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Datos sobre la transparencia en 2018

Los informes que presenta cada año el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Guerrero (Itaigro) son una fotografía desde la que es posible observar, a veces claramente, a veces entre líneas, lo que sucede realmente en el estado en estas materias. En esta entrega comentaremos varios datos relevantes que contiene el treceavo informe de labores, correspondiente al ejercicio 2018, que entregó el órgano garante en días pasados al Congreso del estado.
Uno de los primeros datos que salta a la vista es el número de solicitudes de información que la ciudadanía guerrerense presentó durante el año pasado: 7 mil 264 requerimientos. Si se mide con referencia a otras entidades, la cifra puede parecer corta (9 mil 527 en Oaxaca, 9 mil 712 en Hidalgo, y no se diga las 116 mil recibidas en la CDMX de enero a septiembre de 2018). Pero vistas las cifras cronológicamente al interior del estado, es innegable el incremento que se ha registrado año con año, pues de las 300 o 400 que se presentaban anualmente en los años posteriores a que se establecieron procedimientos formales para ejercer el derecho de acceso a la información (2006-2007), pasamos a más de 7 mil en 2008.
Hay varios factores que favorecieron este aumento, la promoción institucional y el creciente interés de la ciudadanía por estos asuntos, entre otros. Tal vez predomine el segundo factor, pues la experiencia dice que las personas no se interesan por ejercer este derecho a partir de escuchar o ver promocionales, sino hasta que se les presenta una necesidad informativa específica de un problema que les afecta (obra pública, reglas de operación, programas sociales, estadísticas de educación, salud, seguridad, etc.), y alguien les muestra o por sí mismos descubren los procedimientos de la ley para buscar satisfacerla. Es la antesala del interés ciudadano por los asuntos públicos y tal vez el principio de la construcción de ciudadanía.
A esto se agrega un factor adicional: la posibilidad de presentar solicitudes por vía remota –a través de los medios electrónicos–, recurso que se estableció en Guerrero hasta febrero de 2011 y fue precisamente la fecha del inicio del despegue. No en balde la gran mayoría de solicitudes de 2018 se presentaron a través de la plataforma nacional de transparencia o por correo electrónico; sólo 64 se hicieron por medios diferentes.
Falta, sin embargo, diseñar mecanismos innovadores para incorporar al ejercicio de este derecho a toda esa población que aun no cuenta con la conectividad de internet que se requiere y en general a los recursos digitales.
De acuerdo con el informe de Itaigro, las principales dependencias que recibieron solicitudes el año pasado fueron la Fiscalía General del Estado (612 solicitudes), Secretaría de Salud (351), Ayuntamiento de Acapulco (347), Secretaría de Finanzas y Administración (313), Tribunal Superior de Justicia (313) y el propio Itaigro (286).
Otro dato que puede comentarse del informe del órgano garante es el de los recursos de revisión, es decir, de aquellos procedimientos que pueden presentarse si las dependencias no contestan o el solicitante está inconforme con la respuesta.
En 2018 se presentaron 379 recursos de revisión, que comparados con los 47 que se presentaron en 2007, se percibe un interés creciente por hacer valer este derecho por parte de la ciudadanía. Tradicionalmente habíamos observado un bajo número de recursos, esto derivado tanto del desconocimiento de los procedimientos por parte de la ciudadanía como debido a la tardanza de los plazos para el procesamiento de estos recursos. Los dos factores siempre han desalentado la presentación de recursos, de hecho, no se descarta que todavía hoy haya un fuerte número de solicitantes de información insatisfechos con las respuestas de las dependencias, pero que no se animan a presentar sus correspondientes recursos de revisión.
De los 379 recursos presentados en 2018, sólo en 75 casos (20 por ciento) se emitieron resoluciones en las que se instruye la entrega de información a los ciudadanos, ya que 99 fueron desechados y 76 sobreseídos. El alto porcentaje de recursos de revisión desechados y sobreseídos es una señal de alerta que impide un pleno ejercicio del derecho de acceso a la información. Hace falta un buen diagnóstico y análisis para atender los motivos de por qué no está funcionando plenamente este tipo de recursos.
En este renglón, los sujetos obligados que recibieron mayor número de recursos de revisión en su contra fueron la Secretaría de Finanzas y Administración con 21 recursos, la Fiscalía General del Estado (16), Congreso (16), Ayuntamiento de Acapulco (11), Secretaría de Educación de Guerrero (11), Itaigro (nueve), Secretaría de Desarrollo Social (nueve), y la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Salud y la Universidad Autónoma de Guerrero con siete cada una.

Denuncias ciudadanas

Finalmente, otro indicador que da cuenta sobre cómo participa la ciudadanía en el ejercicio de su derecho de acceso a la información son las denuncias que ésta presenta ante el órgano garante por el incumplimiento de las dependencias y entidades públicas de sus obligaciones de transparencia.
Dice el artículo 81 de la Ley 207 de Transparencia y Acceso a la Información que todos los sujetos obligados (208 en el estado) deben publicar información de su quehacer gubernamental organizada en un catálogo de 48 temas y algunos adicionales, según la dependencia.
También la ley dice, en su artículo 103, que si las dependencias omiten la publicación de uno o más de estos temas, las y los ciudadanos pueden presentar una denuncia ante el Itaigro. En 2018 se registraron 89 denuncias ciudadanas por este concepto, un incremento sustancial en relación con 2017, cuando sólo se presentaron 14 denuncias.
En estricto sentido, los 208 sujetos obligados del estado merecerían ser denunciados por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia, ya que ninguno cumple con el 100 por ciento de éstas. Sin embargo, los 89 denunciantes de 2018 seguramente presentaron sólo de aquellas dependencias de su interés.
En este rubro destacan por su número las denuncias presentadas en contra de los ayuntamientos, 65 de las 89: Tecpan (3), Chilpancingo (3), Tlapa (3), Coyuca de Benítez (3), Zihuatanejo (3); Acatepec (2), Atoyac (2), Tlalchapa (2), Taxco (2), Juan R. Escudero (2), Benito Juárez, Iguala (2) y Tixtla (2).
Con una denuncia están: Copalillo, Mochitlán, Acapulco, Ixcateopan, Ometepec, Petatlán, San Marcos, Leonardo Bravo, Alpoyeca, Arcelia, Tlapehuala, General Canuto Neri, Azoyú, Copala, Cuautepec, Huitzuco, Xalpatlahuac, Tlalixtaquilla, Olinalá, Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Cualac, Alcozauca, Alpoyeca, Metlatónoc, Cochoapa, Atlamajalcingo, Copanatoyac, Malinaltepec, Zapotitlán, Atlixtac, Ileatenco, San Luis Acatlán, Chilapa y Mártir de Cuilapan.
Pero también otras dependencias recibieron denuncias, entre las que destacan la Secretaría de Finanzas y Administración (3), Itaigro (3), el Tribunal Superior de Justicia (2).
De las 89 denuncias presentadas, 15 fueron desechadas o infundadas, sólo en siete se ha instruido a los sujetos obligados que entreguen la información; y la gran mayoría, 65, están en proceso.

No presentaron informe

Hay un dato del informe de labores del Itaigro que puede ser indicativo de la poca atención que le procuran una parte de los sujetos obligados del estado a los temas de transparencia y acceso a la información. Se trata del informe que cada año por ley deben presentar sobre el número de solicitudes que los ciudadanos presentaron a lo largo del año. Son 53 las dependencias (25 por ciento del total en el estado) que omitieron enviar este informe al Itaigro. La omisión es grave porque se percibe no solo como un desacato a la ley de transparencia, sino como una falta de interés de los titulares por hacer una gestión transparente en sus dependencias.
Entre éstas, hay algunas del Ejecutivo como Agroindustrias del Sur, Casa Guerrerense en el DF, Consejo de Políticas Públicas y la Secretaría de Desarrollo Social; también la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero y varios sindicatos. Pero el sector que tiene más omisiones es el de ayuntamientos, 25, que representan 30 por ciento de los que hay en el estado.

Verificación

En el informe de labores, correspondiente a 2018, el Itaigro finalmente publicó el ranking estatal de cumplimiento de obligaciones de transparencia con sus respectivos porcentajes. No nos referiremos a la metodología, pues las deficiencias que encontramos, las señalamos en ediciones anteriores (ver Monitor de Guerrero del 21 de noviembre y 4 de diciembre de 2018), sino propiamente a los resultados.
Dieciocho ayuntamientos (22 por ciento de este sector) obtuvieron una calificación de cero, y otros 14 no llegaron ni a 10 por ciento; 22 ayuntamientos alcanzaron entre 10 y 50 por ciento. Y sólo 23 tuvieron más de 60 por ciento, y de éstos, cuatro estaban en 2018 por arriba del 90 por ciento (Eduardo Neri, Acapulco, Heliodoro Castillo e Iguala).
En el caso del Ejecutivo del estado, encontramos siete dependencias con calificación de cero (Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, Casa Guerrerense en el Distrito Federal, Consejo de Políticas Públicas, Universidad Intercultural, Fideicomiso Bahía de Zihuatanejo, Instituto del Deporte y Conalep). Doce dependencias tienen menos de 50 por ciento de calificación.
Por otra parte, 11 dependencias del Ejecutivo se ubican por arriba de 90 puntos, y la gran mayoría, 50, están en el rango de entre 60 y 89 por ciento.
Los partidos políticos, según el informe del Itaigro, obtuvieron, casi todos, calificaciones por arriba de 60 por ciento, mientras que los organismos paramunicipales de agua potable se encuentran en un rango de entre cero y 83 por ciento.
La Auditoría Superior del estado obtuvo 92 por ciento, el Congreso 90 y el Tribunal Superior de Justicia 89 por ciento de calificación. Los órganos autónomos obtuvieron calificaciones por arriba de 60 por ciento, excepto la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; destaca que tres de ellos tienen calificaciones mayores a 90 por ciento (Itaigro, Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del estado).
Durante la verificación a las obligaciones de transparencia que realizó el Itaigro en 2018 también hay un dato que indica el desinterés de muchas de las dependencias evaluadas. Se trata de aquellas dependencias que obtuvieron calificaciones reprobatorias –por debajo de 60 por ciento, según la metodología del Itaigro– las cuales, no obstante que se programó un periodo para subsanar las deficiencias, desatendieron completamente esta oportunidad.
Destacan en este rubro dos sectores: el sector ayuntamientos, que en 49 casos no se registra ningún “informe de subsanación”; y el Ejecutivo estatal, donde fueron 18 casos. Cabe señalar que en muchos de estos casos ni siquiera asistieron a la verificación los titulares de las unidades de transparencia.
Con este panorama de la transparencia y el acceso a la información en el estado que se deduce del informe 2018 del Itaigro, son muchos los pendientes para este 2019, entre los más importantes: destrabar el tema de las sanciones económicas a quienes incumplen con la ley de transparencia, pues esto contribuiría enormemente a disminuir la impunidad; mejorar varios aspectos de las verificaciones a las obligaciones de transparencia, con la contribución de organizaciones de la sociedad civil y el consejo consultivo del órgano garante; establecer el órgano de control interno del Itaigro; relanzar la iniciativa de los ejercicios de gobierno abierto en coordinación con otras instituciones y la ciudadanía; promover el acceso a la información mediante metodologías que realmente “enganchen” a las y los ciudadanos en el ejercicio de este derecho; establecer mecanismos ágiles en la gestión de recursos de revisión y denuncias ciudadanas; entre otros.

Convocatoria

Desde el 8 de febrero se emitió la convocatoria para elegir al secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero. Se trata de uno de los componentes que establece la ley para el funcionamiento técnico y operativo del sistema. Con esta convocatoria, cuyo procedimiento es muy similar al que han empleado en otros estados, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción busca que el proceso de selección sea abierto y transparente.
Las bases de participación pueden encontrarse en el sitio www.cpcguerrero.org.mx

 

Diciembre

Con la enorme pena por la tragedia del incendio provocado en uno de los cerros más poblados de Zihuatanejo.

Desde el primer día de diciembre en mi pueblo el ritmo de la vida se acelera. Muchos se levantan antes del canto de los gallos, porque desde las cuatro de la mañana las familias se encaminan hasta la capilla del Tepeyac, como le llaman a la loma que antes quedaba en las afueras del pueblo, para formar parte en el festejo de la Virgen de Guadalupe. Allí inician su peregrinación hasta las puertas del templo católico en la plaza municipal.
Los protagonistas de esta fiesta religiosa son los niños y niñas que para ese fin visten el atuendo de los indígenas, calzón y cotón de manta, ayate y sombrero los niños, (a semejanza de Juan Diego, ahora hecho santo), y blusa con falda, (huacal en la espalda), trenzas y moños coloridos las niñas. Así rememoran el suceso milagroso de la época Colonial que narra la religión católica y que se conoce como la Aparición de la Virgen María, allá en el Cerro del Tepeyac, donde hoy existe la basílica de Guadalupe en la ciudad de México.
La fiesta de mi pueblo en honor de la Virgen María comienza desde el primer día del mes. Cuando amanece ya se escucharon Las Mañanitas y los cohetes que detonan a rabiar para despertar hasta el más pesado sueño. En las tardes se repite el mismo ritual que los allegados a la iglesia le llaman Las Tardecitas. Así son de repetitivos los días hasta el 12 de diciembre en el que culmina la festividad.
Éste año la fiesta contó con la representación tradicional de Los Moros, la danza que más recuerdos y carga de nostalgia trae para todos los habitantes de la cabecera que viven y nacieron después de la década de los cuarenta y hasta los años setenta del siglo pasado.
El teatro popular de esta danza copiado del antiguo modelo catequizador de los conquistadores estuvo a cargo de la familia León Sánchez que organiza y ensaya a los danzantes en una tradición hecha costumbre (o al revés) que mi tío José León heredó de mi abuelo Juventino, quien se echó a cuestas esa tarea desde hace ya 70 años, como una manera de honrar a la Virgen organizando la danza de la que ellos sufragan el gasto principal y las familias de los danzantes el resto.
La representación completa de la danza de los Moros que narra episodios de la guerra de las Cruzadas, poniendo en relevancia los milagros de la Virgen María para favorecer el triunfo de los Cristianos, dura dos noches, y aunque cada vez son menos los espectadores con la paciencia requerida para acompañar a los actores en toda su representación, la fe con la cual se organiza la fiesta es digna de reconocimiento, máxime que en éste año, un poco después de concluida la fiesta, mi tío ha sufrido un pre infarto que lo tiene en una situación delicada de salud.
Diciembre es un mes de frío, y siempre ha sido así, aunque antes nada se sabía de que las bajas temperaturas y a veces las lluvias atípicas en éste tiempo fueran provocadas por los frentes fríos que provocan los vientos. Lo cierto es que el rigor del clima se hace sentir más en las mañanas, cuando aparecen los primeros rayos del sol sobre la tierra.
Desde la otra orilla del río donde vivo, después del ajetreo de Las Mañanitas que a todos despiertan, se escucha el torrente del agua de la presa que llega a través del canal y cae por la compuerta, corriendo después por la acequia para el riego de la parcela vecina, recién sembrada de maíz y frijol.
El olor de la tierra mojada me trae el recuerdo de los tiempos de siembra, de la yunta y el trabajo del barbecho y surcado, trabajos con los que daba inicio el portento de la siembra y luego los primeros riegos que son los más difíciles, porque con la tierra revuelta por el arado y reseca y requemada por el sol, el agua corriente tiene serias dificultades para abrirse paso entre los terrones (nosotros les llamamos terromotes) si los surcos carecen de la pendiente adecuada para con el avance del agua rodada sin el riesgo del colapso.
Después, a medida que la frecuencia de los riegos facilitaba el libre tránsito del agua por los surcos para regar las plantas del cultivo, uno podía “tenderla” en varios surcos a la vez, con apenas un hilo de agua humedeciendo a conciencia la tierra, entonces uno podía acostarse confiado en el carril a contemplar las figuras formadas por las nubes en el cielo, o irse a bañar con los amigos al río, sin el temor de que el agua corriente pudiera provocar una inundación con la consabida “reventazón” de surcos.
Todo eso recuerdo en este tiempo de baja temperatura que contrasta con el color de incendio que tienen los escasos sembradíos de Jamaica cuyas flores rojas podríamos decir que son también de Navidad, más endémicas de nuestra región que las Pascuas taxqueñas.
Y ya que andamos por el campo, cómo no asociar al último mes del año el cambio de follaje en los escasos árboles de higueras amarillas ficus Petilaris ( en otro artículo escribí equivocadamente su nombre científico) que en toda la Cañada ahora lucen completamente desnudos.
Mientras el día avanza y el clima se torna cálido hasta hacer apetecible un baño en las frescas aguas del río Azul cuyo nacimiento en borbollones sigue siendo un milagro de la naturaleza que uno puede disfrutar junto a cientos de visitantes que ríen de felicidad.
El último mes del año se alarga más allá de los treinta días normales porque la fiesta de Virreyes, llamada así porque comienza con el aniversario de la Virgen María y termina con el Día de Reyes, es la escogida para los casamientos, bautizos y las fiestas de quince años, y toda clase de festejos en provecho del tiempo en el que llegan de vacaciones las familias que han salido a radicar en otras partes.
En todas las casas las fiestas son cotidianas porque después de la festividad de la Virgen siguen las posadas, previas al Nacimiento del Niño Dios el día 24, celebrado más allá de los católicos con la tradicional Cena de Navidad donde todos brindan por la felicidad.
Pero enmedio de todas las fiestas la gente sigue muriéndose, como sucede desde el principio de los tiempos y ahora, además de las campanadas en dobles, se avisa en los altoparlantes que murió fulano de tal y la familia del deudo invita a la “velada” del funeral, a la misa y luego al entierro cuyo ritual se extiende hasta los nueve días después del deceso, y terminado el último rezo celebrado con atole y tamales, se “Levanta la Cruz” que los familiares llevarán hasta el panteón para enterrarla frente a la tumba.
Lo nuevo en el año que termina es el espíritu del cambio social que ha inundado el ambiente decembrino, esperado como un milagro que con el esfuerzo de todos se ha hecho realidad.

 

Tres sorpresas (no Tres regalos de Los Diamantes)

Tengo la impresión de que el nuevo gobierno resolvió, hace varios meses, evitar a toda costa cualquier dificultad internacional en sus primeros meses o incluso años, para concentrarse en su agenda interna. Con algo de razón: ni al presidente le interesan los temas externos, ni son fáciles de entender para su base electoral y militante, ni repercuten de manera directa en el bienestar de la inmensa mayoría de la gente. No era una decisión, o un deseo, absurdos.
Sí resultaron deseos ilusos, ingenuos o fútiles. Ni siquiera mencionaré el desplome de la bolsa de Nueva York ayer, ni la inminente y repetida alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Me limitaré a hablar de tres retos de gran magnitud que hoy debe enfrentar López Obrador, y que nadie hubiera previsto hace un par de meses.
El primero ya lo hemos mencionado en estas páginas: la caravana de hondureños, que llevó al Secretary-Designate de Relaciones Exteriores (como lo tituló el Departamento de Estado el domingo) a viajar a Washington el primer día del nuevo gobierno, en un “bomberazo” evidente y necesario. Pienso que el nuevo gobierno se verá obligado a aceptar algún tipo de arreglo de hacerse cargo de los centroamericanos, y de sellar, hasta donde sea posible, la frontera sur o el Istmo de Tehuantepec, y que por supuesto buscará disimular sus concesiones, probablemente inevitables, a Trump. Pero evitar un enfrentamiento costará más de lo previsto, y esperado.
Segunda sorpresa: las dificultades del nuevo TLCAN o T-MEC. Trump anunció de regreso de Buenos Aires a Washington que pensaba invocar el artículo 2205 del viejo tratado, y echar a andar el reloj de seis meses de salida del acuerdo. Lo hizo con una “buena” intención, a saber, amenazar a los Demócratas en la Cámara de Representantes –mayoritarios a partir de enero– que si no aprobaban el USMCA (las siglas en inglés), Estados Unidos se quedaría sin nada: ni el TLCAN, ni el T-MEC.
Solo que recurrir a una amenaza “termonuclear”, es decir, de vida o muerte, o cara o corona, revela una preocupación real. Trump debe pensar (es un decir) que las dificultades venideras con una mayoría opositora en la Cámara baja pueden dar al traste con la aprobación. De allí su recurso a un chantaje hábil, pero basado en la incertidumbre. De creer que la ratificación constituía un asunto resuelto, no hubiera recurrido a un arma tan peligrosa. Y ahora López Obrador deberá dedicar muchos recursos, una buena dosis de capital político, y sobre todo una gran cantidad de concesiones adicionales, al cabildeo en Washington para lograr una aprobación más complicada de lo que muchos vaticinaban.
Tercero, el dilema de los bonos aeroportuarios. La gente de AMLO hizo bien la tarea, y se adelantó a las demandas que algunos tenedores de MEXCAT o Texcoco podrían interponer por la cancelación del NAIM. La propuesta de recompra de bonos o de consentimiento al traslado a Santa Lucía es inteligente y viable. El precio –95 centavos por dólar reales, si se opta por esta vía pronto, o un premio también si se otorga el puro consentimiento– es razonable. Pero lo último que deseaban los financieros del nuevo equipo era tener que lidiar con fondos “buitre”, que contratar al carísimo bufete de abogados Cleary en Nueva York, o estar pendientes de la aceptación –o del rechazo– de su oferta, por parte de los tenedores originales de bonos. La operación puede salir bien –creo que así será– pero va a costar. Costar dinero, esfuerzo, tiempo y angustia.
Nada de esto debe sorprender. Así son las cosas. Zedillo no se imaginó jamás que tres semanas después de su toma de protesta le reventaría la economía y México caería en una de las peores crisis económicas de su historia. Fox nunca pensó que a los nueve meses de haber iniciado su sexenio se produciría el ataque a las Torres Gemelas. Salinas no pudo prever que al año del arranque de su gobierno, caería el muro de Berlín y desaparecería el bloque socialista. Pero AMLO se ve obligado hoy a lidiar con tres sorpresas, o acontecimientos imprevistos e imprevisibles, que ocuparán el principio de su mandato. Pues sí.

 

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

 

En el ánimo del cambio

 

No sólo para el anecdotario. Los frentes fríos 12 y 13 –que en las redes sociales se mencionaron como el huracán Andrés Manuel–, trajeron lluvia y frío atípicos el jueves y el viernes en el estado. Es el antecedente que la naturaleza impone como parte de los cambios que se avecinan en este país.
Y no es para menos, porque los guerrerenses esperamos que la Cuarta Transformación haga justicia a los estudiantes de Ayotzinapa, que deje de haber desplazados por la guerra entre narcos, y que llegue la paz a todos los rincones del estado para poder hablar de desarrollo.
Que se descubra y castigue a El Patrón, sujeto de “alto perfil” cuyo retrato hablado se menciona en la recomendación de la CNDH, acusado de ser autor intelectual de la desaparición de los normalistas. Un “alto perfil” “que da instrucciones a las autoridades y mandos policiales en Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco. Manda a la Policía Federal, a la Ministerial Federal y a la organización criminal que controla la región”. ¿Quien podrá ser que no conozcamos?

El huracán del cambio

Desde el jueves la llovizna no cesa. Es como los tlapayauclis de la temporada de lluvias, sin truenos ni ventarrones. Sólo nubes oscuras que cubren el cielo. En los patios de las casas los animales se están quietos para no mojarse, y solamente las golondrinas aparecen volando de pronto como si emergieran de la tierra. Volando también abrevan en el río y retoman el vuelo poniendo su toque de alegría.
En las calles de la ciudad la gente se moja. Va toda de prisa sin que le importe la recomendación de caminar lento para mojarse menos.
Es viernes y en Chilpancingo ni la llovizna ni los charcos detienen la marcha de los maestros que ya se han rendido al frío y la humedad. Caminan con estoicismo, en grupos que hacen una gran fila, van muy juntitos para darse calor rumbo a la reunión que sus líderes mantienen con las autoridades de Educación. Se quejan de la situación de violencia que en la Sierra y la Montaña tiene las escuelas cerradas, y con todo derecho exigen protección del gobierno para cobrar su aguinaldo sin ser víctimas de la extorsión.
En la combi donde viajo ese día lluvioso va una señora que busca entre los pasajeros con quien platicar, quiere desahogarse de algo que la incomoda y hasta la indigna. Como no encuentra interlocutor directo habla a todos y a ninguno. En voz alta comenta “a ver cómo nos va con con este hombre que nos alarma por tantos disparates. Que un día dice una cosa y al otro se desdice, sin tomar en cuenta que afectan el ánimo de los inversionistas que sacarán sus capitales del país” y con eso no hay desarrollo. Todos entendemos que es una priísta porque en seguida adula a Peña Nieto. Dice que el joven presidente se esforzó en mejorar la educación y que hizo grandes cambios para el país, pero que sólo los necios se niegan a reconocer.
La señora no puede seguir en sus razonamientos en alta voz porque una pasajera le contradice. Acusa a Peña Nieto de la miseria y la violencia presentes. ¿Y el gasolinazo? Y la Casa Blanca? Y el avión de súper lujo?
La mujer insiste que con el gobierno del PRI la situación era mejor. Que ella es jubilada y que cuando fue empleada en Programación y Presupuesto había orden, no incertidumbre. Que cómo es posible que AMLO invite a Maduro a su toma de posesión cuando el venezolano tiene a su gente muriéndose de hambre.
Ya en la animada plática otra señora interviene cuestionando a la indignada mujer que parece venir del mercado. ¿Entonces no le parece bien que aumenten las pensiones?
Cuando se da cuenta que no tiene partidarios la señora se baja sonrojada de la combi y entonces la despedida corre a cuenta del chofer quien con una risa de burla le dice “de por sí ustedes los priístas no saben perder, y como ya no podrán seguir mamando de la chiche del gobierno andan criticando al Peje que todavía ni toma posesión”.
“Ni el peor gobierno puede hacerle tanto daño al país como lo han hecho los priístas”, le grita otro de los pasajeros. Mientras su vecino, ya en voz baja lo secunda: “ Y los panistas”.
Esto último ya no lo escucha la señora que camina jalando su carrito, quizá arrepentida de haber alborotado el avispero.

La asunción de López Obrador

Es sábado y el sol brilla por tanta humedad. Es el día esperado, dice con entusiasmo el señor que va con su esposa rumbo a la plaza. Lleva puesto un chaleco que lo identifica como promotor del cambio. Un activista de Morena que se siente con todo el derecho de festejar la asunción de su líder al máximo cargo de gobierno en el país.
Lo han convocado sus compañeros para ver en el televisor el ceremonial que ha sido preparado para la histórica asunción de la izquierda democrática al poder del gobierno. Y mientras llega la hora, sus compañeros hacen remembranzas.
No falta quien mencione el nombre del ingeniero Heberto Castillo quien en 1988 comprometió a Cuauhtémoc Cárdenas a liderar la unidad de la izquierda con el PRD.
También se recuerda al incansable maestro Othón Salazar quien contaba que sufría mucho volar en los aviones, pero no perdió la oportunidad de viajar a la URSS para conocer los avances del socialismo.
No falta quien recuerde el éxodo a la ciudad de México contra el fraude cometido a Félix Salgado Macedonio cuando en 1998 contendió por la gubernatura. “Era Andrés Manuel López Obrador el presidente nacional del PRD”, recuerda alguien que asegura haber hecho el camino completo “sin rajarse”.
Y como si fuera competencia, una paisana mía presume que el lunes hará un año que el ya casi presidente de México estuvo en la plaza municipal de Quechultenango, mi tierra, donde trató el polémico tema de la amnistía para quienes han delinquido.
La plática se detiene cuando en la pantalla de la televisión se ve al futuro presidente de México que viaja rumbo al Congreso para su toma de posesión, y la alegría desbordada de la gente que lo sigue. “No nos falles”.

 

Me canso ganso

En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal. En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro. El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.
La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares. Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.
Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco. Por ejemplo Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016 y 2017 dos ofertas por un total de 6 millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés. Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.
Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco. La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica. De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas. El gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.
Ese 7% de los tenedores de los bonos demandaron al gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York donde en octubre de 2012 el juez determinó que Argentina debía pagar el 100% de la deuda. El gobierno de Cristina Fernández apeló, no pagó y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero. Los tenedores de bonos recibieron casi cinco mil millones de dólares, y en cuando menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500 por ciento sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el gobierno Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el gobierno de López Obrador y evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.
La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos mientras que el gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales. Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían mayores ofertas de compra. El problema es que por más lento que avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando menos por ahora.
La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto “Benito Juárez” y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras. No será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.
El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse bien en México. La percepción de que el presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión, y dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva; y a los mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.

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Normalidad democrática

PENSÁNDOLO MEJOR

Me acordé, y esta digresión no lleva a ningún sitio, de la sucesión de 1952. Miguel Alemán era un presidente relativamente joven y apuesto; mujeriego de fama, pulcro en su arreglo. Era, también, un corruptazo. Lo sustituyó en el encargo Adolfo Ruiz Cortines, un viejo de 62 años que desde su toma de posesión quiso diferenciarse de su predecesor, que había hecho de este país, según la revista Life, una fábrica de millonarios, generales y limosneros. Dado que ambos eran priistas, el discurso tuvo que ser moderado. Ahora sí, entro al tema.
La toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador se vivió como un auténtico acto republicano. A diferencia de la que consumó el fraude de Calderón –que duró poco más de cinco minutos–, ahora las cámaras de televisión no intentaron borrar las protestas, ni suspendieron la transmisión del pleno cuando éstas se hicieron presentes. A diferencia de la de Peña Nieto –que duró siete minutos–, no se protegió con enormes vallas el recinto, no hubo graves disturbios afuera, acción de grupos insurreccionales que, aunque siguen igual de opositores, quizá estimaron que esta vez no tendrían ningún respaldo social, y menos hubo sangre o detenciones arbitrarias. Tampoco fue el año 2000 de Vicente Fox, donde confundimos la unanimidad neoliberal con armonía democrática y el circo con disenso; ahora el PRI prácticamente no existió en el recinto.
Salvo Fox, ninguno de los presidentes del nuevo siglo dio su mensaje en el recinto de San Lázaro. No se podía, porque la oposición no les reconocía una legitimidad incontestable. Al contrario, aunque se hable hoy de polarización, la sociedad estuvo desde entonces partida, y a la oposición le resultaba casi obvio que tenía que protestar.
El sábado, muy al contrario, lo costoso para los de por sí disminuidos PAN y PRI habría sido protestar con más estruendo. Aun así, en un milagro como de alquimia, el panismo contó hasta 43 para exigir justicia para Ayotzinapa, protestó contra el precio de las gasolinas que ellos empezaron a elevar y que apoyaron después –y validaron, en su afán de rebasar por la izquierda a López Obrador, los métodos y banderas que desestimaron y despreciaron tanto tiempo. Así se ve la normalidad democrática. En el Congreso convergieron los diferentes, se les dio su espacio, protestaron sin enfrentamientos corporales. Incluso el presidente contestó desde la tribuna algunas de sus protestas. Y no pasó nada, porque todo está en su lugar: la mayoría en el gobierno, la oposición con la legitimidad de sus votos y el espacio que les corresponde.
Aunque personalmente el discurso del Zócalo no me gustara, creo que habla precisamente de lo mismo. López Obrador no hizo la alocución épica, de fin de ciclo y culminación de una lucha que muchos habríamos esperado. No recordó, por ejemplo, que en 2005 advirtió que no volvería la normalidad política hasta que hubiera respeto a las reglas formales, pero también informales, de la democracia –como la equidad en la contienda. Al contrario, cual demócrata liberal programático, estableció un catálogo de 100 puntos que debería cumplir a lo largo de su mandato, por los que quiere que se le juzgue. Fue más bien aburrido –como de normalidad democrática.

 

 

La mentira y la restauración de Luis XVIII

 

Habría tantos aspectos de lo sucedido en México a lo largo del último par de días que podríamos escribir páginas interminables al respecto. Pero como unos y otros van a decir más o menos lo mismo, me centraré en dos temas: uno, sobre el cual nadie hablará, otro evidente pero imposible de silenciar.
El primer párrafo del discurso en la Cámara de Andrés Manuel López Obrador contiene una gran mentira. Por enésima vez desde el 1 de julio, repite que le agradece a Enrique Peña Nieto no haber intervenido en las elecciones de este año. Es falso: Peña intervino de manera tan abierta –o más descarada– que Fox y Calderón, sólo que no en contra de AMLO. Utilizó toda la fuerza del Estado mexicano, y en particular a la PGR, el SAT, Notimex, y la propia Presidencia, contra el candidato del Frente.
El supuesto escándalo de Barreiro y la bodega de Querétaro golpearon severamente a la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cuánto? Imposible saber. Pero sí es un hecho que todo fue inventado por el gobierno de Peña, presentado ante la prensa con la ayuda del gobierno, en los momentos más delicados de la campaña (cuando no se podía responder con spots), y cuando ya era evidente que la aspiración del PRI de ocupar el segundo lugar era absurda. Los medios más afines al gobierno hicieron la tarea; los columnistas pagados, también. Surgió una acusación de corrupción basada en nada, en hechos inexistentes, todo ello urdido por Peña Nieto.
No conozco a un solo observador del proceso electoral que no admita en privado que así fue. El debate es sobre la habilidad –o falta de la misma– de Anaya para responder, y cuanto se modificó el resultado de la elección. Pero la mejor prueba de la inexistencia del caso de corrupción, y del carácter electoral del escándalo, reside en el absoluto silencio al respecto a partir del 1 de julio. Peña no presentó expediente alguno contra Anaya, ni contra Barreiro; la PGR no volvió a abrir la boca; los medios tan obsesionados por el tema antes del 1 de julio no hablaron nunca más del asunto. En un diario se informó que se extinguió la acusación contra Barreiro porque renunció a recuperar su bodega; algunos me han dicho que Peña ya se la devolvió. El ex presidente sí intervino en el proceso electoral, y AMLO miente.
El segundo comentario se refiere al contenido de ambos discursos del nuevo presidente. Detalles más detalles menos, reproduce casi con exactitud el espíritu y la letra de su libro, La salida, publicado a principios de 2017. El análisis, el diagnóstico, la historia, las propuestas, su justificación, son idénticas a lo dicho el sábado en su toma de protesta.
Algunos celebrarán la congruencia argumentativa, la continuidad programática, la fidelidad a las tesis. Parte hay de cierto en esto: AMLO dice lo que hace y hace lo que dice. A la pregunta de ¿qué va a hacer? La mejor respuesta siempre ha sido: lo que dijo. Pero existen motivos para preocuparse de tal perseverancia conceptual.
Significa en el fondo que nada de lo que vivió López Obrador durante estos dos años le hizo cambiar de opinión, salvo la militarización de la policía a través de la Guardia Nacional. Un año y medio de campaña, con innumerables entrevistas, encuentros, debates con candidatos o con columnistas, corresponsales, empresarios, visitantes extranjeros, no bastaron para modificar sus puntos de vista. Cinco meses como presidente-electo, de estudio, discusión, negociación y una perspectiva única en México, resultaron insuficientes para rectificar errores obvios, descartar propuestas aberrantes, o abrazar nuevas ideas. Lo que ha sucedido en México y en el mundo en estos dos años, tampoco.
En pocas palabras, o bien Andrés Manuel se siente tan convencido de todo lo que escribió en 2017, como hoy, casi al comenzar 2019, o bien nada de lo vivido este tiempo le sirvió para aprender algo que a su entender valiera la pena. Después de la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la monarquía francesa en 1815, se atribuyó a Luis XVIII la frase memorable, probablemente de Talleyrand: “Rien appris, rien oublié”. Nada aprendido, nada olvidado.

 

Tampoco el Acapulco Náutico tiene beneficios de la promoción de Fidetur, dice dirigente

El presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional (AHRAT), Francisco Aguilar Ordoñez, señaló que la promoción que se hace de Acapulco en nada permea en los negocios del Acapulco Náutico, pues los pequeños propietarios de inmuebles, salieron a buscar trabajo en otros sitios de playa y pagan con tarjetas de crédito los salarios de sus trabajadores durante los meses de más baja ocupación.
Criticó que el Fideicomiso de Promoción Turística de Acapulco (Fidetur), favorezca a unas cuantas empresas con el impuesto al hospedaje que pagan los turistas y se enriquezcan, aún y cuando han pedido actividades promocionales en esta zona, donde surgió el esplendor turístico de Acapulco.
Y Aguilar Ordóñez también pidió al Congreso local que modifique los mecanismos para nombrar a los integrantes del Comité Técnico del Fidetur para que los pequeños hoteleros tengan voz y voto en las reuniones y modifiquen la tendencia que durante años ha tenido la aplicación de recursos al favorecer a unas cuantas empresas y no a aquellas cuyos propietarios o socios son cercanos a funcionarios del gobierno estatal en turno.
“Desde mi punto de vista esa promoción no está bien enfocada y la destinan a grandes hoteles. Falta que se
haga publicidad al Acapulco Tradicional, a Pie de la Cuesta, a otras partes del puerto que la requieren, razón por la cual no tenemos hospedaje, no tenemos turistas”, lamentó el representante de 55 hoteles y 15 restaurantes de esta zona.
Lamentó el destino de más de 7 millones de pesos que el Fidetur Acapulco pagó a Grupo Standex –cifra que de acuerdo con el libro contable del primer semestre del año sumó por 21 pólizas–, pues consideró que favorece sólo a unos hoteles de la zona Diamante.
Aguilar Ordoñez opinó que la dirección del Fidetur Acapulco “no está bien llevada” pues durante seis años la ha encabezado Pedro Haces Sordo y coordinada por Abraham Garay Velázquez, y no han visto resultados favorables para sus negocios, subrayó.
Consideró que ante el cambio de gobierno federal el próximo 1 de diciembre, el gobierno estatal debe responder a las exigencias de la población y especialmente de los empresarios, quienes “pagan puntualmente sus impuestos y que mantienen fuentes de empleo en Acapulco a pesar de la inseguridad y los escasos turistas que llegan al puerto”.
“Deben buscar la manera para que permitan el cambio porque llega un momento en que una administración, sea del color que sea, alcanza un límite y la dinámica exige un cambio. Nosotros quisiéramos que fueran los hoteleros quienes decidan cómo destinar la promoción porque por ejemplo con el señor Pedro Haces tienen dos votos en el (Comité Técnico del) Fidetur, como presidente y como representante del hotel Elcano y así es como determinan todo, pero no nos ayuda porque no son afines con las demás áreas de Acapulco”, argumentó.
Según el empresario “quienes debemos estar en el Comité Técnico somos los que aportamos el impuesto, si bien es cierto son los turistas, pero ellos llegan a nuestros hoteles; además que ese organismo que administra debe ser autónomo”.
Sobre cómo sobrellevan los meses de más baja ocupación, Aguilar Ordóñez comentó que hay algunos hoteleros que deciden viajar a otros sitios para “esperar la buena temporada” porque no tienen nada de turismo en sus cuartos.

 

Cancelan Campeonato Nacional de Tiro de Arco; sería en el Centro de Convenciones

A pesar de que las autoridades del sector turístico y deportivo de Guerrero han enarbolado la bandera promocional para actividades deportivas e incentivar a ese segmento turístico, fue cancelado el 45 Campeonato Nacional de Tiro con Arco que se llevaría a cabo en el Centro de Convenciones Acapulco.
Ante la falta de interés de las autoridades, los 800 participantes de cuya competencia serán elegidos los que representarán a México en el Mundial de Tiro con Arco, llegarán con sus acompañantes a la Ciudad de México, donde se llevará a cabo.
El vocero de la Asociación de Tiro con Arco de Guerrero, Enrique Gutiérrez San Miguel explicó que se trata de la edición 45 del Campeonato Nacional de Tiro con Arco bajo techo, que se realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre próximo en la Ciudad de México.
Para ello, directivos de la asociación estatal de tiro buscaron ayuda entre autoridades del gobierno estatal, de la Secretaría de Turismo y del Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg) durante éste año, pero sin haber hallado eco a sus peticiones.
Gutiérrez San Miguel recordó que en un primer acercamiento con las autoridades del sector turístico, pedían una renta por el salón Teotihuacán del Centro de Convenciones un millón 200 mil pesos.
“El escenario ideal era el salón Teotihuacán del Centro Internacional Acapulco, pero directivos y autoridades nos dijeron que la renta era de un millón 200 mil de pesos, seguimos insistiendo, hasta que bajaron la renta hasta 300 mil pesos, la Federación de Tiro con Arco estaba dispuesta a reunir un monto, pero también era excesivo”, señaló Gutiérrez.
Recalcó que “el presidente de la Asociación de Tiro con Arco de Guerrero, Héctor Villy Deloya Parra, entregó 80 oficios a diferentes dependencias durante éste año, principalmente la Secretaría de Turismo, también al Instituto del Deporte de Guerrero, nunca hubo una respuesta”.
Gutiérrez San Miguel destacó que “si cada arquero venía con dos personas mínimo, serían mil 800 personas que generarían derrama económica durante una semana”, y añadió que “a la autoridad simplemente no le interesó”.
Finalmente, señaló que ante la demora para emitir una respuesta, finalmente la Federación Mexicana de Tiro Arco emitió una convocatoria para que el campeonato se efectúe en la ciudad de México.
Gutiérrez San Miguel lamentó que “el torneo de Acapulco sería además selectivo para el campeonato mundial, se iba a generar derrama económica en un mes de baja afluencia turística, pues los arqueros viajarían con sus familias y entrenadores”.
Para el torneo ya había incluso un audiovisual promocional, así como el logotipo del mismo.
Además que viajarían a Acapulco importantes exponentes del tiro con arco, deportistas olímpicos, y ya había un equipo de voluntarios que ayudarían en la logística.