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Amplía el Congreso penas para delitos de abuso sexual a menores de 18 años

La coordinadora de la fracción parlamentaria de Morena, Yoloczin Dominguez Serna platica con el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, mientras que al fondo diputados locales de Morena discuten luego de no ponerse de acuerdo para votar a favor de la reforma denominado “Divorcio Notarial”, y cuyo punto fue sacado del orden del día a petición del presidente de la Comisión de Justicia, el priista Jesús Parra García Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno del Congreso local aprobó reformas al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, para establecer agravantes al delito de abuso sexual cometido contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
La reforma al Código Penal establece que aumentarán las penas hasta en una mitad del máximo de la sanción si el delito es cometido en contra de una persona menor de 15 años de edad, en lugar de los 12 años que establece el texto vigente.
También la se equipara a la violación y se sancionará de 10 a 40 años de prisión al que sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad, en sustitución de los 15 años; también se adiciona una fracción al artículo 118 de la Ley número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes para que dentro de las atribuciones del gobierno del estado, “en concurrencia con la federación, se prevea la elaboración de un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años”.
En la sesión ordinaria el pleno del Congreso se aprobaron reformas al Código Penal del estado para aumentar de 4 a 10 años las penas de prisión por el delito de despojo, mismas que se incrementarán hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
Se precisa que comete el delito de despojo quien por voluntad propia y utilizando violencia física o moral, engaño o furtivamente, ocupe o hace uso de un inmueble que no le pertenece. También quedó establecido que quienes cometan en forma reiterada el delito de despojo de bienes inmuebles se les impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa.
Otro dictamen que se aprobó es el de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para que la Fiscalía Especializada en Investigación del Delito de Homicidio Doloso Cometido en Agravio de Mujeres a la que se agregan que investigue los asesinatos cometidos contra personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de género, porque sólo era incluido en el reglamento pero no en la ley.

Minuto de silencio por feminicidios

A petición de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz, el pleno del Congreso local guardó un minuto de silencio por los cuatro feminicidios que ocurrieron o se conocieron en menos de 24 horas ocurridos en Chilpancingo, Acapulco, Juan R. Escudero y José Joaquín de Herrera.
Tras la aprobación del orden del día, la también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género pidió la palabra para solicitar un minuto de silencio “por las mujeres asesinadas en las últimas horas en Guerrero, y que con este minuto de silencio también sea una exigencia de justicia para que estos hechos sean castigados y sobre todo se exija todo el peso de la ley para los feminicidas”.
La diputada priista nombró a las mujeres asesinadas. Pidió justicia para la maestra Marlén Enríquez Brito, asesinada el miércoles en Chilpancingo afuera del kínder en el que trabajaba; de la adolescente Vanesa Pérez Bahena, cuyo cadáver fue localizado el martes pasado en un barranco de la colonia Mozimba en Acapulco; el de Guilibalda Reyes, de quien fue hallado su cadáver el domingo en Carrizal de la Vía e identificada el miércoles; y el de Bonificia Mendoza Ortiz, asesinada el 18 de abril, pero localizada un día después en las inmediaciones de la laguna de Ayahualtempa, en José Joaquín de Herrera.
“Que ninguno de estos feminicidios quede impune y que cada quien haga lo que le corresponde”, concluyó Gabriela Bernal, el minuto de silencio fue autorizado por la presidenta de la Mesa Directiva Yanelly Hernández Martínez “ante la situación, lamentable, triste que compartió la diputada, por ellas y por todas las mujeres asesinadas en nuestro estado”.

Piden garantizar derechos de ciudadanos de nuevos municipios

También de Morena, el diputado José Efrén López Cortés presentó un punto de acuerdo por el que se solicita a los ayuntamientos de los municipios de Cuajinicuilapa, San Marcos y Malinaltepec, así como al Concejo Comunitario Municipal de Ayutla de los Libres, a efecto de que envíen un informe escrito pormenorizado relativo a la obligación que tienen de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos que habitan en los nuevos municipios de San Nicolás, Las Vigas, Santa Cruz del Rincón y Ñuu Savi, porque recordó que es su obligación suministrarles los servicios públicos necesarios para una vida digna y de calidad.

Se suman a posición federal contra el tráfico de armas

El pleno también aprobó adherirse a los acuerdos emitidos por los Congresos de Guanajuato, Quintana Roo y Yucatán para exhortar al Congreso de la Unión y a los congresos locales de todo el país a que respalden las acciones legales emprendidas por el gobierno de México en Estados Unidos a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de frenar el tráfico ilegal de armas y poner un alto al crimen organizado.
El diputado morenista Andrés Guevara Cárdenas propuso un exhorto que fue aprobado por unanimidad para que los titulares de las secretarías estatales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Gestión de Riesgos y Protección Civil, de Salud y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, todas del gobierno del estado, que en coordinación con los representantes estatales de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, los 80 ayuntamientos y el Concejo Comunitario de Ayutla de los Libres, implementen acciones para la creación de centros municipales de gestión de envases de desecho de pesticidas.

Retiran dictamen sobre “divorcio notarial”

El tema que generó debate fue la segunda lectura del dictamen de la Comisión de Justicia por el que se adicionan y reforman el Código Civil, la Ley de Divorcio y la Ley de Notariado Público para regular de manera armónica y sistemática en la legislación estatal el “divorcio notarial”.
La iniciativa fue del morenista Carlos Cruz López y dictaminada a favor por la Comisión de Justicia, pero ya en la discusión. la morenista Leticia Castro Ortiz pidió la palabra para argumentar su voto en contra y en tribuna señaló que el tema “no se encuentra lo suficientemente analizado” y que con estas reformas se quitan facultades y “atentan” contra el Poder Judicial pues se pretende dotar a los notarios “de facultades sumamente riesgosas”.
Leticia Castro cuestionó por qué se pretende dar más facultades a los notarios; por su parte el promovente, Carlos Cruz defendió que esta figura ayudaría a descargar de trabajo a los juzgados familiares y así los trámites serían menos tardados, además justificó que ya hay estados de la República que ya tienen esta herramienta legal.
En seguida los diputados de Morena se reunieron en uno de los pasillos entre las curules para hablar del tema y se solicitó un receso, ahí Leticia Casto advirtió a sus compañeros que no votaría a favor las iniciativas de sus compañeros solo por ser morenistas, también Efrén López Cortez les adelantó que su voto sería en contra.
Finalmente pidieron al presidente de la Comisión de Justicia el priista Jesús Parra García, que retirara el dictamen el cual se turnó a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para continuar con su análisis y enlistarse en una próxima sesión.

Demandan a tres magistrados que desecharon la declaración de una niña víctima de abuso

La integrante de la asociación civil Renacer, Yolanda Domínguez presentó una demanda penal por el delito de prevaricato contra tres magistrados que, a cargo de la segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desestimaron la declaración de una niña de dos años y ocho meses de edad que señaló abuso sexual, y exoneraron al agresor, pero sus argumentos fueron desechados en un tribunal colegiado en febrero de este año.
Acusaron a los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Cedeño y Alfonso Vélez Cabrera, entonces titulares la Sala penal, de dictar una resolución arbitraria para favorecer a una de las partes, a sabiendas que la resolución era injusta.
El abogado, Pedro Ramírez Millán, indicó que los elementos de prueba contra los magistrados son sus propias valoraciones de la resolución de la Sala, donde se acredita la forma en que los magistrados favorecieron al inculpado, así como la sentencia del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que desechó uno a uno sus argumentos.
Subrayó que los tintes de la resolución de la Sala penal son inmorales, de favorecimiento y de negociación, que son más difíciles de probar en un juicio penal.
El principal argumento de los denunciantes es que los magistrados desestimaron la declaración de la niña, argumentando que la denuncia se dio en medio de un conflicto de guardia y custodia, y que la menor habría sido manipulada por sus familiares, indicó Yolanda Domínguez.
Sin embargo, aclaró que la resolución de la Sala evidencia una falta de conocimiento e incapacidad de ser juzgadores, ya que pasaron por alto la jurisprudencia del Poder Judicial que señala que los delitos sexuales son de realización oculta, por lo tanto, la declaración de la víctima prevalece por encima de cualquier prueba, aun cuando su declaración tenga inconsistencias, porque debe atenderse a la naturaleza del hecho traumático.
Ramírez Millán precisó que, cuando los familiares de la niña se dieron cuenta del abuso sexual y presentaron la denuncia contra el agresor, el novio de la mamá, ya había acuerdos sobre la guardia y custodia de la pequeña, por lo tanto no había otros conflictos de interés.
Ahora toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) integrar la carpeta de investigación y llevar a cabo las diligencias para acreditar el cuerpo de delito y, de confirmar una responsabilidad, solicitar al Congreso local el desafuero de los magistrados para someterlos a un juicio.
No obstante, reconoció que la mayor parte de la impunidad la generan precisamente los procuradores y administradores de la justicia, que “se vende como en un mercado, es la realidad que observamos durante años, como abogados, podemos advertir en una resolución, cuando hay equivocación de criterio, y las que llevan tendencias de favorecimiento. El mal está dentro”.
También lamentó que los magistrados tienen asegurada su estancia en el Poder Judicial, hasta que se jubilen o fallezcan, mediante la ratificación, y sólo se les puede separar del cargo hasta en tanto no haya una causa de responsabilidad.
El abogado, José Ramírez Villalba advirtió que la protección hacia los magistrados viene de los propios gobiernos que “no quieren más escándalos sociales, con tanto problema ya no pueden”; sin embargo, aseguró que van a insistir en que se analice esta denuncia porque los familiares de la víctima están muy interesados en dejar un precedente para otros casos.
Aclaró que en éste, es evidencia la tendencia a favor del inculpado, aclaró que es muy aventurado decir que hubo dinero de por medio, aunque no lo descarta.
Yolanda Ramírez insistió en que 80 por ciento de las denuncias de niños violentados quedan en la impunidad, debido a la corrupción en los sistemas de procuración y administración de justicia, “nosotros le damos seguimiento a este caso en contra los magistrados para demostrar cómo se tuerce la ley en Guerrero”, agregó.
Concluyó que, “el caso que nos llevó a esto no es de una disputa de guardia y custodia, no se trató de disputa familiar, tampoco es político, es un caso de un derecho humano de una niña que tiene que ser ejemplo para muchas familias de no quedarse calladas, hay que cuidar y defender a los niños en contra de quien sea”.

La menor de 2 años y 8 meses no fue violada; le quieren quitar la custodia, denuncia su madre

La madre de la niña que presuntamente fue víctima de abuso sexual a la edad de 2 años y 8 meses, Dunia Kristel Sandoval Arcos negó esa información y pidió a la integrante de la organización Renacer que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños víctimas de violación, Yolanda Domínguez Flores, quien es abuela de la menor, que deje de exponer el caso ante los medios de comunicación porque afecta a su hija.
En una visita a la Redacción de El Sur acompañada por el abogado de su ex pareja acusada de abuso sexual, Saúl Doni Quintana Campos, Gabriel Alonso Márquez, y su ex suegra Dora María Campos Morales, Sandoval Arcos dijo que “es falso que mi hija fue víctima de algún delito” como Domínguez Flores afirma.
Declaró que “todo es un invento de ella que es su abuela paterna, el inicio de todo esto es la guarda y custodia de la niña, me la quieren quitar”.
Dijo que fue pareja de Mario Alberto Robles Domínguez, hijo de la feminista que trabajó como coordinadora de Armando Ríos Piter y ahora con el perredista David Jiménez Rumbo, y con él concibió a su hija pero se separaron.
Dijo que hay pruebas de que Quintana Campos no abusó de su hija y que pondrá el expediente del caso a disposición de las instituciones correspondientes, “para que conozcan la verdad”.
Aseguró que quiere “parar” a Domínguez Flores porque “está dañando la integridad física-emocional de mi hija, la señora está usando todo esto para quitarme la guardia y custodia de la niña y no le está importando absolutamente nada, ni exhibirla ni nada, es lo que venimos a aclarar, queremos que pare esto”.
Alonso Márquez dijo que “es falso” que Domínguez Flores “haya luchado y batallado por alcanzar la justicia”, pues en el expediente del caso consta que sus testigos y su hijo, Mario Alberto Robles fueron citados en reiteradas ocasiones para declarar y no asistieron.
Dijo que Quintana Campos fue acusado de “abuso sexual” y no de “violación”, luego de que Sandoval Arcos demandó una pensión alimenticia a Robles Domínguez, “para no pagar la pensión y para quitarle la niña a la señora Dunia urdieron esa mentira, se fueron a Acapulco a que les recibiera la declaración de la niña ante una juez incompetente, no en la cuestión intelectual, sino en el Tribunal, porque ni el domicilio ni la supuesta conducta se cometió en Acapulco”.
Manifestó que en el proceso se pasó por alto que Sandoval Arcos tenía la custodia de la menor, y que las declaraciones de su abuela y su padre, “son contradictorias”.
“El punto es que les interesa la prensa, la propaganda, linchar y eso no se vale, que de esa manera revictimicen a la niña, la usen como un instrumento para sus insanos intereses”, reprochó.
Afirmó que según los estudios psicológicos a los que fueron sometidos, Domínguez Flores y Robles Domínguez “relatan y describen su perfil que tienen problemas emocionales”, además el fallo de los magistrados no fue en materia penal.
Ante las circunstancias llamó a los implicados a que dejen de recurrir a los medios de comunicación.

Espera líder feminista que prospere la denuncia contra tres magistrados por el caso de la niña

La presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, se manifestó a favor y consideró que una denuncia en contra de los magistrados que invalidaron el testimonio de una niña de 2 años y ocho meses abusada sexualmente, para liberar a su agresor, y la sentencia que resulte del Poder Judicial pueden ser un precedente para todos los servidores públicos, y una oportunidad para las autoridades de demostrar que están aplicando la ley.
El lunes el abogado de la niña, Pedro Ramírez Millán informó que denunciará a los tres magistrados que absolvieron del crimen al culpable por conducta delictuosa, Vicente Rodríguez, Miguel Ángel Barrero y Alfonso Vélez, lo que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez.
En consulta telefónica ayer la dirigente feminista destacó que el presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis declaró que no va a encubrir a quienes hayan cometido irregularidades en el proceso.
Confió en que el caso prospere para acabar con la impunidad, “vemos que nadie se encuentra a salvo de la violencia, y los más vulnerables son los menores y los adultos mayores que no pueden expresarse ampliamente, y las autoridades tienen que ponderar sus derechos”.
Del Observatorio Ciudadano contra la Violencia hacia las Mujeres de Guerrero, Viridiana Gutiérrez consideró que el caso es otra muestra de cómo se aplica la justicia en Guerrero, cuando se trata de los derechos de las mujeres.
Indicó que casos emblemáticos como éste evidencian cómo los impartidores de justicia no están comprometidos con las mujeres, sean niñas o mujeres adultas.
Mencionó que en casos de abortos no provocados se han fabricados delitos, no hay sanciones ni responsables contra los agresores de las mujeres, menos en la violencia feminicida, “dicen que hay investigaciones, pero no hay detenidos ni información de los procesos”.
Con menos confianza, dijo que espera que el caso contra los magistrados proceda, para que las víctimas no tengan que recurrir a la denuncia pública para visibilizar sus casos y que sean atendidos. Indicó o que eso implica la revictimización de los agraviados.
Exigió que la Fiscalía y el TSJ apliquen los protocolos para la atención de la violencia de género, “ya basta de no creerle a las mujeres cuando denunciamos violencia, basta del tráfico de influencias que impera en Guerrero y que nos tiene a todas y a todos en un clima de impunidad”.

Dice diputado que no acompañó a niña víctima de abuso que no puede incidir en decisiones judiciales

El diputado local perredista, Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, secretario de la Comisión de Derechos Humanos, dijo que como integrantes del Poder Legislativo no tienen la facultad de incidir en la decisión de los magistrados, como se le solicitó en el caso de la niña abusada sexualmente, en el que el Poder Judicial de Guerrero absolvió al violador.
El diputado fue consultado por el caso del abuso sexual a una niña de 2 años y 8 meses, en el que la familia y defensa de la víctima pidieron su respaldo, pero se negó el acompañamiento.
Se trata del caso en el que tres magistrados y una jueza desecharon el testimonio de la niña de 2 años y 8 meses, que detalló el abuso sexual que sufrió por parte de la pareja de su mamá, y como consecuencia, el violador fue absuelto por la justicia local, aunque la federal dio un revés y ordenó tomar como prueba la declaración, el diputado comentó que la integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños que han sido víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores, lo buscó después de que la jueza a cargo del caso, Rosalinda Sáenz Rodríguez absolvió al abusador y la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la primer sala penal del Poder Judicial del estado.
El perredista dijo que los diputados no pueden intervenir en el análisis de los casos que resuelve el Poder Judicial, porque “son un poder independiente”.
Justificó con el argumento de que los legisladores no deben incidir “de manera directa para que los magistrados resuelvan de una u otra manera, porque entonces tendríamos responsabilidad para bien o para mal”.
Ensaldo Muñoz comentó que sí recibieron la petición de Yolanda Domínguez para intervenir en el caso, y que se comprometió a intervenir “en medida de nuestras posibilidades y en lo que la ley nos lo permite, para que se resuelva de manera justa, ni a favor ni en contra, porque a nosotros no nos corresponde”.
Dijo que en ese caso, como en cualquier otro que esté en manos del Poder Judicial, no pueden intervenir los diputados, porque a los magistrados “no los mandamos, ni les pedimos favores de ese tipo, porque tenemos que ser respetuosos”.
El diputado dijo que le da gusto que la justicia federal haya atendido el caso conforme a derecho y que finalmente la defensa haya acudido a instancias federales hasta lograr justicia.
Se le preguntó por el anuncio de la defensa de la víctima en el sentido de que presentarían una denuncia penal contra los tres magistrados por conducta delictuosa, que da origen a un juicio de procedencia ante el Congreso local para que sean cesados y consignados ante un juez, y respondió que si hay sanción legal contra los magistrados y el tema llega al Poder Legislativo, posiblemente se tenga que excusar de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos de la que es secretario, por conocer el tema “desde el ángulo de la defensa de la víctima”. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Tres magistrados y una jueza no hicieron justicia a una niña víctima de abuso sexual, denuncian

Una juez y tres magistrados del Poder Judicial del Estado, encabezados por Vicente Rodríguez Martínez, desecharon el testimonio de una niña de 2 años y 8 meses que detalló el abuso sexual del que era víctima por la pareja de su madre; así los servidores públicos absolvieron al acusado.
Pero la justicia federal dio un revés a la decisión de los magistrados del estado, y les ordenó dar valor a la declaración de la niña y que se pronuncien por la responsabilidad penal del acusado, que finalmente fue condenado a cinco años de prisión con algunos beneficios.
El abogado de la víctima, Pedro Ramírez Millán, anunció que demandará penalmente junto con la familia de la niña ante la Fiscalía General del Estado, a los tres magistrados de la Primera Sala Penal por su presunta responsabilidad en delitos contra la administración de justicia.
Más aun porque se trata de un tema muy sensible, porque es una niña de menos de 3 años a la que le negaron la justicia, y porque los casos de abuso sexual pueden concluir con un feminicidio.
Como integrante de la organización Renacer, que trabaja en defensa, orientación y apoyo para las niñas y los niños víctimas de abuso sexual, Yolanda Domínguez Flores denunció en entrevista que en el estado, el 80 por ciento de los casos de abuso sexual que se comenten contra niños y niñas quedan en la impunidad.
Narró que el abuso sexual de la niña ocurrió hace cinco años, la víctima que tenía 2 años 8 meses contó a su padre y abuela detalles de cómo la pareja de su madre Saúl Andoni Quintana Campos abusaba sexualmente de ella. Lo acusó a de frotar su pene en sus genitales hasta lastimarla.
En su declaración ante un Ministerio Público que consta en expedientes certificados, la niña con las limitaciones de leguaje por su edad, narró que Quintana Campos le tocaba y besaba la vagina, y la obligaba hacer lo mismo con su pene.
La familia paterna de la niña informó a la madre, pero no le creyó incluso le dijo a la niña que “si la lastimó fue por accidente”.
La madre de la víctima desestimó la acusación de la niña; sin embargo el padre y abuela denunciaron ante la entonces Procuraduría General del Estado (PGE), y el caso pasó al Juzgado Tercero Penal.
La juez a cargo era Rosalinda Sáenz Rodríguez, y pasaron tres años (de 2013 a agosto de 2016) para que emitiera una sentencia y ésta fue absolutoria para el violador.
De inmediato la defensa de la víctima apeló la resolución y el caso pasó a la Primera Sala Penal del Poder Judicial del Estado.
Yolanda Domínguez comentó que buscaron al diputado local perredista Jonathan Moisés Ensaldo Muñoz, que es presidente de la Comisión de la Juventud y el Deporte y secretario de la de Derechos Humanos del Congreso local, quien afirmó que buscaría a “su amigo” el magistrado Vicente Rodríguez Martínez quien presidía la sala para que revisara el caso.
La diputada priista Beatriz Alarcón Adame, que es la presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso local, les dijo que acompañarían el caso, pero ambos legisladores “cerraron las puertas y ya no nos recibieron ni la llamada”.
La defensa de la víctima también visitó al magistrado Vicente Rodríguez Martínez, quien minimizó la denuncia penal por el delito de abuso sexual contra la niña, a simplemente un tema por la guarda y custodia.
En ese encuentro, Yolanda Domínguez y los abogados le pidieron al magistrado “únicamente que revisaran el caso y tomaran en cuenta la declaración de la niña, porque existían dos dictámenes por peritos en psicología, uno de la Procuraduría y otro de la Secretaría de la Mujer, además de la declaración ministerial de la víctima”.
Después la casa de la familia paterna de la niña fue atacada por hombres armados acompañados de tres mujeres.
El ataque fue a consecuencia de que retuvieron a la víctima para que no tuviera que regresar a casa de su madre donde se habían cometido los abusos sexuales.
Tras la agresión, la abuela y los abogados buscaron a la juez Norma Leticia Méndez Abarca (recientemente ratificada en el cargo el 31 de octubre pasado por el Congreso local, a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores), a quien pidieron la guarda y custodia provisional como medidas cautelares.
Domínguez Flores presume una amistad muy cercana de la juez y la madre del agresor de la niña, “me consta que se saludan como comadres, así lo hicieron en una audiencia”. Norma Leticia Méndez negó la medida precautoria.
Pero finalmente la jueza tercera de lo familiar con residencia en Acapulco, Irma Graciela Lee González, concedió la guarda y custodia de la niña a la familia paterna. “Ella tuvo la sensibilidad de escuchar a la pequeña de viva voz decir lo que había sucedido, la forma en que fue objeto de abuso sexual, le mencionó cómo el agresor le tallaba su pene en la vagina y cómo el agresor la obligaba a que le besara su miembro y acariciara con sus manitas”, relató la integrante de Renacer.
La jueza Lee fue reconocida en julio de 2016 por el gobierno del estado con el Premio al Mérito Jurídico “Licenciado Alberto Vázquez del Mercado”, por su trayectoria y méritos como abogada.
La sentencia definitiva de la sala penal del Poder Judicial del Estado se dio el 16 de agosto del 2016, en la que los magistrados desecharon la acusación de la víctima.
En la resolución los magistrados dicen que la agraviada “por su corta edad, repite lo que escucha, pues es fácil que se grabe con facilidad lo que le dicen que diga; por lo que, al no estar asistida la menor en el momento de su declaración por un profesionista en psicología infantil, carece de veracidad su declaración; máxime que tampoco se tiene la certeza que también haya tenido la asistencia de un representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia”.
La resolución se dio en esos términos a pesar de que una de las declaraciones de la niña se realizó ante un perito en psicología de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, y representantes del DIF Guerrero, quienes presenciaron el temor y las reacciones de la víctima que intentaba ocultarse cuando había hombres cerca de ella, relató Yolanda Domínguez.
Con esa resolución, los magistrados acusaron a la familia paterna de manipular a la niña para que mintiera en su declaración ministerial sobre los abusos sexuales cometidos por la entonces pareja de su madre.
La defensa a cargo del abogado Pedro Ramírez Millán interpuso una demanda de amparo directo ante la misma sala responsable, y conoció el caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito con residencia en Acapulco.
Después de un año el tribunal colegiado federal resolvió y revocó la resolución emitida por los integrantes de la sala penal del Poder Judicial local.
En su resolución, la justicia federal desechó todas las argumentaciones de los tres magistrados sobre la valoración que hicieron de las pruebas.
Señaló que contrario a lo que afirmaron los magistrados del estado, la declaración de la niña abusada sí tiene valor probatorio, y ordenó a la sala responsable que dicte nueva resolución en la que se pronuncie sobre el cuerpo del delito, y la responsabilidad penal del acusado.
Además la justicia federal apunta en su resolución que no se da margen para valorar las pruebas, sino que ordena a los magistrados que sigan los lineamientos de la ejecutoria de amparo, que se refiere a que debe darse valor a la declaración.
Después del revés que les dio la justicia federal, los magistrados de Guerrero tuvieron que resolver la existencia del cuerpo del delito de abuso sexual y la responsabilidad penal del acusado.
En consecuencia, en sesión ordinaria del 18 de enero pasado los magistrados tuvieron que condenar al abusador a una pena de prisión de 5 años más multa.
Sin embargo la Segunda Sala Penal del Poder Judicial en la sentencia de 5 años, otorgó dos beneficios a favor del violador.
Porque no tomaron en cuenta la agravante de que el abusador tenía una posición privilegiada de relación que le permitía la cercanía a la menor porque él era pareja de la madre de la víctima.
El abogado explicó que al abusador le correspondía aplicar una mitad más de la pena a la que era acreedor.
Entonces tendrían que ser una pena de 7 años y medio, pero los magistrados decidieron dar la de 5 años para que pudiera acceder a los beneficios en su favor, que son trabajo a favor de la comunidad y tratamiento en semilibertad, con lo que podría decidir qué días de la semana se interna en el penal.
El abogado de la víctima Pedro Ramírez Millán explicó que el siguiente paso será analizar las resoluciones para determinar si existe responsabilidad por faltas o delitos, cometidos por los integrantes de la sala penal.
Los magistrados aplicaron una atenuante de la pena, con lo cual benefician al acusado.
El abogado Pedro Ramírez afirmó que el análisis de la responsabilidad penal fue “emitido bajo cánones de intereses”.
Ante este problema, adelantó que presentará denuncia penal ante la Fiscalía contra los tres magistrados que integraban la sala que absolvió como inocente al violador.
La denuncia penal será por presunta responsabilidad contra la administración de justicia y prevaricato.
“Con este caso se demuestra que la justicia en Guerrero está podrida, no existe, una niña pequeña no por ser pequeña, su voz y su cuerpo vale menos que le de un adulto”, reprochó Yolanda Domínguez.
Recordó que fueron 5 años de lucha, “para que esa niña sepa que se hizo justicia, y para mostrarle a las familias guerrerenses que se puede hacer justicia y que se puede castigar a quienes hacen daño a nuestros niños”.
Lamentó que ninguno de los tres poderes del estado se interesó por una niña de 2 años y 8 meses que fue abusada sexualmente por un hombre de 25 años.
El caso lo conoció la Secretaría de la Mujer, el DIF Guerrero, diputados del Congreso entre ellos la astudillista presidenta de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Beatriz Alarcón, organismos defensores de derechos humanos, organizaciones feministas, una juez y tres magistrados que integraban en ese momento la Primera Sala Penal del Poder Judicial.
“Ninguna autoridad es sensible ante este tipo de situaciones, no sirven”, por eso Yolanda Domínguez adelantó que se iniciará una “batalla legal hasta que se castigue a los responsables”.
Después de que se consiguió la sentencia contra el violador, Yolanda Domínguez afirmó que con los abogados demandarán un nuevo proceso legal, ahora contra los magistrados, quienes ignoraron la declaración de la niña para no procurar justicia y dieron impunidad a Saúl Andoni Quintana.
Señaló como responsables de violar los derechos de la víctima a los tres magistrados encabezados por Vicente Rodríguez Martínez que en ese momento era el presidente de la Primera Sala Penal y ahora lo es de la sala civil.
También a Miguel Ángel Barrero Bello y Alfonso Vélez Cabrera que eran integrantes de la sala que absolvió al violador.
“Se tiene que hacer justicia, tienen que quedar exhibidos como corruptos que se encargan de torcer la ley”, comentó Yolanda Domínguez y advirtió que puede ser víctima de represalias por parte de los magistrados o del violador.
Pidió también la sensibilidad del gobernador Héctor Astudillo Flores, su esposa Mercedes Calvo Elizundia y el fiscal general del estado Javier Olea Peláez para que se investigue a los magistrados por vulnerar los derechos de una niña de apenas 2 años y 8 meses, al decidir que su declaración explícita del abuso sexual que sufría no era verdad.

Marchan 3 mil en Taxco en el cortejo fúnebre de la joven asesinada con saña

Marchan unos 3 mil vecinos de Taxco en el cortejo fúnebre de la joven asesinada y desmembrada

Paran frente al Ayuntamiento, donde exigen que las autoridades hagan su trabajo, y colocan cartulinas y consignas. El hermano de la nutrióloga, Saúl Aguilar Romero señala como responsable del feminicidio a César Gómez Arciniega, ex pareja de la mujer. Que las autoridades den con su paradero y lo castiguen, exige

Claudio Vivero Hernández

Taxco

En un hecho inédito, vecinos de Taxco marcharon frente al temor, el dolor y la impunidad, para exigir justicia para la joven descuartizada, Magdalena Aguilar Romero.
Entre la consternación, el clamor de justicia y la indignación generalizada, unos 3 mil vecinos asistieron a la misa y funeral en la parroquia de Santa Prisca, y después participaron en una multitudinaria marcha de protesta por la muerte de Magdalena Aguilar Romero, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un local en el barrio de Los Adobes, en la parte alta de la ciudad.
La marcha hizo una parada frente al Ayuntamiento, donde los inconformes exigieron a las autoridades que hagan su trabajo, y colocaron cartulinas y consignas.
En el Zócalo y frente a la iglesia de Santa Prisca, entre miles de personas que se sumaron, el hermano de la víctima, Saúl Aguilar Romero señaló como responsable del asesinato a la ex pareja de su hermana, César Gómez Arciniega, y exigió a las autoridades dar con su paradero y castigarlo.
De ahí y al anochecer la marcha siguió en la carretera federal hacia la agencia del Ministerio Público, donde colocaron más cartulinas con consignas, mientras golpeaban las puertas con puños y patadas al grito de “¡justicia, justicia, justicia!”, pero nadie abrió.
El sábado 13 de enero, familiares reportaron a la joven nutrióloga como desaparecida, y este lunes sus restos fueron hallados luego de una llamada al 911; fuentes cercanas a la víctima dieron a conocer que debió ser el presunto homicida, César Gómez, quien dio detalles del lugar donde se encontraban sus restos, en recipientes dentro de un refrigerador.
Antes de que fuera encontrada asesinada, sus familiares y amigos encabezaron una intensa búsqueda en barrios y comunidades cercanas por medio de volantes en hojas tamaño carta, en la que dieron a conocer su desaparición y que la última vez que se le vio fue en la cancha del barrio de Los Adobes.
Unos 3 mil vecinos asistieron la misa oficiada ayer a las 2 de la tarde en la parroquia de Santa Prisca, que se volcaron al Zócalo y en los alrededores del templo, a las calles y el trayecto del cortejo del centro histórico hacia el panteón municipal de San Celso, donde la avanzada de dolientes llevó entre sus manos una lona con el retrato de la joven asesinada, entre cientos de miradas de vecinos que se solidarizaron frente a la barbarie.
El cortejo llegó al panteón dos horas después, donde fue sepultada en un área anexa en medio de la gente que se apretó en los reducidos pasillos para darle el último adiós a la joven que estaba por concluir su servicio social en el centro de salud urbano, por donde antes habían pasado y le rindieron un homenaje y aplausos.

Después de las 5 de la tarde, partió una marcha del monumento al minero en La Garita rumbo al Zócalo, en protesta y en exigencia de justicia, donde se congregaron unas 3 mil inconformes de Taxco, alrededores y otras ciudades que lanzaron gritos de “¡alto a la impunidad!”, “¡justicia para Magda!” y “¡soy mujer, soy guerrerense, soy Magda!”, y las consignas reiteradas de, “señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente” y “porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!”.
Frente a las puertas del Ayuntamiento, la marcha hizo una parada para pedir justicia al grito de “¡todas somos Magda!” y preguntar a las autoridades, “¿Cuántas mujeres tenemos que morir para que nos hagan caso?”; “exigimos la alerta de género”, insistieron con las puertas cerradas y criticar la inseguridad que se vive en Taxco.
Ahí mismo lanzaron varias veces la consigna “¡señor presidente, encuentre al delincuente!”, con la aclaración de que la marcha no era de fiesta “es de lucha y de protesta”, y en el Zócalo colocaron veladoras a los pies de las letras volumétricas de Taxco y el fondo de la parroquia de Santa Prisca.
La multitud y los familiares determinaron después seguir en la carretera federal con destino a la agencia del Ministerio Público, ubicada en el barrio de Pedro Martín, al sur de la ciudad, donde con las puertas cerradas y frente a las instalaciones bloquearon el tránsito vehicular para exigir justicia; ahí colocaron más cartulinas de protesta y pidieron que las autoridades hagan su trabajo para dar con el presunto feminicida y no liberar a su mamá, Silvia Arciniega Valladares, a quien vinculan como cómplice del brutal asesinato que conmocionó a Taxco.
En el lugar se vio a funcionarios municipales de Seguridad Pública y Comunicación Social, quienes presionaron a los familiares para evitar relacionar a las autoridades de Taxco con el caso y ofrecer la versión de que ante su llamado de ayuda sí recibieron el apoyo para buscar a la joven, lo que en los hechos tomó otro rumbo con el hallazgo del cuerpo desmembrado.

Hermano de la víctima señala a su cuñado como presunto asesino

En la concentración en su paso por el Zócalo de la ciudad, el hermano de la víctima, Saúl Aguilar Romero, dio a conocer la versión de su familia sobre el asesinato de Magda.
Detalló que el sábado 13, alrededor de las 5 y media de la tarde, su hermana fue a recoger a sus dos hijos, que estaban con su papá César Gómez Arciniega, y fue el último día que la vieron, “los días pasaron y creo que muchos de ustedes vieron las publicaciones que hice en facebook donde diferentes personas se unieron para organizar esta marcha, porque (inicialmente) el fin de era que mi hermana apareciera con vida, pero desafortunadamente el día de ayer (lunes) encontramos el cuerpo de mi hermana destazado”, dijo.
Con el llanto contenido y los gritos de apoyo de los asistentes, “no estás solo”, el joven expresó con un megáfono en mano que, “quién se imaginaría que la persona que hizo esta crueldad fue su propia ex pareja, su ex marido”, ante lo que la multitud estalló en gritos exigiendo justicia.
“En este momento, exijo justicia por mi hermana, para que César Gómez Arciniega, el culpable del asesinato de mi hermana, caiga, la policía lo encuentre y le haga pagar… hoy me quitaron a mi hermana, mañana no sabremos si será tu hermana, tu mamá, tu tía o sobrina, incluso yo, también; exijo a las autoridades… que atrapen al asesino de mi hermana, a él y a su mamá por complicidad, porque la señora estuvo presente en el acto en el cual él violentaba a mi hermana”, soltó entre sollozos.
Llamó a mujeres y hombres a unirse y luchar, “ya que las mujeres no son las únicas que sufren violencia, también los hombres sufrimos violencia”, e hizo la invitación a unirse con el corazón en la mano, por igual, a favor de las personas desaparecidas.
“Esperamos realmente que sea la última mujer, la última persona que desaparece en Taxco, en Guerrero, en la República mexicana, inclusive en todo el mundo”, concluyó con el agradecimiento a todos quienes los acompañaron.

Reporta Segob 673 abusos sexuales en los últimos tres años en Guerrero; en
2017 hubo 209 casos

Jacob Morales Antonio

En los últimos tres años en Guerrero se han denunciado 673 abusos sexuales, 209 casos fueron en 2017, cuatro casos menos que en 2016 cuando hubo 213 denuncias, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los datos disponibles en el portal electrónico de la dependencia indican que en 2017 se registraron 566 delitos contra la libertad y seguridad sexual, incluidos los casos de abusos sexuales.
Además se documentaron 188 violaciones simples, 58 casos de violación equiparada, 25 casos de acoso sexual, 13 de hostigamiento sexual, un incesto y otros 72 delitos que no se precisa su categoría pero que atentan contra la libertad y seguridad sexual.
Mientras que en el 2016 se registraron 213 denuncias de abuso sexual, 189 de violación simple, 72 casos de violación equiparada, 15 de acoso sexual, ocho casos de acoso sexual, y otros 80 delitos contra la libertad y seguridad sexual que sumaron 577 denuncias.
En el 2015 hubo 251 denuncias de abuso sexual, 252 casos de violación simple, 53 casos por violación equiparada, ocho de acoso sexual, 13 de hostigamiento sexual, y otros 88 delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual que suman un total de 665 denuncias.
En las estadísticas no se detalla el género ni las edades de las víctimas. En términos legales el abuso sexual es la violación de una personas sin consentimiento. La violación simple es cuando se da bajo las condicionantes de promesas o dinero. La violación equiparada es aquella donde la persona es violada con un objeto.
El acoso sexual es cuando se ofrecen recompensas a cambio de favores sexuales, y el hostigamiento sexual ocurre cuando hay una subordinación laboral y escolar.

Reporta ONG 204 ejecuciones del crimen organizado en diciembre de 2017

Las tasas de homicidio en Acapulco y Zihuatanejo fueron superiores a 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando la nacional cerró en 21, informa Semáforo Delictivo

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Según el monitoreo de la organización civil Semáforo Delictivo, en diciembre de 2017 se registraron 204 ejecuciones relacionadas con el crimen organizado en Guerrero, y colocó a la entidad en el grupo de estados en Doble Rojo por la mayor incidencia de cinco o más delitos de alto impacto ocurridos el año pasado
Informó también que las tasas de homicidio en Acapulco y Zihuatanejo en 2017 fueron superiores a 100 asesinatos por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa nacional cerró en 21 homicidios y el estado con la tasa más alta de ejecuciones fue Colima con 99 por cada 100 mil habitantes.
Los estados marcados con doble rojo son Baja California norte y sur, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Morelos, Colima y Quintana Roo. “En esos estados vemos las tasas más altas de delitos relacionados con violencia extrema como son las ejecuciones del crimen organizado, los secuestros, la extorsión y el robo de auto con violencia” comentó en un comunicado el titular del Semáforo Delictivo, Santiago Roel.
En el caso de homicidios marcó con rojo a 10 municipios del estado como Acapulco, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Chilapa, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Ometepec, Taxco y Tecpan. En la gráfica de semáforos se muestra a Atoyac en amarillo.
Se indicó que los estados con un porcentaje superior a 40 homicidios por cada 100 mil habitantes son Colima con 99, Baja California Sur con 76, Guerrero con 65, Baja California con 61, Sinaloa con 45 y Chihuahua con 43.
Añadió que 14 municipios de estos seis estados tuvieron tasas de homicidio superiores a 100, entre ellos Acapulco, Zihuatanejo y Los Cabos. “No hay autoridad municipal o estatal que pueda con esto”, declaró Santiago Roel.
La organización estimó que el año pasado en México aumentaron un 55 por ciento las ejecuciones, asimismo el robo en 29 por ciento, el robo de auto subió 16 por ciento, las lesiones dolosas (riñas) en 11 por ciento, extorsión 11 por ciento, el secuestro 2 por ciento y robo a casa un 1 por ciento. Solamente el delito de violación disminuyó 2 por ciento.
En la clasificación por municipios señaló con rojo la alta incidencia el delito de secuestro en Tlapa, Zihuatanejo y Acapulco, en esta misma clasificación pero del delito de extorsión entró Acapulco, Ayutla de los Libres e Iguala. En el caso de robo de vehículos Acapulco, Coyuca de Catalán y Chilpancingo se muestran en amarillo y en rojo está Coyuca de Benítez, Zihuatanejo, Ometepec, San Marcos, Taxco, Tecoanapa y Tecpan de Galeana.
Según la asociación civil en 2016 Guerrero tenía tres semáforos rojos encendidos en homicidio, robo de vehículos y robo a negocio, y dos activados en amarillo en extorsión y lesiones. En 2015 tenía un semáforo rojo en homicidios y cinco amarillos en extorsión, robo de vehículo, robo a casas, robo de negocios y lesiones.

Hay indolencia del gobierno estatal para atender la violencia de género: feministas

Reprochan que haya reportado al Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo 13 feminicidios en 2017, cuando hubo 219 crímenes de mujeres, y señalan que el caso de la nutrióloga asesinada en Taxco es un caso de violencia feminicida

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Representantes de organizaciones feministas exigieron investigación y justicia por el caso de la joven asesinada en Taxco por su ex pareja, y en los 219 casos que documentó la Fiscalía General del Estado en 2017 y los reportados por la prensa hasta el 22 de enero de 2018.
En consulta por separado, recriminaron que pese a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Guerrero, no hay acciones que garanticen la prevención, atención y sanción por la violencia hacia las mujeres, que se manifiesta en el caso de Magdalena Aguilar Romero. Además, cuestionaron la versión oficial de que en 2017 ocurrieron 13 feminicidios en la entidad, que informó el gobierno del estado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia que documenta la incidencia delictiva en el país.
La feminista, María Luisa Garfias denunció la indolencia de autoridades que ven el feminicidio como un asunto de números, “como diciendo a las organizaciones que impulsaron la Alerta de Género y que exigen que cumplan con sus obligación de darnos seguridad, que el problema es mínimo”.
Aclaró que pueden ser 219 muertes violentas de mujeres, aunque las organizaciones estiman que son muchas más los casos que no se denuncian, pero en todos ellos, dijo que hace falta una “autopsia verbal” para saber de las familias si las víctimas sufrieron de violencia.
“Se necesita saber todas esas historias de las relaciones interpersonales de esas 219 mujeres a las que les quitaron la vida en 2017 y las que van en 2018. Es un asunto de saber qué está pasando. Sabemos que las autoridades están atravesadas por mandato patriarcal, que existe detrás de esta minimización del número de feminicidios”.
Insistió que no es un asunto de números sino de cambiar la vida de las mujeres y de garantizar vida libre de violencia, donde también la sociedad tiene jugar un rol. Llamó al magisterio, a los vecinos en los barrios, colonias y comunidades a no quedarse con los brazos cruzados y no sólo marchar en situaciones de coyuntura, como el feminicidio en Taxco.
“En todos lados tiene que haber un cambio, y que esta situación pudiera sensibilizar a la sociedad, no podemos aceptar estar violencia, que siga creciendo como espiral sin hacer nada, donde no hay edad, no hay estatus”.
Por su lado, la presidenta de la Asociación contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar, dijo que la información de 13 feminicidios en Guerrero durante 2017 no resulta creíble para las organizaciones que dan seguimiento a las muertes de mujeres en la prensa y en redes sociales.
Explicó que no tienen acceso a la información oficial de seguridad pública, y las activistas tampoco pueden verificar el análisis que hicieron las autoridades para determinar cuáles y cuántos presuntos homicidios dolosos de mujeres se clasifican como feminicidios,
“Pongo en duda este dato, y sí, me parece que los están argumentando en muchas ocasiones que las víctimas están involucradas al crimen y lo pasan a otra clasificación”.
En el caso de Taxco, cuyas características conocidas implican un feminicidio, indicó que refleja cómo se recrudece la violencia contra las mujeres en Guerrero.
Advirtió que no basta que la Fiscalía General del Estado, diga que el caso se va a investigar con el protocolo del feminicidio, “sino que se haga justicia en cada uno de los casos” ocurridos en Guerrero.
Denunció que el estado siempre se justifica diciendo que va a realizar investigaciones, pero poco o nada se sabe de los casos investigados, juzgados y dónde se ha hecho justicia por la muerte de las mujeres.
Lamentó que haya voces que trasladen la carga de responsabilidad a las organizaciones sociales para demandar justicia. Subrayó que la carga de investigación y de brindar justicia es del Estado no es de las organizaciones
Señaló que el movimiento social está para exigir y observar cumplimiento de políticas de los tres niveles de gobierno, y demandar al Estado que cumpla con sus funciones”.
Asimismo, la integrante del Observatorio Ciudadano de Violencia hacia las Mujeres, Viridiana Gutiérrez, declaró que feminicidios como el de Magdalena Aguilar Romero en Taxco hacen que la sociedad se indigne, y los movimientos están pugnando porque esta indignación sea para todos los asesinatos de mujeres y para proteger a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Consideró que, aún cuando las autoridades vinculen las muertes dolosas de mujeres con la delincuencia organizada, los crímenes ocurren en manos de familiares o conocidos.
Lamentó que no se prevenga la violencia a las mujeres en la calle, donde la violencia es generalizada, y en la casa. Señaló que el mismo día que encontraron desmembrada a la joven de 25 años en Taxco, fue asesinada una mujer de 80 años en su casa en Ometepec, “en un contexto conocido”, subrayó.
Aseguró que el Estado tiene mucha responsabilidad en estos delitos porque el año pasado, creó instancias en todos los municipios para cumplir con indicadores del programa que planteó un Grupo de Trabajo que revisó la la solicitud de Alerta de Género por Violencia Feminicida.
Aunque la alerta se decretó el 22 de junio de 2017 por el gobierno, no cumplió ni una meta completa del programa y a la fecha no hay una política de prevención efectiva.
Por ejemplo, señaló que apenas en los municipios están encausando los planes de trabajo, como se da cuenta en las cuentas de Facebook de la Secretaría General de Gobierno y de la Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Aseguró incluso que siguen negando información sobre los 80 sistemas municipales creados el año pasado.
Coincidió con Garfías y Reyna Aguilar, en que 13 feminicidios investigados en Guerrero durante 2017, implica que no hay investigación con perspectiva de género.
Demandó al gobernador Héctor Astudillo Flores, y al secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adamen, “que dejen de escuchar sólo voces oficiales de que todo va caminando bien, necesitamos sumar esfuerzos para prevenir, eliminar la violencia contra las mujeres, y ellos necesitan hacer bien su trabajo, el tema de la prevención, atención y sanción le toca al gobierno”.

Hay “una gran brecha” en información en casos de feminicidio, reconoce la Semujer

Anarsis Pacheco

Chilpancingo

La recién designada secretaria de la Mujer en Guerrero, Mayra Gloribel Martínez Pineda, reconoció que aún existe una “gran brecha” en los datos de feminicidios que recaba el Estado.
“Tú bien sabes que tenemos todavía una brecha muy grande en el estado de Guerrero en cuento a la cuestión de datos, recién el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública nos marca indicadores donde es posible identificar las violencias y los feminicidios en Guerrero, pero también estamos muy alertas porque hay mucho trabajo por hacer y retomar la perspectiva de género”, agregó.
Durante la mañana de este lunes fue localizado desmembrado el cuerpo de una joven nutrióloga de 28 años que estaba desaparecida desde el sábado 13 de enero, en Taxco de Alarcón, en el barrio de Guadalupe.
Ante el caso, la secretaria indicó que las “autoridades oficiales”, la Fiscalía General del Estado (FGE) y las “instancias correspondientes” en cuestiones “jurídicas”, son a las que les corresponde dar seguimiento de una manera puntual y técnica.
“Nosotros además de dar el acompañamiento tenemos que fincar todas aquellas estrategias, esas rutas de seguimiento para poder incidir en los municipios y que estos actos lamentables no se repitan a través de concientizar a la población, a través de diseñar políticas públicas que realmente sean eficaces en poder brindar esta certeza a las mujeres en los municipios”.
Agregó que durante este martes se comunicó con el hermano de Magdalena Aguilar Romero a quien le manifestó sus condolencias y le dijo que la Secretaría estaba a su servicio y además le trasmitió el mensaje del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien “condena rotundamente este artero crimen”.
Subrayó que “tendremos que tomar muy en cuenta este suceso y en todos aquellos lugares en los que se han suscitado estos posibles feminicidios ”.
La funcionaria estatal aseguró que su dependencia se mantiene alerta ante el trabajo que se tiene que hacer, ya que primero se debe retomar la perspectiva de género y realizar campañas de sensibilización, además de estar en contacto con las autoridades que llevan los casos para ser “vigilantes” de que se dé cumplimiento y justicia en tiempo.
“Quisiéramos que el agresor estuviera ya en la ruta de tener las sanciones correspondientes y justicia para la familia y para Magdalena”.
Durante la consulta se le preguntó si es crimen se incluiría en la lista de la Alerta de Género, y respondió que se trata de todo un proceso para poder hacer la declaratoria y no solo se da por este caso.
“Cualquier caso se tiene que tomar con la debida responsabilidad sin minimizar, sin embargo para la declaratoria de alerta hay un protocolo y por supuesto si se dan las condiciones y si es necesario” se le incluiría.
Explicó que la Alerta “simplemente” da un punto de referencia para encaminar los esfuerzos del gobierno del estado y sus dependencias a determinados municipios donde se registran hechos violentos contra la mujer.
“No se trata solamente de estadísticas, se trata de la seguridad de nosotras en el estado de Guerrero y ese es un trabajo muy puntual que se está desarrollando en la Secretaría”, agregó.
Se le preguntó sobre el número de feminicidios que lleva registrado la Secretaría en estos 23 primeros días del 2018, y respondió solicitando una “licencia” (tiempo), ya que se está integrando la base de datos de la información que aún les está llegando.

Reporta Segob 673 abusos sexuales en los últimos tres años en Guerrero; en 2017 hubo 209 casos

Feministas se dicen hartas de tanta violencia ante el caso de la defensora Yndira Sandoval

Integrantes de las organizaciones Fundación Bloque de Mujeres al Poder y Hombres y Mujeres Avanzando Juntos demandaron justicia para la defensora de derechos de las mujeres, Yndira Sandoval Sánchez, quien denunció abuso sexual de policías municipales de Tlapa.
El pasado 16 de septiembre Yndira Sandoval acudió a Tlapa a impartir una conferencia sobre la prevención de la violencia contra las mujeres, fue detenida por policías municipales y en barandillas una mujer policía la agredió sexualmente, según denunció.
En una conferencia de prensa en un restaurante Vips de Acapulco, las activistas Silvia Galeana Valente y María de Jesús Martínez Hernández llamaron a sancionar a todas las instancias responsables de la agresión, “por acción u omisión” pues señalaron que la agente que cometió la agresión sexual “es el último eslabón de la cadena”.
Martínez Hernández enfatizó que Tlapa es uno de los ocho municipios donde el gobierno del estado declaró la alerta de género el 21 de junio, pero la realidad “es que la base que debería estar preparada para esta alerta de género está en la completa oscuridad, y no tienen ni idea de lo que estaban haciendo en ese momento. Se trató de una mujer y debió haber sido respetada en sus derechos como cualquier otra mujer”.
Galeana Valente demandó que se informe cual es el trabajo que ha hecho el municipio de Tlapa sobre las recomendaciones emitidas por la alerta de género para erradicar las conductas que violentan a las mujeres.
“Estamos hartas de tanta violencia, estamos hartas de vivir en un estado fallido donde las instituciones y el gobierno muestran total desinterés por garantizar eso que manda la Constitución, una vida libre de violencia hacia las mujeres”, demandó.
Las activistas señalaron una falta cometida por la Fiscalía General del Estado (FGE) al informar del caso de la víctima, y publicar el número de averiguación previa que se sigue en el caso porque eso la deja en condición vulnerable, y puede ser objeto de intimidaciones o agresiones.
Galeana Valente opinó que lo sucedido a la activista a favor de los derechos de las mujeres muestra que las mujeres en Tlapa no tiene acceso a la justicia, y no son vistas como sujetos de derecho.
Abundó que al ser la víctima una defensora de derechos humanos “debe recibir protección inmediata para que se le garantice la vida, el acceso a la justicia, la libertad, la dignidad y todos los derechos humanos que las mujeres debemos de tener”.
Llamaron al gobierno del estado a que no se escatime en recursos para aplicar los protocolos y políticas públicas que garanticen a las mujeres una vida libre de violencia, y que la Fiscalía de Atención a Víctimas de Violencia de Género esté disponible las 24 horas.

Hacer todo lo posible para que Walter Suk sea castigado, pide Astudillo a la Fiscalía

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que, “con pleno respeto a su autonomía”, solicitó a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia del estado que hagan todo lo que está a su alcance en términos legales para que el canadiense Walter Suk, detenido el domingo por tocar y besar en la boca a una menor, “sea castigado con todo el rigor de la ley”.
En declaraciones ante reporteros después de tomarle protesta a las titulares de las unidades de género de las dependencias de su gobierno en Casa Guerrero, Astudillo Flores consideró necesario presentar iniciativas de reforma al Código Penal del estado para que actitudes como las del canadiense sean sancionadas, y “darles un atorón legal” a quienes incurran en esos delitos.
“En el ámbito de sus responsabilidades y de la división de poderes yo les hice un exhorto muy respetuoso a que revisaran perfectamente el caso, que hicieran todo lo posible para que este asunto no quedara como un formulismo de entró y salió (de la cárcel), sino encontrar fundamentos legales para que esta persona permanezca en la cárcel”, indicó.
–¿El gobernador presentará iniciativas de reforma al Código Penal?– se le preguntó.
–Yo creo que hay que hacerlo y pronto después de este acontecimiento que abre la realidad en la que estamos, y en el caso específico de Acapulco que se ha conocido que algunas gentes inmorales vienen a abusar y buscar circunstancias en Acapulco parecidas a las del canadiense, yo creo que hay que darles un atorón legal.
–¿Ya no más paraíso para turistas sexuales?– se le insistió.
–Ya no debe haber.
El gobernador explicó que al aplicar todo el peso de la ley al canadiense, de quien dijo que incurrió en actos que causaron indignación a nivel internacional, se atiende también la exigencia social, “y eso no lo podemos soslayar”.
Durante su intervención en el evento de ayer en la Sala de la República de Casa Guerrero, Astudillo Flores se refirió a este caso y reiteró que ya habló con los titulares de la Fiscalía y del TSJ para actuar “firmemente”.
Del intento de secuestro que sufrió la síndica y encargada de la alcaldía de Cocula, Enriqueta García Pérez, la tarde del martes por hombres encapuchados, Astudillo dijo que no tenía conocimiento de ese hecho.