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Seguirá su lucha y esperan que el próximo gobierno resuelva el caso, dicen padres de los 43 en Iguala

 

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 45 meses en Iguala colocaron ayer ofrendas florales en las estelas colocadas en memoria de los estudiantes asesinados Julio César Mondragón (foto), Daniel Solís y Julio César Ramírez Nava Foto: Alejandro Guerrero

Al cumplirse 45 meses de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres advirtieron que no dejarán la lucha para exigir justicia y la presentación de sus hijos, recriminaron el incumplimiento del gobierno federal para resolver el caso y confiaron que el próximo “quede quien quede”, pueda resolver el caso, investigar a los militares, a los policías federales y la telefonía celular de los estudiantes.
En esta ocasión las actividades para conmemorar los 45 meses de los hechos ocurridos en esta ciudad fueron breves y no hubo marcha como en otros meses.
La primera actividad inició minutos después de las 4 de la tarde en la estela colocada en memoria del normalista Julio César Mondragón Fontes, quien fue hallado torturado y desollado del rostro en la zona industrial, al norte de Iguala.
Llegó una comisión de aproximadamente 15 madres y padres que portaban los carteles con las fotografías de sus hijos desaparecidos, unos 80 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos que llegaron en tres autobuses y activistas del Bloque Democrático de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala.
La señora María de Jesús Tlatempa, mamá del normalistas desaparecido José Eduardo Bartolo Tlatempa, reclamó que este año sus hijos estarían terminando su carrera para ser maestros, “les quitaron las ilusiones de seguir con sus estudios, les truncaron sus sueños y el gobierno no se conformó con desaparecerlos, los difamó diciendo que había sido un enfrentamiento con Guerreros Unidos y que había infiltrados de Los Rojos, es mentira, el gobierno desde un inicio mintió”.
Advirtió que no van a descansar y seguirán en pie de lucha más firmes que nunca, seguirán exigiendo justicia, castigo para los culpables y la presentación con vida de sus hijos al próximo gobierno “quede quien quede”.
“Si este gobierno se va sin resolver este problema pues se va como un traidor a la patria, entregando el pueblo a países extranjeros. Por eso decimos que si van a ir a votar hagan conciencia, no se vendan por una despensa, no vendan su voto por 500 o mil pesos, por una cubeta o una gestión porque eres madre soltera, te van a dar 500 pesos, basta de tanta corrupción”, expuso.
Señaló que a los integrantes del gobierno federal actual sólo les importa el dinero, el poder y las armas, “pero ya se va, va de salida, esperemos que el que entre ese sí pueda resolver el problema, investigar a los militares, a los policías federales de los que hay nombres e investigar, los teléfonos celulares de los estudiantes que siguieron siendo ocupados después de su desaparición”.
“Lo que queremos es a nuestros hijos de regreso, porque todos los días los estamos esperando, nunca nos íbamos a imaginar que estaríamos aquí a 45 meses, por eso no hay perdón ni olvido”, agregó.
De este primer mitin los padres, estudiantes y organizaciones que los acompañaban se trasladaron al segundo lugar a bordo de los autobuses y vehículos particulares.
En el segundo mitin junto a la estela en memoria de los normalistas Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo, una madre que soltó en llanto agradeció el acompañamiento de las organizaciones, mencionó que este ciclo escolar sus hijos estarían egresando y advirtió que “esto no se acaba hasta saber de nuestros hijos”.
En declaraciones al término del segundo mitin el vocero de los padres, Felipe de la Cruz dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) se declaró incompetente para nombrar la Comisión de la Verdad, por lo que este proceso está detenido hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dé solución al recurso que interpuso el gobierno federal ante la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Tamaulipas.
Reiteró que esta resolución es algo que les da seguridad de que pueden llegar a la verdad y se puede hacer justicia, en el sentido de que la comisión que se forme va a participar de manera directa con los abogados que los han acompañado como víctimas, y las instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Dijo que para ellos está claro que en el gobierno de Enrique Peña Nieto ya no habrá ningún avance en este caso, que hay resistencia del ejecutivo, la PGR y complicidad de los fiscales de los estados que señalan que la resolución del Primer Tribunal Colegiado es anticonstitucional.

 

Demanda el centro Morelos una fiscalía independiente para casos como Ayotzinapa

El Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) dijo que se necesita una fiscalía independiente que sirva para resolver casos como el de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ayer se cumplieron 45 meses de la desaparición forzada de los normalistas, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado el Centro Morelos expuso que a casi cuatro años de la desaparición de los normalistas el caso sigue impune.
Resalta que hace falta una fiscalía independiente para que no se vuelvan a dar casos de tortura y detenciones arbitrarias, como durante la investigación del caso de los 43 por la Procuraduría General de la Republica (PGR), que ha carecido de inmediatez, eficacia, independencia e imparcialidad en sus actuaciones.
Agrega que la versión del gobierno de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, sigue siendo desmentida no sólo por equipos interdisciplinarios independientes u organizaciones internacionales de derechos humanos, sino que ahora el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ha ordenado la reposición de todo el proceso de investigación, porque no se ha dado un seguimiento a las líneas de investigación que involucran la participación del Ejército y la Policía Federal, además de la tortura atribuida a la Marina.
“La creación de la Comisión Especial de Investigación para la Justicia y la Verdad que tiene que estar dirigida por las familias de las víctimas, acompañados por el Ministerio Público propuesta por el Tribunal, evidencia una vez más que el Estado de Derecho está ausente y son las familias las que tienen que hacer el trabajo que corresponde a las autoridades, y especializarse para vigilar que los profesionales del MP realicen bien su trabajo”, agrega.
El Centro Morelos lamenta que está por concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto y el país está sumido en una crisis humanitaria que han permitido las altas esferas gubernamentales y militares, provocando el sufrimiento de las familias de los normalistas y de los miles de desaparecidos que mantienen la fe en el esclarecimiento de este caso.
Agrega que aclarándose el caso de los normalistas dará esperanza al resto de familiares de desaparecidos de que sus casos que han permanecido olvidados puedan ser investigados, logrando conseguir la verdad y la justicia que por años han buscado.
El Centro Morelos indicó que como acompañante a familias de desaparecidos de diferentes colectivos del estado, manifiesta su “fraterna solidaridad” a los padres y madres de los 43 normalistas, y se une a la exigencia para que con la Comisión Especial de Investigación para la Justicia y la Verdad por fin se dé con el paradero de los estudiantes, “que este año verían coronada su aspiración, graduándose como profesores”.

Protestan padres de los 43 en la SCJN; exigen se acate el fallo para la comisión de la verdad

Los padres y madres de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, marcharon del Ángel de la Independencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a un costado del Zócalo, en donde exigieron que el gobierno federal acate la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Tamaulipas, que ordenó una nueva investigación del caso y la creación de una Comisión de la Verdad.
Frente a la Corte pidieron a los ministros que “no les den la espalda”, pues debido a impugnaciones presentadas por autoridades federales contra la sentencia del colegiado que señaló irregularidades en las investigaciones, el caso podría ser analizado por el máximo tribunal.
Como parte de la 45 Acción Global por Ayotzinapa y México a 45 meses de los ataques en Iguala que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas, de nueva cuenta los padres y madres exigieron la presentación con vida de sus hijos.
En la Suprema Corte exhortaron a las autoridades a ejecutar la decisión del Tribunal Colegiado de crear una comisión de la verdad en la que participarían la Procuraduría General de la República (PGR) y los familiares, asesorados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Unos 200 manifestantes desfilaron sobre Paseo de la Reforma este martes que se conmemoró el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, y los familiares recordaron que sus hijos fueron desaparecidos en circunstancia que aún no han sido aclaradas.
La intensa lluvia no impidió que padres, madres y acompañantes celebraran un mitin frente a la Suprema Corte, en donde solicitaron que se abra una investigación exhaustiva contra soldados del Ejército del 27 Batallón de Infantería, el análisis de la localización y contenido de los teléfonos celulares de los estudiantes y que en esa averiguación se tome en cuenta el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión.
Las madres y padres dijeron que confiaban en que los ministros no se dejarán “presionar ante las pretensiones de un gobierno corrupto” que “ha mentido por tres años y nueve meses”.
A unos días de las elecciones del próximo domingo, los familiares de los normalistas desaparecidos –que se graduarían como profesores en estos días– presentaron un pronunciamiento en el que se demanda a la próxima administración “impulsar y cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas, para impulsar la Comisión de la Verdad y reponer las indagatorias por el caso a fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes”.
Destacaron la decisión de los tres magistrados de Tamaulipas, pues “se atrevieron a señalar las deficiencias e irregularidades de la investigación de la PGR. Los magistrados tuvieron el valor de señalar esos errores y ordenarle resarcir esa falta de justicia”.
“Tanto el gobierno federal como los miembros del Congreso interpusieron recursos contra el fallo. Pero la Corte analizará y debe mantener su imparcialidad e independencia y reconocer la legalidad de este fallo”, exponen.
Las madres dijeron que la CNDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentaron “en diversos informes y estudios las irregularidades en las indagatorias de la PGR”, y que “varios de los detenidos fueron torturados para construir la falsa versión llamada verdad histórica”. (Guillermo Rivera / Ciudad de México / El Sur).

 

Conmemoran maestros, normalistas, activistas y organizaciones los 45 meses de los ataques en Iguala

Integrantes de la CETEG, de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la marcha en Chilpancingo para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos, a 45 meses de los ataques en Iguala Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Luego de 45 meses de los ataques a estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, maestros, normalistas, activistas y defensores de derechos humanos marcharon en la capital e hicieron un mitin en el antimonumento a los 43 jóvenes desaparecidos, para exigir su presentación con vida y el esclarecimiento de los hechos.
En las acciones participaron integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero y normalistas de Ayotzinapa, quienes se reunieron en la alameda Granados Maldonado, para marchar hasta el antimonumento a los 43, ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas.
“Porque el color de la sangre no se olvida, los masacrados serán vengados”, “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “Ayotzi vive, la lucha sigue” y “no somos todos, nos faltan 43”, fueron algunas de las consignas que los manifestantes corearon al unísono durante el recorrido. Al llegar al antimonumento, un agente de Gobernación que tomó fotos de la protesta fue ubicado por los inconformes, quienes exigieron a las autoridades que cese el hostigamiento en su contra.
El director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, expresó que durante 45 meses la lucha es por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los más de 36 mil desaparecidos en el país, que llevan más de 5 años sin volver a sus hogares, por ello “las luchas deben hermanarse” y lamentó que en la protesta hubo pocos participantes.
Señaló que la mayoría de las personas están concentradas en el proceso electoral y tienen la esperanza de que con un nuevo gobierno cambiará la situación en el país, pero “la lucha de las madres, padres y los hijos de los desaparecidos va más allá de las urnas electorales”. Dijo que cuando terminen las elecciones “volverán a la realidad, se darán cuenta de que las urnas no dan libertad ni igualdad social, nunca nos van a hacer iguales unos con unos”, la burguesía será la que mandará, mientras el pueblo no se decida a movilizarse.
Declaró que en la lucha “están los que realmente sienten el compromiso con las mamás, con los papás, con todos los que han sufrido los estragos de la delincuencia organizada, del narcotráfico, de la corrupción y la impunidad que han sembrado los gobernantes”.
Consideró que “es realmente indignante” que los procuradores y fiscales del país estén en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la reposición de la investigación y la creación de una Comisión para la Verdad y la Justicia, porque los detenidos fueron torturados para declarar “lo que al gobierno le convenía”. Aseguró que “con esto” se acaban los intentos del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de cerrar el caso.
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, dijo que “la tarea fundamental es la unidad”, pues a pesar de la actual efervescencia política, “gane quien gane habrá necesidades, habrá pobrezas, habrá perseguidos, habrá encarcelamientos y habrá asesinatos”, por ello es necesario que todos los sectores actúen de manera conjunta.
Recordó que ya viene la conmemoración de las matanzas de El Charco y Aguas Blancas, y en ese sentido reconoció la labor del Centro Morelos y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; así como “los compañeros que a nivel internacional han evidenciado al Estado” pues la exigencia de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “es legítima”, pues el Ejército y el Estado están involucrados en los hechos.
Por su parte, un representante de la Normal Rural de Ayotzinapa expresó que “no es posible” que el sexenio de Peña Nieto esté por terminar, sin que haya resuelto el caso de la desaparición “de nuestros 43 hermanos”. Coincidió en que es necesaria la unidad de las organizaciones sociales y que es lamentable que la sociedad esté enfocada en el proceso electoral y se olvide de lo que está pasando en México, donde “ya sólo falta que nos privaticen el derecho a la vida”. Al concluir el mitin, los manifestantes entonaron el himno Venceremos.

 

El fallo que ordena una comisión de la verdad por Ayotzinapa es problemático constitucionalmente, dice investigador del CIDE

 

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó un recurso en el que alega que existe “imposibilidad real, jurídica y material” para dar cumplimiento al amparo que ordena crear una comisión de la verdad y desconoce la investigación oficial del caso Ayotzinapa. También, procuradores y fiscales del país se pronunciaron contra la decisión y aseguraron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Tamaulipas, se “excedió” en sus atribuciones.
Así reaccionaron luego de que ese tribunal ordenó una nueva indagatoria por la desaparición forzada, el 26 de septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, así como la creación de una Comisión de la Verdad y Justicia que sería integrada por el Ministerio Público y los familiares, asistidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Pero no son las única voces que, a favor y en contra, se han escuchado.
Es una “resolución de claroscuros”, explica a El Sur Javier Martín Reyes, investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). “Hay partes muy rescatables. Una cosa que queda clara cuando uno revisa la argumentación de estos tres magistrados, es que el caso refleja el día a día de nuestro sistema de procuración de justicia. El elemento grave que queda registrado, según estos magistrados, es que hay muy fuertes indicios de tortura en contra de los imputados. Visibilizar y poner con sus letras es un logro importante”.
Un segundo elemento a destacar, indica, es el papel que esta decisión les da a las víctimas dentro del proceso, “más allá de la técnica profesional que utilizan los magistrados”. Es de lo más rescatable, menciona el politólogo.
Por otro lado, “la sentencia tiene defectos técnicos. El primero es que da la impresión de que el colegiado no se atreve a dar un paso: este es un amparo que originalmente presentan las personas a las cuales se les está investigando por el caso (miembros de la organización criminal Guerreros Unidos), para la enorme cantidad de violaciones que acreditan, quizá el efecto más consistente hubiera sido ordenar soltar a esas personas que presentaron el amparo, en las cuales, según el colegiado, hay altísimos indicios de tortura”.
El investigador cuestionó la orden del tribunal de crear una comisión de la verdad: “Ese modelo que crea es discutible, porque dice que ahora la investigación del caso seguirá las líneas de investigación que determinen las víctimas, en colaboración con la CNDH. Ese modelo va en contra del diseño constitucional, pues lo que dice la Constitución es que la investigación de los delitos se hace bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Según el colegiado, la solución es que la averiguación recaiga en los familiares o las víctimas, porque hay una falta de autonomía del ministerio. Eso, en términos constitucionales, es problemático. Por eso la resolución genera controversia”.
La PGR, añade, está extrañada con ese criterio “porque le están quitando una facultad constitucional. Dijo el colegiado que la creación de estas comisiones ha sido llevada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ese tribunal (de Tamaulipas) no tiene el mismo tipo de atribuciones que la Corte. No cuenta con los elementos, testimonios e información suficiente para ordenar ese tipo de cosas”.

“Lo tiene que echar abajo la Corte”, dice Alto al Secuestro

La organización Alto al Secuestro –presidida por Isabel Miranda de Wallace– anunció que interpondría un amparo en contra de la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. En entrevista con El Sur su asesor jurídico, Samuel González dijo que ese fallo “lo tiene que echar abajo la Suprema Corte si se presentan controversias inconstitucionales. Nuestro amparo es de interés legítimo. En México hay una interrelación criminal entre algunas policías y los criminales. En Iguala hay un acto de privación de la libertad, igual que en los casos de Fernando Martí y Hugo Alberto Wallace”.
“La Ley de Secuestro dice que este es la privación de la libertad con el fin de causar daño. Lo que está acreditado en la averiguación previa del caso de Iguala es que los estudiantes fueron privados de la libertad con el fin de causarles daño. Es un secuestro, no una desaparición forzada. Por eso se compara con los casos de Martí y Wallace”, argumentó.
El abogado no contextualizó más el caso Ayotzinapa y agregó que, “no aceptamos que se forme una comisión de esa naturaleza porque viola la Constitución. No sólo son las víctimas de los 43. Las otras víctimas de los hechos de Iguala no han sido llamadas a juicio. Esa sentencia tiene efectos de ley, porque crea un órgano de Estado al cual le da competencias. Dice quién va a participar, cómo. A nosotros para perjuicio, porque rompe con la estructura de la investigación del sistema jurídico mexicano”.
Samuel González dio su visto bueno a la primera parte de la resolución del tribunal colegiado: “dice que deben de reiniciarse los procesos, la investigación. Pero la segunda parte no es correcta, porque los jueces de Tamaulipas crean un órgano de Estado que no solamente se va a aplicar a quienes están en su resolución, sino a otros. En la sentencia hay una sustitución de autoridades. A la CNDH la pone a hacer algo que constitucionalmente está incapacitada de hacer, que es realizar investigaciones criminales”.
–El objetivo es que participe con los padres de los normalistas desaparecidos, ¿no?
–No lo puede hacer, no tiene competencias constitucionales, su función es dar recomendaciones. La competencia del MP es investigar los delitos, la víctima puede coadyuvar, pedir que se practiquen pruebas, etcétera, pero no puede sustituir. Imagínate qué peligroso que le den a cualquier víctima la capacidad de manejar al Ministerio Público.
La resolución dice que el ministerio tiene que obedecer todos los actos que le pidan las víctimas y que las comisiones serán formadas por tres partes: el ministerio, las víctimas y CNDH. La PGR sólo acataría, según esta decisión, lo que digan los dos últimos.
–¿Por qué hay interés de Alto al Secuestro de ampararse, intervenir en este caso?
–No es intervenir, queremos que se aplique la Constitución.
–Esta resolución puede sentar un precedente, cuatro años después de falta de respuesta.
El abogado evadió este comentario y contestó otra cosa: “Esos que dicen que la resolución es definitiva e inatacable, mienten. Hay muchas maneras de atacarla”.
–¿Por qué atacarla? Es una resolución que se refiere a un tema específico.
–El problema es que esa no era la atribución que tenían los jueces. Se extralimitaron en sus funciones. Nosotros vamos a crear el amparo. Veremos si la Suprema Corte lo atrae, porque será la que decida el final si es viable.

Paradigma jurídico

Consultado por separado Javier Martín Reyes del CIDE, afirma lo contrario: “esta sí es una sentencia definitiva”.
“Ni el tribunal superior puede revisar esa determinación, pues no puede corregir las decisiones de todos los tribunales colegiados. Su trabajo no es examinar cada sentencia. En este caso no se admiten recursos en contra”, afirmó.
“Alto al Secuestro puede estar o no de acuerdo con esa resolución, pero es definitiva, y la PGR y la CNDH podrían pensar en una controversia constitucional, que tampoco procede ante sentencias dictadas por tribunales colegiados de circuito. Aunque –matiza el investigador– siempre hay interpretaciones, podría ser”.
Eso sí, reconoce, la orden del tribunal indique que los familiares señalen las líneas de investigación, asistidos por la CNDH, “es una resolución que nunca antes se había visto, por lo menos en un amparo en México”.
“La autoridad está obligada a acatar. Cuando tienes una resolución definitiva, así sea de un tribunal colegiado, toda autoridad está obligada. Es un fallo histórico, inédito. Jurídicamente es un paradigma que no se compadece de lo que dice la Constitución. Es lo más discutible”.
–El abogado de Alto al Secuestro dice que con esta resolución cada persona con un caso similar querrá controlar al Ministerio Público.
–No estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que es banalizar mucho lo que pasó en Ayotzinapa, que es un caso de violaciones gravísimas. Hay un conjunto de factores que hacen que sea particularmente relevante.

Es un caso icónico, la resolución muestra avances importantes, considera Amnistía Internacional

“Una persona puede considerar que una sentencia es inconstitucional, pero desde Amnistía Internacional consideramos que esa resolución muestra avances importantes”, dijo en entrevista Tania Reneaum Panszi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI).
La sentencia, prosigue, reitera “lo que desde 2016 había expuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando manifestó irregularidades importantes en la investigación. Esto implica que la PGR debe de hacer nuevas diligencias encaminadas a averiguar los hechos. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) dijo que muchas de las personas detenidas habían sido víctimas de tortura. Estamos ante esa corroboración”.
–¿Qué opina AI de la creación de una comisión de la verdad?
–Marca un precedente importantísimo para iniciar un cambio sustancial en la forma en que se investigan graves violaciones de derechos humanos en México. El caso Ayotzinapa es icónico. AI ha analizado que reúne gravísimas violaciones a derechos humanos en los propios hechos, detención e investigación. La sentencia del tribunal que se hizo pública el 4 de junio, también reconoce que en México no hay una fiscalía independiente. La investigación de los 43 ha sido defectuosa y no ha tomado líneas adecuadas.
–Según las críticas, una comisión de la verdad y la intervención de los familiares en la investigación violarían la Constitución.
–No entendemos por qué puede haber un argumento así, cuando una serie de investigaciones ya violentan principios constitucionales al debido proceso. Decir que se viola la Constitución por retrotraer efectos de una investigación irregular y exigir que haya una fiscalía independiente no es argumento fuerte. Pareciera que ese dicho es meramente apegado a un entendimiento específico, pero no a uno contextual, y creo que este caso lo tenemos que ver en ese contexto de instituciones totalmente debilitadas y deficiencias de la investigación. Desearía saber cuál es la parte constitucional que se violenta cuando se intenta restablecer un proceso judicial.
El caso de los 43, concluye Reneaum, “no tiene más privilegios, sino que reúne responsabilidad del Estado desde diferentes perspectivas, desde la desaparición hasta la investigación. Nos ha revelado la incapacidad del Estado para tener una averiguación clara, que nos lleve a la verdad. Las familias han sido víctimas o no han podido acceder al derecho a la verdad. Esto es súper relevante.
“Generalmente las comisiones de la verdad se empiezan a crear por un caso específico, que luego nos lleva a entender que las instituciones requieren profundas reformas y configuraciones”.

 

Las procuradurías reciben línea del Ejecutivo, responde Vidulfo del fallo del caso Ayotzinapa

“Es una visión equivocada” dijo el abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, sobre el pronunciamiento de procuradores y fiscales del país en contra del fallo del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordena una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia para resolver el caso.
El jueves procuradores y fiscales que participaron en la 39 asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Acapulco, consideraron que el tribunal se “excedió” en sus atribuciones y que “vulnera el principio de Supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del Ministerio Público”.
Ayer vía telefónica Rosales Sierra dijo que las procuradurías no son independientes y reciben “línea” del poder Ejecutivo, además de que sus fallas en cuanto a la falta de acceso a la justicia, los abusos y las investigaciones imparciales e ineficientes “dan cuenta de la ineficacia del Ministerio Público, de la ineficacia y de las irregularidades de las procuradurías en su conjunto, incluyendo a la PGR”.
Dijo que en el país “se tienen que poner controles” a los ministerios públicos “que se han convertido en jueces instructores” y que el fallo del tribunal colegiado “pone el dedo en la llaga”.
Aseguró que los magistrados de Tamaulipas de ningún modo trasgreden el orden constitucional, “es una resolución y un criterio que tiene una interpretación amplia de la Constitución y de los derechos humanos”.
Expuso que los procuradores y fiscales están inconformes con la creación de la Comisión de la Verdad, pues consideran que el tribunal sólo debió ordenar la ilegalidad de las pruebas obtenidas bajo tortura y la liberación de los implicado, pero los magistrados interpretaron de manera amplia la constitución y están facultados a hacerlo conforme a los derechos humanos, así como a la ley.
Explicó que el tribunal analizó las pruebas ilegales que pesan sobre los detenidos, la utilización de la tortura, lo excluye y ordena la reposición de proceso pero también no deja en estado de indefensión a las víctimas.
Además los magistrados consideraron el protocolo de Minnesota que ordena la creación de comisiones independientes cuando hay casos de graves violaciones a los derechos, estos son la tortura, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial, y en el caso de Ayotzinapa ocurrieron los tres.
Por ello el tribunal ordenó la creación de la comisión no de manera independiente pero sí dentro de un marco “totalmente legal, constitucional” y no lo deben olvidar los procuradores: estará integrada principalmente por el Ministerio Público, no se le desplaza sino que “se le van a poner contrapesos dado que se observa en el caso Ayotzinapa una investigación sesgada, parcial, poco independiente” pues se investigó una sola línea, que los normalistas fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula.
“Para que no vuelva a ocurrir” se le ponen contrapesos al Ministerio Público, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los representantes legales de las familias de los normalistas, precisó que el tribunal no va a coordinar el trabajo de la comisión, lo hará el MP “y eso también debe quedar claro”.
“Desde nuestro punto de vista no habría razón para que hoy en día el ejecutivo, la PGR, estén soslayando el cumplimiento de esta resolución, sin embargo lo que estamos viendo es una estrategia” del gobierno federal encabezado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y de la PGR “para omitir el cumplimiento de esta resolución”.
Informó que conoce que “en el plano formal”, la PGR recurrió a “incidentes” de incumplimiento del fallo y la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión a uno de aclaración, mientras que en el “plano mediático” se expresa que el fallo es inconstitucional, así como lo manifestaron los procuradores y fiscales en Acapulco.
Declaró que los siguientes días habrá “una cascada de opiniones conservadoras de carácter restrictivo de nuestro derecho constitucional, que van a tratar de socavar la resolución y sus efectos”, así como a la Presidencia de la República, a los diputados federales y la PGR, “queriendo avasallar a los padres”.
Lamentó la situación y añadió que habrá una disputa legal y mediática pues “a este gobierno no le bastó desaparecer a los estudiantes, no le bastó manipular las investigaciones, no le bastó cometer diversas irregularidades y tener en la impunidad a sus funcionarios, sino que ahora pretenden cuestionar la legalidad de un fallo judicial” e incumplirlo, “nos parece delicada la situación”.
Del planteamiento de la ONU-DH para que se deje en libertad a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, La Rana, detenido equivocadamente por el caso Ayotzinapa, expresó que ilustra las irregularidades en la investigación.

 

 

Urge crear la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, dicen ONG ante el error de la PGR

La reciente revelación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la detención ilegal de Erick Sandoval Rodríguez por la Procuraduría General de la República (PGR), y presentarlo erróneamente como partícipe de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, es un elemento más que confirma la urgencia de cumplir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para este caso, consideraron organizaciones que representan a los familiares de las 43 víctimas.
En un comunicado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación alertaron que la información dada a conocer por la CNDH en la víspera constituye “un nuevo y preocupante agravio contra las víctimas”, debido a que “viola el derecho a la verdad de las familias y de la sociedad en su conjunto”.
Para los defensores resulta “indignante que a estas alturas, pese a que subsiste la atención de la opinión pública sobre el caso e incluso un monitoreo estrecho por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PGR intente sorprender a las víctimas y a la sociedad”.
Los familiares de los 43 normalistas y las organizaciones que los representan exigieron “el acatamiento de la sentencia en sus términos”, al confirmarse las irregularidades halladas por el Tribunal Colegiado.
Las ONG puntualizaron que la revelación de la CNDH “es una prueba más de que asiste la razón al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito y que ha sido objeto de un amplio debate público”.
Igual recordaron que en la sentencia inapelable del tribunal se determinó que en la investigación del caso “se ha suscitado retraso, ineficiencia y falta de imparcialidad en las indagaciones respectivas”.
Entre los asuntos evidenciados por la CNDH, las organizaciones destacaron el control que mantiene la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) sobre la indagatoria del caso Ayotzinapa, a pesar de que de manera formal es responsabilidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
Los representantes reprobaron la participación de la SEIDO, “a pesar de las múltiples irregularidades que han sido documentadas por la propia CNDH, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
También resaltaron que de acuerdo con la CNDH, “el propio detenido presentó a agentes de la SEIDO elementos que acreditaban la equívoca detención, y advierten que ésta no fue formalizada, por el contrario, se informó al público en general que Erick N ‘tuvo una intervención decisiva en los hechos en contra de los estudiantes”.
Al recordar que “no es la primera ocasión en la que queda comprobada la ausencia de buena fe en las acciones del Ministerio Público en este caso”, las organizaciones que representan a las 43 familias de estudiantes desaparecidos subrayaron que “deben investigarse las irregularidades denunciada por la CNDH en su reciente documento y sancionarse a las autoridades responsables”, como instruyó el organismo a la PGR.

 

No notifican a los padres de los 43 el fallo que ordena una Comisión de la Verdad, dice Vidulfo

A 10 días de que el Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, ordenara la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los representantes legales de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos no han sido notificados oficialmente del fallo.
El 5 de junio los magistrados emitieron el fallo en el que especifican que la comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Dicha comisión debía formarse diez días después de que las partes involucradas fuesen notificadas.
Consultado vía telefónica sobre la formación de la comisión y el seguimiento jurídico del fallo, Rosales Sierra declaró que los representantes legales de los padres de familia de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos no han sido notificados de manera oficial.
“Seguimos teniendo reuniones para poder seguir estructurando esta comisión, sin embargo a la fecha (ayer) no hemos sido notificados todavía de tal manera que el plazo no ha empezado a correr para nosotros, tendrían que notificarnos pero no ha ocurrido”, explicó.
Dijo que desconoce si la PGR ya fue oficialmente notificada mientras que los padres y madres de familia con los abogados que los representan siguen con el análisis del fallo, así como de los posibles integrantes de la Comisión de la Verdad de quienes prefirió no entrar en detalles pues “sería muy incipiente, muy aventurado”.
Por último señaló que seguirán a la espera de que se les notifique de manera oficial así como a la respuesta de las autoridades para saber, “si van a cumplir o no van a cumplir” lo establecido en el fallo que faculta a la Comisión de la Verdad para tener acceso libre e inmediato “a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

No debe ser liberado ni un detenido hasta que se esclarezca el caso Ayotzinapa, dice Melitón Ortega

El vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega dijo que mientras no se resuelva el caso ninguno de los detenidos debería de ser liberado.
El juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Matamoros, David Calderón Blanc dictó la libertad bajo reservas de ley a Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi, Luis Alberto José Gaspar, El Tongo, y Martín Alejandro Macedo Barrera, El Becerro, presuntos integrantes de Guerreros Unidos, así como a Honorio Antúnez Osorio, El Patachín, ex policía municipal de Iguala, al concluir que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su contra.
Los cuatro fueron acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, El Tongo podrá salir en libertad y los otros tres seguirán en el penal de El Rincón en Nayarit, porque también están acusados de otros delitos.
Vía telefónica, informó que los padres y madres se enteraron de la liberación por los medios de comunicación pero no se han reunido para discutir el tema y emitir una postura, pero consideran que quienes están en prisión es porque tienen una responsabilidad que aclarar. “Tenemos esa convicción de que queremos verdad, justicia, que las cosas se esclarezcan, no es nuestra intención tener gente adentro de la prisión, pero mientras no haya esclarecimiento no puede estar alguien fuera sin haber aclarado la desaparición de los 43”, expresó, y reiteró que aún no hay una postura definitiva, pero se reunirán los próximos días para discutir el tema. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Pide la ONU-DH “redirigir de manera profunda” la investigación de Ayotzinapa

Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

Concuerda con el cuadro manifiesto de graves irregularidades al que hace referencia la sentencia del tribunal de Tamaulipas, dice el representante del organismo, Jan Jarab

Agencia Proceso

Ciudad de México

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).