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Decidirá la asamblea de autoridades de Ayutla si hay consulta sobre el sistema de elección

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En la Asamblea Municipal de Autoridades y Representantes Comunitarias del municipio de Ayutla de los Libres, se decidirá si se realiza o no la consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren regresar al sistema de elección de sus autoridades por partidos políticos o continuar por usos y costumbres indígenas, informó el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Edmar León García.
Luego de que el pasado jueves, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) ordenó al Consejo General del IEPC desahogar las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Además, le dio un plazo de 48 horas para presentar el calendario de actividades, de no acatar lo ordenado, el IEPC se haría acreedor a una “medida de apremio”.
Consultado al respecto, vía telefónica, el consejero presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, Edmar León García, comentó que el TEE está dando cumplimiento a una sentencia anterior, luego de que el 10 de septiembre de 2019 ciudadanos de Ayutla solicitaron hacer la consulta para preguntar si se regresaba al sistema de partidos o se quedan en el sistema normativo interno, sistema que adoptaron desde la elección de 2017-2018.
Sostuvo que hubo una cadena impugnativa en el TEE y la Sala Regional de la Ciu-dad de México, y que el IEPC ha manifestado que no les corresponde determinar la realización o no de la consulta, porque según los precedentes, son las propias autoridades de Ayutla quienes deben decidir si realizaban o no esa consulta.
Aclaró que lo que mandató el TEE el pasado jueves no es para realizar la consulta, sino que es un procedimiento para que se le pregunte a la Asamblea Municipal de Representante, es decir, la autoridad comunitaria máxima de Ayutla, si procede o no procede la consulta.
Resaltó que tomar la decisión no le corresponde el Consejo Municipal Comunitario, ni a Ysabel de los Santos Morales, quien es el coordinador número uno con funciones de presidente municipal, sino a las 140 autoridades y representantes de colonias, poblados y comunidades de Ayutla.
León García mencionó que no es un hecho la consulta, pero dijo que el IEPC se ha reunido con el Consejo Municipal Comunitario desde el año pasado. La última reunión que tuvieron fue en febrero y se consensuó que en marzo se haría otro encuentro “para ya tomar la decisión de iniciar conforme al calendario y el plan de trabajo”, y cumplir la sentencia y se determine si va a llevar a cabo o no la consulta.
Precisó que la sentencia del TEE dice que tienen un plazo de diez días hábiles a partir del jueves 16 de marzo, para iniciar el procedimiento, es decir, que el Consejo Municipal Comunitario y el IEPC decidan fechas, lo que determinarán esta semana, aunque no precisó el día.
“Estamos en tiempo, son diez días después de esa determinación, le tendremos que informar al Tribunal en el plazo de 48 horas para que cumplamos con la determinación, lo que seguiría es la ejecución de ese cronograma de actividades que se va consensuar”.
En junio de 2022, El Sur presentó una serie de textos en los que se documentó los antecedentes y las razones de por qué en 2018 se instaló en Ayutla el primer y único gobierno en Guerrero por usos y costumbres indígenas, y cómo políticos y empresarios iniciaron una campaña de desprestigio, minando su credibilidad y poniendo en duda la capacidad administrativa de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que en Ayutla, se ejercía una política de discriminación, racismo y pauperización de los pueblos indígenas, que tuvo su mayor expresión con la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, con la esterilización de indígenas sin su consentimiento y la violación sexual de indígenas por militares, con esos antecedentes, además de la violencia por los grupos criminales, lograron conformar la Casa de los Pueblos de Ayutla.
El Sur expuso cómo habitantes de Ayutla consideraban que con la imposición de Ysabel de los Santos Morales como coordinador número uno con funciones de presidente, en el segundo periodo del gobierno por usos y costumbres (2021-2024), se buscaba debilitar y desestabilizar el Sistema Normativo Propio, con miras a regresar al de partidos, al que habían rechazado por la corrupción, racismo, abandono y marginación de los pueblos indígenas.

 

Siete meses después acata el Congreso sentencia del Trife contra activismo de la gobernadora

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso local, aprobó por unanimidad un acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que “su actuar y los actos que realice se apeguen al marco legal vigente”.
Este llamado se da cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por la publicación en la que junto con otros gobernantes respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en periodo prohibido, durante el proceso de votación de revocación de mandato (la consulta fue el 10 de abril de 2022).
En la sesión se leyó un dictamen, que es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en el expediente SER-PSC-90/2022 y la vista ordenada en la sentencia SUP-REP-416/2022 y acumulados, emitida por la Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el dictamen se precisa que en la sentencia se declaró la existencia de la difusión de propaganda gubernamental personalizada durante periodo prohibido, y que “con base en el marco constitucional y legal que resulta aplicable para que, en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que corresponda, por el actuar y responsabilidad de las personas servidoras públicas indicadas, tomando en cuenta el número de infracciones que se involucró en cada caso”.
También se apunta la orden al Congreso “determinar lo que corresponda conforme a las leyes aplicables, con motivo de la indebida difusión de propaganda gubernamental, sanción aplicable a la ciudadana Evelyn Salgado Pineda”.
Se argumenta también que el Congreso de Guerrero está obligado a “respetar el estado de derecho”.
Pero también se señala que la Jucopo determinó que “no se cuenta con el marco normativo que permita imponer una sanción para la infracción acreditada”; sin embargo, precisan que eso no lleve al Congreso a una omisión.
Por lo que la Jucopo decidió únicamente exhortar a Evelyn Salgado “a efecto de que su actuar y los actos que realice se apeguen al marco legal vigente en el desarrollo de las posteriores consultas populares”.
El acuerdo aprobado por unanimidad del pleno de la Comisión Permanente se plantea extender el exhorto a “los representantes y servidores públicos que integran los Poderes del Estado de Guerrero” para que “su actuar y los actos que realicen se apeguen al marco legal vigente”.
Y precisamente en la sentencia del 8 de junio pasado que hasta ayer atendió el Poder Legislativo, se señala que las sanciones establecidas son inscribir a las personas servidoras públicas sancionadas en el Catálogo de Sujetos Sancionados, y dar vista a los congresos locales respectivos para que determinen la situación jurídica de las personas sancionadas, “según corresponda”, sin que se señalaran las sanciones concretas.

Juicio político contra el alcalde de Iliatenco

En la sesión se informó sobre la denuncia de juicio político presentada por el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en contra del presidente municipal de Iliatenco, el petista Eric Sandro Leal Cantú.
Se informó que esta denuncia fue presentada, ratificada y certificada, a pesar de que aún no se conoce el documento de esta denuncia de Juicio Político en contra del alcalde, se supo que es a partir de que el petista no entregó a la ASE la Cuenta Pública 2022.
Este procedimiento iniciado por la ASE fue turnado a la Comisión de Examen Previo para que determine si procede o no iniciar la acción en contra del alcalde, de ser así el caso será turnado a la Comisión Instructora.

Condenan crimen de mujer
en la capital

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la priista Gabriela Bernal Reséndiz, condenó el asesinato a golpes de una mujer en una habitación de un hotel de la capital.
Durante su participación en tribuna por el Día de la Mujer Mexicana que se conmemora el 15 de febrero Bernal Reséndiz dijo: “desde aquí condeno este lamentable hecho que se acaba de suscitar, nos queda claro que no tenemos nada que festejar, sigue la violencia contra las mujeres”.
En tribuna, antes que Gabriela Bernal también intervinieron las diputadas morenistas Jessica Alejo Rayo, Claudia Sierra López y Angélica Espinosa García.
La diputada Jessica Alejo dijo que es indispensable que en los organismos públicos descentralizados se garantice la paridad de género de arriba hacia abajo, a partir de los titulares, direcciones, jefaturas o análogos, según sea el caso, y que la mitad de estos cargos sea para las mujeres.
Mientras que Claudia Sierra celebró que la gobernadora haya dado preponderancia a las mujeres en su gabinete.

La sesión

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó el Orden del Día para la sesión solemne en Ayutla de los Libres, del primero de marzo próximo, con motivo del 169 aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla.
La diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia simbólica, definiéndola como toda acción u omisión que reproduce y transmite patrones socioculturales y estereotipados establecidos en función del sexo, lo que trae como consecuencia desigualdad, discriminación y subordinación.
En esta sesión, la Mesa Directiva dio lectura a un oficio del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón por el que remite la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer dentro del marco normativo a los animales como seres sintientes, a efecto de que sus derechos sean considerados, y se les brinde un trato digno y respetuoso.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez presentó una iniciativa de adición al Código Civil del Estado de Guerrero para que, en casos de terminación de concubinato, si la mujer carece de ingresos económicos, tenga derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado la relación.

Critican PRD y PRI otra vez el aumento en peaje de la Autopista

En la sesión también se generó un repetitivo debate con las posturas de diputados de diferentes partidos sobre el incremento en el peaje en la Autopista del Sol.
El perredista Bernardo Ortega reiteró que esta decisión genera un fuerte impacto en la economía familiar, principalmente las que “viven en pobreza y pobreza extrema”.
También la priista Gabriela Bernal Reséndiz afirmó que este incremento generará un duro golpe para la economía de los guerrerenses, al ser el turismo la principal fuente de ingresos para Acapulco, y que a nivel nacional aporta poco más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con mil 113 billones de pesos al año. En tribuna hablaron del mismo tema Jessica Alejo Rayo quien mostró una tabla con el incremento en pesos de cada caseta, también Leticia Castro Ortiz, Angélica Espinoza García y el diputado Masedonio Mendoza Basurto, todos de Morena.
También se aprobó la incorporación de Elizabeth Gallardo Morales como regidora del Ayuntamiento de Tecoanapa, y la renuncia de Gilberto Abarca Ojeda al derecho de asumir el cargo y funciones de presidente del Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, sin que se conozcan los motivos de este último caso.

 

Aprueba el IEPC integrar a representantes de pueblos indígenas y afro en los Comités Distritales

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), aprobó los resultados de la consulta a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para incorporar representaciones de las poblaciones mixteca, tlapaneca, náhuatl y amuzga, o afromexicana en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE); en el órgano general habrá solo un representante de pueblos originarios y uno afrodescendiente.
Esta consulta y finalmente el acuerdo aprobado ayer son para dar cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-274/2020 y acumulado, por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el Consejo General del IEPC se integrará para el próximo proceso electoral una fórmula indígena y una formula afromexicana y en nueve Consejos Distritales Electorales (CDE) una o hasta tres representaciones de dichas poblaciones.
En la sesión, el consejero Edmar León García destacó que la consulta para la incorporación de representación de pueblos indígenas y afromexicanos los CDE es la más grande que el órgano ha realizado en el estado, porque se realizó en 43 municipios, y que se trató de una consulta “constructiva” porque no se trató del cambio de modelo de elección sino “fue una construcción de acuerdos alcanzando los más altos consensos posibles de los pueblos”.
Otro dato que destacó es que se invitaron a participar a 2 mil 344 comunidades indígenas, principalmente a través de sus autoridades comunitarias “que son la voz de las comunidades” y la participación en los diálogos informativos fue del 40.78 por ciento, y en el caso de la fase deliberativa o consultiva fue del 30.83 por ciento del total de poblaciones o autoridades convocadas.
León García señaló que lo que con los resultados de la consulta “están modificando en esencia el sistema electoral de nuestra entidad, es algo muy relevante para el instituto, para la democracia en el estado porque se trata de incluir a grupos históricamente vulnerados y discriminados, dentro de la voz y donde se organizan las elecciones”.
Guerrero será el primer estado que tenga en la integración de los CDE a representaciones de los pueblos indígenas y afromexicanos.
La representación de estos pueblos ante los CDE quedará así: en el distrito 14 con cabecera en Ayutla habrá representación de los pueblos originarios mixteco, tlapaneco y nahua; en el distrito 15 de Florencio Villarreal habrá una representación del pueblo afromexicano; en el distrito 16 con cabecera en Ometepec habrá representación de los pueblos amuzgo, mixteco y afromexicano.
En el distrito 23 con cabecera en Huitzuco de los Figueroa habrá una representación del pueblo nahua; en el 24 de Tixtla de Guerrero las representaciones serán de los pueblos originarios náhuatl y tlapaneco; en el distrito 25 con cabecera en Chilapa solo tendrá representación nahua; en el distrito 26 con cabecera en Oli-nalá habrá nahuas, mixtecos y tlapanecos; en el distrito 27 de Tlapa de Comonfort las representaciones serán de los pueblos mixteco, tlapaneco y náhuatl; mientras que en el distrito 28 con cabecera en San Luis Acatlán las representaciones serán de los pueblos mixtecos y tlapaneco.
En lo aprobado se precisó que para la designación de estos espacios se debe considerar la paridad, por lo que se deben incorporar en los CDE nueve mujeres y ocho hombres indígenas; una mujer y un hombre afromexicano, y que posteriormente se emitirá la reglamentación que especificará la manera de selección de estas representaciones y qué distritos electorales deberán reservarse la elección de mujeres.
En el caso de Eduardo Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Cuetzala del Progreso, y Tecoanapa que debido a la nueva redistritación quedaron integrados en distritos que no se consideran indígenas o afromexicanos, se propone como acción afirmativa complementaria que podrán elegir -observando la paridad de género- una formula de representación indígena y afromexicana para que se incorpore en los CDE.
En el acuerdo aprobado y sus anexos, se justifica que en el Consejo General solo haya una representación de pueblos indígenas y otro del pueblo afromexicano porque con eso se garantiza el derecho que la Sala Regional ordenó, y se señala que “los propios pueblos proponen, pudiera garantizarse un acceso rotativo de dicha representación, por períodos, a cada uno de los pueblos: nahua, mixteco, tlapaneco, amuzgo, y con ello se tenga interlocución permanente desde el CG con la comunidad indígena y la comunidad afromexicana”.
Las dos fórmulas una de pueblos originarios y otra del pueblo afrodescendiente que se integrarán al Consejo General del IEPC durarán tres años en el cargo.
Por su parte la consejera Vicenta Molina Revuelta consideró que la incorporación de representantes de estos pueblos que históricamente han “sido vulnerados y marginados” sienta un “precedente vanguardista y garantista”.
La consejera reconoció que la participación de comunidades y autoridades comunitarias no fue la que esperaban, sin embargo, dijo que la participación de las 729 autoridades “no es menor”.
La consejera Cinthya Citlali Díaz Fuentes explicó cómo se realizó el proceso de consulta desde el estudio de la resolución del mandato del Trife.
Los representantes del PT y Morena Isaías Rojas Ramírez y Esther Araceli Gómez Ramírez plantearon por separado la necesidad de continuar avanzando en las acciones afirmativas y no esperar a que los órganos jurisdiccionales mandaten el reconocimiento de derechos a partir de procesos que los grupos vulnerables inician.
Y la consejera Azucena Caye-tano Solano consideró que es necesario que en el Consejo General haya representaciones de cada uno de los cuatro pueblos originarios y una más del afromexicano.

Reforman Manual de Remunera-ciones de los Servidores Públicos

En esta sesión, se aprobaron también reformas y adiciones a disposiciones del Manual de Remuneraciones de los Servidores Públicos del IEPC, así como el Acuerdo mediante el cual “se autorizó la transferencia de recursos financieros de la cuenta bancaria del ejercicio fiscal 2022 a las cuentas bancarias para el ejercicio fiscal 2023, que permitirán garantizar la operatividad del IEPC Guerrero, además dará cobertura al pago complementario del financiamiento público ordinario a los partidos políticos acreditados que corresponde al mes de enero 2023; a las actividades del Programa Anual de Trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales y la ratificación de la excepción al procedimiento de licitación pública nacional para el arrendamiento de inmuebles que son utilizados como oficinas y bodegas”, del cual no se compartió en documento para conocer detalles del tema.
También se informó de la presentación de los informes mensuales sobre el origen y destino de los recursos de las organizaciones ciudadanas que pretenden obtener registro como partido político local, correspondientes a noviembre del 2022. Además de los reportes bimensual y anual del monitoreo cuantitativo y cualitativo, en medios de comunicación impresos y de radio y televisión del periodo ordinario y 2022.