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Toman protesta líderes de colonias en nueva agrupación filoperredista en Acapulco

Líderes de diferentes colonias de Acapulco tomaron protesta como delegados y delegadas del Parlamento de Acuerdo Social (PAS), organización que tiene como objetivo empoderar a los ciudadanos, indicó el presidente del mismo, Carlos Payán Cortinas.

En la sesión solemne, que se realizó en el salón La Cartuja, la secretaria general del PRD Nacional, Beatriz Mojica Morga, quién se congratuló de nueva formas de organizaciones ciudadanas y el alcalde, Evodio Velázquez Aguirre.
Antes de empezar la sesión se tomó protesta a 30 delegados y delegadas que representan a vecinos del mismo número de colonias, y se presentó la mesa directiva que la encabeza el asesor del alcalde y consejero nacional del PRD, Carlos Payán; dos vicepresidentes que son Verónica Ruiz Morán y Florentino Hernández Galván; cuatro secretarios que son diputados ciudadanos: Luis Alberto Cahua López, Jovita Gómez Morales, Arturo Cristino Abarca y Jutidh Téllez Núñez. Además de siete vocales.
Unos 500 vecinos de diferentes colonias de Acapulco y Coyuca de Benítez llegaron al salón en camiones urbanos y camionetas combi, que los llevaron a la sesión y la mayoría de ellos dejaron el salón después de la intervención del alcalde.
Carlos Payán expuso que el PAS nace ante la situación de violencia, corrupción e impunidad que se vive, como una alternativa de organización ciudadana y social para empoderar los liderazgos de las localidades. El PAS tiene como principios la lealtad, solidaridad, compromiso y acompañamiento. Expuso que la estructura es de abajo hacia arriba y anunció que van a ir a localidades en busca de nuevos liderazgos, además de nombrar los enlaces en los diferentes municipios, así como generar los temas que se discutan en el parlamento, como parte de la vida interna del mismo.
En declaraciones a reporteros, Payán Cortinas aseguró que esta organización no estaba vinculada con el PRD, que los invitados especiales fueron porque el PAS se conduce con la idea del humanismo y comparte esa filosofía.
Dijo que buscan generar mejores condiciones para los representados, y ofrecen una dinámica distinta a otras organizaciones. Aseguró que en el PAS participan 2 mil personas.
Al preguntarle si no es una organización que sólo funcionará para que puedan obtener candidaturas o espacios públicos, el consejero del PRD dijo que no negaría tener aspiraciones políticas y que el PAS era para empoderar a los ciudadanos. “Si esto puede generar que Carlos Payán se empodere, de eso se trata el parlamento de acuerdo social, de empoderar a los ciudadanos y yo soy un ciudadano”.
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica resaltó que dichas organizaciones se deben de aprovechar para que las cosas mejoren en Guerrero, lo que se tiene que hacer con trabajo, platicando con la gente en sus territorios, en sus colonias.
Recordó que con Payán Cortinas se conocen desde la adolescencia, lo consideró un hombre comprometido, al igual que otros de los integrantes del parlamento, que dijo son personas que quieren sacar adelante al municipio.
Felicitó a los asistentes por el esfuerzo de organizarse, porque sólo poniéndose de acuerdo dijo es como se podrá lograr la paz, para retomar el poder caminar por las calles. Deseó que el diálogo que se inicia en dicho parlamento vaya a construir menores condiciones de vida para todos en el estado.
En su intervención, el alcalde Evodio Velázquez expuso que con organizaciones como la que se conformó es como le pueden hacer llegar a los gobiernos las necesidades de la población.
Recordó que junto con Carlos Payán les tocó andar colgando lonas, reconoció el trabajo de su familia, de quien sabe dijo desde 1988 trabajaron en el gran frente de ciudadanos de izquierdas y deseó suerte a los que forman parte “de este esfuerzo ciudadano”, para que se vaya multiplicando.
Insistió en que son más los ciudadanos que quieren paz, armonía y progreso para Acapulco, por eso se está trabajando para el desarrollo.
Informó de lo que están haciendo en su administración como el hacer cabildos abiertos, para escuchar a la gente más allá de los partidos políticos, así como que se hizo un reglamento de participación ciudadana. Ello para que las obras se hagan donde se necesitan, escuchando a la población.
Indicó que está “a punto” de funcionar el rastro TIF, que a los campesinos se les apoya con la escuela campesina y se les da el fertilizante gratuito, además de que se busca mejorar la comercialización de los productos.

 

En la detención de policías de Zihuatanejo no hay nada político, responde el vocero

El juez de control federal que tiene en sus manos el caso de los 20 policías municipales de Zihuatanejo, acusados por los delitos de delincuencia organizada, portación y acopio de armas de uso exclusivo Ejército, así como uso de estupefacientes, resolverá la vinculación a proceso o su libertad aproximadamente hasta el próximo miércoles.
El proceso se prolongó debido a que tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la defensa de los policías solicitaron la ampliación del plazo constitucional de 48 hasta 144 horas para aportar pruebas, informó el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.
El funcionario rechazó “totalmente” que haya tintes partidistas o políticos en la revisión y la detención de los policías de ese municipio, como lo denunciaron la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, Beatriz Mojica Morga, y el ex alcalde de Zihuatanejo, el perredista Amador Campos Aburto, pues insistió en que “hay elementos suficientes que determinaron que los policías están vinculados con la delincuencia”.
Aseguró que la federación y el estado están revisando la situación de las policías de los 81 ayuntamientos y que están dando prioridad a los municipios más importantes y en donde hay mayor incidencia delictiva.
Consultado vía telefónica, el funcionario no detalló qué juez de control de Acapulco tiene en sus manos el caso y en qué sala se desahogará la audiencia de vinculación a proceso o la libertad de los 20 policías, vencidas las 144 horas, “entiendo que por motivos de seguridad no me dan el dato”, justificó Álvarez Heredia.
Informó que en este lapso de tiempo, lo que está haciendo la PGR y la defensa de los policías es aportar todos los medios de prueba para poder probar que sí son responsables de los delitos que se les imputa, mientras que la defensa aporta los suyos para demostrar que son inocentes.
En cuanto al reclamo de la secretaria general del CEN del PRD, Mojica Morga, para que la revisión de las policías municipales se realice sin tintes partidistas y la acusación del ex alcalde de Zihuatanejo Campos Aburto, de que hubo trasfondo político en la detención de los agentes de ese municipio, el vocero respondió que “rechazo totalmente esos señalamientos, se está cuidando el debido proceso, la presunción de inocencia y se hace a partir de una realidad que también comparten otros municipios del color que sea”.
Explicó que el eslabón más débil de la estrategia de seguridad son las corporaciones preventivas municipales y que en el caso de Zihuatanejo, de acuerdo con los elementos con los que se contaban “fue necesario hacer un operativo conjunto de las instituciones federales y estatales para poder proceder a un desarme y a la revisión de cada uno de los elementos, sus documentos y antecedentes”.
Añadió que de esa revisión se definió que en 20 elementos “existe la probable responsabilidad de que sean responsables de los delitos de delincuencia organizada y portación de armas, y en esto no hay ninguna valoración de tipo político o partidista. Se está cuidando el debido proceso, la presunción de inocencia y salvaguardando los derechos humanos que tienen los detenidos”, dijo.
– Pero primero acusaron a 60 de estar infiltrados por la delincuencia organizada, y resultó que nueve nada tenían que ver y los liberaron, luego también no se les comprobó nada a 31, y los 20 que siguen detenidos aún no se define si son responsables o no –cuestionó el reportero.
– Pero insisto, existían elementos que propiciaron que actuaran las instituciones federales y estatales en materia de seguridad, por la posibilidad de que existiese colusión entre un grupo delictivo con la operación de la corporación policiaca que hasta este momento ya está en manos de un juez, para poder determinar la probable responsabilidad.
“Sobre estos temas tan delicados no puede caber la parte política ni partidista, sino que se tienen que cuidar los derechos humanos de los detenidos, el debido proceso y la presunción de inocencia”, dijo.
El vocero reveló que la misma revisión se está haciendo a los 81 ayuntamientos, pero que se está dando prioridad, “y se le da una doble atención a aquellos municipios más importantes o en donde ocurre el mayor número de homicidios”, entre estos mencionó a Teloloapan, Chilapa y Acapulco, en los que, dijo, “se está buscando la manera de reducir cualquier situación de que exista una colusión entre cuerpos de seguridad municipales con la operación de grupos delictivos”.
Insistió que la revisión en todos los ayuntamientos se realiza recordando lo que pasó en Iguala, “donde un grupo delictivo recibió de un cuerpo policiaco municipal a 43 estudiantes que actualmente siguen desaparecidos y que mataron a otras 6 personas”.
Anunció que en breve se dará a conocer la valoración que resultó de esta revisión en los otros municipios.
Álvarez Heredia dijo que también actualizará la información con el Consejo Estatal de Seguridad, respecto a cuándo serán entregadas las armas a los policías municipales que ya han sido certificados, luego de que los alcaldes de los municipios de Taxco y Eduardo Neri se han quejado que hay policías en sus corporaciones que ya están certificados y aún no han recibido las armas que les recogieron desde 2014.
El vocero proporcionó un reporte respecto al status del control de confianza de los policías estatales, ministeriales y municipales.
Informó que en cuanto a los policías estatales, de un total de 3 mil 937 elementos, 3 mil 842 han sido evaluados, de los cuales 3 mil 122 aprobaron y 611 no aprobaron, mientras que 109 está en proceso su dictamen.
El reporte indica que el estatus para la evaluación de 2016 es de no evaluados 95, mientras que 2 mil 137 tienen su vigencia vencida y 2 mil 232 elementos están por evaluar.
Con respecto a Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que de un total de mil 396 agentes, mil 287 han sido evaluados de los cuales aprobaron 852 y no aprobaron 319, mientras que 116 está en proceso su dictaminarían.
El estatus de avaluación de 2016 fue de 106 no evaluados, 85 tienen su vigencia vencida y 191 elementos están por evaluar.
Mientras que las policías municipales, de 4 mil 582 elementos, 4 mil 50 han sido evaluados, de los cuales 2 mil 590 fueron aprobados y mil 379 no aprobaron, en tanto que 82 está en proceso su dictamen.
El estatus de evaluación de 2016 es de 532 no evaluados, 636 tienen su vigencia vencida y mil 168 elementos están por evaluar.
En cuanto a la evaluación concretamente del municipio de Zihuatanejo de un total de 245 policías han sido evaluados 244, de ellos 115 fueron aprobados y 129 no fueron aprobados.
En tanto que el status de 2016 es de un elemento no evaluado, 16 elementos tienen su vigencia vencida y hay 17 elementos por evaluar.

No la dejan entrar al plantel porque no es de la CETEG, denuncia una maestra en Acapulco

 

La maestra de primer año del jardín de niños Jaime Sabines, Gisela Delgado Rebolledo, denunció que este jueves la directora y maestras de la escuela no la dejaron ingresar al plantel, argumentado que ella golpeó a una niña, cuando no es cierto, y que la situación es política, porque no ha querido someterse a su acciones como “comité de lucha” de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Antes de las 9 de la mañana, la maestra llegó a la escuela, ubicada en la calle Morteros de la colonia Rodríguez Alcaine, pero no la dejaron pasar, lo que causó molestia en los padres que tienen a sus hijos con ella, pues la consideran buena docente, por lo que exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que acudan al plantel, para solucionar el problema que ya tiene algo de tiempo. En declaraciones, Delgado Rebolledo dijo que sus compañeros le cerraron la puerta, debido a que “están haciendo un complot en mi contra”.
Indicó que sus compañeros se están “agarrando de unas falsas acusaciones de una madre de familia, quien me acusa de haber golpeado a su hija, de maltrato físico y psicológico. Son señalamientos que no tienen fundamento, porque no presentan ninguna prueba de ello, no presentan ninguna denuncia, ni en el MP ni del DIF, solamente es un arreglo de ellos”.
Aseguró que los maestros del jardín están en una corriente que se llama “comité de lucha” y por no ser de la corriente de ellos ya le cerraron las puertas del plantel.
Delgado Rebolledo manifestó que tiene más de un año en el jardín de niño y “fueron mis compañeros quienes me hicieron la propuesta, todos ellos firmaron para que yo llegara al centro educativo, porque lo requería el plantel. Ellos me apoyaron, pero luego de un tiempo me dijeron que yo tenía que acatarme a su organización de ellos, que es la CETEG, que no debíamos dejar entrar a ninguna autoridad educativa”.
Subrayó que ella no tiene ninguna nota mala o llamada de atención de la directora encargada, que el área jurídica de los servicios educativos le dijo que podría seguir trabajando y lo manifestó delante de sus padres.
La maestra pidió que se limpie su nombre y que a la supuesta niña golpeada le hagan estudios psicológicos, porque su “caso está manipulado”.
Una de las madres dijo que quieren a la maestra y consideró que lo que le están haciendo es una injusticia, que ya son como cinco veces que le cierran la puerta y ellos como padres han ayudado para que la maestra entre. Acusó a la directora de no atenderlas, porque las han calificado como “víboras, alborotadoras y mitoteras”.

 

El señalamiento del fiscal, cortina de humo con una intención política, critica el PRD

 

 
El dirigente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán, lamentó que “el anuncio espectacular” del fiscal Xavier Olea Peláez, de que el ex procurador Alberto López Rosas fue quién ordenó la agresión contra los normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2011, no sea acompañado “de alguna acción legal más allá de su declaración”.
Dijo que los señalamientos contra el ex procurador perredista es una “cortina de humo”, porque pareciera un asunto político más que legal.
Consultado por teléfono, al dirigente se le preguntó por lo declarado el lunes por el Olea Peláez en el sentido de que el entonces procurador ordenó el ataque contra los normalistas y después manipuló las pruebas que existían en su contra en busca de protección, esto a cinco años de la agresión donde fueron asesinados dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría y Alexis Herrera.
El ex alcalde de Acapulco, procurador de Ángel Aguirre Rivero, después su secretario del Trabajo y ahora coordinador de asesores del alcalde de Acapulco, fue señalado directamente por el actual fiscal de ser quien dio la orden de la agresión armada en la que los dos normalistas fueron asesinados.
El dirigente perredista lamentó que el fiscal realice un “anuncio espectacular” de un caso emblemático en el estado “sin ningún acompañamiento de alguna acción legal que esté más allá de sus declaraciones”.
Dijo que le parece que el fiscal “se especializa en crear cortinas de humo” y que ya es una constante en su función “el no llegar al fondo de los temas”.
Lamentó que lo haga incluso con temas tan sentidos como lo es el asesinato de los dos jóvenes estudiantes.
Comentó que lo que conocen es que López Rosas ha litigado en los tribunales en su defensa ante los señalamientos de su presunta implicación en el caso “y ha sido exonerado de su responsabilidad”.
Pero el dirigente pidió que si el fiscal tiene pruebas en contra del perredista, que también fue aspirante a la gubernatura, “ojalá procediera legalmente y no se quedara sólo en ese señalamiento”.
Cesáreo Guzmán lamentó que el encargado de la procuración de justicia en el estado realice señalamientos “tan fuertes sin que nos diga qué está haciendo al respecto”.
A una pregunta, el dirigente estatal perredista dijo que la declaración del fiscal pareciera ser un asunto político más que legal, porque aparentemente sólo pretende crear una cortina de humo.
Pidió al fiscal que no se quede sólo en el señalamiento, sino que proceda, “si es que tiene elementos”.

Faltan reformas a leyes locales para tipificar como delito la violencia política contra mujeres


La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Paula Adriana Soto Maldonado, señaló que el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres no sirve de nada si no se modifican las leyes que rigen los procesos electorales en el país, para que se tipifique como delito electoral la violencia política hacia la mujer.
Durante su participación en el panel Aplicación desde los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES) del Protocolo de Violencia Política contra las Mujeres, como parte del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), dijo si no hay leyes que regulen la violencia política el Protocolo solo será un papel que no erradicará el problema.
El Protocolo es un iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), del Instituto Nacional Electoral (INE), de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
El Protocolo “pretende orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la aplicación de las obligaciones internacionales así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia, tratar de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, así mismo responde a le necesidad de contar con lineamientos generales que permitan a las autoridades actuar de forma inmediata frente a las víctimas”.
Soto Maldonado dijo “no creo que el Protocolo sea un instrumento efectivo ni eficiente para la atención de la violencia política porque no tenemos marco normativo, porque no tenemos ley y si no tenemos ley que nos faculte a las instituciones que nos dé dientes, que nos digan cómo lo tenemos que atender, qué tenemos que entender por violencia política. Puedo yo tener el mejor librito como Protocolo de Atención” pero no se puede hacer absolutamente nada.
Llamó a modificar las leyes federales y estatales para que se tipifique como delito la violencia política de género
Sugirió que desde la sociedad se trabaje en una iniciativa para modificar la ley de Atención a vida libre de violencia a las mujeres para incluir el término de violencia política. Otra legislación que debe adecuarse es la ley electoral y las ley de sanciones para castigar la violencia política de género.
La directora de Participación Social y Política del Inmujeres dijo que se debe tener claro que la paridad política “no es un tema, es un derecho” de las mujeres y recomendó que cuando escuchen a un político hombre o mujer utilizar la palabra “tema” para referirse a la paridad entre hombre y mujer que le chiflen o lo abucheen para que entienda que se trata de un derecho.
También criticó que se cuestione el acceso a la representación popular de las mujeres por la vía de cercanía a grupos de poder o políticos porque esa es una práctica que siempre ha existido y en los hombre no se cuestiona que sea el compadre, tío, amigo, sobrino, ahijado de otro político y que eso le haya permitido acceder a un cargo de poder pero a las mujeres se les critica, lo que se convierte en violencia política de género.
Sugirió que se les haga notar a los gobernantes que “no hay temas de la mujer” sino que todo lo que ocurre en la vida política y social son temas de la mujer porque tiene la misma capacidad que el hombre.

Casos de Guerrero

La diputada Yuridia Melchor Sánchez informó que en el Congreso local hay dos iniciativas “en la congeladora” desde marzo para incluir la violencia política de género como un delito en la Ley de Acceso a una vida libre de violencia, pero sigue en análisis sin que se dictamine sobre las mismas.
Indicó que al Congreso han llegado tres casos de violencia política hacia las mujeres: uno es el de la alcaldesa de Martir de Cuilapan (Apango) Felicitas Muñiz Gómez, otro es el de la alcaldesa de Florencio Villarreal (Cruz Grande), Emisel Molina y la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, pero hay mas casos porque los alcaldes no ven a las ediles como sus pares y les limitan los recursos a las mujeres que fueron electas como síndicas en las planillas de ayuntamientos.
En el panel también estaba invitada la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Chiapas Rosa Pérez Pérez, que se ha convertido como el referente nacional de la violencia política de género, pero no acudió porque la noche del miércoles le llamaron para seguir con las negociaciones para que ejerza el cargo de presidenta municipal.
En su lugar acudió Margarita Gutiérrez Romero, quien relató el conflicto que se vive en San Pedro Chenalhó porque es la primera vez que una mujer asume el cargo de alcaldesa.

Pide la Red tipificar en el Código Penal la violencia política contra las mujeres

 

Integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres en Guerrero se congratularon de que el gobernador Héctor Astudillo Flores haya firmado la iniciativa de ley para garantizar la paridad de género vertical y horizontal en la postulación de candidaturas para ayuntamientos, pero manifestaron que es urgente que se legisle para que la violencia política contra las mujeres sea tipificada como delito en el Código Penal.
Indicaron que es necesario tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y adoptar medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso del estado y de los demás poderes locales.
En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en una sala del Instituto Municipal de la Mujer de Acapulco, la presidenta de la red de mujeres, Muriel Salinas Díaz, anunció que el 30 de noviembre se llevará a cabo en Chilpancingo un foro de mujeres presidentas municipales, con el objetivo de ver los avances que en la participación de la mujer en la política, pero también las situaciones a las que se han enfrentado.
Salinas Díaz dijo que ven con agrado la iniciativa de ley que firmó Astudillo, mediante la cual se va a instituir en la ley electoral del estado la obligación que tendrán los partidos políticos de garantizar la paridad horizontal en el registro de candidaturas para la integración de ayuntamientos, pues recordó que en el proceso electoral anterior se dio por las impugnaciones que interpusieron integrantes de esa organización y es gracias a ello que hay 21 alcaldesas en el estado.
Agregó que esa firma representa el cumplimiento del gobernador a los compromisos con la red, integrada por mujeres de los diversos partidos, en junio pasado cuando le presentaron la agenda legislativa para la igualdad política, la cual contenía ese compromiso.
Recordó que falta tipificar la violencia política contra las mujeres en diversos ordenamientos jurídicos y la adopción de medidas legislativas que permitan garantizar una integración paritaria del Congreso y los demás poderes locales.
Señaló que esa firma es el resultado de la lucha que han dado desde los partidos y la sociedad civil las mujeres para que se instituyan estas medidas legislativas para garantizar la participación igualitaria de mujeres y hombres en el ámbito de la política.
Muriel Salinas agregó que espera que dicha iniciativa sea pronto presentada al Congreso local por parte del Ejecutivo y que el Poder Legislativo asuma la responsabilidad política y democrática para avanzar en este proceso de armonización de la legislación en manteria de igualdad política y derechos políticos electorales de las mujeres.
Insistió en que se debe poner un agravante en el Código Penal por la violencia contra las mujeres, pues en Guerrero hay casos de violencia política grave contra alcaldesas, y ejemplificó con el caso de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz.
Subrayó que por esa razón la red de mujeres “insistiremos en la urgencia de que esto se tipifique en el Código Penal”, y también expresaron su solidaridad con la síndica de Xochihuehuetlán, María Lucía Balbuena Rivera, a quien le ofrecieron el acompañamiento jurídico y político, pues “en estos momentos está enfrentando violencia política en su municipio”.
Explicó que el primer encuentro estatal de presidentas municipales, apoyado por el programa de Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres y equipos feministas, es pafrte de una estrategia “orientada a dar seguimiento puntual a lo que están viviendo las mujeres munícipes en el ejercicio de sus cargos”.
Recordó que la red dio seguimiento a la violencia que vivieron las mujeres en el proceso electoral de 2015, y lo que hoy se va a hacer es un seguimiento de lo que está ocurriendo ahora en el caso de las mujeres que están en funciones.
Indicó que aunque hay caso emblemáticos de violencia política contra las mujeres, es importante ese encuentro para poder hacer un “análisis más puntual desde la experiencia vivida de las mujeres munícipes sobre lo que están enfrentando en el ejercicio de sus cargos”.
Señaló que a través de ese ejercicio la red “pretende integrar un diagnóstico participativo sobre la violencia política de las mujeres en el ámbito municipal, y con ello darle un contenido aún más amplio al proyecto que pensamos impulsar, y que seguiremos insistiendo, de tipificación de la violencia política contra las mujeres en Guerrero”.
Estuvieron en la conferencia la directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, Luisa Fernanda Fontova; la presidenta de Moviendo a Guerrero, Jessica Aguirre Herrera; la coordinadora de la red en la zona centro, María del Socorro Mondragón, así como la integrante de la red, María Teresa Leyva Cervantes, y la regidora y coordinadora regional en Acapulco de la red, Alma Juárez Altamirano.

Aumenta la violencia política contra mujeres, advierte consejera del INE

 

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Adriana Margarita Favela Herrera, advirtió que la violencia política hacia la mujer va en incremento en el país y es un fenómeno que se tiene que erradicar.
Favela Herrera participó ayer en el foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC), con la conferencia Violencia Política contra las Mujeres que impartió después de la ceremonia de inauguración.
La ceremonia de inauguración se llevo a cabo en salón Plaza del hotel Crowne Plaza. En el discurso inaugural la presidenta del IEPC llamó a “legislar sobre lo que se tenga que legislar para que todos tengamos reglas claras en la contienda (de 2018) que sin duda será un reto”.
En su intervención, la consejera del INE, Adriana Favela habló de los casos de violencia política contra la mujer, y uno de los casos que mencionó fue el de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, de quien dijo está el antecedente del caso de la alcaldesa de San Pedro Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, en el que el TEPJF indicó que “no es posible que se despoje de un cargo de elección popular a una persona que fue electa de manera democrática por los ciudadanos de una comunidad, no es posible que sea despojada por un grupo de opositores”.
Favela Herrera indicó que en la sentencia del Tribunal electoral se acreditó que hay violencia política de género contra Felicitas Muñiz. Indicó que algunas de las agresiones contra la alcaldesa son fotografías de ella con algunas frases como: “No dejes que te gobierne una vieja”; “No votes por esta vieja ratera”, “Las viejas sólo sirven para lavar los trastes y mantener a los hombres, y los hombres sirven para gobernar, entiende chita, las viejas perras como tu sólo sirven para hacer chamacos”.
Lamentó que el caso en Guerrero no se haya podido solucionar el conflicto en Mártir de Cuilapan y criticó que los gobiernos estatales no hacen los que les corresponde porque la violencia política de género se convierte en un conflicto social y político.
También llamó a las autoridades a atender y resolver los asuntos de violencia política de género cuando los conozcan, y no esperar hasta que sean temas de relevancia nacional, porque hay casos de regidoras y sindicas que también son agredidas pero no los denuncian.
La directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de las Mujeres, Paula Adriana Soto Maldonado, presentó una grafica para demostrar el crecimiento de la violencia de género contra la mujer: en 2012 dos casos; entre 2014 y 2015 fueron 38 y entre 2015 y 2016 van 103 casos.
“La violencia política de género son los actos u omisiones por medio de los cuales se presiona, persigue, hostiga, acosa, coacciona, ridiculiza, veja, discrimine, amenaza o prive de la vida a las mujeres en razón de su género, con el fin de limitar, condicionar, excluir, impedir o anular el ejercicio de sus derechos político-electorales, su acceso o pleno ejercicio del poder público y cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres”, de acuerdo con la definición del Inmujeres.

Los pendientes para el 2018

Ayer la presidenta del IEPC indicó que todavía no hay reglas claras para la reelección ni el voto migrante, “no sabemos si los que se quieran reelegir van a hacer campaña o no, si tendrán que separarse del cargo o no y la intención del foro es reflexionar sobre los temas que tienen vigencia en Guerrero y pendiente por resolver”.
Los trabajos del foro La Participación Ciudadana rumbo al 2018 organizado por el IEPC empezaron ayer y continúan hoy en el hotel Crowne Plaza con paneles como La reelección y su aplicación en el 2018, Las candidaturas independientes: retos y perspectivas, La participación ciudadana en la construcción de la democracia en México y la conferencia Estrategia Nacional de Cultura Cívica.
En la ceremonia de inauguración estuvieron el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, René Patrón Muñoz; los consejeros electorales Alma Delia Eugenio Alcaraz, Jorge Valdés Méndez, Rocío Calleja Niño, Leticia Martínez Vázquez y René Vargas Pineda. También el secretario ejecutivo, Pedro Pablo Martínez Ortiz; el consejero jurídico del poder Ejecutivo, Manuel Saavedra Flores, en representación del gobernador Héctor Astudillo Flores, así como el secretario de Desarrollo Social municipal , Víctor Aguirre Alcaide en representación del alcalde Evodio Velázquez Aguirre

Denunció ante el Trife violencia política de género en su contra, informa Felícitas Muñiz

 

La alcaldesa de Mártir de Cui-lapan (Apango), Felícitas Muñiz Gómez, presentó una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por las omisiones de las autoridades locales para resolver el conflicto político en su municipio y que, insistió, es un caso de violencia política de género.
La presidenta municipal, militante de Movimiento Ciudadano, indicó que pese a que ha solicitado medidas cautelares a diferentes instancias, sus peticiones no han sido atendidas.
Muñiz Gómez asistió ayer al auditorio del DIF estatal, a la proyección de la película Ángeles con garras de acero, organizada por la Secretaría de la Mujer para conmemorar el 63 aniversario del pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres.
Consultada por reporteros al concluir el acto, Muñiz Gómez manifestó que hay una “gran omisión” del gobierno del estado y el Congreso local para atender el conflicto político que priva en su municipio, donde el síndico Be-nito Sánchez Ayala, un regidor y dos regidoras encabezan la toma del ayuntamiento y exigen la re-vocación del mandato de la alcaldesa por corrupción, desvío de recursos y nepotismo.
Recordó que luego de las ac-ciones violentas de agosto, cuando el grupo opositor atacó sus propiedades y de sus familiares, así como el incendio de vehículos, solicitó medidas cautelares a las secretarías de Gobierno y de Se-guridad Pública, a la Comisión de Defensa de Derechos Humanos, a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional Electoral.
Sin embargo dijo que no ha recibido ninguna respuesta, por lo que el mes pasado presentó una denuncia ante el Trife en contra de quienes resulten responsables por las omisiones que hay en el caso, principalmente de las autoridades locales, pues dijo que entre el gobierno del estado y el Congreso “se echan la bolita”.
Comentó que también pidió la intervención del Instituto Elec-toral y de Participación Ciudadana (IEPC), pero dijo que el órgano sólo la declaró “víctima” sin que existieran más resultados; mientras que de la Segob, el sábado vino un representante a entrevistarla, pero nada más.
Dijo que además de las omisiones, la denuncia ante el tribunal federal es por violencia política de género.
Recordó que el ex alcalde, José Guadalupe Rivera Ocampo, del PRD, fue extorsionado y obligado a entregar 10 millones de pesos a sus opositores, e insistió en que ese problema se ha vivido en Apango desde hace 25 años.
“No estamos de acuerdo con estas acciones porque tenemos población indígena y se me hace inconcebible que siendo un municipio tan pequeño se generen estos conflictos para satisfacer una necesidad de estos delincuentes, los voy a llamar así, y tengamos que sacrificar a otras comunidades que realmente merecen atención”.
Muñiz Gómez dijo que ante la situación que prevalece en la cabecera municipal, “de vez en cuando” asiste a entregar a poyos.
“Yo estoy haciendo un gobierno itinerante, trabajo en todas las comunidades, de vez en cuando me meto a Apango sin que ellos sepan, platico con la gente, hemos estado apoyando, estoy coordinando el ayuntamiento a pesar de todas las barreras que tenemos, estamos trabajando”.
Pese a que el ayuntamiento está cerrado, dijo que entregó a tiempo la Ley de Ingreso al Congreso, y además explicó que no tiene problemas financieros y podrá cumplir los compromisos de fin de año.

Cumple la SRA con la política de apertura informativa a la sociedad, reconoce el IFAI

Está entre las cuatro dependencias más abiertas al público

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) reconoció a la Secretaría de la Reforma Agraria, que encabeza Florencio Salazar Adame, como una de las cuatro dependencias del gobierno federal que han cumplido prácticamente a cabalidad con la política de apertura informativa a la sociedad.

De acuerdo con el estudio elaborado por la institución, la SRA cumplió en un 90.2 por ciento con la apertura requerida, sólo abajo de la Presidencia de la República y las secretarías del Trabajo y de Hacienda, que lo hicieron en un 97, 96 y 93 por ciento, respectivamente.

El IFAI revisó los sitios de internet pertenecientes a 220 dependencias para determinar el grado de avance sobre el acceso a la información. El resultado fue que sólo 47 instancias del gobierno tuvieron un rango de cumplimiento superior al 80 por ciento.

En el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria, su portal cumple con las especificaciones del Instituto, como son: hacer referencia a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y tener un vínculo que remite a la página del IFAI.

También es de rápido acceso y visible el vínculo que publica las obligaciones de transparencia; tiene fecha de actualización de las mismas y una liga que lleva al usuario al Sistema de Solicitudes de Información (SISI), así como otra que remite a la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC).

Además, cumple proporcionando información financiera de sus oficinas; publica su marco normativo y otorga acceso a documentos del mismo; contiene los informes que por disposición legal genera; los nombres de los servidores públicos, sus cargos, teléfonos, domicilios, salarios, entre otros. Contiene también todo lo relativo a los trámites que realiza y las facultades de cada unidad administrativa.

Estricta revisión de programas

El trabajo de la dependencia federal no sólo se encuentra abierto al escrutinio público a través del Internet. Su titular, Florencio Salazar Adame, firmó el pasado 19 de abril un convenio de colaboración en materia de Transparencia, Buen Gobierno y Rendición de Cuentas con la Secretaría de la Función Pública.

Por este acuerdo se evalúan los diez programas más importantes del Sector Agrario en todas sus facetas, desde su organización y trámites hasta el uso y destino de los recursos públicos que a ellos se canalizan.

De esta forma, se revisan los ejercicios del 2003 y 2004 de los programas de Atención a Conflictos en el Medio Rural, “Focos Rojos” y “Focos Amarillos”; el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos del Agro (FAPPA); el Fondo de Ordenamiento a la Propiedad Rural (Fonorde); el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag).

También se revisa el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), el Programa de Testamento Agrario (Hereda); el Programa de Financiamiento a Proyectos Productivos de Mujeres Indígenas Campesinas, el Programa de Financiamiento a Proyectos Productivos de Jóvenes Campesinos, el Fondo de Tierras y el Programa del Joven Emprendedor Rural.

La revisión de estos programas incluye a todo el Sector Agrario, compuesto por la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, los cuales recibieron el exhorto del político guerrerense para ofrecer todo el respaldo al análisis que se realiza.

Con estas medidas, el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, destacó que se atiende la instrucción del Presidente Vicente Fox de hacer más eficaz la acción gubernamental y, al mismo tiempo, más transparente.

Ahora, la evaluación del IFAI confirma que la dependencia federal rinde cuentas claras y se mantiene como un espacio de la acción pública transparente.

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Signos de corrupción descomponen la vida política en el país, advierte la Iglesia católica

* Se refiere el obispo de San Juan de los Lagos a los videoescándalos

 * Llama el nuncio Bertello al diálogo y a dejar atrás la violencia * Asisten al acto de ordenación de Juan Navarro Castellanos como nuevo obispo auxiliar * Participan unos 2 mil ministros y laicos encabezados por el arzobispo Aguirre Franco y el emérito Rafael Bello

Karina Contreras * El obispo de San Juan de los Lagos, Javier Navarro Rodríguez, calificó de “lamentable espectáculo” de la política mexicana la difusión de videos en los que conotados dirigentes partidistas aparecen recibiendo dinero y los calificó de “signos de corrupción” que descomponen el país y llamó a los sacerdotes a evangelizar en los valores del cristianismo.

Ante la presencia del nuncio apostólico, Guiseppe Bertello, y del nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Acapulco, Juan Navarro Castellanos, el encargado del mensaje oficial de la Iglesia en la ceremonia calificó a los videos donde perredistas destacados reciben dinero del empresario Carlos Ahumada de “lamentable espectáculo” protagonizado por personas y sectores “muy connotados” en la vida política nacional y advirtió que esos signos de corrupción han provocado descomposición en la sociedad entera.

Llamó en consecuencia a los sacerdotes a profundizar en el evangelio, pues recordó que “la vida política como todas las actividades humanas deben ser constantemente confrontadas con los valores del evangelio y esta es una tarea que compete, especialmente, a los pastores de la Iglesia”.

Advirtió que de no hacerlo por temor a la crítica, a las malas interpretaciones o a la momentánea impopularidad, sería una grave omisión que reportaría serias consecuencias para la iglesia que peregrina en México y por lo tanto tienen que evangelizar.

Recordó que el episcopado hizo consideraciones ante los vergonzosos hechos de corrupción acontecidos en el país, cuando                     manifestó que era urgente reaccionar ante todo acto de injusticia que denote el abuso de una función social y el mal uso de los recursos públicos.

Pidió a los obispos tomar más en serio la tarea de ser agentes de reconciliación, para ayudar a caminar a la humanidad entera a una íntima comunión con Dios y una más efectiva comunión de los hombres entre sí.

También el nuncio apostólico, Guiseppe Bertello, hizo un llamado para dejar atrás la violencia y buscar el diálogo. Agregó que no es por medio de la violencia que se llega a la paz y la concordia, sino al contrario, genera más violencia.

Al término de la ceremonia de ordenación del nuevo obispo auxiliar manifestó, lo anterior cuando se le preguntó su opinión sobre el asesinato del fundador y líder espiritual de la organización radical islámica Hamas, jeque Ahmed Yassin por el Ejército de Israel con misiles.

Sobre los video escándalos no quiso hablar mucho y sólo comentó que los obispos deben dar valores a la sociedad que se está encaminando al individualismo y el consumismo.

El nuncio apostólico fue muy breve –aunque con muy buen humor– en la respuesta a los reporteros que acudieron a cubrir la ceremonia de ordenación episcopal de Juan Navarro Castellanos como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Acapulco.

Guiseppe Bertello tampoco quiso opinar sobre la película la Pasión de Cristo dirigida por el australiano Mel Gibson, pues dijo que no la ha visto, pero, que además cuando tiene un tiempo libre lo ocupa para leer un buen libro, más que ver películas.

A la ceremonia de ordenación episcopal acudieron alrededor de 2 mil personas entre obispos, religiosas, sacerdotes de todas las parroquias, y fieles católicos.

En una emotivo acto en la explanada de la iglesia de Cristo Rey, que duró alrededor de tres horas, el arzobispo de Acapulco, Felipe Aguirre Franco, entregó a Navarro Castellanos el libro de los evangelios, el anillo, la mitra y el báculo que lo consagran como obispo auxiliar de la Arquidiócesis que tiene alrededor de 2 millones 600 mil fieles en Acapulco, Costa Chica y Costa Grande.

El acontecimiento católico inició después de las cinco de la tarde con la cancelación de los estampillas de la conmemoración de los 25 años de la visita de su santidad Juan Pablo II a México. Posteriormente se develó una placa y una estatua de arena del Papa.

Alrededor de las 6 de la tarde se dio paso a la procesión a la explanada de la iglesia para comenzar con el nombramiento, suceso que no se daba desde hace 30 años, cuando fue nombrado arzobispo Rafael Bello Ruiz. Ahí la comunidad católica fue testigo de una ceremonia de ordenación episcopal de la iglesia católica, donde sus representantes vistieron sus atuendos de gala y dieron la bienvenida al nuevo obispo auxiliar a la jerarquía de la iglesia.

En la ceremonia de ordenación estuvieron además del arzobispo Aguirre Franco y el representante de Juan Pablo II en México, Guiseppe Bertello, el arzobispo emérito, Rafael Bello Ruiz; el obispo de San Juan de Los Lagos, Jalisco, Javier Navarro Rodríguez; el obispo de Lázaro Cárdenas, Salvador Flores Huerta.

También el obispo de Tlapa, Alejo Zavala Castro; el obispo de Nezahualcóyotl, Carlos Garfías Merlón; el obispo auxiliar de Guadalajara, José María de la Torre Martínez; el obispo de Cuernavaca, Florencio Olvera Ochoa; el obispo de Huatla, Hermenegildo García Sánchez; el obispo auxiliar de México, Felipe Tejeda.

Entre los asistentes se vió al sindico, Fernando Donoso Pérez; a la secretaria de Turismo, Guadalupe Gómez Maganda; el subsecretario de Asuntos Religiosos del gobierno del estado, Javier Bataz Benítez y al                     ex candidato priísta a diputado por el distrito 10, Jorge Ochoa