Abel Barrera Hernández Archivos - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Abren un comedor la UPN y el INPI en Tlapa para becar a 78 universitarios de la Montaña

Antonia Ramírez Marcelino

Tlapa

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) abrieron un comedor universitario para becar con la alimentación a 78 estudiantes indígenas, provenientes de los municipios de la Montaña.
Explicaron que el comedor universitario llevará el nombre del docente y director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, por ser el pionero y fundador de la carrera licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, adscrito a la UPN-Ajusco de Ciudad de México.
La directora de la universidad, María Luisa Santiago Jiménez, dio la bienvenida a las autoridades presentes y dijo a los estudiantes que el comedor representa una oportunidad para que los jóvenes ya no se preocupen por lo que van a comer y que se dediquen a estudiar, porque el almuerzo y la comida ya estaba garantizada.
Dijo que el comedor llevará el nombre de Abel Barrera porque fue el proyecto original, es para reconocerlo como docente que ha contribuido con la educación y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, aunque en lo administrativo tuvieron que registrarlo como Códice Azoyú.
En su turno, Abel Barrera explicó que la licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral es un modelo educativo distinto y único al tecnológico o escuelas de media superior, como el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio (CBTIS) 178 o el Centro de Estudios de Bachillerato (Cbach) 7/2 Ignacio Comonfort Ríos, y la Preparatoria 11 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Porque es una escuela que educa a los futuros profesionistas y a valorar la sabiduría de sus ancestros, que el compromiso que tiene es regresar a sus comunidades para asesorarlos, para servir al pueblo, no para aprovecharse.
Recordó que para la aprobación de la universidad fue a base de una lucha que se hizo en conjunto con la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), de marchar constantes para que les construyeran sus edificios.
Incluso hasta por recomendación del entonteces relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para los derechos humanos de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en la UPN-Ajusco.
Dijo que la apertura del comedor lo estaban esperando desde hace dos años, porque se tiene garantizar la educación de los estudiantes indígenas.
Se quejó de que en este gobierno, de Evelyn Salgado Pineda, la UPN no ha recibido ni un centavo, no reciben por parte del estado ni un presupuesto, se ha ido sosteniendo con el pago de las inscripciones de los estudiantes.
La presidente estudiantil, Emilia Ramírez Luna, proveniente de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, dijo que ese apoyo les va servir mucho porque en su mayoría viene de pueblos que apenas les alcanza para pagar la rentas, que eso ayudará a que no deserten y culminen su carrera universitaria.
El delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero, explicó que las becas son para 78 estudiantes, pero el próximo año hará lo posible para incrementar para 100 becas, porque ya hay un expediente, siempre y cuando la escuela los renueve.
Agregó que el personal del INPI estará verificando que funcione y el recurso destinado sea para lo que es, con total transparencia.
Advirtió a los alumnos que si no cumplen con la normatividad ese comedor se puede mover a otra escuela. Los conminó a que lo aprovechen, para que las próximas generaciones puedan gozar de esos beneficios.
El evento se desarrolló en el auditorio del plantel y también estuvo el subsecretario de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, Panfilo Sánchez Almazán, docentes y cerca de 80 alumnos.

Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Buscan impunidad para militares marchas a favor del Ejército, advierte Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas

Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.

Datos sobre pobreza en Guerrero revelan el fracaso de programas sociales: Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que en Guerrero el 66.4% de la población está en situación de pobreza y el 25.5 por ciento en pobreza extrema, se reflejan en el incremento de la migración en los últimos años en la Montaña y muestran que los programas sociales no han dado los resultados como se quisiera, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dijo que por la falta de ingresos se ha incrementado mucho el número de familias que emigran a los campos agrícolas; “se ha jornalerizado mas la vida comunitaria porque la gente de las comunidades no encuentran una actividad económica que les permita sobrevivir durante todo el año en sus”, explicó el defensor de derechos humanos.
Afirmó que lo que producen no les alcanza porque en esa región, la mayoría son pequeños agricultores que no rebasan los tres cuartos de hectáreas para sembrar maíz, y cosechan 300 o 400 kilos, lo que es insuficiente para una familia de seis o siete miembros.
Además, explicó que no solamente tienen que consumir maíz y frijol, sino que tienen que consumir otros productos, por lo menos arroz, o algo de chile “y para eso tienen que acceder al mercado, pero los precios de la canasta básica se han duplicado y ya no les alcanza para comprar otros alimentos”, dijo.
Añadió que por ello, “necesariamente”, casi todas las familias se concierten en jornaleras porque ya no pueden completar sus gastos estando en sus comunidades.
Dijo que, sobre todo, porque ahora hay una nueva generación de matrimonios jóvenes que ya no tienen tierra para sembrar, y no aspiran a tener parcelas para sembrar dentro de su comunidad y únicamente les queda emigrar como jornaleros.

Jóvenes familias emigran a Nueva York

“Regularmente los jóvenes están buscando como conseguir 200 mil pesos para emigrar a Nueva York”, dijo el director de Tlachinollan, quien da acompañamiento a las comunidades indígenas de la Montaña.
Agregó que hay más de 15 mil jóvenes hombres y mujeres que están trabajando en Nueva York, o Nueva Jersey ya sea en el campo o en la ciudad como meseros o cocineros en los restaurantes “y son los que mandan regularmente cinco mil pesos al mes y ayudan a sostener a sus familias para la compra de medicinas, alimentos, ropa y gastos varios que tienen sus mamás y papas”.
Dijo que esto pasa porque los programas federales no están resolviendo el problema de la pobreza y que el que más les apoya es el de Sembrando Vida pero no todos están inclusos en ese programa porque necesitan ciertos requisitos, uno de ellos el número de hectáreas que deben tener para reforestar.
Explicó que en tanto que los programas más pequeños, como el de apoyo a la producción no rebasa los dos mil pesos al mes, tampoco son la panacea como se ha querido ver.
“Esto da pie a que aparezcan estas estadísticas (del Coneval) que muestran la radiografía y que indican que la pobreza no ha podido ser abatida como se quisiera”, que, más bien, la gente en la Montaña prefiere irse como jornaleros
Detalló que es la causa del incremento, pues Tlachinollan ha registrado hasta 22 mil personas que emigran cada año, cuando antes la cifra era de 10 mil, lo que indica que las cifras se han duplicado.
En verdad, en la Montaña los programas sociales no están siendo un espacio para encontrar mejores condiciones de vida, “al contrario, están convirtiendo un territorio donde la gente está siendo expulsada por falta de opciones productivas”.
Añadió que los programas federales a muchas familias no les llegan en la Montaña porque no están registradas, debido a que seis meses del año están fuera de su tierra y no los encuentran para incluirlos a las listas de beneficiarios.

La inflación diluye apoyos

Además, insistió que los resultados (de los programas sociales) son insuficientes, porque así como llega el apoyo para adultos mayores, por ejemplo, las medicinas, el huevo y todos los productos de la canasta básica se encarecen, “es decir, a pesar de que llega el apoyo, la gente sigue teniendo un déficit de sus ingresos, no les alcanza, porque se han duplicado los precios de la canasta básica”, por ejemplo, agregó que ahora el precio del huevo es ya inalcanzable para algunas familias.
Igual los precios de las medicinas “están incontrolables, diariamente suben, y lo que reciben los adultos mayores, por ejemplo, solo les alcanza para comprar su medicina, porque nadie les garantiza medicina gratuita, aquí, en la Montaña, el gran negocio de estos programas son para los consultaros médicos y las cadenas de farmacias porque la verdad son los que mejor venden, además de las tiendas Chedraui, ahí se va todo el dinero y no le alcanza para la gente”.
Detalló que al recibir los recursos de los programas, la gente ya no produce ni comercializa, “se conforman con el subsidio que les dan, pero este no le alcanza, es insuficiente porque todos los precios están caros y esto hace que el circulo de la pobreza siga reproduciendo más familias pobres y los hijos tengan que necesariamente buscar opciones y estas son, o la migración jornalera o la migración internacional.
“La gente está resolviendo el problema económico vía migración y son pocas gentes que dicen que con lo que llega de su pensión de adulto mayor, les alcanza siempre y cuando sea uno solo, “pero si tienes a la esposa o hijos, eso no alcanza”.
Insistió que ese es el problema, y que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se han incrementado los apoyos para los adultos, “hay una carrera con los precios y están ganando estos porque subieron el doble lo que hace que sean insuficientes los ingresos que llegan vía subsidios gubernamentales.
“Los programas sociales se han presentado como una panacea, pero en los hechos, para las familias no están siendo una solución al problema de la pobreza”.
Indicó que la prueba esta en las miles de familias que se van de jornaleras o de migrantes a Estados Unidos, y no dicen: “mejor me quedo a recibir el programa, porque saben que no les alcanza y mejor se van porque allá por lo menos les pagan un poquito más.

Quienes se quedan, sólo esperan remesas

Explicó que las familias que se quedan son las que de algún modo tienen asegurado el apoyo que les mandan sus hijos o familiares de Estados Unidos; “las que de algún modo tienen la remesa segura que son cinco o seis mil pesos que les llega mensualmente, con lo que más o menos la pasan”.
Agregó que otros que se quedan son los que trabajan como maestros, o los que tienen tienditas producto de los apoyos de la migración, o que tienen huertas de café e ingresos complementarios, “pero no estamos hablando de que viven desahogadamente, sino que apenas cruzan la raya de la sobrevivencia”.
Siguió: “Después de eso no hay más, porque el bosque o los bienes naturales son comunales y cuando llegan a vender madera, no pueden hacerlo individual, sino con las autoridades agrarias, que son las que hacen estas operaciones”.
Con respecto a los caminos artesanales, dijo que tampoco son una opción y hay quienes dicen que 200 pesos que les pagan al día no les resuelve el problema de la canasta básica, y que lo hacen más por compromiso comunitario, para tener un camino, pero no porque sea una opción para tener un ingreso adecuado.
Agregó que otro problema que vino a complicar la situación económica fue la disminución del precio de la amapola, que antes era un ingreso más pero ahora que ya no tiene precio, vino a generar una mayor crisis en los ingresos locales.

Se agrava la violencia ante el repliegue de las instituciones de seguridad: Tlachinollan

El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández Maldonado, habla en la presentación del informe 28 de Tlachinollan, ayer en Chilpancingo; lo acompañan el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz Foto: El Sur

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ayer su informe 28 títulado 43: El naufragio por la verdad, ante la presencia del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Guillermo Fernández Maldonado Castro, quien destacó la importancia del documento porque dijo que Tlachinollan “es uno de los organismos más importantes de derechos humanos en el país y un referente obligado en Guerrero”.
La presentación del texto fue en un salón Capri del hotel Paradise Inn de Chilpancingo, donde estuvieron representantes de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, colectivos, víctimas directas e indirectas de desapariciones, ejecuciones, y desplazamientos por la violencia en la entidad.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, expuso que este informe se presenta en medio del grave problema de la violencia e inseguridad que hay en el estado, así como el debilitamiento de las instituciones de seguridad, “por no decir repliegue”, que impide que se garantice seguridad a la población.
En las distintas intervenciones se denunció que el actual gobierno no ha roto el pacto de impunidad que hay con los grupos delictivos y se insistió en la colusión de las autoridades con el crimen organizado, situación que evidencia que “aquí no hay ley, porque el que manda es el crimen organizado”, dijo Diana Hernández, hija del asesinado luchador social, Ranferi Hernández Acevedo.
Estuvieron en el presídium Maldonado Castro; el coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado, Alan García Campos; el abogado de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra; el dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui; la hija del luchador social asesinado, Ranferi Hernández, Diana Hernández; el presidente del Colectivo Lupita Rodríguez, David Molina; la directora del Centro Morelos, Teodomira Rosales; el representante de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Mario García, un representante de ese plantel y una representante de jornaleros agrícolas.
Guillermo Fernández Maldonado, hizo una reseña de todos los temas que incluye el informe de Tlachinollan y elogió el trabajo realizado por el equipo del organismo.
“Pocas son las organizaciones de la sociedad civil en México que presentan año con año un informe de actividades” y dijo que este es sólo uno de los aspectos “positivos” que distingue a Tlachinollan.
Opinó que el informe “es una radiografía exhaustiva y comprometida con lo que acontece en Guerrero” y que Tlachinollan realiza una “infatigable labor de acompañamiento a las víctimas de las dolencias; a los pueblos indígenas, a las personas afromexicanas, a los jornaleros agrícolas, a las personas desaparecidas, a las mujeres discriminadas y a los demás grupos que viven una situación especial de vulnerabilidad”.
Agregó que el informe “desnuda las heridas abiertas provocadas por la violencia y el impacto desgarrador del accionar del crimen organizado, la colusión de la criminalidad de algunas autoridades, las consecuencias negativas de una estrategia errada de militarización de la seguridad pública, la expoliación de los recursos de las comunidades, la rapacidad de algunos proyectos, entre otras fuentes de violencia que corresponde al Estado atender como principal garante de los derechos humanos”.
Destacó que entre los temas resalta el caso Ayotzinapa; “la resistencia de las familias, su infatigable lucha por mantener viva la exigencia de justicia, su capacidad de movilización y de denuncia valiente y constante en distintos espacios públicos”.
Destacó la apuesta de los padres por mantener vivo el diálogo que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables “de un acto de barbarie y ultrajante para la conciencia de toda la humanidad”.

Se disputan 22 grupos el control de los presupuestos municipales

En la presentación del informe, el director de Tlachinollan, Abel Barrera, habló de la violencia, de la grave criminalidad y de la crisis de seguridad que se vive en Guerrero.
Ante el representante del Alto Comisionado de la ONU, dijo que en Guerrero hay en las siete regiones más de 22 grupos de la delincuencia organizada que están usurpando el poder, en términos del control territorial y de su presencia en los poderes municipales, “donde les han cedido espacios y presupuesto los presidentes”.
Sintetizó: “Estamos ante una situación difícil”, y explicó que lo que está ocurriendo en las últimas semanas en la entidad ya no viene en el informe, “los grupos del crimen organizado están tomando el control de ciertos giros comerciales, como el gas en Zihuatanejo, los productos básicos en Atoyac, y en Tierra Caliente “varios presidentes municipales han cedido el control a la delincuencia organizada”.
“En la Tierra Caliente, el crimen organizado se están peleando los presupuestos para tener el control ante una población inerme”,
Dijo que San Miguel Totolapan es el caso más emblemático “de la impunidad y del poder impune del crimen organizado”.
También habló de Chilpancingo, donde, manifestó, hay una disputa desde hace varios meses entre los grupos de la delincuencia, igual que en Tierra Colorada, donde recientemente hubo un despliegue de la Guardia Nacional.
De Acapulco, informó que apenas el lunes le dijeron que “hay un gran número de grupos que se están disputando palmo a palmo las playas”.
Enseguida dijo que el informe de Tlachinollan es el “termómetro de un estado convulso”. Donde, añadió, por un lado hay una población que resiste bloqueando carreteras y calles para que las autoridades cumplan, “como está pasando con los colectivos de la guerra sucia que piden la reparación de daños y han ido hasta Palacio Nacional y no han sido atendidos”.
También mencionó la movilización del domingo cuando víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la guerra sucia protestaron en las puertas de la 35 Zona Militar para exigir que abran los archivos, pero que la respuesta fue “desconcertante”; porque en lugar de acompañar a los colectivos, en su mayoría personas mayores, madres, hijas esposas, dentro de las instalaciones había policías antimotines para proteger las instalaciones.
Barrera se quejó: “vemos a una clase política distraída en otros asuntos, alejada de las demandas básicas. Han abandonado, sobre todo, a los sectores de la Montaña, de la Sierra, de la zona Centro, de los colonos, de la gente de Acapulco que exige lo básico; agua potable educación, salud, trabajo”.
Explicó que la gente se organiza para esas peticiones porque los programas federales son insuficientes, “el techo presupuestal que debe llegar a Guerrero es insuficiente, por eso los jóvenes se están yendo a Nueva York a trabajar, por eso las familias se están quedando abandonadas”.
Informó que más 22 mil jornaleras y jornaleros han salido de la Montaña y de la Costa Chica para ir a buscar trabajo a los campos agrícolas de Sinaloa en condiciones de semi esclavitud, sin ningún apoyo, porque no hay ningún programa para proteger a la población jornalera. “Hay un abandono institucional a los sectores más depauperados en nuestro estado”.
Habló, también, de la situación de las mujeres indígenas y no indígenas, que viven una situación grave; “se han incrementado los feminicidios, las muertes maternas en la Montaña, la violencia contra las niñas y el problema de la venta de niñas lamentablemente ha crecido por el abandono de las autoridades”.
Además, dijo que las madres solteras son víctimas de violencia y de discriminación en sus comunidades, pues no tienen trabajo, y no tienen acceso a la justicia porque se les estigmatiza y criminaliza.
Denunció que hay municipios como Cochoapa y Metlatónoc donde las mujeres que se atreven a solicitar el apoyo de las autoridades municipales las obligan a regresar con sus esposos después de que sufrieron violencia y, de paso, les cobran por el acta que levantan para supuestamente conciliarlos.
“No hay realmente una política gubernamental que este del lado de las mujeres protegiéndolas”, denunció Barrera Hernández.
Agregó que otro problema grave en Guerrero es el de los desplazados de los que hay alrededor de 22 mil personas que han abandonado sus comunidades por la violencia.
Mencionó el caso de los desplazados de Chichihualco de los que hubo una representación, dijo que han resistido porque se han organizado y han tenido que ir a Palacio Nacional y a Gobernación para hacerse visibles pero que el Senado no ha intervenido para que haya una ley que los proteja.
“En Guerrero el problema de los desplazados es un foco rojo”, y que por eso vino la relatora el año pasado para verificar y constar el problema.
Vidulfo Rosales, por su parte, expresó que en un gobierno democrático la primera tarea que debería hacer es establecer una agenda clara para dar respuesta al problema de la violencia, y las ejecuciones de los defensores de derechos humanos; “hubo decenas tan solo en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero”.
Explicó que si bien no ocurrieron en este gobierno, “el actual tendría la responsabilidad de retomar el problema de los asesinatos de los defensores para su esclarecimiento y justicia, pero no estamos teniendo absolutamente nada, no hay la mínima preocupación”, denunció.
Reprochó que no se ven acciones concretas en términos de justicia para los defensores asesinados.
Y se preguntó: “qué está haciendo este gobierno, cuál es la agenda que está trazando, cuáles son las primeras acciones tendientes a resolver el problema de violencia. Nada, sólo pasarelas, frivolidades, acciones fatuas y no se está tocando la grave problemática que estamos viviendo en materia de derechos humanos.
El momento más sensible se percibió cuando habló el dirigente del Cecop, Marco Antonio Suastegui.
“Llévese este informe y su contenido, lleno de dolor y de sufrimiento, pero también lleno de esperanza. Para nosotros; las víctimas indirectas y directas es muy difícil poder leerlo y adéntranos, porque lo que ahí está escrito es lo que estamos viviendo los familiares de desplazados, de desaparecidos, de asesinados, de encarcelados, de perseguidos. La realidad en Guerrero es muy cruda”, le dijo al representante del Alto Comisionado.
Con largas pausas, voz quebrada y con ojos húmedos, habló de la desaparición de su hermano Vicente y de la negligencia de las autoridades para atender el caso. Mencionó que hay cuatro detenidos pero no por la intervención de las autoridades, sino por la presión de los familiares “con el riesgo de nuestras propias vidas para perseguir a estos criminales que hoy están coludidos con el Ejército y la Marina”.
Denunció que el mismo gobierno le está dando entrada a los grupos de la delincuencia en la zona de Cacahuatepec porque para las autoridades del pasado y actuales representa un gran negocio.
“Nada ha cambiado, al contrario, las cosas siguen empeorando”, denunció.

Imposible, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa, resuelve otro tribunal

Es imposible crear la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, resuelve magistrado federal

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la PGR

Agencia Reforma

Ciudad de México

Un magistrado federal resolvió ayer que es jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar, de nueva cuenta, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala el 26 de septiembre de 2014.
Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordeno la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión”, se lee en el acuerdo del tribunal unitario.
Lo anterior, en el amparo 121/2015 promovido por Patricio Reyes Landa, El Pato, uno de los presuntos sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos procesados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
La sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante un recurso de inconformidad, que según el artículo 203 de la Ley de Amparo toca resolver a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El plazo para la inconformidad es de 15 días hábiles y podría ser promovida por abogados de Reyes Landa, si es que tienen interés en que se integre la Comisión, o por familiares de las víctimas.
Pérez García, un veterano de 24 años como juzgador federal no publicó su sentencia, pero la PGR y la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia habían advertido que las instrucciones del tribunal colegiado violan el artículo 102 de la Constitución, que reserva al Ministerio Público (MP) la facultad de investigar los delitos.
Lo anterior, ya que la Comisión de la Verdad y la Justicia estaría encabezada por representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que decidirían las líneas de investigación, con los agentes del MP y peritos de la PGR como meros auxiliares, debido a que consideró que esa autoridad no es imparcial.
Cuando la PGR presentó los incidentes de imposibilidad de cumplimiento la CNDH se sumó a ellos, pues el ombudsman tampoco está facultado constitucionalmente para indagar delitos y presentar acusaciones penales.
Las sentencias del tribunal colegiado son inusuales porque los amparos, de integrantes de Guerreros Unidos, sólo fueron promovidos para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.
Pero los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo fueron mucho más allá de la revisión de los autos de prisión, al desconocer toda la investigación de la PGR, ordenar la Comisión de la Verdad y girar instrucciones a múltiples dependencias del Ejecutivo y Legislativo que no fueron parte de los juicios.
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación el presidente Luis María Aguilar dictó el 9 de julio un acuerdo en el que advirtió que, ante un eventual incumplimiento de las autoridades, los ministros estarían en posibilidad de revisar “qué consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento”.

Impugnarán padres de los 43 la resolución; la decisión final será de la Suprema Corte: ONG

Las organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 impugnarán la resolución de un magistrado federal, que consideró jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad para investigar los ataques ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.
En un comunicado, Serapaz, Tlachinollan, Fundar y el Centro Prodh lamentaron la decisión del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de Sabino Pérez García.
El magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR) que considera que no puede cumplir la orden de crear la Comisión, prevista en cinco amparos concedidos por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
“La decisión del magistrado Sabino Pérez García no es la última palabra, pues corresponderá a la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) pronunciarse en definitiva sobre la cuestión”, dicen las organizaciones, adelantando que impugnarán la resolución.
“La SCJN debe tener una aproximación imparcial del caso y sería en extremo preocupante que se alinee al ilegal proceder del gobierno federal en el caso Ayotzinapa”, agregó.
Para las organizaciones la decisión del magistrado lastima la esperanza de alcanzar la justicia y la verdad en el caso, la cual se había recuperado con la sentencia del Tribunal Colegiado.
“El acuerdo publicado el día de hoy (ayer) muestra que aún tenemos en México un poder Judicial en el que sentencias que protegen verdaderamente a las víctimas coexisten con fallos que protegen a quienes detentan el poder”, advierten.
También consideran que la negativa a la creación de la Comisión de la Verdad responde a una “acción inédita del gobierno de Enrique Peña Nieto”, que interpuso más de 100 recursos y escritos jurídicos, “presentados por la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Salud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Policía Federal e incluso la Cámara de Diputados”, plantean.
“Es decir, toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora de un tribunal que asumió a cabalidad su rol de contrapeso democrático”.
La respuesta de las organizaciones se da aunque la resolución no ha sido notificada a las víctimas. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, declaró que la resolución de un tribunal de Tamaulipas que declara la imposibilidad jurídica para la integración de una Comisión de la Verdad que investigue el caso de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, confirma que el Ejecutivo federal utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso no se investigue, se aclare y mucho menos que se haga justicia.
Sin embargo, añadió que espera que la decisión final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revierta la resolución del magistrado Sabino Pérez García.
El magistrado Pérez García, del Tercer Tribunal Unitario de Reynosa, Tamaulipas, declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), que considera que no puede cumplir la orden de crear la comisión, prevista en cinco amparos concedidos en mayo y junio pasados por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Consultado al término de la conferencia de prensa en la que organismos de derechos humanos pidieron que se confirme la sentencia que emitió el Juzgado Séptimo de Distrito en contra de dos de los militares que violaron a la indígena me phaa en 2002, Valentina Rosendo Cantú, luego de que estos apelaron la resolución de la juez, Barrera Hernández dijo que el magistrado Pérez García cedió a la presión del gobierno federal para proteger a los perpetradores.
“Lamentablemente no preveíamos este escenario y ahora resulta que el Tercer Tribunal Unitario se sometió a la presión del gobierno federal”, dijo el director de Tlachinollan, organismo que ha dado acompañamiento legal al caso de los 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala.
Dijo que tienen conocimiento de que se interpusieron más de 100 recursos de la presidencia de la República, de la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que ese Tribunal declarara la imposibilidad jurídica de crear la Comisión de la Verdad.
“Toda la fuerza del Estado se volcó, no para la búsqueda de los estudiantes como lo piden los papás de los desaparecidos, sino lo inédito y lo deleznable es que se juntaron todos para combatir la sentencia que había sido calificada como innovadora por parte del tribunal que asumió a cabalidad su función”, dijo.
Abel Barrera dijo que no es la última palabra la del magistrado, “nosotros consideramos que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que debe tener una postura imparcial del caso, y esperemos que sea la que dé su veredicto final y que se ajuste a las normas internacionales, “y tome en cuenta la sentencia tan valiente del Tribunal Colegiado”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Hay una decisión política para no resolver el caso Ayotzinapa: Amnistía Internacional

Las acciones jurídicas emprendidas por el gobierno federal contra la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa demuestran que existe una decisión política para no resolver el caso, consideró la organización Amnistía Internacional (AI).
Hoy al resolver un recurso interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR), el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, resolvió que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordenaba crear la comisión.
Para Erika Guevara, directora para las américas de Amnistía Internacional, el gobierno federal ha hecho todo lo posible para impedir la creación de esa comisión.
“El gobierno tomó más de 100 acciones legales distintas ante los tribunales para impedir que se cumpliera esta resolución judicial”, comentó en un comunicado.
“Esto muestra que hay una decisión política de ocultar la verdad sobre la suerte de los 43 estudiantes”, señala.
Guevara menciona que el tribunal colegiado que ordenó la creación de la comisión consideró que esa era la única forma de salvar una investigación plagada de irregularidades y pruebas fabricadas.
“El gobierno debe de dejar de oponerse a la comisión de investigación especial y dedicar sus recursos y esfuerzos para cumplir adecuadamente esta medida”, llama. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

Se utiliza toda la fuerza del Estado para que el caso Ayotzinapa no se investigue: Abel Barrera

Sin personal ni formación operan las instituciones de justicia, dice Tlachinollan del caso de Yndira

La agresión sexual que denunció la activista Yndira Sandoval Sánchez por una mujer policía de Tlapa, “mostró la precariedad con que trabajan las instituciones que imparten justicia, falta personal y no tienen una formación con perspectiva de género y de derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias mencionó que la organización intervino para que Sandoval Sánchez pusiera su denuncia formal cuando sufrió la agresión, ya que los hechos fueron el fin de semana y falta personal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pues sólo está la titular Osbelia Blanco Martínez, quien ese día estaba en una diligencia en Atlamajalcingo del Monte, y es la responsable de atender los 19 municipios de La Montaña.
Barrera Hernández dijo que eso mostraba la precariedad con que se trabaja en la región, porque faltan peritos, médicos legistas e infraestructura, no hay perspectiva de género y se revictimiza a las mujeres.
Comentó que los policías trabajan de forma opaca, no se sabe cuántos están acreditados, con qué controles internos se manejan, no hay registros ni control de detenidos, o si aplican protocolos en una detención que garantice el debido proceso, “es una improvisación total”.
Dijo que eso lleva a que haya actuaciones desproporcionadas en el uso de la fuerza, no distinguen entre un delito y falta administrativa, para ellos todo es detención y eso lleva al abuso de poder de todo el aparato local y estatal.
Mencionó que se han documentado casos en que hay deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, donde se revictimiza a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia y son criminalizadas.
Arias Vitinio dijo que hay dificultades estructurales para acceder a la justicia y en el caso de Yndira, quien conoce sus derechos y es defensora, se tardaron dos días en atenderla, recurrió a medidas cautelares ante el hostigamiento y fue custodiada a la ciudad de Puebla por policías estatales.
Agregó que con el nuevo sistema de justicia se pretende que sea eficaz, expedita y gratuita, pero no ocurre así.
Dijo que el delito en contra de Yndira es muy grave y si se contará con personal adecuado y capacitado se debió vincular a proceso porque acudió al Ministerio Público a denunciar la violación y podía pasar como flagrancia, pero como hay impunidad no se integró la carpeta.
Lamentó que ahora se pretendan desvirtuar los hechos y la quieren hacer pasar por una alcohólica mediante la publicación de videos.
Mencionó los casos de Valentina e Inés, violadas por militares, que derivó en la implementación de protocolos para atender a las víctimas y pidió que se apeguen a esos estándares.

Las acusaciones son falsas, responde la policía

En su perfil de Facebook la policía municipal Claudia Juárez Gómez posteó que en un programa de radio Yndira Sandoval, “me acusó de manera falsa e injusta de haberla violado, esta acusación tan grave es una total mentira”.
“Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público, alegando que es muy importante y muy influyente”, afirma.
Dice que tiene tres hijas, dos de seis años y una de cuatro, que es incapaz de hacer lo que se le acusa y que está dispuesta a encarar la verdad “y a la señorita”.
Remarca que ella no es importante ni preparada, pero “no soy una violadora”, y pide a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que también la defienda a ella.

El caso está en manos de las autoridades competentes, expone el alcalde

El presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García manifestó que desde el momento en que se enteraron del hecho y fueron notificados por la Codehum y la Fiscalía, han brindado la información que les han solicitado, y de igual forma atenderán a la notificación que llegó hace unos días de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Manifestó que esperan agilidad en las investigaciones para que se determinen los culpables y las sanciones, en caso de que haya responsabilidad de los policías.
Manifestó que no podía dar más información porque el caso está en las instancias judiciales.

Difunden videos de la activista en redes sociales

Este lunes después del mediodía empezaron se difundieron dos videos de Sandoval Sánchez, al parecer grabados por policías, en uno se observa alcoholizada y le dicen que se suba a la patrulla, ella dice que no es delito tomar, y se identifica como activista de derechos humanos.
En el otro está en la Dirección de Seguridad Pública y los policías le piden que firme y entregue sus pertenencias, ella dice que no firma hasta que le digan para qué, pero entrega pulseras y dice que le incomoda a los policías que una ciudadana sepa sus derechos.

Marcharán para exigir justicia

La vocera de la activista, Rosalinda Pimentel informó que el próximo miércoles marcharán por Yndira en un amplio respaldo nacional e internacional para exigir justicia en Guerrero y Tlapa.
Dijo que ya tienen cinco estados confirmados en los que marcharán y otros aún están por definir las acciones, pero se manifestarán y en breve darán más información sobre el caso.

Dedica Abel Barrera el premio Amalia Solórzano a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández fue enfático al recibir a título personal y en nombre de la organización que representa el premio Amalia Solórzano: “la violencia es el nuevo coloniaje neoliberal con el que se imponen las autoridades estatales, cómplices de los grupos criminales… no difiere de la violencia caciquil que nos ha sumido en el atraso”.
Dedicó este premio dado por el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, con el que se reconoce su labor y la de Tlachinollan en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado, a las madres y padres de los 43 que en su opinión: “han irrumpido en la escena nacional para desenmascarar el pacto de impunidad que existe entre las altas esferas del poder y las organizaciones criminales”.
Barrera dijo en su mensaje en el Palacio de Minería, que “las madres y padres a más de tres años son el reservorio moral de un país de muertos y desaparecidos, un país que nos duele, donde los rostros de los 43 se han transformado en los emblemas de nuestra esperanza. Son una luz en esta noche turbulenta marcada por la catástrofe y la devastación política. Su inquebrantable búsqueda por la verdad ha desbaratado la verdad histórica”
El Premio Amalia Solórzano de Cárdenas es entregado anualmente desde 2011 como reconocimiento a personas o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo y actividad en favor de la independencia nacional, la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz, los derechos humanos y la educación.
Los premiados desde 2011 han sido el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el escritor Eduardo Galeano y la feminista Marta Lamas, el ex presidente de Uruguay José Mujica, el dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Raúl Álvarez Garín, el historiador Miguel León Portilla y el Instituto Politécnico Nacional.
En su participación el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano reconoció la labor de Tlachinollan, que trabaja mayormente en los pueblos de la Montaña de Guerrero, donde se concentran los cuatro pueblos indígenas del estado: na savi, me’phaa, nauas y ñomnda.
“Tlachinollan ha sido denunciante y defensor de innumerables casos de violaciones, asesinatos, desapariciones, en diversas ocasiones el único, y desde el 26 de septiembre de 2014 ninguna institución como este centro, ha luchado porque se haga justicia y se esclarezca la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, dijo.
Del caso de los 43, el más emblemático de los últimos años en México, Cárdenas refirió: “en ningún caso puede o debe culparse a instituciones por los delitos cometidos. El o los responsables de cualquier hecho que se trate, son siempre individuos con nombres y apellidos… en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa se brinda impunidad”.
Seguido de Cárdenas el historiador Adolfo Gilly exaltó la labor de Tlachinollan. Con voz potente y pausada el argentino naturalizado mexicano, integrante del consejo del premio dijo a los presentes que Amalia Solórzano estaría orgullosa de que este premio haya sido entregado a un hombre honesto y leal, y junto con él a la organización que dirige “al abogado a Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos en su tarea de defensa de la vida”.
Equiparó la labor de Tlachinollan y Abel Barrera a la de Rosario Ibarra de Piedra, precursora en la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos, como su hijo Jesús Ibarra Piedra.
Dijo que “Abel Barrera ha desarrollado su riesgosa e ininterrumpida actividad en casos grandes e individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro crimen de violación de derechos en la República mexicana y en cualquier nación”.
Mencionó que Tlachinollan defiende casos como el de El Coacoyul, una comunidad de Cochoapa El Grande donde carecen de maestros, lo mismo que las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo violadas por militares y a quien el Estado mexicano tuvo que darles disculpas públicas.
Hizo alusión al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, “nada, salvo repeticiones elusivas ha podido responder el gobierno federal y sus dependencias a este informe (del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), nada, nada, no diré más de este caso histórico en sí mismo, lo que una vez sucedió ningún tiempo después puede borrar”.
“Con su tenacidad, los colegas y amigos de Tlachinollan y todas las organizaciones de derechos humanos nos protegen a todos… así Abel Barrera, la comuna de Ayotzinapa proviene de la cultura comunitaria de comunidades pequeñas que viven del maíz y tienen adentro el corazón de la comunidad, la tienen adentro de su corazón”, parafraseó uno de los discursos del director de Tlachinollan al recibir otros reconocimientos en su defensa de los derechos humanos.
Abel Barrera vistió un traje negro y corbata del mismo color al recibir la medalla, dedicó el reconocimiento a todos sus defendidos y al coraje de los pueblos indígenas.
Reconoció la lucha de comunidades como San Miguel El Progreso contra la Ley Minera y resaltó la tenacidad de esa gente, que en muchas ocasiones sin saber escribir la palabra justicia ha luchado por ella en las calles y en los tribunales. “Los pueblos indios de La Montaña nos han enseñado que la gesta por los derechos humanos no es en vano, más bien significa reciedumbre, sacrificio y mucho valor, sin evocar este término han dado lecciones al país de lo que representa defender el territorio y la vida con la propia vida, sin aspavientos, avanzan sin retroceder, desde los caminos agrestes de la montaña y desde la penumbra del olvido”, subrayó.
Abel Barrera ha recibido reconocimientos como la Presea del Mérito Civil Nicolás Bravo del gobierno de Guerrero en 2001, el Premio por Instituciones Creativas y Efectivas de la Fundación MacArthur en 2007, la Distinción de Derechos Humanos de la Washington Office on Latin America (WOLA) en 2009, el Premio Robert F. Kennedy de Amnistía Internacional en 2010, en 2011 la rama alemana de Amnistía Internacional le otorgó su Sexto Premio Anual de Derechos Humanos por sus luchas “en gran riesgo personal por los derechos de la población indígena en el estado de Guerrero”, y en 2016 recibió el Reconocimiento por la Igualdad y la no Discriminación 2015 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Al término de su mensaje, Barrera gritó: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, el cual corearon los presentes. Allí estaba parte del equipo de Tlachinollan que se trasladó desde Tlapa, donde están las oficinas de la organización, en el corazón de la Montaña guerrerense.

Evidencian los datos del Coneval el fracaso de las políticas públicas, señala Abel Barrera

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) que revelan que el 64.4 por ciento de los guerrerenses (2 millones 315 mil 400 personas) vive en pobreza, y el 23 por ciento en pobreza extrema y no tiene para comprar la canasta básica, evidencian el fracaso de las políticas públicas, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
El antropólogo dijo que ese es el resultado de la apuesta del gobierno solamente a la inversión extranjera, sobre todo a las empresas extractivas, como las mineras, y de que no invierta para el desarrollo en el campo. Añadió que también es el resultado de la corrupción y de la aplicación “clientelista” de los programas sociales. Dijo que a la clase política del país le conviene que sigan así las condiciones para tener clientela política cautiva.
Consultado por teléfono sobre los resultados del estudio del Coneval, Barrera Hernández declaró que el modelo económico que se ha impuesto en el país y en el estado, “es un modelo para generar programas compensatorios que solamente van paliando el problema del hambre, de la salud, de la educación”.
Expresó que no existe una política construida desde la base comunitaria y pensando en el bienestar de la comunidad, y que esas estadísticas reflejan los contrastes abismales entre los municipios de alto poder adquisitivo, como Nuevo León, con los municipios más empobrecidos de la Montaña de Guerrero, como Metlatónoc o Cochoapa El Grande.
“Es la expresión de la desigualdad al máximo. Estamos en un estado totalmente desigual y totalmente marginal de las políticas sociales que solamente son corporativas, clientelares y los programas netamente asistencialistas para asegurar clientela cautiva entre los sectores empobrecidos y, sobre todo, tratar a la población como objeto de conmiseración, no como sujeto de cambio o como actor que transforme la realidad”, denunció Barrera Hernández.
El antropólogo declaró que por eso no se consulta a los pueblos y se imponen modelos de desarrollo extractivistas, como la entrada de empresas extranjeras para extraer los minerales, “porque ese es el modelo a nivel global, y las autoridades mexicanas lo siguen a pie juntillas y a lo único que le están apostando las autoridades es a que venga la inversión extranjera a hacer una derrama de inversión, pero su inversión no se compara con la riqueza y el tesoro que se llevan”, lamentó.
Barrera dijo que, además esas empresas vienen a destruir el hábitat, a contaminar los ríos y a devastar toda la riqueza natural, “y vemos, en contraste, que no hay una apuesta por reactivar el campo, por recuperar los cultivos tradicionales como la siembra mesoamericana del maíz, frijol, calabaza y el chile”.
Dijo que esa política ha llevado a que a las comunidades de la Montaña se lleve hasta chile, maíz y frijol de las ciudades, porque el gobierno retiró el subsidio al campo para hacer dependientes del sector empresarial urbano a los campesinos, “por eso ha descapitalizado al campo”, acusó.
La reforma del campo fue para volcar la estructura agraria hacia el capital, señala

Explicó que la reforma agraria fue precisamente para transformar la estructura agraria e irla volcando hacia el capital. “Ahora, las estructuras corporativas imponen los paquetes tecnológicos al sector agrario para tener el control de los electores, y eso, lamentablemente es lo más perverso que se está dando en la implementación de políticas para el desarrollo… En verdad, la información del Coneval está constatando el fracaso de esas políticas públicas que no están apostándole al desarrollo local, al desarrollo comunitario, y están trayendo tecnología basada en el petróleo, que lo único que está haciendo es acelerar el problema del calentamiento global”, dijo Barrera Hernández.
El director de Tlachinollan alertó que “nos vamos a seguir hundiendo, lamentablemente, si se sigue este modelo extractivista, privatizador, depredador y saqueador sistemático de los recursos naturales”.
Denunció que otra de las causas de los resultados del Coneval es la corrupción endémica de las empresas que han llegado a construir obra pública y que sólo se vienen a llevar los recursos porque no hacen la obra pública.
Agregó que los programas que ha implantado el gobierno son sólo un negocio de los proveedores, y que hay un contubernio entre funcionarios públicos que aprueban los proyectos con grupos de proveedores para hacer negocio con la venta de los insumos.
“Todo es un robadero en los proyectos, al campesino solamente le queda de recuerdo de los programas de PESA (Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria) es un alambre tirado y raído, una parcela montosa, y pequeñas aulas de lo que fue la granja, o los invernaderos todos abandonados… se implementan para sacarse la fotografía o enriquecer a los políticos”.
Aseguró que en el campo no se ve un programa que invierta directamente en las familias del campesino.
“El campo se trasformó en una mina de oro, pero para los grandes inversionistas de empresas tanto agroindustriales, como farmacéuticas o metalúrgicas, para una explotación a escala global”, dijo Barrera.