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Exigen prepas populares de la UAG reparto de 5 millones del presupuesto según la matrícula

Integrantes del Frente Estatal de Preparatorias Populares, incorporadas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), denunciaron que desde enero el gobierno estatal retiene 5 millones de pesos que corresponden al incremento del presupuesto anual de las escuelas y exigieron que se entreguen los recursos de acuerdo con la matrícula.
El frente aglutina a 800 maestros de 57 escuelas, que atienden a 6 mil 512 estudiantes.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) los integrantes de la organización, Milagros Lezama Ramírez, Flavio Rodríguez Rodríguez, Raymundo Paulo Vázquez y Blanca Estela Martínez Ocampo, acompañados de otros directivos, informaron que en diciembre pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores; el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, y el asesor César Flores Maldonado, se comprometieron a entregar el incremento presupuestal de acuerdo con la matrícula de las escuelas y éste debió pagarse en enero de este año, pero a la fecha los recursos no se han liberado.
Las 94 preparatorias populares están dividas en el Frente Estatal y el Comité Ejecutivo General, y según los directivos, de los 5 millones de pesos de incremento presupuestal, el 56 por ciento le corresponde a la primera organización y 44 por ciento a la segunda, pero las autoridades informaron que hace falta llegar a un acuerdo interno para que se liberen los recursos, según Lezama Ramírez.
Paulo Vázquez especuló que las autoridades tienen un acuerdo con Emiliano Carreto Moreno, dirigente del comité, y pretenden repartir los 5 millones de pesos en partes iguales, lo que significa que no respetarán las necesidades de las escuelas con mayor número de estudiantes.
Martínez Ocampo señaló que es necesario que las autoridades liberen los recursos antes de octubre de este año, para que se puedan beneficiar los maestros, los estudiantes y los padres de familia, ya que estos pagan una cooperación mensual, que varía según la región del estado donde se ubique la escuela.
Precisaron que el presupuesto anual de las preparatorias era de 30 millones de pesos, a los que se sumaron los 5 millones autorizados por las autoridades en diciembre pasado, por lo que exigieron su pronta liberación.
Rodríguez Rodríguez informó que este jueves los integrantes del frente protestarán en la capital, como hizo el comité el 6 de junio pasado, para que las autoridades cumplan con el pago correspondiente y aseguró que de ninguna manera aceptarán que el incremento se divida a la mitad, pues su organización cuenta con mayor número de matrícula y por ello velará por los intereses de los estudiantes, maestros y padres de familia. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

Protestan prepas populares de la UAG en la autopista; exigen 5 millones de presupuesto

Maestros de preparatorias populares adheridas a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y comisarios bloquearon por una hora la Autopista del Sol, en la salida al sur de la capital, para exigir a las autoridades un presupuesto de 5 millones de pesos.
Desde las 11:40 de la mañana, unos 300 docentes y comisarios bloquearon los dos sentidos de la Autopista del Sol, como medida de presión para que las autoridades estatales y educativas les brindarán una mesa de negociación.
Los manifestantes informaron que desde diciembre de 2017 se debieron entregar los 5 millones de pesos, pero desde esa fecha los maestros no perciben su sueldo.
También exigieron al gobernador Héctor Astudillo Flores que destine más dinero, ya que se requiere una asignación de 130 millones de pesos para atender las necesidades, principalmente de infraestructura, para el beneficio de unos mil 200 alumnos de todo el estado.
En el lugar, los maestros informaron que bloquearían media hora la Autopista del Sol y luego marcharían al Palacio de Gobierno, sin embargo, permanecieron por una y no realizaron la otra acción.
El presidente del Comité Ejecutivo General de las Preparatorias Populares de Guerrero, Emiliano Carreto Moreno, informó que desde diciembre de 2017 las autoridades no han liberado un recurso de 5 millones de pesos.
Indicó que debido a que no se entrega el dinero, maestros y algunos comisarios bloquearon la Autopista del Sol para exigirlo, ya que los 700 docentes no perciben salario.
Además, pidió que se le dé seguimiento a la mesa de trabajo que tuvieron en febrero en Casa Guerrero, donde Héctor Astudillo Flores se comprometió apoyar a las preparatorias de todas las regiones, con construcción de aulas, equipamiento, cursos de actualización y seguro médico.
Emiliano Carreto manifestó que las preparatorias populares están reconocidas académicamente por la UAG, sin embargo, no reciben ningún presupuesto de la institución, ni un salario fijo por parte de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).
Los maestros advirtieron que de no haber solución en los próximos días, se tendrían que movilizar los padres de familia y alumnos.

En el bloqueo

Por el bloqueo total de los dos carriles, se hicieron largas filas de automóviles particulares y del servicio público. Algunas personas tuvieron que caminar para llegar a su destino.
El tiempo de media hora que habían propuesto los manifestantes se prolongó a una, por lo que al lugar llegaron policías federales y autoridades de educación, entre ellas, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Uriostegui, para dialogar.
Las autoridades propusieron una mesa de negociación en el Palacio de Gobierno, por lo que a las 12:40 del día los manifestantes liberaron la vialidad, pero permanecieron en las laterales de la autopista, en espera de una respuesta de la comisión.
A las 6:40 de la tarde, vía telefónica, Carreto Moreno informó que llegaron a acuerdos “favorables” con las autoridades estatales y educativas, quienes se comprometieron a otorgar los 5 millones de pesos de manera igualitaria, es decir 50 y 50 para las dos asociaciones de las preparatorias.
Detalló que dentro de las preparatorias populares hay dos asociaciones y una de ellas ingreso el doble de matrícula, por lo que las autoridades pretendían darles más presupuesto, pero después de la reunión se acordó que serán partes iguales.
Aseguró que si las autoridades no cumplen con los acuerdos, continuarán con las movilizaciones y bloqueos en todas las regiones del estado. A las 7 de la noche, los manifestantes se retiraron de las laterales de la autopista.

No acreditó Taxco 5 millones para seguridad en 2015; Chilapa y Chilpancingo, con observaciones

 

De los cinco municipios del estado que recibieron subsidios para la seguridad pública en 2015 y que tienen los mayores problemas de inseguridad, Taxco no acreditó el destino de 5 millones asignados, y Chilapa y Chilpancingo tienen pendientes de acreditar 700 mil pesos cada uno.
Acapulco tuvo 22 observaciones por adjudicaciones directas, las cuales ya fueron solventadas.
Chilpancingo e Iguala, no invirtieron en el Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, y en el caso de Taxco no hay registro de ninguna inversión con ese dinero.
Como parte de los Subsidios a los Municipios para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) actualmente llamado Fortaseg, en 2015 Acapulco recibió 26 millones 280 mil pesos, Chilapa 10 millones de pesos, Chilpancingo 6 millones 294 mil pesos, Iguala 5 millones 52 mil pesos y Taxco 5 millones.

Taxco

En el Informe General de la Cuenta Pública 2015, consultado en la página de internet de la ASF señala que como resultado de la revisión encontró que “el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de 5 millones de pesos”.
En el caso de Acapulco hizo siete adjudicaciones directas para la compra de uniformes y equipo para la policía municipal sin justificar los criterios en los que se fundamentó esa decisión.
En el caso de Chilpancingo la ASF estima recuperaciones probables por 700 mil pesos, y en Chilapa por 750 mil pesos.
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 publicado en la página de internet de la ASF “presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 5 millones de pesos por no acreditar el uso del dinero para el fortalecimiento de cuatro programas de seguridad pública.
Los programas de los que el gobierno de Taxco no presentó la documentación comprobatoria son Prevención Social del Delito con Participación Ciudadana, Fortalecimiento de las Evaluaciones de Control de Confianza, Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, Red Nacional de Telecomunicaciones y Sistema Nacional de Información”.
“La Auditoría Superior de la Federación se abstiene de emitir opinión respecto de la revisión, toda vez que el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero, no proporcionó la información que le fue requerida para efectuar esta auditoría, lo cual se sustenta en el Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría con número 003/CP2015, del 30 de agosto de 2016”.
El alcalde de Taxco en el período 2012-2015 fue Salomón Majul González y en septiembre de ese año asumió el cargo su primo Omar Jalil Flores Majul por el periodo 2015-2018, ambos priistas.

Chilapa

En cuanto a Chilapa, la ASF observó que el gobierno municipal “abrió más de una cuenta bancaria donde se recibieron y administraron los recursos e intereses del SUBSEMUN 2015, las cuales no se consideran como cuentas específicas, ya que se genera opacidad en el manejo de los recursos del subsidio”.
La ASF encontró que el gobierno municipal no presentó la documentación comprobatoria de los conceptos de Evaluaciones de Control de Confianza, Evaluación del Desempeño, Evaluación de habilidades, destrezas y conocimientos generales, Formación de Mandos, y Herramientas de Seguimiento y Control del Servicio Profesional de Carrera Policial, todo por valor de 752 mil pesos. También tuvo un subejercicio por 681 mil 600 pesos.
La Auditoría emitió dos recomendaciones, seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y una observación.
El alcalde de Chilapa en el periodo 2012-2015 fue el priista Francisco Javier García González, y en septiembre de 2015 entró en funciones el también priista Jesús Parra García por el trienio 2015-2018.

Chilpancingo

En Chilpancingo la Auditoría señala como recuperaciones probables 700 mil pesos por la compra de uniformes para los policías. Una factura tiene fecha de 26 de febrero de 2016, por la adquisición de uniformes, la cual no ampara las erogaciones realizadas en 2015, “por lo que existe un monto pendiente de comprobar por cien mil pesos.
También hay un contrato por 600 mil pesos para la compra de uniformes consistentes en camisola, chamarra, pantalón, gorra tipo beisbolera o kepis, calzado y fornitura de piel, la cual se pago mediante una transferencia que se hizo a la cuenta del Fortamun y el gobierno de Chilpancingo no acreditó que la adquisición de uniformes corresponde al presupuesto de SUBSEMUN.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Chilpancingo no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía 115 agentes, ni en prevención social del delito, donde era una obligación destinar el 20 por ciento del total del dinero del SUBSEMMUN ejercido.
Como resultado de la fiscalización la ASF emitió dos recomendaciones, ocho promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos pliegos de
observaciones.
El alcalde de Chilpancingo por el periodo 2012-2015 fue el priista Mario Moreno Arcos. En septiembre de ese año asumió el cargo Marco Antonio Leyva Mena por el trienio 2015-2018.

Iguala

Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el gobierno de Iguala no invirtió en su policía en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza.
“No puso a disposición de los elementos de seguridad pública las adquisiciones realizadas con los recursos del SUBSEMUN 2015, referente a 10 bastones policiales, 30 esposas, 30 linternas, 30 gases lacrimógenos y 50 chalecos balísticos nivel III-A”.
Compró con dinero del SUBSEMUN tres vehículos Sedan, los cuales en la fecha de la auditoría se constató que no operan y no cuentan con el equipamiento, conforme al catálogo de bienes y servicios, ni con el balizamiento, conforme al manual de identidad.
También encontró que el gobierno municipal no asignó al área de seguridad pública 24 computadoras de escritorio, ocho impresoras, cinco licencias antivirus, diez software office y 24 UPS.
“Adquirió con recursos del SUBSEMUN, 40 equipos de cómputo y 160 mesas de trabajo, por un importe de un millón 21 mil pesos, para el proyecto Violencia Escolar, de los cuales, las mesas de trabajo no operan, se encuentran desarmadas y en almacén; asimismo, el equipo de cómputo no funciona correctamente”.
De una adquisición de 300 libros del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial al personal de Seguridad Pública sólo entregó 97.
Derivado de la auditoría la ASF emitió dos recomendaciones y tres promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.
El alcalde de Iguala en período noviembre 2014-septiembre 2015 fue Silvano Mendiola Pérez. En septiembre de 2015 asumió el cargo el priista Esteban Albarrán Mendoza, quien en octubre de 2016 dejó la alcaldía para irse al Senado en sustitución de René Juárez Cisneros, quien fue nombrado subsecretario de Gobernación. El actual alcalde de Iguala es Herón Delgado .
Mendiola Pérez asumió el cargo luego de que el suplente de José Luis Abarca Velázquez, Luis Mazón Alonso pidiera licencia. José Luis Abarca quien actualmente está preso en una cárcel federal en Tamaulipas, abandonó la alcaldía después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos en la que participaron policías municipales de Iguala y Huitzuco.

Acapulco

Acapulco tuvo observaciones por asignaciones directas.
Entre las observaciones de la ASF es que en 2015 el municipio de Acapulco no invirtió en el Fortalecimiento de las capacidades de Evaluación de Control de Confianza en su policía, que en ese año tenía mil 901 agentes.
Otras observaciones fueron adjudicación directa en la compra de equipo y uniformes para policías, en prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar y expedientes incompletos en cursos de capacitación.
El gobierno municipal , adjudicó directamente la prestación de servicios profesionales para el programa Violencia Escolar por 6 millones 272 mil pesos y prestación de servicios profesionales para el programa Mediación Comunitaria por 2 millones 120 mil pesos, en ambos casos no proporcionó la fianza de vicios ocultos por la contratación de servicios profesionales de los programas Violencia Escolar y Mediación Comunitaria.
Otra adjudicación directa fue la compra de 30 motocicletas y 6 cuatrimotos por 5 millones 669 mil 900 pesos; 12 camionetas RAM por 6 millones 240 mil pesos.
Otra compra sin licitación fue la adquisición de 250 chalecos balísticos Nivel III-A por 2 millones 389 mil 600 pesos que no contaron con los logotipos y estampados de la policía municipal; la compra de mil 300 camisolas manga corta, mil 300 pantalones tácticos, mil 300 botas tácticas, mil 300 gorras tipo beisbolera y 130 cascos por un importe de 4 millones 21 mil 800 pesos; 12 equipos terminales y 16 equipos de radios móviles por un millón 174 mil cien pesos “los cuales no operan y no cumplen la función para la cual fueron adquiridos”.
En todos los casos de adjudicación directa, la ASF señaló que el gobierno municipal “no acreditó los criterios ni la justificación en la que se fundamentó la adjudicación; tampoco se indicó el nombre de la persona propuesta para la adjudicación, acompañada del estudio de mercado correspondiente; y las cotizaciones solicitadas no se obtuvieron en los treinta días previos a la adjudicación; además, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, validó esta adjudicación sin considerar los montos máximos indicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por estas faltas la ASF integró carpetas de investigación.
Otra de las anomalías encontradas por la ASF es que el gobierno municipal adquirió una herramienta de seguimiento y control del Servicio Profesional de Carrera Policial que se integró por una cámara web, un lector de huella, una licencia de uso de software, dos multifuncionales, dos computadoras, un teclado, un mouse y un cargador por 250 mil pesos para el programa Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública, pero a la fecha de la Auditoría “el software se encuentra sin operar y sin cumplir la función para el cual fue adquirido”.
Entre los expedientes incompletos que presentó el gobierno municipal a la Auditoría están la capacitación de 150 agentes en el Nuevo Sistema de Justicia Penal ni evidencia documental del programa de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública para 50 policías en Activo, ni del curso formación inicial para 70 aspirantes a policías. Las comprobaciones del gobierno municipal las hizo durante el transcurso de la auditoría.
El alcalde de Acapulco en 2015 fue Luis Uruñuela Fey de Movimiento Ciudadano y en septiembre de ese año asumió el cargo el perredista Evodio Velázquez Aguirre por el trienio 2015-2018.