Nombran director del Centro de Conciliación Laboral; es un experto en derecho electoral

El director general del Centro de Conciliación Laboral del estado de Guerrero Emmanuel Salazar Ibarra El Sur

Lourdes Chávez / Daniel Velázquez

Chilpancingo / Acapulco

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda designó como director general del Centro de Conciliación Laboral (CCL) de Guerrero, del nuevo sistema de justicia laboral que comenzará a operar el próximo 3 de octubre, al ex funcionario del Tribunal Electoral del Estado (TEE), Emmanuel Salazar Ibarra.
Su nombramiento fue dado a conocer este lunes mediante una fotografía de la toma de protesta por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Sin embargo, Salazar Ibarra aclaró que fue designado desde el 1 de agosto, hace un mes, y buscó los acercamientos con los integrantes de la Junta de Gobierno del CCL, y que sesionó por primera ocasión este martes 6 de septiembre.
El CCL depende de la Secretaría del Trabajo y es obligatorio acudir a este antes de presentar demandas laborales en el Tribunal Superior de Justicia, que sustituye a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
De acuerdo con la Ley 175 del CCL, aprobada por el Congreso local el 30 de marzo de este año, y publicada en el periodo oficial el 19 de abril, la Junta de Gobierno es presidida por la titular del poder Ejecutivo. Se integra con las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Finanzas y Administración, de Contraloría y Transparencia Gubernamental, de Fomento y Desarrollo Económico, de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, además del director general del centro con funciones de secretario técnico, y el órgano interno de Control.
De acuerdo con información pública disponible en internet, Salazar Ibarra es licenciado en derecho con maestría en derecho electoral. Los cargos que ha desempeñado son: en 2020 capacitador adscrito al Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Electoral del Tribunal Electoral del Estado; en 2019 analista adscrito a la Dirección Jurídica y de Consultoría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero; en 2018 secretario instructor del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero; en 2015 juez instructor adscrito a la quinta sala del Tribunal Electoral del estado, y secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Estado.

En consulta telefónica, Salazar Ibarra indicó que la primera sesión ordinaria y de instalación de la Junta de Gobierno del CCL se realizó a las 10 de la mañana en la Sala Emperador Cuauhtémoc de la sede del poder Legislativo.
“De hecho ayer (martes), al momento que el secretario del Trabajo, Luis Armando Baños Rendón hizo uso de la voz, anunció a los integrantes de la Junta mi presentación como director del Centro y como secretario técnico de la Junta, y ahí hizo de conocimiento que mi nombramiento fue expedido por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el primero de agosto”.
Explicó que desde esa fecha asumió el cargo con otras que se han incorporado en las áreas jurídicas, sobre todo recibiendo capacitaciones relacionadas sobre dos sistemas que se van a utilizar para la atención de controversias, el Nacional de Conciliación Laboral y de Gestión de Notificaciones, cuyas plataformas proporciona la federación.
También buscó acercamientos con los integrantes de la Junta para exponer el reglamento interno y la aprobación de convocatoria que se publicó este miércoles para seleccionar y contratar a nueve conciliadores laborales, y de los instrumentos jurídicos que dan certeza legal al CCL.
Añadió que ya se incorporó el personal responsable de brindar orientación jurídica e invitadores, “se están sumando a las capacitaciones correspondientes para el manejo y operación de los sistemas. En el momento que los conciliadores se incorporen al Centro, el 26 de septiembre, también estarán tomando ya un curso de introducción al manejo de estas plataformas para que cuenten ya con información suficiente para comenzar la operación el 3 de octubre”.
Destacó que atendiendo el principio de paridad de género, de cuatro direcciones instaladas, tres son ocupadas por mujeres y una por un hombre; de cuatro jefaturas tres son para mujeres y una por un hombre. Asimismo, dijo que la contratación de nueve conciliadores por concurso será paritaria.
La convocatoria pública de conciliadores laborales, publicada en la página de Facebook de la Secretaría General de gobierno, señala el periodo de recepción de documentos del 6 al 15 de septiembre, la difusión de nombres de quienes cumplan con los requisitos el 16; el 17 se aplicará el examen de conocimientos, y el 19 se publicarán sus resultados; el 20 y 21 se realizarán las entrevistas a quienes avanzaron en esta etapa y, el 22 de publicarán los seleccionados y su designación.
En nueve vacantes, el estado ofrece una percepción mensual bruta de 19 mil 910 pesos.
En cuanto a la operación del sistema de justicia laboral, el funcionario precisó que, hasta el 2 de octubre, las Juntas de Conciliación y Arbitraje recibirá las controversias laborales que continuarán operando hasta la resolución de todos los juicios bajo su control.
A partir del 3 de octubre, todas las controversias serán atendidas por el CCL, para procurar en la mayor medida posible un acuerdo común entre las partes y evitar el juicio laboral, que, en su caso, ya correría a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
“De forma estadística, en los estados que corresponden a la primera y segunda etapa de implementación del sistema de justicia laboral, tienen un índice de 75 por ciento de controversias laborales resueltas en mediación”, destacó.
Guerrero se encuentra en la lista del tercero y último bloque, y para la implementación del CCL. Informó que la federación contempla un subsidio gestionado oportunamente por la STPS del estado, que pronto será radicado para la compra de mobiliario, adecuación de la sede, que ahora se encuentra en un espacio provisional.
De su perfil, Salazar Ibarra informó que tiene 20 años de experiencia como servidor público en cargos principalmente en el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, cuya competencia también es laboral, los medios de impugnación del sistema electoral contemplan dirimir los conflictos laborales entre el personal del tribunal y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y se aplican las leyes laborales.
“La formación actual de un operador jurídico está enfocada a la protección de derechos humanos, a la interpretación y ponderación de principios constitucionales, como la paridad de género y distintos elementos que son importantes en toda implementación a una reforma en materia de justicia. El nuevo sistema de justicia laboral tiene como objetivo principal toda la implementación de este sistema combinado entre la instancia prejudicial, a cargo del CCL, y la instancia judicial, a cargo de los tribunales, lograr protección mayor y mejor a los del trabajador”, argumentó.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del estado de Guerrero (CCL), encabezó la Primera Sesión Ordinaria en la que, por unanimidad, se aprobó el reglamento interior del Centro de Conciliación Laboral, entre otros acuerdos.
A la sesión asistieron, como integrantes de la Junta, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra; el titular de la Sefina Guerrero, CPC Raymundo Segura Estrada; el director General del CCL, José Emmanuel Salazar Ibarra, así como los representantes de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental Guerrero y de la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico.

No cumple con el perfil el director del
Centro de Conciliación Laboral: abogado

La designación de José Emmanuel Salazar Ibarra como director general del Centro de Conciliación Laboral, no cumple con el perfil, pues es “abogado electoral” y no laboral.
En una llamada a la Redacción de El Sur, Carmelo Loeza Hernández indicó que los abogados laborales preparan conferencias de prensa en Acapulco y Chilpancingo para fijar una postura porque no están de acuerdo en esa designación.
Loeza Hernández confirmó que el nombramiento de Salazar Ibarra se dio el lunes. Dijo que como abogado respeta su trabajo, pero al frente de los Centros de Conciliación Laboral que entran en vigor en octubre en el estado debe estar alguien que conozca del derecho laboral porque la intención de este nuevo sistema es que los juicios laborales se resuelvan con prontitud.
Abundó que con el nuevo sistema de justicia laboral, las nuevas demandas laborales se presentarán en los Centros Conciliación Laboral, donde el primer paso será buscar la conciliación entre el patrón y el empleado y en caso de que no haya acuerdos se procederá al juicio pero debe existir una constancia emitida por el Centro de Conciliación de que no hubo acuerdo entre las partes.
En tanto, las juntas de Conciliación y Arbitraje seguirán en operación para resolver los juicios acumulados hasta que concluyan.

 

Respaldan maestros de Psicología a la actual directora; niega que haya amenazado a la maestra

Maestros de la unidad académica de Psicología, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), dieron su respaldo a la actual directora Marisol Salado Barrera, para que continúe al frente de la escuela y desestimaron las acusaciones que hizo la maestra Elvira Salgado Romero, quien acusó a la primera de haberla amenazado ante su intención de participar en el proceso de renovación de la dirección, que será el próximo mes.
Mientras que la directora Marisol Salado Barrera negó las acusaciones de amenazas que hace Elvira Salgado y se dijo “sorprendida por las acusaciones, porque no tengo ningún elemento para agredirla, lastimarla”.
Invitó a la maestra al diálogo y reconoció que no renunció al cargo de la dirección y “en ningún momento estamos infringiendo la ley”. Señaló que los integrantes del consejo, los administrativos, docentes y alumnos “hicieron una propuesta al Consejo Universitario, que iba firmada por 33 docentes y mil 185 alumnos, de alrededor de mil 200, así como administrativos, para que una servidora continúe”.
Agregó que efectivamente no puede competir en las próximas elecciones, porque no renuncio a su cargo, pero existe esa propuesta por lo que “si procede bien. Yo estaré si la comunidad universitaria me lo pide, si no es así, tenemos listas nuestras maletas”.
En conferencia de prensa en la explanada de la escuela de Psicología, donde estuvieron presentes los alumnos con pancartas de apoyo a la directora, la maestra Mónica Guevara Rojo dijo que la mayoría de los docentes están de acuerdo con que Salado Barrera continúe como directora.
El lunes, la maestra Elvira Salgado denunció que la directora Marisol Salado y su asistente la “amenazaron de muerte”, por lo que las hace responsable de lo que le pase.
Guevara Roja dijo que la mayoría de los maestros están a favor de los trabajos que ha hecho la actual directora, por lo cual “estamos a favor de que continúe con los trabajos que hasta ahora ha desempeñado”.
Mientras que el abogado de la directora, Carlos Serrano García, informó que la denuncia por amenazas ya fue respondida por la directora, aunque nunca fueron notificadas personalmente, pues se enteró por las redes sociales.
Indicó que el pasado lunes había una cita de conciliación en el Ministerio Público, pero Elvira Salgado no se presentó, aunque la denuncia ya fue presentada. Señaló que los hechos que se presentan son falsos. Sobre si habrá una denuncia contra Elvira Salgado por parte de la directora, respondió que no es necesario porque “no tiene ningún problema con la señora”.

 

Ejecutan a cuatro hombres y los dejan embolsados y maniatados en una camioneta en Chilpancingo

Los cuerpos de cuatro hombres embolsados fueron encontrados en un vehículo en la colonia Universal.
Ayer cerca de las 8:30 de la mañana de manera anónima se notificó al número de emergencias 911, que en la esquina de las calles Unión y Prosperidad en la Colonia Universal, había cadáveres dentro de un vehículo, por lo que policías estatales, militares y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron al lugar.
Las víctimas eran cuatro hombres, dos estaban embolsados y dos maniatados y semidesnudos, se encontraban en la cajuela de un vehículo Nissan Tsubame con reporte de robo, que estaba estacionado frente a un taller mecánico y a unos metros de un almacén de la Secretaría de Salud. La zona fue acordonada.
El hallazgo causó asombro entre los vecinos, quienes salieron a la calle a presenciar las diligencias y algunos desde los techos de sus casas, mientras los peritos cubrieron con una tela azul el espacio entre el vehículo donde estaban los cuerpos y la camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo), para evitar que se viera cuando fueron recogidos.
Los cuatro hombres fueron trasladados al Servicio Médico Forense sin ser identificados.

Muere una mujer de un balazo en presunto suicidio

En otro hecho, a las 11:28 de la mañana se reportó que una mujer había sido privada de la vida por arma de fuego en una casa en la colonia del Valle, al norte de la capital.
Se informó que se trataba de una mujer que murió a causa de un balazo, presuntamente en un acto suicida, y agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios acudieron a participar en las diligencias. (Alina Navarrete / Chilpancingo).
Ejecutan a un abogado que estaba de visita en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez

El abogado José Guadalupe de 67 años fue asesinado de cuatro impactos de bala calibre 9 milímetros, en el interior de una casa en la comunidad de Aguas Blancas, Coyuca de Benítez.
El asesinato fue minutos después de las 9:30 de la noche del martes. El cuerpo quedó recostado en un sillón y presentaba heridas en tórax y en la cabeza.
La víctima llegó de la Ciudad de México a visitar a sus familiares, hoy cumpliría ocho días en la comunidad.
Según las versiones recogidas por las autoridades los vecinos indicaron que varios hombres llegaron en un carro, se introdujeron en la vivienda y lo mataron.
Los peritos encontraron en el lugar cuatro casquillos percutidos y uno útil calibre 9 milímetros. Los familiares impidieron que el cuerpo fuera enviado al Servicio Médico Forense. (Jacob Morales Antonio).

 

No disparen, soy el casero, estoy con mi familia, suplicó Eduardo Catarino al policía que lo mató, dice su esposa

Antes de que recibiera el balazo que lo hirió y después le quitó la vida, el abogado y líder de Morena, Eduardo Catarino Dircio pidió piedad bocabajo tirado en el piso: “No disparen, soy el casero, estoy con mi familia”, pero un policía ignoró su súplica y ordenó, “¡Mátenlo al hijo de su puta madre!”.
La mañana de este lunes en conferencia de prensa afuera de su casa en Tixtla, la viuda de Catarino Dircio, Hilda Vázquez Cipriano contó que su esposo todavía tardó varios minutos vivo pidiendo ayuda, pero los policías no la dejaron acercarse para auxiliarlo, “si te acercas disparamos”, le advirtió uno.
Dijo que afuera, en la calle Insurgentes, militares y policías estatales impidieron el paso de una ambulancia para que los paramédicos lo atendieran.
Explicó que luego de que murió su esposo, uno de los policías le dijo que su suegra la llamaba en la planta baja de la casa, fue a ver qué quería y cuando regresó, vio cuando le estaban tomando fotografías a Eduardo ya con un arma larga en las piernas, ella intentó quitársela, pero la amenazaron.
Eduardo Catarino vivía en el número 61 de la transitada avenida Insurgentes, entrada principal de la cabecera municipal de Tixtla, y salida a la carretera hacia Chilpancingo.
La casa de Eduardo es de dos niveles, la planta baja está construida de tabique y concreto, la planta alta es de hojas de triplay y techo de lámina galvanizada. A 1:30 de la tarde del domingo entró a esta casa uno de los delincuentes que era perseguido por la Policía Estatal desde Chilpancingo.
Los sicarios quienes se dispersaron en varias casas vecinas entraron violentamente impactando la camioneta Ford Ranger azul en la que escapaban en el portón de la iglesia La Luz del Mundo, ubicada en la calle Alejandro Sánchez Castro, del patio de este terreno uno de ellos saltó una barda, atravesó un terreno baldío y luego brincó una malla para entrar a la casa de Eduardo. Hasta allí lo siguieron los policías, algunos entraron por la misma ruta del delincuente y otros derribaron su portón en la avenida Insurgentes con una patrulla.
A esa hora Eduardo Catarino cortaba la maleza de su patio en la parte posterior de su casa, su esposa Hilda Vázquez estaba en la planta alta donde viven, pues en la planta baja habita la mamá de Eduardo, una mujer de la tercera edad que se mueve en silla de ruedas.
Hilda contó que estaba con su hija de 11 años y un sobrino de 12, apenas habían terminado de almorzar. Su hija y su sobrino veían una película en la computadora en una habitación contigua y ella se colocó un gorro para ayudar a su esposo cuando oyó los primeros disparos y decidió quedarse en la cocina con su hija y su sobrino.
–Son cohetes–, trató de calmarla su sobrino.
–No, son balazos– respondió ella.
Narró que los primeros balazos se escucharon en la calle y mientras pasaban los minutos se oían cada vez más cercanos.
Hilda corrió con su hija y su sobrino a refugiarse a un cuarto ante el temor de ser heridos por las balas.
Dijo que al poco rato Eduardo subió al segundo piso donde estaban ella, su hija y su sobrino, y cuando los vio les dijo, “allí estense porque hay una balacera”. Después le dijo a su mujer, “acaba de entrar un hombre, se metió a la sala donde está mi mamá, es uno de los malos”, luego cerró la puerta del cuarto donde estaban para protegerlos.
Hilda observó la desesperación de Eduardo porque su madre estaba en la planta baja, dijo que cuando intentó bajar a verla le suplicó, “por favor no salgas”, pero el insistió que su madre estaba sola y temerosa, a pesar de que ella le volvió a suplicar que se metiera.
Manifestó que desde la habitación donde se encontraban oían los destrozos en la planta baja y la balacera que se intensificaba en la calle. Hilda, su hija y su sobrino rezaron, mientras después de unos minutos se dejaron de escuchar los balazos y ella se asomó en una ventana, desde allí vio que la casa vecina estaba llena de policías, estaban en el patio y apuntaban en todas direcciones.
Asustada jaló a su esposo hacia la habitación y se tiró al piso con su hija y su sobrino, encima se echaron un colchón, “pero mi mamá, mi mamá, Hilda”, le decía Eduardo, pero ella le insistió, “si, pero por favor, no salgas”. Entonces oyeron el tropel de los policías en el patio, luego en la planta baja de la casa.
Vázquez Cipriano aseguró que no sabe por dónde entraron los policías a su casa, si por el patio o por la puerta principal, sólo escuchó el alboroto y la irrupción violenta cuando los agentes se metieron al baño y destrozaron todo, después oyeron balazos adentro de la casa, y luego gritos, “allí está tírenle”.
Escuchó que los policías gritaban que saliera y supone que le hablaban al sicario que había entrado a su casa, al final, no supo cómo se escapó entre los policías y militares, “yo no sé cómo se les pudo escapar de sus narices”.
Vázquez Cipriano consideró que como a los policías se les escapó el delincuente tenían que justificar su trabajo, “tenían que matar a alguien para presentarlo como el maloso”.
Hilda oyó que un policía gritó, “allá está una puerta, allá va a estar escondido” y escuchó los pasos de los policías que subían a la planta alta hacia donde estaban por las escaleras de metal gritando, “abran, abran esa puerta hijos de su puta madre”. Vio que Eduardo iba a abrir la puerta, aunque ella le pidió que no lo hiciera, pero los policías seguían gritando, “abran si no vamos a balacearla”.
Eduardo le dijo a su esposa que abriría porque si no matarían a toda su familia, Hilda vio cómo se tiró al piso para salir del cuarto donde estaban y abrió la puerta de la sala contigua, mientras anunció a los policías, “yo soy el casero, por favor, está aquí mi familia. Voy abrir la puerta, pero soy el casero”.
Catarino Dircio se enderezó para abrir la puerta, pero luego se volvió a tirar al piso bocabajo para que no le dispararan, pero los policías entraron gritando, “¡mátenlo al hijo de su puta madre!”.
Hilda vio todo desde las rendijas de la habitación donde estaba, dijo que subieron muchos policías y que los tres primeros no le dispararon, incluso dijeron, “él es el casero, no disparen”. Sin embargo, atrás subían más agentes gritando, “denle al hijo de su puta madre”, entre éstos iba el policía que le disparó, “fue un despiadado, un desgraciado”, acusó con rabia la mujer.
En la pequeña sala, su marido seguía implorando bocabajo, pidiendo piedad, “aquí está mi familia, yo soy el casero”, “pero el maldito policía lo mató a sangre fría. Yo lo vi, cómo le disparó cuando él estaba pidiendo piedad, tirado bocabajo, le disparó cruelmente ese maldito”, narró Vázquez Cipriano.
Contó que el dirigente municipal de Morena estaba vivo y ella se hincó mirando desde la puerta de la habitación contigua suplicándoles, “yo soy la esposa, acaban de matar a un hombre inocente”, cuando la vieron, los policías entraron a la otra habitación apuntándole con sus armas, revisaron todo, abrieron un ropero, mientras uno gritaba, “vamos a darles a estos hijos de su puta madre”, otro policía, vio el colchón y les ordenó, “levanten ese colchón allí está el hijo de la chingada”, pero era la hija y el sobrino de Hilda, la hija de Eduardo suplicó, “somos unos niños, no nos maten por piedad”.
Hilda Vázquez comentó que cuando los policías dejaron a los niños, todavía hincada les pidió que le permitieran ver a su esposo quien pedía ayuda, “movía la mano, pidiendo ayuda, pero los policías no me dejaron, nos apuntaron y nos dijeron, ‘no se muevan de aquí porque les vamos a disparar’”.
Manifestó que pidió varias veces que llamaran una ambulancia para que Eduardo fuera trasladado a un hospital, pero los policías la ignoraron, “sólo bajaban a la planta baja y volvían a subir para revisar todo”.
Detalló que vía telefónica pidió a sus hermanos y cuñados que mandaran una ambulancia, la cual llegó minutos después, pero los policías y militares tenían un cerco en la calle Insurgentes y no le permitieron pasar, sólo dieron paso a trabajadores de Protección Civil quienes no llevaban nada para auxiliarlo.
Hilda reconoció a Félix, un vecino, quien acompañó a los trabajadores de Protección Civil, sintió alivio y valor, y salió corriendo de la habitación para abrazar a su esposo quien ya había muerto.
“Murió sin que yo pudiera si quiera ir a tocarle la mano. Murió tirado cerca de la puerta bocabajo. ¡Malditos policías!, me lo mataron en un ratito”, reprochó con coraje.
Manifestó que un policía que subió de la planta baja le preguntó, “¿qué es para usted la señora que está allá abajo?”, es mi suegra respondió, y el agente le ordenó que fuera a verla porque le estaba llamando, ella no quería bajar porque dejaría solos a su hija y a su sobrino quienes lloraban, pero el policía le insistió, “baje, yo los voy a ver”.
Contó que bajó sólo para avisarle a su suegra que habían matado a su hijo y cuando regresó, los policías ya habían puesto un arma larga encima de las piernas de Eduardo y otro le tomaba fotografías, ella les reclamó por qué le pusieron el arma, “son unos cobardes, vinieron a matar a un hombre inocente a su casa”.
Hilda Vázquez les exigió que le quitaran el arma, pero le dijeron que nadie la había puesto, y otro de los agentes le dijo que tenían que mandar un reporte. La viuda agregó que cuando cubrió el cuerpo con una sábana intentó quitarle el rifle, pero un policía le apuntó y le ordenó, “no la mueva porque le voy a disparar”, y ella sólo lo cubrió.
Dijo que cuando los policías se bajaron, uno de ellos se quedó cuidando el cadáver, a quien le pidió que por piedad le quitara el arma porque cuando le dispararon no la tenía, pero se negó con el argumento de que él no la había puesto.
“Fue uno de ellos, yo lo vi con mis propios ojos”, acusó Hilda, indicó que cuando subieron los trabajadores de Protección Civil y su vecino Félix vieron que no tenía ninguna arma.
“Mi esposo estaba limpio, mi esposo es inocente, quiero justicia para que ya no se siga repitiendo esto. Ya no le hagan más daño a gente inocente. Ya no. Quiero justicia, por favor”, suplicó frente a los reporteros.
La viuda del abogado Eduardo Catarino Dircio consideró a quienes dicen que su esposo era un sicario unos sinvergüenzas e ignorantes, porque insistió que quieren culpar a gente inocente.
Exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores que haga bien su trabajo, “que ya no forme parte de esa delincuencia”, para que ya no haya gente inocente muerta y si no puede que renuncie.
Al inicio de la conferencia, Hilda Vázquez explicó que decidió hablar a pesar de las condiciones en las que se encuentra, porque ya no quiere que se cometan más injusticias, que ya no se haga daño a más gente inocente.
Exigió que se limpie el nombre de su esposo, quien fue señalado en un boletín de prensa de sicario por el vocero en materia de seguridad, Roberto Álvarez Heredia.

Esta semana esperan una resolución de libertad para Arturo Campos pero no saldrá de prisión

El jueves o viernes de esta semana la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) deberá dictar una resolución de libertad al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Arturo Campos Herrera, preso en la cárcel de Ayutla.
El abogado del Centro de Derechos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz, dijo que el Juzgado de Distrito Sexto el martes pasado envió la notificación a la Cuarta Sala Penal, pero como se atravesaron los días de asueto de Semana Santa,  hoy o mañana será entregada.
Explicó que el Juzgado Sexto ordenó a la Sala Penal dictar una nueva resolución del amparo 746-2016 promovido por Campos Herrera, luego de que ninguna de las partes interpuso un recurso de revisión, y después de que no se acreditó el delito de secuestro de la causa penal 031/2013, promovido por los agraviados Pedro Gil Apreza Salmerón  y Katia Espinoza Bolaños.
Agregó que en 24 horas se  tendrá que dictar una nueva resolución de libertad a Campos Herrera, porque no se acredita el delito de secuestro.
Afirmó que con la resolución del amparo se demostró que la Cuarta Sala Penal actuó de manera dolosa y respondiendo a intereses políticos en la sentencia condenatoria contra Campos Herrera, el 17 de julio pasado, cuando confirmó el auto de formal prisión.
Téliz García afirmó que queda evidenciada la criminalización que hace mediante las instituciones que imparten justicia para mantener a los líderes comunitarios en la cárcel.
El 2 de abril, el abogado  informó que a pesar de que quedara libre en este expediente, Campos no saldrá de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa”.
De este caso en el Juzgado Penal de Tlapa por el delito de secuestro, promovido por Abraham Ortega Zamora y otros 43 agraviados, del mismo caso que se le siguió a Nestora Salgado y del que fue absuelta en marzo de 2016, el abogado indicó que se solicitó una nueva fecha para que se interrogue a 10 agraviadas.
Añadió que en la nueva fecha también se presentaría una prueba de antropología social para acreditar que Campos Herrera es indígena y que en la comunidad donde nació se rige por usos y costumbres y que está integrada a la CRAC, además de que fue electo como consejero regional en una  asamblea para poder desempeñar un cargo comunitario. ((Jacob Morales Antonio).

Hay una sentencia a favor del preso de la CRAC Arturo Campos, pero aún no saldrá de prisión

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que debido a problemas administrativos se retrasó la notificación al Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), que establece que hay una sentencia a favor del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policía Comunitaria (CRAC-PC), de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Dijo que si el Ministerio Público no interpone un recurso de revisión, es probable que en la segunda semana de abril se dé el auto de libertad al preso político, pero que aún no saldría de la cárcel de Ayutla.
Consultado vía telefónica, Téliz García dijo que a pesar de que la sentencia se dio el 9 de febrero, no se pudo notificar de inmediato al Ministerio Público, porque se hace mediante Correos de México y por cuestiones administrativas se retrasó, y agregó que pidió que se notificara vía telefónica o por fax, y fue así como se le avisó.
”Ya está confirmado que el 24 de marzo ya le notificaron, entonces el juzgado nada más está esperando que pasen los 10 días, y estamos hablando que empiezan a correr esta semana que viene (…) entiendo que en la segunda (semana de abril) ya el Juzgado de Distrito (Sexto, ubicado en Acapulco) va a pedirle a la Cuarta Sala que ya le dicte auto de libertad a Arturo”, detalló el abogado.
Explicó que esta notificación tuvo que darse porque en el Ministerio Público representó legalmente a los presuntos agraviados, y que si no se interpone un recurso de revisión, es decir, que se inconforme del amparo a favor de Campos Herrera, se dará el auto de libertad, pero en caso de darse la inconformidad el proceso se retrasaría unos cuatro meses, aunque dijo revisó el expediente y no hay nada de eso.
“Queda libre de este expediente, desafortunadamente no va a poder salir de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa (donde es acusado por secuestro agravado en el expediente 196/2013), y en ese proceso de Tlapa estamos desafortunadamente agotando el proceso”, aseguró.
Rogelio Téliz manifestó que se están desahogando pruebas, así como el peritaje antropológico para que pueda ser presentado en unas dos o tres semanas. Además, de que se van a desahogar careos e interrogatorios y se entregará el amparo que se ganó.

Se amparan ex braceros ante la negativa del gobierno federal de pagarles el Fondo de Ahorro Campesino

Un grupo de ex braceros tramitó un amparo contra el gobierno federal ante su negativa de pagarles el Fondo de Ahorro Campesino, una alternativa de justicia social para otorgar un apoyo a los a migrantes que trabajaron en Estados Unidos entre 1942 y 1964, con el argumento de que no hay fuentes de información que otorguen certeza sobre el destino del dinero.
El abogado de los ex braceros, Carmelo Loeza Hernández reprochó que las autoridades no se hagan responsables de los ahorros de los campesinos y se justifiquen diciendo que se perdió toda la información en el terremoto de 1985.
En una reunión pública en el Zócalo de Acapulco, Loeza Hernández informó a los ex braceros y a sus hijos sobre la respuesta a la petición que entregaron el 8 de febrero dirigida al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en la que solicitaron la devolución del dinero del Fondo de Ahorro Campesino que se les descontó semanalmente a los trabajadores.
La Unidad de Enlace y Coordinación con Entidades Federativas, Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migrantes Mexicanos, del gobierno federal, dio a conocer que “no cuenta con la información necesaria para responder a la solicitud”, y que carece de facultades para regresar el dinero por conceptos o prestaciones.
Además, que la escasez de fuentes de información que otorguen certeza sobre el destino del Fondo de Ahorro Campesino, dio origen al Fideicomiso, creado el 25 de mayo de 2005, como una alternativa de justicia social para otorgar un apoyo a aquelos connacionales que laboraron en Estados Unidos los años de 1942 a 1964.
El gobierno federal explicó en su respuesta por escrito, que en sus invetigaciones no encontró la documentción o los registros que amparen la transferencia que dé a conocer el monto y destino de las cantidades que le retuvieron a los mexicanos, y que debido al terremoto del año 1985 se depuraron toneladas de documentos.
Loeza Hernández enfatizó que es algo injustificable que el gobierno de la República le eche la culpa al terremoto, pues ni el edificio de la Secretaría de Gobernación ni el del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural) se cayeron con el sismo.
Afirmó que por eso tramitó el amparo número 278 en el Juzgado Octavo de Distrito, para exigir que el gobierno federal entregue los ahorros de los ex braceros, del que aseguró saben que se transfirió de un banco de Estados Unidos al Banrural, y no quieren entregarlo, con el argumento de que se perdieron los documentos.
Dijo que desconoce la cantidad de dinero, y que de no ser otorgado el amparo, pedirán un recurso de revisión y llevarán el procedimiento hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se respeten los derechos de los ex braceros, porque México está obligado a respetar los tratados internacionales que ha firmado.
El abogado estimó que en Guerrero hay unos 60 mil ex braceros, de los que sólo unos 200 pelean el pago que no se les ha hecho del dinero que les descontaron para su ahorro.
Recordó que los ex braceros tienen una demanda laboral porque el gobierno de la República los está despojando del dinero que fue producto de su trabajo.
Uno de los ex braceros, Teodulo Duque Hernández dijo: “Estamos de acuerdo que nos dieran una negativa cuando no tuviéramos derecho, pero tenemos todo el derecho porque trabajamos hasta 14 horas diarias, no es justo que nuestro gobierno digan que no (nos) pagarán”
Afirmó que es un fraude grande el que está comitiendo el gobierno federal con los ex braceros, y dijo, “no nos vamos a dejar”.
Del 2005 al 2008 Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos pagó 38 mil pesos a los ex braceros que comprobaron que trabajaron en Estados Unidos entre los años de 1942 al 1964.
Carmelo Loeza aseguró que esta cantidad fue un apoyo, pero no la cifra que les correspondía de los ahorros hechos por su trabajo.

Advierten abogados de robos en la compra de vehículos, y de un conflicto agrario en Marquelia

 

Abogados del Centro de Derechos Humanos Justicia y Ley de esta ciudad alertaron que en algunas compra-ventas de automóviles hay bandas delincuenciales que aparentan que comprarán, pero bajo amenaza obligan a los dueños a firmar el título de venta.
Además están dando acompañamiento a un problema agrario en Plan de Ayala, municipio de Marquelia ante la invasión de terrenos privados por el comisariado ejidal del municipio.
En una visita a las oficinas de El Sur los abogados Arnulfo García Mendoza y Cándido Cruz Vargas dijeron que este organismo se fundó el año pasado, ante la necesidad de tener un centro de derechos humanos en Chilpancingo para que la gente tenga a donde acudir en caso de violación a sus derechos humanos.
Las oficinas de este organismo se ubican en la avenida Bulevar en el lote 56 en la colonia Agua Potable y Alcantarillado, detrás del Palacio de Gobierno, laboran 15 abogados.
“Derivado de esta delincuencia que existe, esta inseguridad, todo lo que se ha venido viviendo en el estado de Guerrero y en el país, vimos esta necesidad de constituirnos, ya que las demás organizaciones, una está en Chilapa o en Tlapa, nosotros aquí queremos dar esta asesoría y acompañamiento a víctimas de personas que son vulnerados sus derechos”, expuso Cándido Cruz Vargas.
Alertó de la compra venta de vehículos, dijo que tienen un caso de Zihuatanejo que siguen desde marzo del año pasado.
Explicó que los delincuentes simulan que los comprarán, verifican que la documentación esté en regla y con documentación en mano piden echar a andar el carro, entonces en un lugar solitario amenazan a los dueños para que firmen el título de compraventa. Agregó que la mayoría de las veces los afectados no denuncian por temor, ya que están identificados.
García Mendoza agregó que “la población civil ya no tiene la confianza con los agentes del Ministerio Público (MP), porque van y les dicen hoy no puedo estoy saturado de trabajo, vente mañana o vente pasado y así. Entonces por eso a veces mejor se quedan así, no hacen la denuncia”.
Añadió que el nuevo Sistema Penal Acusatorio puesto en marcha sólo simula ser más rápido pero no es así.
Del caso de Zihuatanejo dijo que fue localizado el vehículo en Puebla y fue vendido como legal. El Centro de Derechos Humanos pidió la intervención de la Fiscalía de Guerrero y de Puebla para traer el carro de regreso a su dueño, pero les dijeron que no había dinero, que lo trajeran por sus propios medios.
El abogado García Mendoza expuso que en Plan de Ayala en 1995 la Secretaría de la Reforma Agraria entregó tierras a tres grupos de campesinos, denominados General Enrique Rodríguez, La Salina y Grupo Campesino Marquelia, pero no le dio seguimiento a la regularización de sus tierras y hace cinco años hubo una invasión de gente del comisariado ejidal del municipio.
El comisariado solicitó al Tribunal Unitario Agrario (TUA) la segunda ampliación de Marquelia y hubo una resolución a su favor, pero esas tierras ya estaban ocupadas por los grupos de campesinos, ante lo que se tenía que hacer un censo pues todos tenían que pasar a ser ejidatarios del municipio pero invadieron en Plan de Ayala.
Dijo que el martes pasado los abogados sostuvieron una reunión con la Procuraduría Agraria de Ometepec, Asuntos Agrarios del gobierno del estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les informaron que se van a regularizar las tierras de los grupos pero no mencionaron la invasión.
“Ellos (los vecinos de Plan de Ayala) están pidiendo que se les indemnicen las tierras, si no se les indemniza ya dijeron que ya están cansados de esperar al gobierno, entonces la propuesta de ellos es que si el gobierno hace caso omiso van a hacer el desalojo de la manera que sea, con violencia, pero lo van a hacer”, advirtió el abogado.
Asuntos Agrarios les dijo que van a hacer la revisión de la situación, y el 9 de febrero en una segunda reunión les darán por escrito cómo se va a solucionar.
Llamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores a que intervenga en el conflicto,

Concede juez un amparo a la ceiba del paso Bicentenario; no podrán moverla, dice abogado

El juez sexto del Poder Judicial de la federación concedió el amparo a favor de la ceiba ubicada abajo del puente Bicentenario, en la avenida Cuauhtémoc, con lo que se establece su permanencia y se impide su reubicación, informó el abogado y ex asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Guerrero, Guadalupe Bollas Bernabé.
En conferencia de prensa en un restaurante del Zócalo, el abogado explicó que el equipo de asesores jurídicos en defensa de la ceiba interpusieron un amparo de suspensión temporal el 4 de mayo en el juzgado sexto, y que el 19 de este mes el juez concedió la suspensión definitiva en el expediente 472/2016 para evitar la reubicación del árbol.
Agregó que el amparo implica un juicio incidental de suspensión que se promovió y que el juez concedió para conservar la ceiba en su lugar, “se le ha pedido a las autoridades que no muevan el árbol hasta que se resuelva el amparo principal”.
Detalló que los involucrados en el juicio de amparo son el Ayuntamiento, el Cabildo, las autoridades del Acabús, el regidor del partido Verde, Julián Enrique Granados Morga, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del municipio, Ignacio Villalba Bravo; el secretario de Finanzas, Merced Baldovino Diego, y el director de Áreas Verdes, Jaime Manzanares Grapain.
Bollas Bernabé añadió que todos ellos mediante sus informes previos negaron que pretendan remover la ceiba por el funcionamiento del Acabús, “lo que quiere decir que no es cierto que quieran remover la ceiba, creo que no hay razones para estar preocupados”.
Aunque, mencionó que los informes previos sean reales porque si las autoridades y los funcionarios públicos mintieron dolosamente al juez, “creo que estaremos en la actitud de denunciarlo para efecto que se comprenda bien el juicio de amparo”.
Manifestó que las autoridades y funcionarios “dicen que no es cierto que quieran mover la ceiba, queremos confiar que las autoridades se hayan conducido con la verdad, pero estaremos atentos a esa cuestión”.
El abogado explicó que en cada juicio de amparo hay dos expedientes, uno incidente y el otro principal, que rinden las autoridades en dos tipos en informes el previo y otro justificado; “ahorita se está actuando en el incidental, donde las autoridades solamente tiene que informar si es cierto o no el acto que les imputan”.
Agregó que son 14 autoridades y funcionarios demandados, desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el responsable del Acabús.
Reiteró que en caso de que las autoridades y funcionarios pretendan desacatar la orden judicial, podrían ser castigados con la destitución o encarcelamiento.

El caso de Nestora está en manos de los jueces, responde al fiscal el abogado de la dirigente comunitaria

 

El abogado de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, Leonel Rivero Rodríguez, declaró ayer que el fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez, “es institucional” al afirmar que su cliente es culpable y que si sale en libertad la volvería a detener por las órdenes de aprehensión que tiene en su contra, pero que quien resolverá finalmente, serán los jueces que tienen el caso en sus manos.
“Yo lo veo institucional en términos de que él es el representante de la Fiscalía y como tal es el órgano que encabeza la acusación en el proceso, y creo que en ese sentido es congruente en sus palabras, ya que la Fiscalía es quien ejercitó la acción penal”, pero insistió en que resolver el caso ya no está en sus manos sino en el Tribunal Superior de Justicia.
El miércoles, Olea Peláez dijo que para él Nestora Salgado es culpable de los delitos que se le acusan, pero “pueden existir cuestiones políticas que a ella en su momento le puedan beneficiar”, y advirtió que “si la señora tiene órdenes de aprehensión y sale en libertad, tendrá que ser detenida nuevamente”.
Consultado en el restaurante Los Portales de esta capital, en donde fue encontrado causalmente, el abogado Rivero Rodríguez declaró que, sin embargo, “decir que (Nestora) es culpable, en este momento el único que puede determinarlo es un juez, y creo que la posición del fiscal es institucional en términos de que fue la Fiscalía que él encabeza la que ejercitó la acción penal y consignó a nuestra cliente”.
El abogado aclaró que en cuanto a las órdenes de aprehensión, él ha reiterado que hay tres pendientes por ejecutar, “y hace referencia el fiscal a que la defensa tiene los medios para impugnarlas y no lo ha hecho; yo creo que en eso le falta un poco de información al fiscal porque desde hace varios meses las órdenes de aprehensión fueron impugnadas por medio de un juicio de amparo que está pendiente por resolverse”, informó.
Explicó que en unas semanas más el juicio de amparo será resuelto, si es que antes no se llevan a cabo las órdenes de aprehensión.
Rivero Rodríguez expresó que no ve falta de voluntad política para liberar a su cliente por parte del fiscal, puesto que, finalmente, al que le toca decidir es al Poder Judicial del estado “y tendrá que decidir con base en los elementos que hay en los procesos”.
Reconoció que existe la “posibilidad real” de que puedan ejecutar las órdenes de aprehensión en este momento, o posteriormente, en caso de que se emita el auto de libertad.
Subrayó que la defensa “no puede obligarlos a que las ejecuten hoy o después, porque es una decisión que corresponde a la Fiscalía”.
En cuanto al proceso que se reinició, recordó que el martes fueron entregados por los abogados los exhortos con los documentos ante los juzgados primero y segundo del ramo penal de Tlapa, después de un atraso “lamentable” por parte del Juzgado 67 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, pero dijo que a partir del martes que se entregaron los expedientes está corriendo el plazo de las 144 horas, mismo que fenece en las primeras horas del lunes 7 de marzo y que a partir de ese día se estará en posibilidad de saber qué resolución emiten los jueces.
Aclaró que los jueces pueden emitir su resolución antes de que venza el plazo, “puede ser hoy, puede ser mañana, o el domingo, no necesariamente tienen que pasar las 144 horas que establece la ley”, dijo.