ya lo disciplinará el CEN de su partido, que el viernes citó a los diputados locales para urgirlos a
aprobar en sus congresos la reforma histórica.

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Está tan enredada la política palaciega que el grupo de Armando Chavarría ha creído que los continuos señalamientos del
dirigente priísta Leyva Mena al secretario de Gobierno –de que usa el cargo para hacer proselitismo partidista– son parte de
acuerdos que éste pactó en lo oscurito con Torreblanca. Por eso uno de los personajes más visibles de la corriente del
funcionario, Celestino Guzmán Cesáreo, puso una demanda por delitos electorales contra Leyva, quien ya fue citado a declarar
por la Parra Reynada con una velocidad digna de mejor causa. Por cierto, ¿la demanda de Guzmán es individual? ¿Tiene el aval del
Comité Ejecutivo Estatal del PRD?

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–¿Por qué militantes de la izquierda histórica de Guerrero defienden hasta lo indefendible del gobierno de Zeferino Toreblanca? –
me preguntó un colega.
–Porque creen que representa la dictadura del proletariado –le contesté.
Están contentos con la persecución al PRI. Para que prueben una sopa de su propio chocolate, dicen. El PRI no regresará al poder
ni por las buenas ni por las malas, festejan y saludan la decisión zeferinista de encarcelar a uno de los suyos.
Pero el fin no justifica los medios.