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Llama la ONU-DH a Peña a “redirigir de manera profunda la investigación” del caso Ayotzinapa

El representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a cumplir la sentencia del Tribunal Colegiado sobre el caso Ayotzinapa, y atender el informe del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para “redirigir de manera profunda la investigación”.
A una semana de conocerse la sentencia del Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, y el Informe Balance del Mecanismo de Seguimiento, el representante de la ONU-DH reconoció que son documentos “de la mayor relevancia, por lo que el Estado debe observar puntualmente sus contenidos”.
Para Jarab la “inédita y garantista sentencia del tribunal colegiado” hace eco de las preocupaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo de Seguimiento, así como de algunos organismos internacionales de derechos humanos, incluida la ONU-DH y organizaciones independientes como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
“La ONU-DH concuerda con el ‘cuadro manifiesto de graves irregularidades’ al que hace referencia de forma detallada la sentencia, mismo que se acreditó aplicando los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
El representante valoró que tanto el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH como el tribunal colegiado hayan incluido en sus escritos el Informe Doble Injusticia, elaborado por su oficina, particularmente para documentar “lo relativo a la tortura, las violaciones al debido proceso y las irregularidades en la diligencia del río San Juan”, por lo que reiteró el llamado al Estado mexicano a atender el informe.
Jarab destacó que alerta sobre el hecho de que la investigación “siga fragmentada y que los detenidos en el más emblemático caso de desaparición forzada en México no estén siendo procesados por desaparición forzada, sino por secuestro o crimen organizado”.
La ONU-DH coincide con el organismo regional en que “persisten serios desafíos y obstáculos que tienen que superarse con el fin de alcanzar verdad, justicia y reparación”.
Agregó que ambos documentos “deben alentar decididamente al Estado mexicano a enderezar la investigación sobre el caso Ayotzinapa, así como a materializar las reformas estructurales que el país debe adoptar de manera impostergable para revertir los grandes rezagos que enfrenta en el ámbito de acceso a la justicia y combate a la impunidad”, sobre todo en materia de “autonomía y la profesionalización de la procuración de justicia y los servicios forenses y periciales”.
Jarab insistió en que el seguimiento de ambos documentos debe hacerse “potenciando el papel de las víctimas, reconociendo el destacado papel de quienes las asesoran, garantizando el marco constitucional e internacional vigente y asumiendo plenamente la responsabilidad indelegable e intransferible del Estado en el esclarecimiento de los hechos”.
Tras recordar que un día como hoy pero de 2011 entró en vigor la reforma constitucional en materia de derechos humanos, la ONU-DH hizo un reconocimiento a la “tenacidad de las familias de las víctimas de los hechos de Iguala, así como a las organizaciones de la sociedad civil que las acompañan en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición y el esclarecimiento de la suerte y paradero de los estudiantes desaparecidos”.

 

La PGR buscará “aclarar” la sentencia del caso Ayotzinapa, dice Navarrete Prida

El gobierno federal buscará la manera de aclarar la sentencia emitida por un tribunal federal sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, indicó el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
El funcionario fue cuestionado sobre la posibilidad de impugnar el fallo que emitió el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas.
“Existen mecanismos jurídicos para, sobre todo, clarificarla (la sentencia)”, respondió.
“A qué se refieren los magistrados con una resolución que, cuyo contenido, no existe esas figuras en el orden constitucional mexicano y generan muchas dificultades”, agregó en referencia a la Comisión de la Verdad que los jueces ordenaron instalar.
Según la sentencia esta Comisión de la Verdad estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, pero sólo los primeros podrían indicar las líneas de investigación a seguir y tendrían autorización para ingresar a zonas militares para buscar a los desaparecidos.
“No existe en nuestro sistema jurídico una figura de Comisión de la Verdad, para eso existen poderes judiciales y poderes judiciales sólidos y fuertes”, dijo Navarrete Prida.
“En este marco se tendrá que dar respuesta y satisfacción con un solo y único interés, es encontrar la verdad y hacer justicia”.
El funcionario evitó responder si el tribunal se extralimitó y sólo dijo que respetaba la sentencia.
“Corresponde en el marco de la ley a las instituciones encargadas de hacerla valer (la PGR), responder ante cualquier circunstancia que se da donde son parte procesal”, agregó. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Es “de locos” la sentencia por el caso Ayotzinapa, dice Miranda de Wallace y anuncia amparos

La activista Isabel Miranda de Wallace calificó como “de locos” la resolución de un tribunal que concluye que la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial, y ordena crear una Comisión de la Verdad.
Anunció que la organización Alto al Secuestro que preside interpondrá amparos contra de la sentencia,“ no estamos de acuerdo en que cada vez se le reste más potencia al Estado, es decir que el Estado pierda facultades para poder investigar”.
En un hecho inédito el 4 de junio un tribunal colegiado ordenó crear -en 10 días- una Comisión de la Verdad integrada por representantes de las víctimas, de la CNDH y del MP de la federación, a fin de investigar la desaparición de los 43 normalistas.
En conferencia ayer Miranda de Wallace sostuvo que contrario a la Constitución y a la ley, la resolución del tribunal convierte al Ministerio Público en un mero observador y permite a quienes no tienen facultades realizar las investigaciones.
Consideró que el grupo criminal Guerreros Unidos, que según las investigaciones está detrás de la desaparición de los jóvenes, “metió las manos por medio de mucha gente” para tratar de liberar a sus líderes detenidos y procesados. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Investigar al Ejército y los videos de Iguala, ordenó también el tribunal

Huicochea: espera el PRI que la Comisión de la Verdad permita resolver el caso Ayotzinapa

“Lo que nos interesa es que se haga justicia” en un problema de “controversia mundial”, dice. Los padres “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”, subraya el candidato al Senado Manuel Añorve

Karina Contreras

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Vázquez, aceptó la creación de la Comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa, pues dijo que “si hay eslabones que haya que conectar adelante; lo que queremos precisamente es que queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes, y si eso abona a que se resuelva esta controversia mundial”.
Al concluir un acto del PRI en Acapulco, a Huicochea Vázquez se le preguntó sobre la resolución de un tribunal federal que ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial. Respondió que es un tema en la esfera del tribunal y es la que está retomando toda esta parte y “yo creo que tendrá que resolverse en esas instancias”.
“De proceder y ser necesario lo que nos interesa es que se haga justicia, si hay eslabones que haya que conectar adelante, lo que queremos es que precisamente queden satisfechos, sobre todos los padres de los estudiantes”.
En breves declaraciones sobre el tema, el dirigente priista descartó que esa resolución empañe el proceso electoral.
Indicó que es un proceso, es una ruta, “yo creo que los culpables ya están en la cárcel, detenidos y que finalmente ojala lo que más esperamos es que estén con vida los 43 (normalistas) es por lo que decimos adelante, pero pudiera haber un buen indicio en ese tipo, (pero) fuera de ahí tiene que cursar la parte legal”.
Mientras que en el mismo tema, el candidato al Senador de la coalición PRI-PVEM, Manuel Añore Baños indicó que es bienvenido todo lo que abone para resolver el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero particularmente todo lo que se dé para que los padres “tengan la tranquilidad y puedan volver a ver a sus hijos”.
Insistió que todo es bienvenido para resolver el grave problema que afecto al estado y a los padres de los jóvenes porque “merecen respuestas y sobre todo una investigación que lleve a buen término lo que ellos están exigiendo, que es ver a sus hijos”.

Si Badillo tiene pruebas que el PRI dio billetes falsos, que las presente

En otro tema a Heriberto Huicochea Vázquez se le preguntó sobre los señalamientos del candidato del Frente por Guerrero, Joaquín Badillo Escamilla, de que el PRI está comprando votos con billetes falsos,.
Dijo que no iba entrar en confrontaciones, pues quienes están haciendo ese tipo de señalamientos debe hacer sus denuncias concretas antes las autoridades correspondientes. “Nosotros estamos trabajando y preparados para la competencia porque sabemos que va ser fuerte y por eso nos ejercitamos”.
Indicó que quien acusa tiene que probar legalmente sus hechos y “vamos a dejarlo en esa esfera”, porque ellos se están preparando para la competencia, “estamos en la pista preparados, nosotros nos ejercitamos para está carrera y tenemos una “estructura poderosa en todos los niveles, estamos en todos los rincones del estado, en todas las secciones y “vamos a ganar la elección porque nosotros tomamos con seriedad y responsabilidad el proceso electoral 2018”.
Reconoció que no se llevarán carro completo, “eso no va ser posible ya en ninguna parte”.
Indicó Huicochea que están preparados para todo, pero que tampoco están provocando problemas para seguir con la gobernabilidad, que lo que quieren es que haya participación libre de los ciudadanos porque se trata de abonar y “no agitamos al mal tiempo para lo que va venir”.
Añadió que hacía un llamado al partido para que se actúe con seriedad y mesura, que cada quién haga lo que le corresponda, pero que ellos tienen estructura, buenos candidatos y “seguro vamos a alzarnos con el triunfo en la mayoría de nuestras candidaturas”.

La PGR puede incurrir en responsabilidad penal si no atiende la sentencia sobre Ayotzinapa: Vidulfo

Resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes, y establece lineamientos para el acceso a la justicia en todos los casos de desapariciones, considera el abogado de los padres de los 43

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra advirtió que la Procuraduría General de la República (PGR) puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa si no atiende la sentencia del Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito, que ordenó reponer el procedimiento de la investigación, y crear una Comisión para la Justicia y la Verdad para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, con la participación de las víctimas.
En consulta telefónica reconoció que la sentencia tomó por sorpresa a los padres de los 43 desaparecidos, “no la teníamos en el radar, no lo esperábamos en esta coyuntura ni en los alcances extremos que maneja”.
De acuerdo con la sentencia la Comisión para la Justicia y la Verdad deberá quedar conformada en un plazo no mayor a 10 días naturales a partir que la notificación a las partes, y deberá ser comunicado al Tercer Tribunal Unitario del Décimonoveno Circuito.
Rosales Sierra confirmó que la sentencia que resuelve varios amparos promovidos por acusados de participar en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, es un precedente y establece lineamientos para el acceso a la justicia no sólo para las víctimas de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, sino en todos los casos de desapariciones y de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
Lamentó la respuesta de la Procuraduría General de la República (PGR) al fallo del tribunal que rechazó y descalificó de la sentencia, cuando acusó a los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez de desconocer la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
Aclaró que igual que la presidencia de la República, la PGR desconoce todo lo que cuestiona las irregularidades en la investigación o las observaciones para corregir las deficiencias, que ha negado el acceso a la justicia a los padres de los 43 normalistas desaparecidos.
Como ejemplo señaló los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el informe de la Oficina de la ONU en México para los Derechos Humanos sobre Ayotzinapa, de los relatores internacionales de derechos humanos, y ahora el fallo del tribunal colegiado de Tamaulipas.
Advirtió que si la PGR no atiende la sentencia vinculante a las dependencias de gobierno y a los poderes de la Unión, puede incurrir en responsabilidad penal y administrativa.
La sentencia incluye una exhortación al presidente Enrique Peña Nieto para que “gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que en el marco de sus respectivas atribuciones se sirvan prestar el apoyo y las demás necesidades que requiera la referida comisión”.
El abogado subrayó que el tribunal “hizo trizas” la tesis oficial de la PGR, de que los 43 normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y obliga a crear un camino donde el protagonista fundamental de la investigación sean las víctimas.
De acuerdo con la sentencia la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia debe de estar conformada por el Ministerio Público federal, las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y deja abierta la posibilidad de que se integren “otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, entre otras, lo cual será decisión de los representantes de las víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”.
Destacó que el fallo servirá como referente para otros casos de graves violaciones a los derechos que se sostienen en actos de tortura y declaraciones de autoincriminación, y que avalan los jueces.
Insistió en que por esa razón no avanza la justicia en el país, porque el método de investigación que priva es el de detenciones ilegales, uso de tortura, maltratos, demora en puestas a disposición de personas detenidas, privilegia el testimonio directo y soslayar la investigación científica para llegar a la verdad.
“Deja un precedente para el acceso a la justicia de todas las víctimas en el país, pone el dedo en el renglón en irregularidades que privan en el Ministerio Público y la policía en el país y que nos tiene estancado, son cientos de víctimas que no pueden acceder a la justicia, porque hay métodos irregulares. Hoy en día es más fácil obtener una confesión que lleve a la teoría del caso, que una investigación científica y exhaustiva”.
Como ejemplo de lo fácil que es justificar una demora en la puesta a disposición señaló el caso de tres actores de la demanda de amparo que fueron puestos a disposición después de 11 horas y media de la detención, y los argumentos de los aprehensores (policías federales y soldados de la Marina) para explicar el retraso fue la “ponchadura” de una llanta, que a los vehículos oficiales se les empezó a calentar el motor y que había marchas en la Ciudad de México”.
Añade que en el parte informativo tampoco se narran situaciones de violencia que señalaron los declarantes, ni las lesiones que presentaron desde el primer dictamen médico que se les practicó apenas momentos posteriores a su puesta a disposición.
Se concluye “que los agentes aprehensores en lugar de poner inmediatamente a los detenidos a disposición del Ministerio Público, se trasladaron hacia un lugar a efectuar labores investigativas, sin que estuviera presente ni existiera instrucción del fiscal para ello”.
Rosales indicó que el tribunal colegiado puso el dedo en el renglón y pide un alto a esta situación, y opinó que los movimientos de derechos humanos “debemos acuerparnos y apoyar la resolución del tribunal colegiado para sentar precedente en el acceso a la justicia que incluye el derecho a la salud a las víctimas del delito, es esperanzador que el poder Judicial asuma un papel de contrapeso al poder Ejecutivo en México, se vislumbra una luz al final del túnel, de ponerse como protector de los derechos humanos”.

La Comisión de la Verdad podrá entrar a los cuarteles a buscar a los 43, dice la sentencia

La PGR no investigó las líneas que involucran a elementos del Ejército y de la Policía Federal, plantea. Es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria, señala

Agencia Reforma

Ciudad de México

La Comisión de la Verdad del caso Iguala tendrá vía libre para ingresar a los cuarteles militares con el propósito de indagar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, según la sentencia judicial que ordenó la creación de dicho organismo.
De acuerdo con el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, la Procuraduría General de la República (PGR) no rastreó las líneas de investigación que involucraban a elementos del Ejército y la Policía Federal en los hechos del caso Iguala.
“Los miembros de ésta (Comisión de la Verdad) tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”, dice el fallo.
Entrevistar a militares del 27 Batallón de Infantería para recabar testimonios sobre la desaparición de los normalistas fue una de las principales peticiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, el cual colaboró en la investigación. No obstante, acusó trabas del gobierno federal.
En la resolución sobre cuatro amparos de presuntos miembros de Guerreros Unidos, el tribunal establece que la omisión de las pesquisas sobre el personal castrense, es un indicio de la parcialidad y falta de independencia en la indagatoria.
“Como se vio en autos, no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.
“Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial”, establece la sentencia de los Magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
Según el fallo del colegiado, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas de Ayotzinapa, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del gobierno y del Ejército.
Sin embargo, agrega, la Procuraduría omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense.
“Si desde que se recabaron los testimonios de los estudiantes sobrevivientes, así como a partir de los reportes del C-4, se tuvo conocimiento de la participación del Ejército en las calles de Iguala, los días 26 y 27 de septiembre de 2014; entonces, la lógica de cualquier investigador, conllevaría que las declaraciones de los elementos del Vigésimo Séptimo Batallón, tendrían que haberse recabado desde los primeros momentos, y no dos meses después, como aparece que sucedió”, cuestiona.

Ordenan investigar y sancionar a responsables de la destrucción de videos de la noche de Iguala

Las grabaciones hechas por las cámaras del Palacio de Justicia fueron enviadas a la Presidencia del Tribunal, donde se presume que las destruyeron

La justicia federal ordenó investigar y sancionar a los responsables de la supuesta destrucción de los videos del Palacio de Justicia en Iguala, grabados la noche en que desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Según el fallo del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas, al mismo tiempo que será creada una Comisión de la Verdad por el Caso Iguala, las autoridades deben investigar a quienes hicieron desaparecer estas evidencias.
“Deberá investigarse y sancionarse a todos y cada uno de los responsables de la destrucción de uno o más videos capturados por las cámaras del Palacio de Justicia”, dice la sentencia.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció desde 2015 que se tuvo conocimiento de la existencia de al menos un video grabado por una de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Las grabaciones luego fueron enviadas a la presidencia del Tribunal pero es allí donde se supone que fueron destruidos.
Investigaciones que llevó a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) refieren que la noche en que los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron plagiados por sicarios de Guerreros Unidos, funcionaban al menos 4 de las 25 cámaras del mencionado Palacio de Justicia.
El Centro de Comunicaciones Cómputo y Comando (C4) de Iguala, que aquella noche estuvo a cargo de un funcionario municipal y un militar, tenía acceso a las imágenes de esas cámaras.
“Particular preocupación genera la circunstancia destacada en el Informe de Investigación y Primeras Conclusiones del GIEI, tocante a la existencia de un video capturado por las cámaras del Palacio de Justicia, el cual habría sido remitido al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, y finalmente, fue destruido”.
“Tal situación desde luego que resulta alarmante, tomando en cuenta que se trata de un caso de graves violaciones de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada de personas, por lo que la evidencia fílmica existente, con independencia de su calidad o contenido, tenía que haberse resguardado y entregado oportunamente a la autoridad ministerial”, señala el tribunal.

Retención ilegal

El Tribunal también ordenó investigar a funcionarios federales por la presunta retención ilegal de Miguel Ángel Landa Bahena, uno de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos acusado de la desaparición de los 43 normalistas.
De acuerdo con el fallo judicial, la Policía Federal detuvo el 10 de abril de 2015 a Landa en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México y rindió una declaración ministerial, sin embargo, en las actas del proceso se hizo constar que lo aprehendieron al día siguiente.
De hecho, el colegiado refiere que en esos días la PGR llevó a cabo dos diligencias con el supuesto sicario, pues no sólo lo sometió a interrogatorio sino que también participó en la reconstrucción de la “ruta de desaparición” de algunos estudiantes. (Abel Barajas / Agencia Reforma).

Analiza la CNDH los argumentos del tribunal para crear una comisión de la verdad, informa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dijo que desconoce los argumentos con los que un tribunal federal ordenó crear una Comisión de la Verdad para el caso Iguala, y analiza la sentencia.
“Al no haber sido parte en los juicios de amparo señalados, ni en el recurso promovido, la CNDH manifiesta no estar al tanto de los términos en los que fueron planteados dichos juicios de amparo”, expuso el organismo.
“Por tanto, para estar en aptitud de emitir su opinión sobre el pronunciamiento judicial, ha procedido a conocer los elementos de convicción valorados y los argumentos esgrimidos por los magistrados para llegar a dicha determinación”.
Ayer el Poder Judicial hizo pública una sentencia histórica del Primer Tribunal Colegiado con sede Reynosa, Tamaulipas, en la que ordenó rehacer la investigación de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, porque la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue objetiva.
En la Comisión de la Verdad que instruyó crear, el Tribunal otorga a la CNDH y a los representantes de las víctimas la facultad de decidir las líneas de investigación a seguir.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos continuará realizando las labores de investigación que, de manera comprometida, sostenida y profesional, ha desarrollado para la determinación de violaciones graves a derechos humanos, mismas que le permitirán emitir la Recomendación correspondiente y que en derecho proceda”, expuso la CNDH en un comunicado.
“Este Organismo Nacional refrenda su compromiso con el Estado de Derecho y señala que, en el marco de su competencia y atribuciones establecidas en el artículo 102, Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sobre todo en el pleno ejercicio de su autonomía constitucional, actuará con estricto apego a la Ley”.(Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

 

Exigen justicia para Antonio Vivar y la presentación de los 43 en la UPN en Tlapa

La Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral (LDCI) de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) con sede en Tlapa, organizó el panel Víctimas de la violencia donde participaron familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y del activista asesinado por policías federales el 7 de junio de 2015, Antonio Vivar Díaz para exigir justicia en ambos casos.
En la actividad para recordar que hace tres años fue asesinado Vivar Díaz estuvieron Calixta Valerio y Jorge, madre y hermano de Mauricio Ortega Valerio, normalista de Ayotzinapa desaparecido el 26 de septiembre de 2014, quienes dijeron que esperan justicia porque su familiar se fue con la ilusión de aprender para ser maestro, y ahora está desaparecido lo que les causa dolor.
Pidieron que los sigan apoyando en la exigencia de justicia y presentación con vida de su hijo me’phaa de la comunidad Montealegre, Malinaltepec, que egresaría este año.
Avertano Vivar Díaz hermano de Antonio comentó que al recordarlo le asalta la rabia y el dolor por la falta de justicia y ante la impunidad del caso, y que se han mantenido al margen de las acciones para recordarlo por el temor de ser agredidos.
Mencionó que las historias de Antonio y Mauricio se enlazaron cuando el primero se involucró en la exigencia de la presentación con vida de los 43 estudiantes, que llevó al intento de boicot electoral ante la falta de respuestas del Estado de presentarlos con vida, y en Tlapa derivó en el desalojo del Ayuntamiento por un grupo de choque, la represión a los profesores, la detención de civiles el día de la jornada electoral y el asesinato de su hermano a manos de policías federales.
Dijo que se metió a la lucha en el Movimiento Popular Guerrerense (MPG) porque la consideró justa al exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y que le da el seguimiento al caso de su hermano en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera dijo que esas familias han colocado en el país un tema importante, el de los desaparecidos en México, y puesto en descredito a las autoridades federales en el plano internacional que se coluden con el crimen para blanquear el dinero y seguir en el poder. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

 

Confirman 23 expertos que es imposible cremar 43 cuerpos en el basurero de Cocula

Para incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta borrar su ADN se habrían necesitado alrededor de 15 toneladas de madera, en el mejor de los casos, concluye un nuevo estudio científico sobre hogueras a cielo abierto.
Aun así, habría quedado alguna materia orgánica, acotan 23 expertos que participaron en una investigación publicada en la revista Fire safety journal, diario oficial de la Asociación Internacional de Ciencias de Seguridad contra Incendios.
“En condiciones ideales –cuerpos pequeños y alimentación continua de combustible– es necesario un mínimo de cinco veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica”, refiere el estudio.
Esto significa que para quemar a los 43 estudiantes al grado que indicó la Procuraduría General de la República (PGR), se habrían requerido 15 mil 50 kilogramos de madera, si cada joven pesara 70 kilos.
Según la hipótesis central de la PGR, los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y, debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético.
En la investigación titulada Estudio experimental sobre los requisitos de combustible para la degradación térmica de cuerpos por medio de la cremación de pira abierta, se encontró también que la presencia de múltiples cuerpos no favorece al fuego, sino que lo apaga.
“Es menos eficiente quemar una multitud de cadáveres que un cuerpo individual”, sostiene.
Los expertos, coordinados por Luis Yermán, y entre los que se encuentra el peruano José Torero, hicieron, con apoyo de la Universidad de Queensland, en Australia, seis diferentes piras, con uno o hasta cuatro cerdos en cada una de ellas.
“La relación entre el nivel de destrucción de un cuerpo y la eficiencia de quemado, la intensidad y la duración de los posibles incendios debe demostrarse para inferir la validez de una hipótesis de cremación”, indica el estudio.
“Un ejemplo de alto perfil donde esta correlación se convirtió en clave para establecer la validez de una hipótesis forense se relaciona con lo que se ha denominado la ‘verdad histórica’ en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”, agrega al referirse a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Los especialistas en Australia continuaron el trabajo que dejó pendiente el grupo de peritos consensado entre la PGR y GIEI, en el que al final se advirtió la necesidad de una prueba a gran escala.
“El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos, los resultados de esas pruebas serán dados a conocer en su momento”, señaló entonces Ricardo Damián Torres, pero eso nunca ocurrió.

 

Detienen a ex policía de Iguala, presunto involucrado en la desaparición de los 43, difunde la Segob

Policías federales y ministeriales detuvieron en Chautengo, municipio de Florencio Villarreal, región de la Costa Chica, a un ex policía municipal de Iguala que es señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.
De acuerdo con reportes, la noche de la desaparición de los estudiantes, el ex agente, identificado como Alejandro, fungía como supervisor de turno.
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo ayer domingo en una rueda de prensa que el arresto se llevó a cabo en el estado de Guerrero por parte de personal de la Policía Federal y elementos de la Fiscalía de ese estado.
El sujeto, identificado únicamente como Alejandro “N”, cuenta “con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.
El ex policía es “probable responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014”, agregó el secretario.
Durante la detención, que se dio dentro del operativo de seguridad Escudo Titán, “no fue necesario realizar un solo disparo”, aseguró Navarrete.
De acuerdo con la versión oficial, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos por policías corruptos y entregados a miembros de un grupo criminal, los Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula.
No obstante, esta versión ha rechazada por los familiares como por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes después de hacer una investigación manifestaron las incoherencias del relato del gobierno y resaltaron la necesidad de desarrollar otras líneas de investigación.
Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la indagatoria del caso Iguala, y el Ejecutivo ha expresado su intención de llegar a conclusiones este mismo año (Agencias EFE y Reforma / Ciudad de México).

 

Protestan padres de los 43 en la Cdmx; este año concluirían sus estudios los desaparecidos

En punto de las 5 de la tarde familiares y amigos de los 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la capital del país.
Acompañados por estudiantes de la normal, integrantes de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, el colectivo Rosas Rojas Juárez —contra el feminicidio en Ciudad Juárez—, la Preparatoria Popular Tacuba Obrera y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, así como ciudadanos que no pertenecen a ninguna organización civil, padres y madres de los 43 recordaron que hoy se cumplen 44 meses de la desaparición forzada de sus hijos.
Este año, hicieron notar, habrían concluido sus estudios en la Normal.
La marcha a la cual acudieron al menos mil personas cruzó Paseo de la Reforma a la avenida Juárez. En el camino estudiantes de la normal reclamaron que a unos meses de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto, no existe interés de investigar el caso.
Específicamente los estudiantes denunciaron la negativa de investigar la participación del 27 Batallón de Infantería y de agentes de la Policía Federal, municipal y ministerial en los ataques ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Tampoco se ha dado a conocer a los familiares de las víctimas los análisis de geolocalización ni los contenidos de las conversaciones de los teléfonos celulares de los estudiantes.
Además la Procuraduría General de la República no ha investigado el trasiego de droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión que sufrieron los estudiantes.
Al llegar al Antimonumento a los 43 en la esquina de Reforma y Bucareli, los contingentes hicieron un pase de lista y exigieron la presentación con vida de los 43 desaparecidos. Posteriormente se dirigieron al Hemiciclo a Juárez, a donde llegaron a las 6:15 de la tarde.
Melitón Ortega, vocero de los padres, lamentó que a cuatro meses de los hechos ocurridos en Iguala las autoridades no tienen interés ni voluntad política de esclarecer el caso, “lo único que queremos decir es que los queremos de regreso”.

 

Preocupa a la CIDH descalificaciones del gobierno a la ONU en el caso Ayotzinapa

 

Joaquina García y Emiliano Navarrete, padres de dos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, participan en una audiencia ante la CIDH, ayer en Santo Domingo, República Dominicana; a su lado, el abogado Vidulfo Rosales Foto: EFE

Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron su preocupación por el cuestionamiento del gobierno de México al informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que reportó el uso de tortura en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
En una audiencia pública sobre el caso ante el mecanismo de seguimiento de la CIDH en Santo Domingo, República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
Mientras que el Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición, informó el fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia el comisionado Luis Ernesto Vargas defendió el trabajo de la ONU en materia de derechos humanos, en especial del representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y su equipo.
“Me preocupa bastante que en un comienzo se nos haya manifestado que hubo descalificaciones a ese trabajo”, expresó.
“Cuando un organismo de derechos humanos plantea la posibilidad con base en investigaciones previas, que puede que no sean judiciales, pero sí son de un organismo que supone trabaja con la misma objetividad con el que lo hace la Comisión Interamericana Derechos Humanos, plantea la posibilidad de que haya torturas con respecto a personas que están siendo procesadas, pues yo creo que hay que prestarle más atención al tema”, añadió.
Dijo que la indagatoria se iría al traste si alguna de las declaraciones de las personas que están vinculadas fueron afectadas por tortura.
“Me preocupa muchísimo que en vez de prestarle el máximo de atención a este llamado atención, de pronto estemos buscando la descalificación”, reiteró.

El mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias de tortura

La comisionada Flávia Piovesan detalló que el mecanismo de seguimiento de la CIDH tiene información de que hay 128 denuncias en relación a la tortura en el caso, y que solamente 53 están siendo analizadas o han sido concluidas, además de que sólo dos han tenido una conclusión positiva en conformidad con la aplicación del Protocolo de Estambul.
Enfatizó “la importancia de la ONU, de su autoridad, de su expertise, de este informe”.
El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas convocó a todos los comisionados a leer la postura del Estado mexicano, que fue entregada ayer a la CIDH y a la ONU-DH.
“Simplemente estamos manifestando algunos desacuerdos con el contenido del informe la oficina”, aseveró. “Tenemos todo el respeto para las Naciones Unidas y para la Oficina del Alto Comisionado”.

Piden a EU más datos de Guerreros Unidos

El Gobierno mexicano solicitó al de Estados Unidos información adicional sobre los mensajes de jefes de la organización criminal Guerreros Unidos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, informó el Fiscal especial del caso, Alfredo Higuera Bernal.
En la audiencia de la CIDH la representación del Estado mexicano aseveró que para la PGR esa información es valiosa, porque permite incorporar datos adicionales a la investigación.
“Se considera que es necesario profundizar en algunos aspectos y formular peticiones adicionales de información”, afirmó.
“Además de realizar acciones muy directas para corroborar y descartar aspectos contenidos en esas conversaciones, esas peticiones han sido ya planteadas ante las autoridades que dan trámite de ello y se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas nos planteó”, añadió.
“Por la naturaleza pública de esta audiencia no es factible particularizar los detalles de lo que se está requiriendo, pero consideramos que es sumamente importante tener esa información adicional”, expuso Higuera.
“Para nosotros es muy importante seguir contando con la cooperación de las autoridades estadounidenses y de cualquier otra que nos pueda aportar datos, detalles o cualquier información que pueda servirnos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, dijo.
La representación del Estado fue cuestionada por el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, quien afirmó que existen dos narrativas sobre Guerreros Unidos.
Rosales acusó que el gobierno mexicano presentó la versión de que la organización delictiva tenía un alcance regional, y que después de la desaparición de los jóvenes había sido disuelta.
“La segunda versión es la que se corrobora con los propios mensajes. De acuerdo con esta perspectiva se trata de un grupo criminal en expansión con capacidad de acción trasnacional que introduce heroína los Estados Unidos para distribuirla en ciudades norteamericanas”, explicó.
“Ambas narrativas no pueden ser ciertas. Alguien miente”, dijo Rosales y aseguró que la red criminal no puede operar sólo con la participación de autoridades locales, sino que supone la participación de funcionarios estatales y federales.
“Los mensajes confirman que detrás de la desaparición de los 43 está una organización de gran alcance que coordinó y supone la participación de funcionarios del ámbito estatal y federal”, manifestó.
“No podemos dejar de preguntarnos si no ha sido el encubrimiento de esta organización criminal una de la razones para no llegar a la verdad del caso”.

“Saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo”, señala el padre de uno de los 43

En un boletín el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los 43 desaparecidos, informó que en la audiencia de oficio por el caso Ayotzinapa las familias y sus representantes legales advirtieron que las actuales autoridades buscan cerrar el caso ante la probable próxima alternancia en la Presidencia de la República.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
La representación legal de las familias destacó cuatro señales que advierten de un posible cierre del caso: el rechazo del gobierno federal al informe de la ONU, que documentó tortura a presuntos responsables fundamentales para la teoría oficial, la filtración y tergiversación de mensajes de presuntos involucrados proporcionados por la DEA con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales, el fracaso de la PGR por su deficiencia al fincar nuevas acusaciones y el rechazo a cumplir el diagnóstico sicosocial.
El comisionado Ernesto Vargas destacó que entienden el dolor de las familias al no encontrar resultados sustanciales a 43 meses, y pidió al gobierno mexicano que informara detalladamente si hubo avances significativos en el cronograma de trabajo.
Los representantes de las víctimas exigieron respeto al trabajo de la ONU en México y señalaron que el documento circulado por el Estado, unas horas antes de la audiencia, tiene señalamientos propios de un gobierno autoritario.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la medianoche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
“Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa”, se lee en la misiva.
Agrega que se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas, y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
Joaquina Velázquez pidió a la Comisión que no abandone a las familias en este escenario. La CIDH anunció que en breve presentará un balance del trabajo del Mecanismo Especial de Seguimiento.

Escatima la PGR información de los 43 a la CNDH

La PGR está dificultando el acceso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a nueva información sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
El ombudsman Luis Raúl González Pérez denunció ayer que personal de la CNDH que pide acceso a los documentos es obligado por la PGR a copiarlos a mano.
“Hemos pedido la información, y ¿saben qué?, nos hacen copiarla, nos permiten el acceso para copiar y nos faltan 300 páginas para copiar, cuando algunos medios ya dieron cuenta de ello, pero nosotros queremos la respuesta oficial”, afirmó González Pérez.
“Con formalismos de que esta no es la ventanilla nos mandan a otra ventanilla, vamos a otra ventanilla y el resultado es ‘no, estamos analizando el planteamiento’. Yo quiero recordar al encargado de la PGR (Alberto Elías Beltrán) la circular que sacó recientemente donde se comprometió a que nos iban a facilitar toda la información para nuestro trabajo”, expuso entrevistado luego de rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia.
González Pérez dijo que se refería a la información recientemente publicada por “filtraciones de diálogos” sobre Ayotzinapa, que contienen conversaciones grabadas por el FBI en Estados Unidos en las que integrantes del cártel Guerreros Unidos que operaban en Chicago discutieron sobre la desaparición de los normalistas.
De las elecciones dijo que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad. Respetemos siempre la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.