Guillermo Rivera
El Sur / Ciudad de México
En la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es necesario que el Ejército colabore con la entrega de información requerida, que la cabeza de la Fiscalía General de la República (FGR) abra el diálogo con las familias y que, de manera oficial, se informe por qué se cancelaron órdenes de aprehensión –la mayoría contra militares– emitidas por la fiscalía especial del caso.
Estas son sólo una parte de las acciones que deberían realizarse a nivel federal para redireccionar el caso, en una etapa en que la confianza de las familias “está trastocada”, dice en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña y representa legalmente a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en Ciudad de México, además del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), en Guerrero.
Para Aguilar, lo más importante en este “momento convulso” es el impacto en las familias a partir de los hechos que comenzaron el 18 de agosto pasado, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a las familias, a las organizaciones representantes, al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y, horas después, a la sociedad.
Lo relevante de ese informe, considera, además del reconocimiento de que hubo participación de autoridades de distintos niveles del Estado mexicano, fue que mencionó “los obstáculos a los que se está enfrentando la investigación”.
El presidente de la Covaj y titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez se refirió concretamente a la FGR y al Ejército.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes pasado, que los avances en las investigaciones del caso se encuentran “en riesgo” por “las intromisiones” de agentes externos en el trabajo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).
Obstáculos de las Autoridades
Cuando Encinas presentó su informe, continúa Aguilar, se mencionó que la “verdad histórica” es resultado de la injerencia política “del más alto nivel del Estado” con la que se había intentado cerrar el caso.
“Una parte novedosa se enfocaba en qué había sucedido después de la detención de los estudiantes, a partir de capturas de pantalla de distintas conversaciones”, agregó.
“Lo primero que dijeron los familiares tras ver el informe de la Covaj es que lo tenía que revisar el GIEI”. Es importante para ellos, argumenta, “tener a una tercera parte independiente, que pueda ser fiel de la balanza, con una base técnica-profesional”.
Ese informe de la Covaj, enfatiza, no formó parte de la investigación penal y coincidió con la detención del exprocurador general Jesús Murillo Karam y la presentación de órdenes de aprehensión en contra de 83 personas.
“Poco después 21 de esas órdenes, de forma inusual, se cancelaron, y 16 de ellas eran contra elementos del Ejército. Hasta el día de hoy no se ha dado una explicación formal de la base legal de esa cancelación. Eso llevó a renunciar al fiscal del caso (Omar Gómez Trejo), pues fue una decisión no consultada con él. Además se desplazó a su equipo en la fiscalía especial” del caso, resume Aguilar como parte de las irregularidades del caso.
El siguiente paso, agrega la integrante del Centro Prodh, fue el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, que “no tiene experiencia en casos de violaciones a derechos humanos cercano al secretario de Gobernación, pero que no conoce el caso. Eso fue duro para las familias, porque en un proceso de construcción como el que se había dado en los últimos años, con mucho diálogo, es un mensaje de que se estaban cerrando los espacios”.
“Las familias no se
equivocaron”
Del más reciente informe del GIEI presentado el 31 de octubre pasado en Ayotzinapa, Guerrero, Aguilar comenta algunos puntos nodales:
Uno es que a los expertos internacionales les fue imposible verificar el origen de las capturas de pantalla que presentó la Covaj y, por lo mismo, no pueden ser utilizadas en una investigación penal.
“Fueron claros al decir que las cancelaciones de 21 órdenes de aprehensión eran graves y que tenía que darse una explicación oficial de por qué. Además, el GIEI valoró que lo sucedido en estos meses fue grave y eso había trastocado la confianza construida en estos años. Por lo mismo, decidieron que dos de ellos ya no iban a continuar en el grupo”.
Los otros dos integrantes se quedaron en el grupo a intentar generar un mecanismo de seguimiento “para garantizar esa asistencia técnica que se ha tratado de buscar todo este tiempo por medio de la CIDH, (pero) mencionaron que habría condiciones mínimas para ese seguimiento”.
Asimismo, los integrantes del GIEI resaltaron que el Ejército sigue obstaculizando las investigaciones, dice Aguilar y recuerda que solicitaron reconducir la investigación porque hay pruebas no sólidas, así como garantizar acciones penales en contra de distintas personas.
“Confianza trastocada”
Esta información, analiza Aguilar, fue muy dolorosa para las familias. “Se tiene que decir: se les presentó una versión de los hechos no verificada. Eso trastoca la confianza y genera un dolor completamente innecesario”.
Por otro lado, es tema central, dice, que este tipo de anuncios se habían hecho de manera conjunta entre Covaj, la fiscalía y el GIEI. “A eso se refiere el GIEI cuando anuncia algunas salidas. No se les tuvo la confianza para generar esos espacios de verificación”, explica.
El GIEI obtuvo la información a fines de septiembre y su peritaje estuvo listo para fines de octubre. “Es decir, esa información en un mes se pudo haber verificado con peritajes técnicos. El hecho de que esto no haya sucedido, sí trastocó la relación de diálogo que se había tenido entre las familias, el GIEI, la Covaj y la propia fiscalía (…) Es preocupante, trastoca cualquier tipo de confianza construida”.
–¿Cuál es el panorama actual?
–Nos encontramos en un momento crucial en que el Estado tiene que decidir si va a reconstruir, o si se va a estancar en una sola versión como lo hizo la administración pasada.
El opaco papel
de los militares
La reconducción de la investigación pasaría por tres situaciones, reitera Aguilar: uno, que el Ejército colabore en entregar información; dos, que la FGR dialogue con las familias o con el propio GIEI, “que señaló que el fiscal general no los ha recibido”; y tres, “que se dé información oficial de por qué se solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión que un juez había decidido”.
Añade que está pendiente la extradición de quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. “Hay todavía una serie de acciones que tienen que ser priorizadas y son esenciales para que las familias reconozcan que hay intención de reconducir la investigación, y que los dos expertos del GIEI que se quedaron puedan tener elementos para continuar”.
–¿Cuál es la lectura respecto al papel del Ejército?
–En su rol de siempre de ser una institución opaca, que no le gusta colaborar con las instituciones civiles. No le gusta ser identificada como una institución que podría haber tenido involucramiento en estos casos. Ha provocado mucho daño a la investigación que no haya querido dar información por tantos años.
“Es importante reconocer que la información que se obtuvo por parte del Ejército vino, sí, del impulso que dio Encinas de poder abrir esos archivos. Que el GIEI entrara fue parte del trabajo de la Covaj. Pero está documentado por el GIEI que esta información no ha sido suficiente, que fue entregada a cuentagotas y sólo después de mucha insistencia. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó entregar la información”.
El GIEI tuvo acceso a documentos hasta 2021, enfatiza Aguilar. “Durante todo ese tiempo, (la Secretaría de la Defensa Nacional) entregó información desviada sobre que había un estudiante que pertenecía a las fuerzas armadas y que estaba en tareas de inteligencia en la normal de Ayotzinapa.
“De lo más importante que se ha logrado, es acceder a información de la investigación de la Administración de Control de Drogas? (DEA) en contra de Guerreros Unidos, en Chicago. Pudieron acceder a una serie de, esos sí, mensajes verificados, con extracción legal, con control judicial. Quedó claro que había una colusión entre el batallón 27 y 41 con Guerreros Unidos. Es la base de la acusación hoy en contra de elementos militares, hoy detenidos, por delincuencia organizada.
“La opacidad del Ejército, no querer ser investigado, sólo genera más dudas en un contexto donde se está profundizando su papel en tareas de seguridad, con un discurso de que las fuerza armadas son incorruptibles, que ayudarán a que la situación de seguridad mejore en México, cuando la información señala que existen pruebas de que están coludidos con la delincuencia organizada”.
El papel de la FGR
En el contexto de impunidad “tan grave” que hay en México, “preocupa que no haya una fiscalía general autónoma, independiente. Tenemos a un fiscal –Alejandro Gertz Manero– más involucrado en procesos de conflicto de interés, que en temas prioritarios que se viven en México en materia de seguridad e impunidad”, advierte Aguilar.
“Vemos que el tema de desaparecidos no es prioridad para la FGR”, lamenta. “Por una petición desde un alto nivel, se cancelan 21 órdenes de aprehensión. Por un lado, se está protegiendo al Ejército, porque buena parte, 16, iban en su contra. Eso es un obstáculo. Nadie ha informado a las familias por qué se tomó esa decisión, que dio cuenta de que el fiscal especial fue desplazado. De una forma coherente, renunció al cargo”.
–¿Cuál es la situación de las familias?
–El foco tiene que estar en que las familias de personas desaparecidas viven continuamente la incertidumbre, el dolor, por no conocer el paradero de sus seres queridos. Eso ha sido equiparado a una tortura permanente. Son ocho años de lucha. Es muy desgastante. Tiene implicaciones en su salud, en su economía.
–¿Qué podemos esperar?
–Ayotzinapa no es más o menos importante que otros casos de personas desaparecidas, sino que es un caso que ha podido documentar a todo lo que se enfrentan las familias de personas desaparecidas. Si en este caso en particular las autoridades no colaboran, no buscan generar el acceso a la justicia, lo que todos vemos es que eso se podría replicar en otros casos. Por eso es importante que se hagan las cosas de manera correcta, con una apertura de supervisión internacional.
“Eso es parte de lo que tiene que pasar, sí o sí. Los expertos del GIEI que se quedaron en México dijeron que deben tener condiciones para poder trabajar. Las familias tienen claro que es ahí donde hay garantías de una investigación objetiva, independiente, eficiente. Se requiere un diálogo directo y honesto con ellas, el conocimiento claro de la situación del caso y que no habrá más obstáculos de las instituciones”.
