El acompañante

El acompañante

Maribel Gutiérrez * La ejecución de Gustavo (Tavo) Zárate Martínez, el 1 de noviembre de 2001, que según un testigo fue quien acompañó al tirador que mató a Digna Ochoa, fue difundida en medios de circulación nacional, pero sin referencia alguna a posibles vínculos con los asesinos de la abogada. El 2 de noviembre, 38 miembros de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán se trasladaron a la ciudad de México para exigir justicia en el asesinato de Digna Ochoa, e informar sobre la visita que hizo a cuatro comunidades. Con los testimonios sobre la visita de Digna Ochoa, la persecución de los caciques y el Ejército y al abandono en que se encuentran las comunidades ecologistas, y después la liberación de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, causó impacto en los medios de la ciudad de México la información sobre la violencia contra la población en general, la que no participa en organizaciones ni en movimientos.

En una conferencia de prensa, el 9 de noviembre, el secretario de la Organización, Felipe Arriaga Sánchez, informó que cuando se preparaban para salir a la ciudad de México, en el camino de la sierra a El Zapotillal, cerca de la comunidad de El Venado, se dio una nueva masacre, en la que murieron dos adultos y una bebita (después se supo que la bebita no murió). Eran las 6 de la mañana del primero de noviembre, cuando Felipe Arriaga se dirigía a la cabecera municipal de Petatlán para preparar la salida a la ciudad de México. Iba manejando una cuatrimoto, y al pasar por El Venado encontró masacrados a los ocupantes de una camioneta, a quienes desconocidos les dispararon desde el monte con armas de alto poder. Encontró muerto, destrozado, a Tavo Zárate, que iba manejando el vehículo, y recibió cerca de 40 balazos. También mataron al señor Miguel Mejía, y sobreviven dos mujeres que estaban heridas de bala y tres niños. Nadie pudo ver a los agresores.

Felipe Arriaga, que pasó por El Venado cinco minutos después de la balacera, ayudó para el traslado de los heridos a un hospital. En la ciudad de México los manifestantes ecologistas informaron de este acontecimiento como un ejemplo de la violencia que se vive en la región, y se informó que unos minutos antes de la emboscada pasó por el lugar Roberto Cabrera, que también estuvo en la comisión de representantes de la Organización en la capital del país. Nunca se imaginaron que esa emboscada estuviera vinculada al asesinato de la abogada. En la región, poco después del asesinato del Digna Ochoa corrió la versión de que un policía judicial, conocido aquí como Charly, podría haber participado en el crimen. No se supo en qué se fundaba tal supuesto. El 23 de octubre, cuatro días después del asesinato de Digna Ochoa, fue asesinado en las afueras de Petatlán, en una gasolinera a un lado de la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo el policía judicial Carlos García García.

En diarios locales se publicó que el policía judicial del estado estaba adscrito a la comandancia del municipio de Arcelia, en la región de la Tierra Caliente, del otro lado de la Sierra Madre del Sur, y estaba cargando el tanque de gasolina para regresar a su lugar de trabajo cuando le dispararon con un cuerno de chivo, desde una camioneta tipo Lobo. El judicial recibió tres balazos, y alcanzó a disparar su arma, una pistola 38 súper.

Los Tupos

García García, de aproximadamente 40 años, estuvo adscrito a la comandancia de la Policía Judicial del Estado en Zihuatanejo. En 1993 trabajó en la misma corporación en la comandancia de Petatlán. Después, con cargo en la policía o sin cargo, siempre andaba armado, aún en público, aunque no estuviera en funciones, y se piensa que tenía el apoyo de jefes militares del 19 Batallón del Ejército que tiene su cuartel en Petatlán. En la región, a Carlos García se le identifica como parte de un grupo de civiles armados vinculados al Ejército, conocido como Los Tupos. Ese grupo está encabezado por los hermanos Angel, Fidel y Adán Gómez, que actúan en las partes altas de la sierra de Guerrero, según denuncias que en 1999 fueron hechas ante diversas instancias del gobierno y ante la relatora de la ONU que visitó México, Asma Jahangir, por la asamblea de ejidatarios de Los Guajes de Ayala.

La denuncia dice que es un grupo paramilitar ligado a la explotación ilegal de los bosques, que se dedica a combatir a los que se oponen a los poderosos intereses de los madereros. Los tupos acusan a sus opositores de pertenecer a supuestos grupos armados con fines subversivos o guerrilleros, y en la persecución de ellos actúan coordinados con el Ejército, según esa denuncia. No se ha sabido más acerca de las sospechas sobre los vínculos con el caso Digna Ochoa de la ejecución del policía judicial, que fue el primero de una cadena de asesinatos en la entrada a la ruta de la sierra que visitó la abogada. En los meses siguientes al asesinato de Digna Ochoa se acentuó la violencia en las rutas de acceso a la sierra de Petatlán que la abogada recorrió el 1 y 2 de octubre, acompañada por el representante de una red internacional que defiende el derecho a la alimentación, FIAN, Harald Ihmig, y dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas.

De acuerdo con los vecinos, esa ruta de la sierra, que comienza en El Barrozal, en la periferia de la ciudad de Petatlán, y atraviesa los ejidos de La Botella y de San José de los Olivos, era la más segura, la menos afectada por la violencia.

Un tirador de la sierra de Petatlán mató a Digna Ochoa, dice un testigo

 

* Un acompañante del sicario había sido acribillado 15 días después del ataque a la abogada * El ejecutor era compadre de Hank González y de Figueroa Alcocer * Vinculan con los hechos al ex alcalde Rogaciano Alba

Maribel Gutiérrez (Primera parte) * Un tirador de la sierra de Petatlán, Nicolás Martínez Sánchez, mató a la abogada Digna Ochoa, en la ciudad de México, el 19 de octubre de 2001, acompañado de otro pistolero de la misma región, Gustavo Zárate Martínez, según la versión de un testigo que pidió el anonimato. Los dos fueron ejecutados, el acompañante, el 1 de noviembre y el tirador el 4 de marzo de este año. Según testigos con los que él habló, recibieron órdenes del ganadero Rogaciano Alba Alvarez, hombre poderoso vinculado al Ejército, a las corporaciones policiacas, al narcotráfico y al poder político del PRI. En la región se sospecha que él mismo podría ser responsable de las ejecuciones del tirador y de su acompañante. Desde que estalló la indignación por el asesinato de la abogada y la atención pública volteó hacia Guerrero como el posible origen del crimen, Nicolás Martínez Sánchez, de 50 años, presuntamente subdirector de la Policía Preventiva de Petatlán, manifestó a sus amigos más cercanos su temor por las repercusiones.

Ese temor se transformó en la seguridad de que sería ejecutado después de que fue asesinado su acompañante, conocido como Tavo, 12 días después del crimen de la abogada, emboscado en El Venado, en la carretera de la sierra que va a la ruta que visitó Digna Ochoa el 1 de octubre. Desde entonces, Martínez Sánchez sabía que sería sacrificado en cualquier momento. “Tengo miedo, me van a matar, porque yo estuve en lo de Digna Ochoa, en México, y es un problema muy grande”, confesó a amigos cercanos, según el testimonio de uno de ellos. Les dijo que ya habían matado a otra persona, que lo acompañó a la ciudad de México, también originario de esa región en la sierra de Petatlán, Guerrero, y sobrino suyo. Después de la primera ejecución el tirador sabía que tenía la muerte segura, y por eso platicó con amigos de la sierra, y les dijo que él, directamente, había matado a Digna Ochoa. Reveló que en principio recibió la orden de matar a la abogada cuando estuvo en la sierra de Petatlán, el 1 y 2 de octubre.

En esas fechas, Digna Ochoa visitó por primera vez esta región de Guerrero, donde surgió y se desarrolló en 1998 el movimiento por la defensa de los bosques que tuvo su expresión en la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. El primer día estuvo en las comunidades de El Zapotillal, La Pasión y Barranca de Monte Grande, y el 2 de octubre en Banco Nuevo. Acudió acompañada de un miembro de un organismo internacional no gubernamental, FIAN, que se dedica a la defensa del derecho a la alimentación, Harald Ihmig, de nacionalidad alemana, y de dirigentes de la Organización de Campesinos Ecologistas, que le pidieron ayuda para la defensa de cuatro de sus compañeros que están presos en Acapulco y de siete que son perseguidos por el Ejército y tienen que andar huyendo y escondiéndose en cuevas y en los bosques para proteger su vida y su libertad. El tirador dijo que todo estaba listo para matar a Digna Ochoa en la sierra de Petatlán, pero no sabía porqué se había cambiado la decisión. Le ordenaron entonces suspender el asesinato. Debía esperar otro llamado.

Había un nuevo plan, que era vigilar a Digna, seguirla en su regreso de la sierra a la cabecera municipal de Petatlán, el mismo 2 de octubre, y de ahí a la ciudad de México y tenerla en observación en la capital del país y donde se moviera. Según el testigo así lo hicieron, aunque no dijo si en esta vigilancia participaron los dos sicarios de la sierra de Petatlán. El tirador y su acompañante recibieron la nueva orden y se trasladaron a la ciudad de México, donde mataron a Digna Ochoa el 19 de octubre.

Con diferencia de cuatro meses, la forma como ejecutaron a Nicolás Martínez Sánchez y a Tavo (Gustavo u Octavio) Zárate Martínez son similares: en emboscadas en la carretera cuando se dirigían a la ciudad de Petatlán manejando sus camionetas, con ráfagas de AK-47 –presuntamente se usaron las mismas armas– y en operaciones planeadas con sicarios que esperaron ocultos a la orilla de la carretera de terracería el paso de los vehículos, y dispararon contra todas las personas que iban a bordo. En las dos emboscadas murieron seis personas y cinco fueron heridas con armas de alto poder, entre éstas tres niños, uno de ellos una bebita de seis meses.

Temor entre sicarios

 

Esta versión de que a Digna Ochoa la estuvieron vigilando desde su visita a la sierra de Petatlán con el propósito de matarla coincide con la de otro testigo, que en diciembre pasado dijo que se sabía que a la abogada la habían seguido desde su viaje a esta región hasta el momento en que fue ejecutada en el despacho de abogados de la ciudad de México. Ese testigo aseguró que en la labor de vigilar a Digna Ochoa de regreso de la sierra de Petatlán a la ciudad de México, estuvo un comandante de Atoyac, aunque no dijo si comandante del Ejército o de alguna corporación policiaca. También se sabe que tras el asesinato de Digna Ochoa, pistoleros con vínculos extraoficiales con el Ejército se sintieron inseguros y temerosos cuando la atención pública se centró en Guerrero. A algunos de esos pistoleros, de Petatlán y de otros lugares de Guerrero, sus jefes militares o sus contactos en México les retiraron sus armas y permisos para portarlas, como medida de precaución, ante la posibilidad de que las investigaciones alcanzaran a civiles armados que actúan vinculados a militares en Guerrero y en la ciudad de México.

El tirador

Nicolás Martínez Sánchez, alias El Cuarterón, de 50 años, fue asesinado el 4 de marzo como a las 7 de la mañana, a las afueras del poblado de El Venado, en el acceso a una de las rutas de la sierra de Petatlán que va de la cabecera municipal a la región de La Botella, donde se localizan El Zapotillal, La Pasión y Barranca de Monte Grande, donde Diga Ochoa estuvo en reuniones con campesinos ecologistas el 1 de octubre. Según las notas periodísticas, Nicolás Martínez Sánchez era subdirector de Seguridad Pública del ayuntamiento de Petatlán, pero oficialmente ese cargo no existe; otros dijeron que era inspector de la misma corporación policiaca municipal, y otros más que no era policía. Lo mataron en la carretera a la cabecera municipal, a donde se dirigía manejando su camioneta Dodge tipo pickup de modelo viejo, acompañado por su hijo, de 22 años, Hipólito Martínez Orozco, su cuñado, Francisco Orozco Blanco, de 40 años, y su sobrino, Francisco Javier Martínez, de 18 años. Los cuatro murieron en la emboscada, por múltiples heridas de bala de AK-47, cuerno de chivo. La camioneta, roja con blanco, estacionada en el patio de la casa de Martínez Sánchez, en la comunidad de El Venado, tiene cerca de 80 balazos.

Las notas de los diarios locales dan cuenta de que según el parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, dos individuos dispararon a la camioneta desde la orilla de la carretera, mientras uno los esperaba en una cuatrimoto, en la que huyeron hacia lo alto de la sierra. La esposa de Nicolás Martínez Sánchez, Ada Orozco, dice que no sabe porqué mataron a su esposo, ni quiere saber nada. Tampoco le interesa que se haga justicia, porque dice que de todos modos ya están muertos su esposo, su hijo y su hermano, que dejaron desamparadas a sus familias. Asegura que su esposo no pertenecía a ninguna corporación policiaca ni trabajaba en el ayuntamiento de Petatlán. Para ella, simplemente era campesino, que se dedicaba a sembrar y tenía ganado.

Recuerda que cuando lo mataron se dirigía a la cabecera municipal de Petatlán, con las tres personas, porque iban a construir el corral de toros para la feria que cada año se hace en esta ciudad de la Costa Grande guerrerense. La viuda afirma que nadie vio quién disparó contra la camioneta, y nadie oyó los disparos; un campesino la encontró en la carretera con los cuatro ocupantes muertos, y fue a avisar a la familia. Dice que Nicolás Martínez no tenía conflictos, que era un hombre bueno, que no se metía en partidos políticos, pero que trataba de ayudar a la gente necesitada de su pueblo, El Venado. La imagen familiar contrasta con la que daba públicamente. A los dos días de la ejecución, el entonces procurador de Justicia de Guerrero, Rigoberto Pano, declaró a los reporteros en Acapulco que “se trata de una venganza entre familias”, porque el año pasado Nicolás dio muerte a cuatro miembros de una familia.

En la región, Martínez Sánchez era conocido como un personaje siempre ligado al poder, que era compadre de políticos poderosos en México como Carlos Hank González y Rubén Figueroa Alcocer, y que siempre trabajó en corporaciones policiacas y saltaba de una a otra, de la Judicial del Estado a la Judicial Federal o a la Preventiva Municipal. También se le vincula con la política local, dentro del grupo dominante en el PRI, que encabeza Rogaciano Alba, y se le relaciona estrechamente con el actual síndico del ayuntamiento de Petatlán, José Salas Rivera, quien le asignó el cargo en la Policía Preventiva municipal. Salas Rivera, como parte de sus funciones de síndico procurador del ayuntamiento de Petatlán, colaboró con los grupos de agentes del Ministerio Público y policías judiciales que en tres ocasiones ha enviado a la región la Procuraduría General de Justicia del DF para tomar declaraciones e investigar el asesinato de Digna Ochoa. Según las fuentes que dieron la versión sobre el tirador que asesinó a Digna Ochoa, Nicolás Martínez Sánchez, El Cuarterón, era un hombre “muy preparado” para “ese tipo de trabajos”. Dicen que durante años cumplía encargos de Rogaciano Alba.

No les extraña que lo hayan contratado para una acción “tan grande”, como ellos la califican, y que se haya tenido que trasladar a la ciudad de México, a más de 500 de kilómetros de distancia del lugar donde él vivía. Les parece obvio que no hayan dejado huellas en un asesinato planeado y cometido por profesionales. No quieren opinar sobre el arma ni sobre el mensaje que apareció cerca del cuerpo de la abogada con amenazas a los miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde trabajó Digna Ochoa, porque no saben, pero dicen que “todo estaba bien preparado”, suponen que participó más gente, e insisten: “El era muy bueno para esos trabajos”. Sobre el motivo que tuvo el tirador para el asesinato, las fuentes coinciden en que fue “por paga”, “por dinero”. Dicen que él hacía ese tipo de trabajos para la gente de allá que tiene mucho poder, y a la pregunta de ¿quién es esa gente poderosa?, los testigos no dudan: Rogaciano Alba. Entonces, surge la pregunta sobre los móviles de Rogaciano Alba, y las fuentes, que piden el anonimato, piensan que el asesinato pudo ser “para quitarla de enfrente”, o pudo ser ordenado por Alba pero a petición de gente del Ejército, con quien tiene relaciones.

Rogaciano Alba es actualmente presidente de la Asociación Gandera del estado, fue presidente municipal de Petatlán en el periodo 1993-96, durante la gubernatura en Guerrero de Rubén Figueroa Alcocer, quien le dio protección y es hasta el momento el personaje de mayor poder político en Guerrero. Aunque en la región son del dominio público los vínculos de Alba con el narcotráfico, se mueve activamente en la política, y en el año 2001 buscaba nuevamente ser candidato del PRI a presidente municipal de Petatlán para las elecciones de octubre de 2002, pero aparentemente dejó de moverse hacia ese propósito. Sobre el homicidio de Digna Ochoa ya ha declarado dos veces ante agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del DF: el 21 de diciembre de 2001 y el 18 de enero de 2002. El 21 de enero dijo en entrevista a reporteros locales: “Quieren que sea yo el chivo expiatorio en el asesinato de Digna Ochoa”, y opinó que las acusaciones contra él se deben a “intereses políticos del PRD”.

Preocupa a Codehum la presencia del Ejército, advierte el visitador Hipólito Lugo




El visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) Hipólito Lugo Cortés, admitió ayer que es “preocupante” la presencia del Ejército en Guerrero, sobre todo porque tiene una imagen “negativa” por su labor en las décadas de los 60 y 70, durante la guerra sucia.
Señaló que por eso el organismo estará pendiente durante las acciones militares y de las policías federales para que no se violenten los derechos humanos y que, en su caso, turnará las quejas a la Comisión Nacional.
“Es preocupante la intervención del Ejército en labores que corresponden a autoridades del orden civil, sea locales, estatales o federales”, indicó y dijo que de 10 años a la fecha se ha visto el incremento en la intervención de las funciones policiales por parte del Ejército y de la Armada”.
Lugo insistió que la militarización es preocupante, tomando en cuenta que en Guerrero el Ejército tiene una historia “negativa”, sobre todo en la época de la guerra sucia “que dejó muchas heridas en la sociedad; agregó que por eso es preocupante para la Codehum que en aras del combate a la delincuencia exista el riesgo de que se cometan violaciones a los derechos humanos en contra de los guerrerenses.
Indicó que ese organismo estará pendiente por si se llegaran a presentar quejas e inconformidades en contra de los agentes que participan en este operativo turnar el caso a la Comisión Nacional.
Dijo que independientemente de que sean del amito municipal estatal o federal, “no podemos permanecer impasible ante las violaciones a los derechos humanos que lleguen a denunciarse”.
Lugo señaló que en caso de que se presentaran denuncias en contra del Ejército o de las policías federales, la Codehum intervendrá documentando los casos para tornarlos a la Comisión Nacional.

Sólo reciben educación especial el 31% de los discapacitados guerrerenses : CRIE

De acuerdo con cifras del Centro de Recursos e Información para la Integración Educativa
(CRIE), en Acapulco hay cerca de 60 escuelas de nivel preescolar y primaria que son
integradoras de alumnos con alguna discapacidad.
La directora del CRIE en Acapulco, Eloína Martínez Figueroa destacó que en el estado, se
ha tenido grandes avances en el proceso de inclusión aunque dijo, “aún nos falta mucho”.
Al celebrar el segundo aniversario del CRIE-Acapulco y luego de inaugurar el foro Juntos
por una sociedad inclusiva, Martínez Figueroa dijo en entrevista, que hablando de la
inclusión de niños y jóvenes con alguna necesidad educativa especial en escuelas
regulares, se ha estado avanzando pues destacó que ya hay muchas escuelas que están
integrando a estos pequeños en todas las actividades.
Tras informar que existen cuatro instituciones del CRIE en Chilpancingo, Acapulco, Iguala y
Zihuatanejo, apuntó que en el estado hay 9 mil 589 niños y jóvenes entre los 0 a los 19
años que tienen alguna discapacidad y de esos la educación especial sólo está
atendiendo el 31 por ciento, es decir un poco mas de 2 mil alumnos.
Destacó que en Acapulco hay cerca de 450 niños de nivel preescolar, primaria y secundaria
que ya han sido integrados a diferentes escuelas regulares, en donde reciben el mismo
trato que un niño que no cuenta con ningún tipo de discapacidad.
En Acapulco, detalló hay cerca de 60 escuelas integradoras entre preescolar y primaria y
destacó para nivel secundaria apenas se está incursionando, pues sólo se han capacitado
a tres escuelas secundarias para poder ser integradoras de alumnos con necesidades
educativas especiales.
Agregó que a pesar del avance en el estado, aún “falta mucho”, ya que al CRIE todavía
llegan madres de familia quejándose de que los directivos de las escuelas o los mismos
maestros ya no quieren tener ahí a los niños, “y esto muchas veces es por falta de
información del director o del maestro o porque no tienen la capacitación para llevar este
tipo de situaciones”.
En cuanto a la integración al sector productivo, dijo, hay otro gran problema, pues “es muy
reducido el número de personas que pueden ingresar a un trabajo porque les ponen
muchas trabas y por eso hay muy pocas personas que están integradas laboralmente”.
Explicó que la finalidad del CRIE es poder proporcionar, orientar, asesorar a los maestros y
maestras de educación básica e inicial así como al personal de educación especial y a los
padres de familia, con el objetivo de entender, apoyar y saber cómo atender a los niños y
jóvenes con necesidades educativas especiales.

Convocarán diputadas a partidos a una sesión sobre el gobierno de Torreblanca

Seis de las ocho diputadas locales de las diferentes fracciones acordaron que convocarán
la próxima semana a una sesión especial para que las fracciones de los partidos fijen su
postura en relación al segundo año de gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo.
Ahora que se sabe que Torreblanca Galindo no asistirá al Congreso del estado a presentar
su segundo informe de gobierno porque “no se dieron las condiciones” y sólo “se limitará a
entregarlo”, las diputadas acordaron que convocarán a la sesión especial e invitarán al
gobernador para que “escuche las posturas de los diferentes partidos”.
De acuerdo con una fuente cercana, la propuesta de seis de las ocho diputadas será un
punto de acuerdo en la próxima sesión para que sea por acuerdo parlamentario que se fije
la fecha, así como a los representantes de cada partido que subirán a tribuna.
Según la fuente, dentro del acuerdo no se incluyó a las diputadas Abelina López ni a María
de Lourdes Ramírez Terán porque son consideradas como “muy” cercanas al gobernador y
“no estarían de acuerdo”.
La fuente dijo que “conociendo al gobernador” lo más probable es que no vaya a la sesión
a la que se le invitaría y que entonces “se dejará su silla vacía”.
Consideró que de no asistir daría una muestra más “de intolerancia y de querer enfrentar
las posiciones de todos los partidos en relación a su segundo año de gobierno”.